El hallazgo de un túnel de huachicol en hidalgo reveló una modalidad sofisticada de robo de combustible en el municipio de Tepetitlán. Autoridades estatales, con apoyo de fuerzas federales, localizaron una estructura subterránea de 22 metros conectada a un ducto de Pemex con dos tomas clandestinas y aseguraron drogas en el predio intervenido.

El cateo se realizó esta semana en una zona rural cercana a la cabecera municipal. En el sitio quedaron bajo resguardo elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, mientras el inmueble fue marcado como propiedad asegurada.

¿Dónde fue localizado el túnel de huachicol en Hidalgo?

El túnel fue encontrado fuera de una vivienda en Tepetitlán, Hidalgo. El acceso subterráneo conducía directamente a una tubería enterrada con dos conexiones ilegales.

Aunque en un inicio no se detalló públicamente qué ducto específico fue intervenido, la ubicación fue contrastada con mapas de infraestructura energética. La conducción corresponde al sistema operado por Petróleos Mexicanos entre la refinería de Tula, en Hidalgo, y la refinería de Salamanca, en Guanajuato.

Ese tramo es considerado estratégico porque conecta dos complejos relevantes de refinación. También atraviesa regiones donde históricamente se han detectado múltiples tomas clandestinas.

¿Qué características técnicas tenía el túnel clandestino?

La estructura subterránea medía aproximadamente 22 metros de longitud. Según el reporte oficial, estaba diseñada para alcanzar el ducto y permitir la extracción ilegal de hidrocarburo.

Este tipo de infraestructura implica excavación profunda, apuntalamiento y ventilación básica. Además, requiere un diseño que permita sustraer combustible sin provocar variaciones bruscas de presión que activen alertas operativas.

El componente técnico marca una diferencia frente a prácticas más rudimentarias. El uso de túneles muestra un nivel de planeación, conocimientos especializados y control territorial para operar sin ser detectados de inmediato.

¿Qué revelan las cifras nacionales sobre el robo de combustible?

El caso del túnel de huachicol en hidalgo ocurre en un contexto donde el robo de combustible continúa siendo un problema extendido. En 2024, Pemex reportó el hallazgo de 11 mil 774 tomas clandestinas en su red de ductos a nivel nacional.

La cifra refleja la dimensión del fenómeno. No se trata de hechos aislados, sino de una práctica recurrente con capacidad de adaptación y reorganización.

Pemex ha reconocido que los esfuerzos para frenar el mercado ilegal no han generado mejoras sostenidas en años recientes. Aunque se realizan cateos y aseguramientos, las redes criminales tienden a reconstituir infraestructura y reactivar puntos de extracción.

¿Qué riesgos implican los túneles y tomas clandestinas?

Más allá del impacto económico, las tomas ilegales en ductos que transportan productos inflamables representan un riesgo permanente para comunidades cercanas y personal operativo.

Los antecedentes muestran que los accidentes asociados al huachicol pueden tener consecuencias graves. En 2019, una explosión vinculada al robo de combustible dejó al menos 137 personas fallecidas, lo que colocó el tema en el centro del debate público.

Los túneles clandestinos añaden un nivel adicional de peligro. La manipulación de ductos enterrados sin protocolos de seguridad incrementa la posibilidad de fugas, incendios o explosiones.

¿Hay detenidos por el hallazgo en Tepetitlán?

Hasta el momento del aseguramiento del predio no se reportaban detenciones relacionadas con el túnel de huachicol en hidalgo. Las autoridades confirmaron la incautación de drogas en el inmueble, pero no informaron sobre personas arrestadas en el operativo.

La ausencia de capturas inmediatas abre interrogantes sobre quién operaba la infraestructura, cuál era la escala de extracción y cómo se distribuía el combustible sustraído.

