Durante 2024, México generó apenas 23.4 % de su electricidad a partir de fuentes limpias, según datos de la Secretaría de Energía (SENER). La cifra —que muestra incluso un retroceso frente al 25.7 % alcanzado en 2021— confirma que se encuentra  México lejos de las metas de generación limpia establecidas en su marco legal.

El avance mínimo en la incorporación de energías limpias no es casualidad. A la falta de inversión y la lentitud de nuevos proyectos se suman los cambios regulatorios y la priorización de combustibles fósiles en la política energética nacional. Mientras tanto, las metas de reducción de emisiones marcadas por la Ley de Transición Energética siguen sin cumplirse, empujando al país a una zona de riesgo frente a sus compromisos internacionales.

México lejos de las metas de generación limpia: causas del estancamiento

De acuerdo con el PRODESEN 2024–2038, la generación limpia representó 24.3 % del total nacional en 2023, muy por debajo de la meta del 35 % fijada para 2024.

El documento detalla que la energía eólica aportó 5.9 %, la solar 5.1 %, y el resto provino de fuentes hidroeléctricas, nucleares y geotérmicas. Sin embargo, el gas natural sigue dominando con cerca del 62 % de la generación eléctrica, consolidando a México como el segundo mayor importador de gas estadounidense.

La fotografía energética del país es clara: una cuarta parte limpia, tres quintas partes fósiles y una brecha creciente hacia el 45 % prometido para 2030.

El costo del rezago

El estancamiento en el desarrollo de energías limpias no solo compromete las metas climáticas; también implica una pérdida económica tangible. Según el análisis de Ember Energy (2025), si México lograra elevar su generación limpia al 45 % para 2030, podría ahorrar hasta 1,600 millones de dólares anuales en importaciones de gas y fortalecer su seguridad energética.

El informe detalla una ruta técnica posible:

• Instalar 36 gigawatts adicionales de capacidad fotovoltaica,

• Incorporar 30 GWh de almacenamiento en baterías,

• Y reducir en 20 % el uso de gas natural para generación eléctrica.

No se trata solo de un ajuste ambiental, sino de una decisión de soberanía económica.

Metas y compromisos del nuevo sexenio

El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025–2039, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, busca revertir la tendencia. El objetivo es alcanzar 38 % de energía limpia al cierre del sexenio, con la construcción de hasta 6,000 megawatts de nueva capacidad renovable.

La estrategia combina inversión pública y privada, además de incentivos para proyectos solares y eólicos en regiones de alto potencial. Sin embargo, la clave estará en la certidumbre regulatoria: sin ella, los proyectos podrían quedar nuevamente en pausa.

La presidenta ha reiterado que la Transición Energética será “una política de Estado”, pero los resultados dependerán de la ejecución técnica y del diálogo con el sector privado.

Transición justa y políticas de incentivo

Ember Energy plantea que México puede reducir 20 % de sus emisiones del sector eléctrico y disminuir el gasto en importaciones si impulsa una transición justa: políticas que premien la generación limpia, penalicen las emisiones y reconviertan empleos del sector fósil hacia las nuevas industrias verdes.

Además, expertos señalan que la transición no es solo tecnológica, sino también social. La apertura de parques solares o eólicos requiere diálogo con comunidades locales, esquemas de beneficio compartido y transparencia en la gestión de recursos.

Una década decisiva

México está lejos de las metas de generación limpia, pero no fuera de tiempo. Con 24.3 % de generación limpia frente a 62 % basada en gas, el país tiene apenas cinco años para cambiar de rumbo.

El desafío es monumental: pasar del discurso a la infraestructura, de los planes a la ejecución. Pero también es una oportunidad histórica para redefinir el modelo energético nacional hacia uno más independiente, eficiente y justo.

El verdadero obstáculo no es tecnológico, sino político. Alcanzar el 45 % de energía limpia para 2030 sigue siendo posible, siempre que exista la voluntad de hacerlo realidad.

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La AMCF apunta a que Pemex planearía fracking para 8 campos no es un rumor aislado, sino la lectura puntual de los proyectos que resurgen bajo nuevos nombres y con viejos riesgos, en vísperas del debate presupuestal.

Pemex planearía fracking para 8 campos

La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) reportó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye al menos ocho programas vinculados a extracción en yacimientos no convencionales, lo que, en los hechos, implica fractura hidráulica; de ahí que se considere que Pemex planearía fracking para 8 campos. En documentos y comunicados recientes, el término operativo es “yacimientos de geología compleja”, pero la metodología descrita y el destino de recursos remiten a la misma técnica cuestionada por sus impactos en agua, aire y salud.​

Claves presupuestales

Según el análisis citado por AMCF, los programas asociados a infraestructura económica de hidrocarburos (clave K025) sumarían 245 mil 269 millones de pesos, mientras que el gasto programable propuesto para Pemex en 2026 asciende a 517 mil 362.1 millones, sin desglose específico por proyecto, un vacío que impide saber cuánto recibiría cada iniciativa. La ausencia de detalle llevó a la organización a hablar de “retroceso significativo en transparencia” en el sector hidrocarburos y a pedir claridad antes de que el Congreso cierre filas sobre el paquete económico.​

