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Energía

Manda AMLO ‘cable’ a la Corte: Pide destrabar reforma eléctrica

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El Presidente solicitó a la SCJN revisar las suspensiones que mantienen congelada la  modificación a la Ley de la Industria Eléctrica

 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercer su facultad de atracción, para revisar las suspensiones definitivas otorgadas por dos jueces, que mantienen congelada la reforma legal que da preferencia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre las empresas privadas.

Según el documento de admisión de la Corte a la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción, fechada el pasado 23 de abril, la intención es que sea el máximo órgano de justicia del país el que determine si proceden o no las suspensiones con efectos generales que dictaron los jueces a la entrada en vigor de la reforma.

El Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, admitió a trámite y turnó a la Segunda Sala la solicitud planteada por López Obrador por conducto de su consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, para que los ministros intervengan de manera extraordinaria y atraigan tres recursos de revisión, actualmente radicados en el Primer Tribunal Colegiado Especializado en Competencia Económica y Telecomunicaciones.

En esos recursos, el Ejecutivo y el Congreso impugnaron las primeras suspensiones concedidas por el juez Juan Pablo Gómez Fierro en amparos promovidos por empresas del sector energético, mismas que frenaron, con efectos generales, la vigencia de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), ordenada por López Obrador y publicada el 9 de marzo.

 

Sin plazo para resolver

La atracción de los recursos no es forzosa, y la Sala no tiene plazo para resolverla, pero es previsible que lo hará antes del receso judicial que inicia el 15 de julio.

Para atraer, al menos tres de los cinco ministros de la Sala tendrán que considerar que la revisión de estas suspensiones es de importancia y trascendencia jurídicas excepcionales.

De ser atraídos los recursos, pasarían algunos meses más para que la Corte resuelva si confirma, modifica o revoca las suspensiones. Si la atracción es rechazada, serán los dos tribunales colegiados especializados los que revisen los fallos de Gómez Fierro y su colega Rodrigo de la Peza, quien concedió suspensiones idénticas.

El artículo 40 de la Ley de Amparo solo faculta al Fiscal General de la República, a los propios ministros y a los tribunales colegiados para plantear a la Corte el ejercicio de su facultad de atracción.

La síntesis del acuerdo de Zaldívar, publicada por la Corte, no lo menciona, pero es posible que el Ministro Presidente hizo suya la solicitud del Ejecutivo, para agilizar su admisión a trámite y ordenar de inmediato al tribunal colegiado que se abstenga de dictar sentencia en los tres recursos.

El lunes 26 de abril, la Corte notificó la admisión a trámite de una acción de inconstitucionalidad promovida por Senadores de oposición, que piden invalidar la misma reforma a la LIE.

Pero esta acción no puede suspender la vigencia de la ley, y su trámite será independiente al de los juicios de amparo, de ahí la importancia de la revisión de las suspensiones que otorgaron los jueces, que son inusuales por tener efectos generales y no solo en favor de cada empresa quejosa.

La reforma ordena privilegiar el despacho de energía generada por plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de privadas de energías renovables.

También amenaza a quienes han obtenido permisos de autoabastecimiento “en fraude a la ley”, y advierte que se revisarán los contratos de la CFE con productores independientes.

 

Suman 120 amparos contra modificaciones

 

Hay al menos 120 amparos interpuestos en contra de los cambios a la reforma a la ley de la industria eléctrica (LIE), además de un acto de inconstitucionalidad promovido por los senadores de oposición, por lo que camino aún es largo para su definición y mientras persiste el daño en el ambiente para la inversión, afirmó el presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Roger González.

“Son más de 100 amparos, 120 si no mal recuerdo. Ya han sido aprobados muchos de suspensión provisional, pero también hay muchos de suspensión permanente”, detalló.

El directivo reconoció que es una pérdida de tiempo porque el sector privado no busca involucrarse en asuntos legales, sino lo que le urge es aplicar sus inversiones para construir la infraestructura que necesita México.

El punto al que se ha llegado de declararse una ley, aunque probablemente sea declarada inconstitucional, ya ha provocado daños en el terreno de las inversiones y la incertidumbre sobre la definición legal de la operatividad seguirá, destacó Roger González.