El caso continúa bajo investigación por parte de la procuraduría estatal. El inmueble permanece asegurado mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

La mayor planta de metanol limpio del mundo estará en México

La mayor planta de metanol limpio del mundo estará en México y se levantará frente al mar de Topolobampo, en Sinaloa, con un proyecto que ya empezó a mover capitales, empleos y expectativas en la región. Pacífico Mexinol, como se conoce al complejo, se perfila como un punto de inflexión para la industria de combustibles de bajas emisiones, al unir gas natural, hidrógeno y tecnologías de captura de carbono en una sola operación de gran escala. Detrás de las cifras aparece una pregunta práctica: cómo se transforma un puerto del Pacífico en puerta de salida de combustibles más limpios hacia Asia.

La mayor planta de metanol limpio del mundo estará en México y tendrá como núcleo una instalación diseñada para producir metanol azul y verde a gran escala, a partir de gas natural y de hidrógeno generado con energías renovables. El proyecto busca aprovechar la posición geográfica de Sinaloa, conectada por gasoductos con Estados Unidos y por mar con los grandes centros industriales de Japón y otros países del Pacífico. En el papel, se trata de un cambio de escala: de un puerto acostumbrado al comercio agroindustrial a un nodo energético pensado para la descarbonización global.

Pacífico Mexinol: cifras que mueven el puerto

Pacífico Mexinol nace de la mano de Transition Industries, empresa estadounidense enfocada en hidrógeno y metanol con cero emisiones netas, en alianza con consorcios constructores de Corea del Sur, Italia y México. Los planes apuntan a una capacidad anual cercana a 1.8 millones de toneladas de metanol azul y 350 mil toneladas de metanol verde, hasta sumar alrededor de 2.1 millones de toneladas al año. Con una inversión que se calcula en 3,300 millones de dólares, el proyecto se coloca entre los de mayor peso económico que haya recibido Sinaloa en las últimas décadas.

El diseño técnico del complejo incorpora sistemas de captura de emisiones y uso intensivo de agua residual tratada, en lugar de extraer volúmenes adicionales de fuentes naturales. La empresa plantea integrar uno de los programas de reciclaje de aguas industriales más grandes del mundo para este tipo de planta. A ello se suma la instalación de equipos para producir hidrógeno verde in situ, lo que reduce desplazamientos de insumos y refuerza el carácter de “planta anclada en la transición energética”, más que en el modelo fósil tradicional.

Gas natural, contratos y salida al Pacífico

La operación de Pacífico Mexinol se apoya en un contrato de suministro de gas natural firmado con CFEnergía, filial de la Comisión Federal de Electricidad. Este acuerdo garantiza alrededor de 160 millones de pies cúbicos diarios de gas, aprovechando gasoductos ya tendidos y la importación desde Estados Unidos. El combustible se convierte así en columna vertebral del metanol azul, mientras el componente renovable y de hidrógeno sostiene la porción verde del proyecto, con un plan de operación a largo plazo.

La costa de Topolobampo funciona como salida natural de esa producción hacia Asia. La cercanía con rutas marítimas consolidadas evita desvíos largos o escalas innecesarias y da margen para contratos de suministro estables. El puerto, tradicionalmente asociado a granos, fertilizantes y carga diversa, se prepara para convivir con un flujo constante de buques vinculados al nuevo complejo de metanol.

Japón asegura la mitad de la producción

El giro internacional del proyecto se amarra con un acuerdo de compraventa de largo plazo con Mitsubishi Gas Chemical (MGC), que reservó aproximadamente la mitad de la producción anual de Pacífico Mexinol. El convenio fija el suministro de alrededor de un millón de toneladas métricas por año de metanol de ultra bajas emisiones durante al menos diez años. Para la empresa japonesa, el contrato abre una vía estable para alimentar cadenas industriales que necesitan reducir su huella de carbono sin frenar su ritmo de producción.

Esta alianza consolida a México como proveedor de metanol limpio para sectores como el químico, el automotriz y el energético en Japón y otros mercados asiáticos. Al mismo tiempo, da visibilidad internacional a un proyecto ubicado en un estado cuya actividad económica había girado, sobre todo, en torno a la agricultura y la pesca. En el camino, actores como la Secretaría de Energía (SENER) y reguladores del país se colocan bajo la lupa de inversionistas, cortes y especialistas, con la expectativa de que no existan decisiones que terminen frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por cambios de reglas a mitad del partido.

