Energía
Cemda obtiene suspensión contra aumento de tarifa de CFE
Un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa concedió al Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (Cemda) la suspensión definitiva en el amparo presentado en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por el aumento desproporcionado de las Tarifas Porteo Estampilla para generadores de energía de fuentes renovables por concepto de servicio de transmisión a los usuarios.
“La suspensión es congruente con la responsabilidad de garantizar mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras.
Los impactos en el medio ambiente y en la salud de las personas expuestas a una mala calidad del aire por el uso de combustibles fósiles en la generación de electricidad así como las pérdidas y los daños de las comunidades por los efectos del cambio climático son cada vez mayores y requieren de decisiones proporcionales y alineadas con este escenario de vulnerabilidad”, dijo Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo de Cemda.
En un comunicado, el Cemda explicó que el 10 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación un aviso emitido por CFE, en el que se aumentaron las tarifas de manera desproporcionada “desde un 500 por ciento y hasta un 800 por ciento”, sustentando dicho aumento en una resolución emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
Por ello, interpuso una demanda de amparo en contra del aviso emitido por CFE y de la resolución, al considerar que éstos desincentivan la generación, distribución y comercialización de energías limpias, aumentando de manera ilegal, desproporcionada e injustificada las Tarifas, y privilegiando la generación y consumo de energía a través de fuentes contaminantes, tales como las que se producen mediante combustibles fósiles.
Cemda informó que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, otorgó la suspensión definitiva para efectos generales, “resultando en que no se imponga a los generadores de energías limpias, el cobro de las nuevas Tarifas, teniendo derecho a pagar conforme a las vigentes con anterioridad”.
El Juzgado consideró, en términos generales, procedente otorgar la suspensión en virtud de que Cemda logró acreditar, entre otros aspectos, que el aumento de las Tarifas podría significar un retroceso en el avance que el Estado mexicano debe perseguir en materia de descarbonización de la generación y transición hacia la energía renovable, desincentivando las energías limpias y fomentado la generación mediante combustibles fósiles.
“Cemda celebra esta determinación del Poder Judicial de otorgar la suspensión definitiva en el amparo interpuesto. Ello permitirá que los proyectos de energía renovable sean viables pagando tarifas justas acordes para su incentivación, contribuyendo así a reducir las emisiones contaminantes provenientes de fuentes fósiles como el petróleo, que afectan la calidad del aire y contribuyen al calentamiento global”, comentó.
En ese sentido, Cemda sostiene la exigencia de que el gobierno federal cumpla con las obligaciones establecidas en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley de Transición Energética, las cuales materializan los compromisos internacionales de México para incluir mayor cantidad de energías renovables en su matriz de generación, lo cual también permita disminuir la pobreza energética que padece un tercio de los hogares mexicanos.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), México es el segundo país latinoamericano con menor proporción de energías renovables en la oferta energética total, solamente detrás de Barbados. PUBLICIDAD La inversión en capacidad instalada renovable cayó 38% en 2018 y debido a la incertidumbre en el marco regulatorio es muy probable que la inversión se reduzca aún más.
Con información de Milenio
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Un candado digital en cada litro vendido
El Gobierno federal activó un mecanismo que cambia las reglas del juego para quienes venden gasolina, diésel o combustóleo en México. A partir del 24 de abril de 2026, toda estación de servicio y comercializador deberá incorporar el “Complemento Concepto para la Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” dentro de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Sin ese complemento, no hay factura. Sin factura, no hay operación legal.
La medida fue anunciada el 27 de marzo mediante un comunicado conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). El objetivo es directo: rastrear cada transacción de combustible desde el origen hasta el consumidor final.
El SAT combustibles ilegales: de la denuncia al bloqueo fiscal
Durante años, el huachicol y el contrabando técnico de gasolinas operaron con relativa impunidad porque no existía un mecanismo que cruzara permisos, facturas y volúmenes vendidos en tiempo real. Con esta medida, el SAT combustibles ilegales los deja sin salida: si el permisionario no tiene una autorización vigente ante la CNE, el sistema simplemente no le permite emitir un CFDI por hidrocarburos.
El combate al mercado ilícito de combustibles avanza así desde la persecución reactiva hacia la prevención estructural. No se trata de operativos ni decomisos —aunque esos seguirán—, sino de cortar el acceso a la economía formal a quienes operan fuera de la ley.