Expuso que el proceso legal es largo y con varias reglas según los votos que se obtengan si el asunto llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Agregó que empresas se están amparando en lo particular por muchas razones legales, y una organización puede tener varias razones legales. Si llega a la SCJN y en su momento hay cambios y se rebota la inconstitucionalidad del cambio en la ley, los amparos particulares pueden seguir teniendo vigencia.

Se necesitan 8 votos de los 11 magistrados que integran la SCJN para declararse la inconstitucionalidad. Si son menos de esos 8 se convierte en un precedente jurídico obligatorio, y si son tres o cuatro votos se convierte en una jurisprudencia.

“Todavía hay un largo camino desde el punto de vista legal, nacional. Falta ver con claridad las repercusiones de las demandas internacionales. Entiendo hay varias empresas trabajando con la aprobación de sus consejos para controversias bajo los acuerdos de libre comercio que tenemos con Europa, el Traspacífico y con América del Norte”, apuntó.

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Energía

Ley del Gas del Pueblo en Brasil: cómo funcionará el programa que garantiza gas gratuito a familias vulnerables

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Ley del Gas del Pueblo en Brasil

La Ley del Gas del Pueblo en Brasil fue aprobada por el gobierno federal como una política social orientada a garantizar el acceso gratuito al gas de cocina a hogares en situación de vulnerabilidad. La iniciativa, impulsada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, busca reducir la pobreza energética y beneficiar a millones de personas inscritas en los programas sociales del país.

El programa establece la recarga sin costo de bombonas de gas licuado de petróleo (GLP) de 13 kilogramos para familias de bajos ingresos registradas en el Cadastro Único para Programas Sociales del Gobierno Federal, conocido como CadÚnico. De acuerdo con la previsión oficial, la medida podría alcanzar a cerca de 50 millones de personas.

¿Qué es la Ley del Gas del Pueblo en Brasil y cuál es su objetivo?

La Ley del Gas del Pueblo en Brasil tiene como finalidad asegurar el acceso al gas doméstico a sectores que enfrentan dificultades económicas para cubrir este insumo básico. El gas de cocina representa un gasto significativo para familias de bajos ingresos, lo que ha llevado a escenarios de pobreza energética en distintas regiones del país.

Con este programa, el gobierno federal pretende aliviar la carga económica de los hogares más vulnerables y garantizar condiciones mínimas para la preparación de alimentos, especialmente en contextos de inflación y aumento en los precios de los energéticos.

¿Quiénes podrán acceder al gas gratuito?

El beneficio está dirigido exclusivamente a familias inscritas en el CadÚnico que cumplan con criterios específicos de ingresos. Los hogares deberán acreditar ingresos por persona de hasta la mitad del salario mínimo vigente en Brasil.

Además, el programa está enfocado en familias que ya forman parte del esquema de apoyo social Bolsa Familia, reforzando así la articulación entre distintas políticas públicas orientadas al combate a la pobreza.

¿Cuántas familias serán beneficiadas por el programa?

El gobierno brasileño estima que el programa podrá beneficiar a aproximadamente 15 millones de familias una vez que esté plenamente operativo. Esta cifra representa una parte significativa de la población vulnerable del país y se enmarca dentro de una estrategia más amplia de asistencia social.

La Presidencia de Brasil informó que la expectativa es que el sistema esté completamente en funcionamiento a partir del mes de marzo, tras la fase inicial de implementación.

¿Qué instituciones participan en la ejecución del Gas del Pueblo?

La ejecución de la Ley del Gas del Pueblo en Brasil involucra a varias dependencias del gobierno federal. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Minas y Energía y el Ministerio de Desarrollo y Asistencia Social, Familia y Combate al Hambre.

Asimismo, participa la institución financiera pública Caixa Econômica Federal, que tendrá un papel clave en la operación de los vales y medios de pago asociados al programa.

¿Cómo será la distribución del gas y los puntos de venta?

Uno de los avances destacados del programa es la rápida incorporación de puntos de venta acreditados. En menos de dos meses, se han registrado alrededor de 10 mil establecimientos autorizados, lo que representa aproximadamente uno de cada seis revendedores de GLP en Brasil.

Estos puntos de venta serán los encargados de suministrar las bombonas de gas a las familias beneficiarias, utilizando los mecanismos de validación establecidos por el programa.

¿Cuáles son los requisitos administrativos para recibir el beneficio?