Opacidad y riesgos en disputa

La crítica no se limita a números: AMCF subraya riesgos documentados de la fractura hidráulica en acuíferos y salud pública, desde contaminantes como metales pesados y sustancias radioactivas hasta efectos crónicos respiratorios, neurológicos y reproductivos, incluso a distancia de los pozos. En paralelo, cuestiona la narrativa de considerar al gas “combustible de transición” frente a metas climáticas, cuando las propias asignaciones revelan continuidad de extracción intensiva con impactos acumulados.​

Actores y responsabilidades

En su posicionamiento, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) exige romper ambigüedades semánticas y hacer público el detalle por programa, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece como el eje operativo de asignaciones sin desglose que reavivan el debate sobre la técnica y la rendición de cuentas. La tensión se mueve entre el plan operativo de la empresa, la responsabilidad fiduciaria del presupuesto y el derecho a saber de comunidades y usuarios de información pública.​

Técnica y eufemismos

En una definición de consenso, fracking refiere a inyectar fluidos a alta presión en formaciones de baja permeabilidad para liberar hidrocarburos como gas o petróleo, práctica que no desaparece si se rebautiza como “estimulación” o “geología compleja”. Por ello, organizaciones piden que los documentos oficiales llamen a las cosas por su nombre y sometan cualquier piloto o escala industrial a evaluación ambiental y a transparencia proactiva.​

Marco de implementación

El debate legislativo sobre el paquete económico debería despejar, al menos, tres dudas: qué proyectos específicos sostienen los montos, qué métricas ambientales y sociales los condicionan y qué calendario de reportes garantizará seguimiento público. En el centro late la misma pregunta de fondo: si el país transitará a eficiencia y reducción de consumo, o si normalizará, otra vez, una técnica de alto impacto tras un cambio de etiqueta.​

El tema en las cámaras

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la discusión en comisiones y en el pleno será el punto de quiebre para transparentar las partidas vinculadas a yacimientos no convencionales y su eventual ejecución en campo. La claridad —o su ausencia— marcará el tono de la relación entre política energética, compromisos climáticos y confianza pública durante el ciclo fiscal de 2026.

El municipio de Felipe Carrillo Puerto se coloca en el mapa con una planta solar a gran escala que arranca su proceso de evaluación y escucha social. Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto como parte de una apuesta por generación limpia y su articulación con la red eléctrica del sureste.

Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto

El Parque Fotovoltaico Nicté-Ha propuesto supone la instalación de 361,800 celdas solares bifaciales para convertir la radiación en electricidad. Lon interconexión a una línea de 230 kV, una escala inusual para la región. Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto que agregaría 242 MW a la red y abastecer demanda del sureste. A causa de esto, la fase exige revisar impactos y beneficios de forma integral y verificar el cambio de uso de suelo sobre 431.04 hectáreas. Dato este clave que debe someterse a escrutinio y participación comunitaria.​

Ubicación y alcances

El polígono se ubicaría al oeste de la cabecera de Felipe Carrillo Puerto, cerca de Chunhuás y a la altura de la carretera federal 184 Muna–Carrillo Puerto, un corredor estratégico a causa de la cantidad radiación solar que recibe. El diseño técnico prevé 361,800 paneles y subestación elevadora para conexión en alta tensión. El objetivo es suministrar energía a la red de CFE a 230 kV.​

Consulta pública y participación

La consulta pública dura del 17 de octubre al 13 de noviembre de 2025. Las observaciones, propuestas y medidas de mitigación serán desde ciudadanía, organizaciones y comunidad maya. La autoridad habilitó vías presenciales y en línea para enviar comentarios. Mientras que, con lineamientos básicos de identificación del participante para integrar formalmente cada aportación.​

Trámite ambiental y rutas de evaluación

El expediente ingresa al proceso de evaluación mediante la Manifestación de Impacto Ambiental. Se consulta ante instancias técnicas con competencia en análisis de riesgo y mitigación. Porque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental concentran la ruta documental y técnica del proyecto desde su registro hasta la resolución correspondiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) conduce los tiempos y formatos de la consulta. Mientras tanto, hay premisas de transparencia y acceso a información para la toma de decisiones.​

Beneficios y retos en la balanza

El proyecto busca sumar capacidad de origen solar a la matriz eléctrica regional. Las expectativas de estabilidad para picos de demanda y menores emisiones en una zona turística e industrial en expansión. Porque la interconexión a 230 kV y el despliegue modular habilitan eficiencia operativa, pero el cambio de uso de suelo de 431.04 hectáreas exige medidas robustas de prevención, compensación y monitoreo. A causa de esto, el desafío consiste en armonizar beneficios climáticos con la protección de biodiversidad y la voz de comunidades locales que habitan y gestionan el territorio.​

Falta la consulta

Porque la empresa promotora ZML Quintana Roo registró el proyecto y deberá responder a inquietudes ciudadanas y condicionantes técnicas que emanen del proceso de evaluación. Mientras tanto,  la consulta valorará impactos, alternativas y medidas de manejo. El avance dependerá de la calidad de la información y del cumplimiento normativo en cada etapa.

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