Un juez otorgó a la organización la suspensión provisional de todos los efectos derivados de la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional publicada el 15 de mayo

La organización ambientalista Greenpeace logró una suspensión provisional a las últimas medidas decretadas por la Secretaría de Energía (Sener) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) que atentan en contra de la operación de las centrales eólicas y solares.

El juez Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó a la organización la suspensión provisional de todos los efectos derivados de la política de confiabilidad del sistema eléctrico nacional publicada el 15 de mayo pasado por la Secretaría de Energía y el acuerdo publicado el 29 de abril pasado por el Cenace.

Es decir, con esta medida legal quedan frenados de manera temporal -hasta que se dé resolución al amparo definitivo- todos los lineamientos emitidos en las últimas semanas por la Sener y el Cenace.

Política de confiabilidad

El acuerdo de Cenace frena las pruebas críticas para que plantas solares y eólicas entren en operación, mientras que la política de confiabilidad establece nuevos requisitos para la emisión de permisos a centrales renovables y da prioridad a las plantas y nuevos proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Aunque esta medida fue otorgada solo a Greenpeace, su efecto será sobre todos los participantes del sector de renovables.

En su solicitud de amparo, la organización ambientalista, dice María Colín, especialista en derecho ambiental de Greenpeace México, apeló a la defensa de los derechos a un medio ambiente sano, derecho a la salud y a la participación en asuntos medioambientales.

Alegan derechos humanos

“Nuestro amparo no va enfocado a intereses comerciales que son los que han abarcado las empresas, como intereses de competitividad, de ganancias o de afectación a las inversiones. Nuestro amparo abarca intereses mucho más amplios y va bajo la defensa a los derechos humanos. No vamos en el sentido de la competitividad o por el interés de inversionistas privados que también han hecho mucho daño a comunidades”, dijo Colín.

Recurso jurídico

La medida dictada por el juez es la primera parte de la solicitud del recurso jurídico que interpuso la organización en contra de las autoridades y reguladores del sector eléctrico. En los próximos días el juzgado deberá determinar si concede la suspensión definitiva y el amparo.

“La suspensión es provisional aún debe recibirse el informe justificado de la autoridad y resolverse si se da la suspensión definitiva (por el tiempo que dure el juicio). Los efectos de esta suspensión provisional son generales, es decir ya no solo son aplicables a los quejosos sino que esta suspensión impide que de cualquier manera se aplique el contenido del acuerdo del Cenace y el acuerdo de Sener”, indicó Daniel Salomón, asociado del despacho González Calvillo.

Tercera suspensión definitiva

La sentencia del juez también prohíbe a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Cenace cumplir con las obligaciones determinadas dentro de la política de confiabilidad publicada por la dependencia dirigida por Rocío Nahle.

“Lo que nosotros estamos buscando, y es la petición de nuestro juicio de amparo, es que se declaren como inconstitucionales tanto el acuerdo del Cenace, como la política de confiabilidad de la Sener”, explicó Colín.

Esta es la tercera suspensión definitiva que un juez otorga hacía las medidas del Cenace y la primera que frena de manera provisional la política de confiabilidad de Sener.

Barra de Abogados lo considera “inaceptable”

La Barra Mexicana del Colegio de Abogados consideró “inaceptable” que el Cenace y la Secretaría de Energía (Sener) extralimiten sus facultades, a través de acuerdos y políticas, regule o legisle en abierta violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al expresar su punto de vista sobre los acuerdos que modifican el régimen en materia de energía manifestó su preocupación por el “rompimiento del orden jurídico nacional”, por lo que solicitaron al Poder Ejecutivo revisar y dejar su efecto estas medidas “regresivas e irregulares”.

En su posicionamiento sostiene que el Acuerdo Cenace y la Política Energética publicada por Sener en el DOF, “fueron emitidos violando la Constitución, las leyes de la Industria Eléctrica, General de Mejora Regulatoria, de Transición Energética, de Cambio Climático, de Competencia Económica, de la Administración Pública Federal de Competencia Económica, de Cofemer y de las recomendaciones de la industria mexicana, de la Unió. Europea y Canadá, en su carácter de nuestros socios comerciales.

Dichos acuerdos, añade, eliminan los incentivos a la inversión en energías limpias y creación de empleos derivados de esas inversiones, modifican el régimen de generación de energía del país, crean un ambiente de competencia desequilibrada a favor de CFE, a la cual se le da un carácter autoritario, provocan incumplimiento de contratos, harán que las instituciones financieras que apoyaron los proyectos revisen la viabilidad de los mismos y quizá den por vencidos dichos financiamientos.

Todo ello traerá como consecuencia múltiples reclamaciones nacionales e internacionales que implicarán el pago de indemnizaciones millonarias por parte del erario.

La Barra de Abogados subraya que la publicación de la política de energía se llevó a cabo sin haber cumplido las obligaciones legales en materia de mejora regulatoria, pues se expidió con base en una resolución de exención que carece de elementos objetivos.

Además, el acuerdo Cenace usa como razón para su emisión la pandemia por Covid-19, sin embargo, no tiene límite de tiempo ni expresa las razones por las que supuestamente, las medidas que contiene garantizarán un mejor abasto de energía y es contradictorio porque alude a problemas que iniciaron en época anterior a la contingencia sanitaria.

Preocupa a Banxico incertidumbre

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) “mostró su preocupación” por la incertidumbre para la inversión tras la nueva política energética que restringe los proyectos privados de renovables, reveló un documento del organismo autónomo.

“En particular, (los miembros de la junta) mencionaron los cambios recientes en las reglas para la participación del sector privado en la generación de electricidad con fuentes renovables. Uno señaló que esta medida afecta el proceso de competencia y libre concurrencia”, indicó el informe de la reunión del 14 de mayo.

Los integrantes de Banxico se refirieron al acuerdo que publicó el 29 de abril el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) para “garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)” en la pandemia del coronavirus.

A este se suma la política de confiabilidad que la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 15 de mayo, un día después del encuentro en el que Banxico bajó a 5,5 % la tasa de interés.

La medida del Cenace “se suma a otras acciones que modificaron las condiciones de los contratos una vez realizadas las inversiones”, apuntó un miembro de la Junta de Gobierno.

“Otro consideró que la crisis sanitaria, en combinación con factores idiosincráticos, puede reducir el crecimiento potencial del país a niveles no vistos en muchos años”, añadió el reporte.