Para acceder al programa, las familias deben cumplir con varios requisitos adicionales. Es obligatorio que el núcleo familiar esté integrado por al menos dos personas y que el registro en el CadÚnico se haya mantenido actualizado durante los últimos 24 meses.

También se exige que el Código de Identificación Fiscal (CPF) del responsable del hogar se encuentre en situación regular, sin inconsistencias administrativas, verificaciones pendientes o registros erróneos.

¿Cómo pueden las familias verificar si son beneficiarias?

Las familias interesadas podrán consultar su elegibilidad a través de la aplicación oficial Meu Social – Gás do Povo. Esta plataforma permitirá verificar el estado del beneficio, la vigencia del vale de recarga y la ubicación de los puntos de venta autorizados, incluyendo direcciones y teléfonos.

Para quienes no cuenten con acceso a Internet o teléfono móvil, el programa contempla alternativas presenciales. El beneficio podrá utilizarse mediante la tarjeta del Bolsa Familia con chip, la tarjeta de débito de Caixa o proporcionando el CPF del responsable familiar directamente en el establecimiento acreditado.

¿Cuándo entrará en operación el programa?

El Ejecutivo federal prevé que el programa, establecido en la Ley n.º 15.348, entre en operación plena durante el mes de marzo. Con ello, se busca consolidar una política pública que garantice el acceso al gas doméstico como un servicio esencial para millones de familias en Brasil.

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Tamaulipas es el estado más energético del país

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Tamaulipas es el estado más energético

Tamaulipas es el estado más energético del país

Ocho entidades concentran la mitad de la capacidad instalada de generación eléctrica en México, y entre ellas Tamaulipas encabeza la lista con 8.6 por ciento, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Durante una rueda de prensa el 12 de febrero de 2026, el secretario de Desarrollo Energético, Walter Julián Ángel Jiménez, resumió la apuesta del gobierno estatal en una frase directa: “Tamaulipas es el estado más energético de México”. Detrás de esa declaración hay una infraestructura que junta una refinería, tres terminales marítimas portuarias, dos terminales de gas natural licuado, ocho centrales de ciclo combinado, ductos petrolíferos, gasoductos y plantas criogénicas.

Capacidad eléctrica y peso nacional

Según el análisis de Conahcyt citado por medios especializados, Tamaulipas genera más de 8,000 megawatts de electricidad, de los cuales alrededor de 5,000 provienen de plantas de ciclo combinado y más de 1,500 de energía eólica, con un resto térmico y de otras tecnologías. Ese volumen le permite no solo cubrir su propio consumo, sino enviar energía hacia otros nodos del Sistema Eléctrico Nacional.

El mismo estudio apunta que Nuevo León y Veracruz se colocan apenas un peldaño abajo, con 8.5 y 8.4 por ciento de la capacidad nacional, lo que deja ver una competencia apretada en la cúpula del mapa energético. Aun así, Tamaulipas se distingue por la combinación de generación eléctrica, infraestructura logística y proyectos en marcha que cruzan petróleo, electricidad e industrias asociadas.

Gas, proyectos estratégicos y transición

El desempeño energético de Tamaulipas está atado al comportamiento del gas natural y otros combustibles, así como a la presión por migrar hacia fuentes más limpias. México Evalúa documenta que en los últimos años el gas natural mayorista bajó de 73.74 a 50.16 pesos por gigajulio entre 2018 y 2023, una caída acumulada de 32 por ciento, mientras el estado adapta su sistema energético a esos precios y a la expansión de renovables.

En paralelo, el gobierno tamaulipeco coloca en primer plano una cartera de diez proyectos estratégicos, entre ellos el desarrollo marino Trión, ampliaciones de la red de transporte de gas por ductos, plantas de etanol a partir de sorgo, pirólisis de residuos plásticos y neumáticos, una granja fotovoltaica en Tula y programas de electrificación total y estufas de leña eficientes. Estos proyectos buscan sostener el peso petrolero y gasífero del estado, al tiempo que abren espacio a tecnologías que reduzcan emisiones y pobreza energética.

