Energía
Diputados se alistan para discutir en comisiones la reforma eléctrica
A más tardar el próximo 4 de abril a las 11:00 horas los miembros de las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tendrán en sus manos el dictamen definitivo de la reforma eléctrica, que se comenzará a discutir el lunes 11 de abril en la sesión permanente que quedó instalada este lunes y entró en receso en espera del documento.
Con la mayoría de asistencia de los más de 70 miembros que componen estas comisiones, de manera presencial en el Salón Legisladores de la República de San Lázaro, se instaló de manera permanente la sesión de estas Comisiones para dictaminar la iniciativa del Ejecutivo federal con proyecto de decreto por el que se reforman los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en su contenido energético.
Cabe recordar que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados el pasado 1 de octubre una iniciativa cuyo contenido primordial establece que la generación de electricidad en México sólo podrá tener 46% de participación privada y el resto será obligación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que volverá a ser una sola empresa verticalmente integrada, tendrá la figura legal de organismo autónomo en términos presupuestarios, integrando de nueva cuenta al Cenace y con exclusividad en el resto de las actividades del negocio, además de la obligación constitucional del Estado de conducir la transición energética hacia renovables, pero con un orden de despacho de la generación en que primero irán las renovables de la CFE, luego el resto de sus plantas y después los generadores privados renovables y fósiles.
También plantea que los reguladores del sector, que son la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) pierdan su autonomía presupuestaria y de gestión para volver a ser desconcentrados de la Secretaría de Energía. A la vez, le da a la nación la exclusividad para explotar el litio, necesario para producir baterías de almacenamiento de la electricidad.
Finalmente, propone que todos los permisos y contratos para generación de electricidad se cancelarán para revisarse y renegociarse, con lo que a decir del gobierno en múltiples ocasiones los contratos de interconexión con la CFE para techos solares no corren peligro, pero los permisos particularmente legados de autoabasto y producción independiente de energía, además de los mayoristas que se otorgaron para vender entre privados en el mercado mayorista desde la reforma del 2013 deberán renegociarse para que todos le vendan a la CFE, que será el único suministrador de todos los tamaños en el país.
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Un candado digital en cada litro vendido
El Gobierno federal activó un mecanismo que cambia las reglas del juego para quienes venden gasolina, diésel o combustóleo en México. A partir del 24 de abril de 2026, toda estación de servicio y comercializador deberá incorporar el “Complemento Concepto para la Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” dentro de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Sin ese complemento, no hay factura. Sin factura, no hay operación legal.
La medida fue anunciada el 27 de marzo mediante un comunicado conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). El objetivo es directo: rastrear cada transacción de combustible desde el origen hasta el consumidor final.
El SAT combustibles ilegales: de la denuncia al bloqueo fiscal
Durante años, el huachicol y el contrabando técnico de gasolinas operaron con relativa impunidad porque no existía un mecanismo que cruzara permisos, facturas y volúmenes vendidos en tiempo real. Con esta medida, el SAT combustibles ilegales los deja sin salida: si el permisionario no tiene una autorización vigente ante la CNE, el sistema simplemente no le permite emitir un CFDI por hidrocarburos.
El combate al mercado ilícito de combustibles avanza así desde la persecución reactiva hacia la prevención estructural. No se trata de operativos ni decomisos —aunque esos seguirán—, sino de cortar el acceso a la economía formal a quienes operan fuera de la ley.
¿Qué deben hacer las gasolineras?
Las personas físicas y morales con permisos de comercialización tienen hasta el 24 de abril para verificar que sus autorizaciones estén vigentes. La CNE habilitó el portal cne.gob.mx/Permisos para que cualquier permisionario consulte su estatus sin trámites adicionales.
Quienes no regularicen su situación antes de la fecha límite quedarán bloqueados para emitir comprobantes fiscales de hidrocarburos, lo que paraliza sus ventas en el circuito legal. La Secretaría de Energía detalló que la medida aplica para gasolina regular, premium y diésel en todo el territorio nacional.
Sheinbaum y la trazabilidad como política energética
El nuevo complemento CFDI se integra a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar la trazabilidad completa en la cadena de comercialización de combustibles. El proyecto fue desarrollado de forma coordinada entre el SAT, la Sener, la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Petróleos Mexicanos (PEMEX), como principal productor y distribuidor de hidrocarburos en el país, queda directamente involucrado en el ecosistema de trazabilidad que este mecanismo construye. La empresa productiva del Estado deberá alinearse con los nuevos requisitos de facturación electrónica para todas las transacciones que involucren la Secretaría de Energía y Pemex como actores de la cadena de suministro.
El Gobierno federal subrayó que la iniciativa busca condiciones de competencia justa para los operadores que sí cumplen con la ley, al tiempo que protege a los consumidores sobre el origen de los productos que cargan en cada tanque.
El combate al mercado ilícito de combustibles no termina aquí: las autoridades advirtieron que el incumplimiento conlleva la imposibilidad de operar, no solo una multa.
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Adeudos que se apilan en la filial de la CFE
CFEnergía se queda sin recursos y sin respuestas claras. La filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responsable del suministro, comercialización y transporte de gas natural enfrenta una crisis interna documentada en una auditoría que expone adeudos millonarios, omisiones y contratos sin liquidar que se remontan hasta 2017.
La situación de la empresa dirigida por Eréndira Corral Zavala replica el patrón de Petróleos Mexicanos (Pemex): pasivos acumulados sin resolver, decisiones estratégicas paralizadas y una opacidad que dificulta saber quién responde por qué deuda.
El contrato SuperAMA y otros pasivos sin saldar
El caso más urgente está en el contrato SuperAMA, donde CFEenergía acumula 8,357 millones de pesos en adeudos, a los que se suman otros 4,636 millones por facturación reciente sin liquidar. Estos montos incluyen cargos por transporte, almacenamiento y regasificación de gas natural que no se han cubierto desde 2025.
Altamira también aparece en el mapa de irregularidades: la empresa no reconoce pagos por 199 millones de pesos correspondientes a estaciones de compresión ubicadas en la zonas. A ello se suma un adeudo histórico de 506 millones relacionado con los buques de gas natural licuado Gematta, Galea y Solaris.
CFEnergía se queda sin recursos para proyectos activos
La auditoría también destapó problemas operativos de fondo. El proyecto Puerta al Sureste lleva pagados cerca de 600 millones de pesos desde 2025 por un gasoducto que no transporta gas: las fallas en la interconexión lo tienen paralizado.
En la Riviera Maya, las plantas previstas registran retrasos por problemas de conexión con el sistema Mayakán-Cuxtal II, proyecto que aún carece de definiciones técnicas y operativas concretas. Mientras tanto, en Baja California se arrastran 399 millones de pesos en adeudos por contratos de suministro acumulados entre 2017 y 2022.
Una bomba de tiempo para el mercado de gas
La suma de estos factores preocupa más allá de la filial. Analistas advierten que la combinación de adeudos, opacidad e infraestructura detenida podría desestabilizar el mercado nacional de gas natural y encarecer el suministro a partir de 2027, en un país que ya depende en gran medida del gas importado desde Estados Unidos.
“Nada de esto, por separado, sería extraordinario en un sector complejo como el eléctrico. El problema es cuando todo ocurre al mismo tiempo: adeudos, opacidad, omisiones y proyectos detenidos”, puntuó Maldonado.
La pregunta que queda abierta no es menor: ¿Quién absorbe el costo si la filial no puede?
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