Sin cumplir el plazo reglamentario y desoyendo las opiniones y requisitos de las Comisiones Federal de Competencia Económica (Cofece) y Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), las Secretarías de Energía y de Economía emitieron este sábado el “Acuerdo que establece las mercancías cuya importación y exportación está sujeta a regulación por parte de la Secretaría de Energía”.

El documento pretende entre otras cosas hacer más duras las reglas para la importación y exportación de combustibles y otros productos por parte de privados.

El Acuerdo, publicado hoy sábado en el Diario Oficial de la Federación, no cumplió con el plazo de consulta pública en el portal de internet de la Conamer que es de 45 días, aun cuando la propia Comisión consideró que es una disposición de “alto impacto” regulatorio, según comunicó mediante un oficio remitido el 18 de diciembre Alberto Montoya Martín del Campo, comisionado nacional de la Conamer, a Ricardo Miranda Burgos, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SE.

El anteproyecto de Acuerdo estuvo abierto a consulta pública en la página de la Conamer solo del 1 al 24 de diciembre de 2020, menos de 30 días.

Por otro lado, el Acuerdo no consideró las diversas observaciones y opiniones emitidas por la Cofece respecto a los riesgos que implica a la competencia y a la libre concurrencia en el mercado de los combustibles, petrolíferos y petroquímicos.

Como ejemplo, la Cofece al mando de Alejandra Palacios Prieto, había advertido que la eliminación de otorgamiento de permisos para la importación y exportación de combustibles por veinte años, sustituyéndolos por otros de cinco años, reduce los incentivos para invertir en infraestructura de transporte y almacenamiento.

De esta forma, el otorgamiento de los permisos por veinte años ya no aparece en los artículos 39 y 40 del documento, referidos a la importación, ni en los artículos 41 y 42 referentes a la exportación.

La Comisión también subrayó que las nuevas reglas obstruyen injustificadamente la obtención, uso y renovación de los permisos, lo que da preferencia a Petróleos Mexicanos (Pemex) al ser la única empresa que produce petrolíferos en el territorio nacional.

“Estamos ante un flagrante caso de abuso de autoridad”, expresó Santiago Arroyo, director general de Ursus Energy, empresa de consultoría especializada en temas de energía.

“Esa es la forma en que se ha conducido últimamente la Secretaría de Energía, donde si la secretaria ordena algo, se tiene que cumplir de manera estricta, independientemente si esa orden vulnera o no el marco legal vigente”, agregó en entrevista para Energía a Debate.

Cabe recordar que hasta julio de este año, Montoya Martín del Campo se desempeñaba como subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener a cargo de Rocío Nahle García, para posteriormente ser designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como comisionado nacional de la Conamer.

Respecto a los plazos de los permisos y la eliminación de aquellos que se otorgaban por veinte años, Arroyo coincidió en que esto daña la competitividad en el sector.

“Esto a largo plazo vulnera obviamente la competitividad sobre todo en el sentido de que esos permisos, al no ser definitivos, sino que son permisos previos, quedan sujetos, uno, al arbitrio total de la Secretaría de Energía, y número dos, a la temporalidad, lo que no te puede dar la seguridad o la certeza jurídica como empresa de que el mercado vaya de acuerdo a los ordenamientos legales”, afirmó.

Asimismo, dijo que este punto también coarta el “derecho a tener un negocio a largo plazo a las empresas, sobre todo a la iniciativa privada”.

En cuanto al balance energético, el consultor de igual forma coincidió con la Cofece en que el Acuerdo beneficia a Pemex sobre los privados.

“Los privados importan y comercializan alrededor de 66% o 67% de los petrolíferos que se venden en el país y el resto son de Pemex”, refirió.

“Desde su concepto de soberanía energética, obviamente se trata de darle prioridad al consumo nacional”, asentó y recordó que la Secretaría de Economía de Graciela Márquez Colín recientemente hizo modificaciones al Acuerdo de Contenido Nacional.

“Todo esto va encaminado a que prevalezca el monopolio vulnerando el mandato constitucional del libre mercado con mínima intervención por parte de los órganos reguladores”, previó Arroyo.

Otro punto es el tema del almacenamiento de petrolíferos. “(Es) una regulación que no está acabada, incompleta, y que no obedece a la realidad del mercado e impide un acceso abierto no discriminatorio”, comentó sobre una situación ya de por sí crítica porque Pemex ha reconocido que no cuenta con almacenamiento disponible, ni siquiera para sí misma, por lo tanto, mucho menos para una reserva contractual.

“Estamos en el entendido a que nos remitimos al mercado de los tickets de almacenamiento, el cual no tiene ninguna estructura legal que lo soporte y obviamente está dejando en un estado de indefensión a los regulados”, anotó Arroyo.

Entre las consecuencias del Acuerdo publicado este sábado, el especialista visualizó una mayor corrupción. “Muchos lo han denunciado en redes sociales, que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Sener favorecen a quienes les llegan al precio o con quienes tienen cierto grado de amistad o de afinidad con ellos o de consanguineidad”.

Igualmente, consideró que el mercado se va a ir cerrando a los grandes grupos de interés económico, en donde los participantes más pequeños ya no van a tener la posibilidad de entrar toda vez que no van contar ni con la infraestructura ni con la fortaleza financiera o legal.

Así, el gran perdedor será el consumidor. “Esto va a crear que los precios, al no haber competencia, van a ir aumentando al grado que las perspectivas por la segunda ola del Covid sea que vaya a haber una caída en los precios de los combustibles, misma que no se va a ver reflejada eficazmente en el precio al público”, señaló.

Explicó que estas medidas, como la publicada hoy, van a impedir que los consumidores tengan acceso a combustibles que atiendan a una realidad de mercado, sino a una realidad impuesta por los órganos reguladores.

Como ejemplo de lo anterior, Arroyo citó el aumento de 16 centavos al Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios (IEPS), aplicable a las gasolinas y diesel, anunciado el día de ayer por el gobierno federal.

Para consultar el Acuerdo de la Sener y SE, visite el portal del Diario Oficial de la Federación.

Con información de Energía a debate