Voces, retos y la disputa por el liderazgo

En entrevistas con medios especializados, figuras como Walter Julián Ángel Jiménez subrayan que Tamaulipas se ha convertido en un epicentro petroquímico, gasífero y de estaciones de servicio, con el segundo lugar nacional en producción eólica y la mira puesta en alcanzar el primero. El reporte de Conahcyt recuerda, sin embargo, que esta expansión exige más tierras en propiedad social para proyectos eólicos y fotovoltaicos, lo que ya abre la puerta a tensiones agrarias y disputas locales.

En medio de esa pugna por recursos, permisos y beneficios, la frase “Tamaulipas es el estado más energético del país” funciona como carta de presentación ante inversionistas, pero también como resumen de un modelo que todavía se redefine entre hidrocarburos, renovables y comunidades que viven sobre ese mapa.

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Bonos de la CFE alcanzan colocación histórica por 1,500 millones de dólares en mercados internacionales

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bonos de la CFE

La Comisión Federal de Electricidad realizó una emisión internacional de bonos de la CFE por un monto total de 1,500 millones de dólares. La operación se llevó a cabo el 28 de enero de 2026 y tuvo como propósito refinanciar deuda vigente y obtener recursos para proyectos de inversión programados para este año.

La colocación se efectuó a través de la Bolsa Mexicana de Valores, como parte de la estrategia financiera de la empresa productiva del Estado para fortalecer su perfil de deuda y ampliar su capacidad de financiamiento en los mercados internacionales.

¿Cómo se estructuró la emisión de bonos de la CFE?

La emisión se dividió en dos instrumentos financieros con plazos y objetivos diferenciados. El primero correspondió a un bono tipo bullet con vencimiento a ocho años y una tasa de interés de 6.045 por ciento. Este tramo se destinó a la recompra de pasivos existentes con vencimientos en febrero de 2027 y mayo de 2029.

El segundo instrumento fue un bono amortizable con un plazo de 25 años y una tasa de 6.5 por ciento. Los recursos obtenidos se orientarán al financiamiento de proyectos de inversión que la empresa tiene previstos desarrollar a lo largo de 2026.

Esta combinación permitió a la CFE atender compromisos financieros de corto y mediano plazo, así como asegurar recursos para su programa de inversión de largo alcance.

¿Qué nivel de demanda registraron los bonos de la CFE?

La colocación de los bonos de la CFE alcanzó una demanda máxima histórica de 10,451 millones de dólares. Esta cifra representó una sobresuscripción equivalente a siete veces el monto final emitido.

En el proceso participaron 270 inversionistas institucionales de distintas regiones del mundo, lo que reflejó un amplio interés del mercado financiero internacional por los instrumentos emitidos por la empresa mexicana.

La alta demanda permitió a la CFE concretar la operación en condiciones consideradas favorables dentro del contexto financiero internacional.

¿Qué calificaciones crediticias obtuvieron los bonos emitidos?

Los instrumentos colocados obtuvieron calificaciones dentro del grado de inversión por parte de las principales agencias calificadoras. Fitch Ratings asignó una nota de BBB-, mientras que Moody’s otorgó una calificación de Baa2. Por su parte, Standard & Poor’s calificó los bonos con BBB.

Estas evaluaciones reflejan la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras en los plazos establecidos, de acuerdo con los criterios de las agencias internacionales.

¿Qué instituciones financieras participaron en la operación?

La transacción contó con la participación de importantes instituciones financieras internacionales. Los coordinadores globales fueron Bank of America, BBVA, Citi, HSBC y JP Morgan.

Como bancos colocadores participaron Morgan Stanley, Santander y Scotiabank, lo que permitió ampliar la distribución de los bonos de la CFE entre inversionistas globales.

¿Qué impacto financiero tiene esta emisión para la CFE?

La empresa informó que esta operación representa un punto relevante en su posicionamiento financiero, al reducir el costo de financiamiento y establecer referencias positivas para futuras emisiones de deuda. El resultado también podría servir como parámetro para otros participantes del sector energético mexicano que busquen acceder a los mercados internacionales.

Además del refinanciamiento de pasivos, los recursos obtenidos fortalecerán la capacidad de inversión de la CFE, con el objetivo de mantener un suministro eléctrico confiable, competitivo y de calidad para hogares y empresas en México.

La emisión de bonos de la CFE se enmarca en una estrategia de gestión financiera orientada a la sostenibilidad operativa y al fortalecimiento de su estructura de capital.

 

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