Las decisiones en materia energética que Gobierno Federal ha tomado durante esta contingencia sanitaria han dejado claro que el objetivo principal de la 4T es rescatar a Petróleos Mexicano (PEMEX), sin importar el costo, el riesgo o el impacto negativo que estas pueden traer al bienestar de todos los mexicanos. Hoy, lo vemos claramente en lo que está pasando con el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), donde la decisión de la Secretaria Rocío Nahle de frenar todos los proyectos relacionados con la generación de energías limpias para darle “súper poderes” a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dejado en riesgo la estabilidad de nuestras finanzas públicas y la captación de nuevas fuentes de inversión por más de 6 mil 500 millones de dólares.

Como podrán recordar, recientemente, la titular de la Secretaría de Energía, solicitó que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, con carácter de urgente, el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional; esto sin someterlo al debido proceso de mejora regulatoria que establece la Ley en la materia; mismo que hubiera revelado las consecuencias en materia de competitividad que tendrían las nuevas reglas del sector.

Por eso no sorprende que, después de esto, el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, César Hernández, experto en el tema eléctrico y conocedor de la Reforma Energética, haya anunciado su renuncia, la cual se suma a la larga lista de funcionarios que han abandonado la Administración por la renuencia del Gobierno Federal de apegarse a lo que mandata la Ley en términos de prácticas de Gobierno Corporativo.

Son varios aspectos peligrosos de este acuerdo. Establece un mecanismo para despachar electricidad de forma privilegiada, independientemente de que sean o no las de menores costos, como lo marcan las reglas del mercado eléctrico en el mundo; además, impone una serie de limitaciones a nuevas centrales de generación de energías renovables, particularmente eólicas y solares, que van desde la emisión de permisos de construcción hasta el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias (CEL).

Con esto, el Gobierno Federal bloquea la inversión de 44 proyectos de generación limpia que representan la generación de más de 30 mil empleos formales nuevos y la posibilidad de distribuir energía mucho más económica a nuestros hogares. Asimismo, pone en riesgo los compromisos de México en el Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética, que establecen que debemos lograr que el 35% de nuestro suministro total de energía sea basado en fuentes renovables para 2024. Finalmente, se ahuyenta la inversión extranjera en el momento en que México más la necesita, los costos de generación aumentarán y, con ello, las tarifas que debemos pagar todos los mexicanos.

Rocío Nahle está obsesionada con que la CFE genere el 54% de toda la energía del país, atentando una vez más contra el poder legislativo, ya que esta disposición viola diversos preceptos de la Ley Federal de Competencia Económica y el artículo 4 de la Ley de la Industria Eléctrica que expresamente establece que la generación y la comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia.

El hilo conductor de estas decisiones nos lleva hacia el rescate de PEMEX, la empresa productiva más importante de nuestro país que en tan sólo 15 meses de gestión, ha acumulado pérdidas de más de ¡un billón 200 mil millones de pesos! Para ponerlos en contexto, estas pérdidas de PEMEX equivalen a 4 puntos porcentuales del PIB y se podrían construir casi 3 veces cada uno de los proyectos faraónicos del presidente: la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya.

¿Qué es lo que pasa? En el ánimo de darle viabilidad al mal negocio de la refinación, la empresa petrolera está produciendo, en exceso, combustóleo; este chapopote altamente contaminante que es el insumo principal que utilizan las famosas “cafeteras” de CFE y que, desde el año pasado, está prohibido su comercialización, a nivel internacional, por su alto contenido de azufre.

Es importante notar que los altos niveles de contaminación emitidos por estas fábricas ponen en riesgo nuestra salud y, por ende, violan nuestro derecho establecido en el artículo 4 constitucional. De hecho, un reciente estudio de la UAM en el Estado de México determinó que 14 mil personas mueren de forma prematura en la zona metropolitana de la Ciudad de México por los contaminantes de la central de Tula, que precisamente usa combustóleo.

Sin duda, el gobierno está determinado en acabar con la inversión privada, la competencia económica, el estado de derecho, y de paso, atentar contra nuestra salud. Es hora de que nuestras autoridades lo entiendan, desafortunadamente hoy no sólo tenemos que lidiar con las consecuencias del coronavirus, sino también con las erráticas decisiones de la 4T.