¿Qué deben hacer las gasolineras?
Las personas físicas y morales con permisos de comercialización tienen hasta el 24 de abril para verificar que sus autorizaciones estén vigentes. La CNE habilitó el portal cne.gob.mx/Permisos para que cualquier permisionario consulte su estatus sin trámites adicionales.
Quienes no regularicen su situación antes de la fecha límite quedarán bloqueados para emitir comprobantes fiscales de hidrocarburos, lo que paraliza sus ventas en el circuito legal. La Secretaría de Energía detalló que la medida aplica para gasolina regular, premium y diésel en todo el territorio nacional.
Sheinbaum y la trazabilidad como política energética
El nuevo complemento CFDI se integra a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar la trazabilidad completa en la cadena de comercialización de combustibles. El proyecto fue desarrollado de forma coordinada entre el SAT, la Sener, la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Petróleos Mexicanos (PEMEX), como principal productor y distribuidor de hidrocarburos en el país, queda directamente involucrado en el ecosistema de trazabilidad que este mecanismo construye. La empresa productiva del Estado deberá alinearse con los nuevos requisitos de facturación electrónica para todas las transacciones que involucren la Secretaría de Energía y Pemex como actores de la cadena de suministro.
El Gobierno federal subrayó que la iniciativa busca condiciones de competencia justa para los operadores que sí cumplen con la ley, al tiempo que protege a los consumidores sobre el origen de los productos que cargan en cada tanque.
El combate al mercado ilícito de combustibles no termina aquí: las autoridades advirtieron que el incumplimiento conlleva la imposibilidad de operar, no solo una multa.
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Adeudos que se apilan en la filial de la CFE
CFEnergía se queda sin recursos y sin respuestas claras. La filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responsable del suministro, comercialización y transporte de gas natural enfrenta una crisis interna documentada en una auditoría que expone adeudos millonarios, omisiones y contratos sin liquidar que se remontan hasta 2017.
La situación de la empresa dirigida por Eréndira Corral Zavala replica el patrón de Petróleos Mexicanos (Pemex): pasivos acumulados sin resolver, decisiones estratégicas paralizadas y una opacidad que dificulta saber quién responde por qué deuda.
El contrato SuperAMA y otros pasivos sin saldar
El caso más urgente está en el contrato SuperAMA, donde CFEenergía acumula 8,357 millones de pesos en adeudos, a los que se suman otros 4,636 millones por facturación reciente sin liquidar. Estos montos incluyen cargos por transporte, almacenamiento y regasificación de gas natural que no se han cubierto desde 2025.
Altamira también aparece en el mapa de irregularidades: la empresa no reconoce pagos por 199 millones de pesos correspondientes a estaciones de compresión ubicadas en la zonas. A ello se suma un adeudo histórico de 506 millones relacionado con los buques de gas natural licuado Gematta, Galea y Solaris.
CFEnergía se queda sin recursos para proyectos activos
La auditoría también destapó problemas operativos de fondo. El proyecto Puerta al Sureste lleva pagados cerca de 600 millones de pesos desde 2025 por un gasoducto que no transporta gas: las fallas en la interconexión lo tienen paralizado.
En la Riviera Maya, las plantas previstas registran retrasos por problemas de conexión con el sistema Mayakán-Cuxtal II, proyecto que aún carece de definiciones técnicas y operativas concretas. Mientras tanto, en Baja California se arrastran 399 millones de pesos en adeudos por contratos de suministro acumulados entre 2017 y 2022.
Una bomba de tiempo para el mercado de gas
La suma de estos factores preocupa más allá de la filial. Analistas advierten que la combinación de adeudos, opacidad e infraestructura detenida podría desestabilizar el mercado nacional de gas natural y encarecer el suministro a partir de 2027, en un país que ya depende en gran medida del gas importado desde Estados Unidos.
“Nada de esto, por separado, sería extraordinario en un sector complejo como el eléctrico. El problema es cuando todo ocurre al mismo tiempo: adeudos, opacidad, omisiones y proyectos detenidos”, puntuó Maldonado.
La pregunta que queda abierta no es menor: ¿Quién absorbe el costo si la filial no puede?
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