Empleo local y dudas que vienen

En Sinaloa, las cifras de empleo suenan concretas: miles de puestos durante la construcción y cientos de plazas permanentes cuando la planta esté en marcha. Comerciantes del puerto, transportistas y prestadores de servicios empiezan a ajustar planes, desde renta de vivienda hasta oferta de logística. Al mismo tiempo, persisten preguntas sobre los efectos ambientales acumulados en la bahía y sobre la capacidad institucional para vigilar el cumplimiento de cada permiso otorgado.

La instalación de Pacífico Mexinol deja al descubierto una tensión conocida: la urgencia de atraer inversión y empleo, frente al riesgo de reproducir viejas prácticas extractivas ahora envueltas en un discurso de descarbonización. Mientras las tuberías y estructuras metálicas suben en el horizonte de Topolobampo, la discusión sobre quién gana, quién pierde y quién vigila se vuelve menos teórica y más cotidiana.

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SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas

Cuando se hizo público que SENER frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas, el aviso cayó sobre el sector energético como una señal clara: ya no bastará con cumplir en papel. La dependencia advirtió que podrá negar o revocar permisos si detecta información falsa u omisiones en la evaluación de los impactos sociales sobre comunidades originarias, incluida la Manifestación de Impacto Social (MIS), documento que se volvió requisito clave tras la reforma energética.

En términos concretos, la Secretaría de Energía (SENER) frenará proyectos de riesgo para pueblos indígenas si una empresa oculta que su trazo pasa por tierras comunales, si minimiza cambios en la forma de sembrar o de acceder al agua, o si deja fuera posibles afectaciones a sitios sagrados. Detrás de cada casilla en la MIS hay historias de desalojos, fragmentación comunitaria y acuerdos firmados sin intérpretes ni información completa.

Consulta previa y papel de la SCJN

La decisión se ancla en obligaciones que México ya tenía sobre la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas, previstas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que han exigido procesos más robustos cuando un proyecto toca territorio indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha repetido que la consulta no es un trámite rápido, sino un proceso que debe permitir a las comunidades entender el proyecto, discutirlo a su ritmo y decidir si lo aceptan o lo rechazan.

En la práctica, muchos procedimientos se han quedado a medias: asambleas convocadas de un día para otro, representantes comunitarios presionados para firmar, versiones técnicas imposibles de traducir a lenguas indígenas. Con los nuevos criterios, SENER tendrá más margen para tirar del freno de mano cuando detecte que la consulta fue meramente formal o que ni siquiera se intentó.

Impacto en empresas y comunidades

Para las empresas, el mensaje es directo: ya no basta con diseñar gasoductos, parques eólicos o centrales eléctricas y después salir a “socializar” el proyecto. La evaluación social se convierte en un filtro que puede tumbar inversiones millonarias si hay inconsistencias entre lo que se promete en papel y lo que las comunidades viven en territorio.

Del lado de las comunidades indígenas, el anuncio ofrece una herramienta adicional en un mapa donde los conflictos por tierra, agua y aire han ido en aumento. En varios casos, la resistencia local ha frenado obras ya iniciadas y ha obligado a revisar permisos otorgados sin consulta adecuada, al tiempo que defensores del territorio enfrentan amenazas y agresiones documentadas por organizaciones ambientales y de derechos humanos.

El reto de pasar del discurso al territorio

El talón de Aquiles estará en la capacidad del Estado para revisar a fondo las MIS, verificar lo que ocurre en campo y soportar la presión de actores políticos y empresariales. Revisar cada proyecto exige equipos técnicos, presupuesto y una convicción firme de que cancelar o modificar una obra puede ser la única salida cuando el costo lo carga una comunidad pequeña y aislada.

Mientras tanto, pueblos indígenas y organizaciones comunitarias seguirán empujando amparos, consultas y asambleas para que la promesa no se quede en boletines. Lo que ocurra con los próximos proyectos dirá si este giro en el sector energético se queda en reglamentos o se siente en la orilla de los ríos, en los ejidos y en las montañas donde aún se discute quién decide sobre el territorio.

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