Energía
Multa con 15 millones a Endesa por liberar partículas radiactivas en una central nuclear
La Audiencia Nacional ha confirmado cuatro multas impuestas a Endesa por una batería de “infracciones graves” cometidas en la central nuclear de Ascó I (Tarragona), a raíz de una liberación de “partículas radiactivas” en 2007. Según consta en una sentencia del pasado 18 de marzo, la Sala de lo Contencioso-administrativo rechaza el recurso presentado por la empresa contra la orden del Ministerio de Industria, que castigó a la energética a pagar 15,3 millones de euros, la calificada entonces como la sanción más alta impuesta a una instalación de estas características. El entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) acusó a la compañía de “ocultar” información sobre el incidente.
El fallo del tribunal, de 54 páginas, llega después de una intensa batalla judicial, con múltiples frentes. Por un lado, se abrió la vía penal contra varios directivos de la central nuclear, a los que se investigó por delitos de riesgo catastrófico vinculado con la energía nuclear, delitos contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental. Una causa que la Audiencia Provincial de Tarragona archivó en marzo de 2020. Pero ese carpetazo supuso la reactivación de la vía contencioso-administrativa, que se encontraba paralizada a la espera de que se resolviera la penal.
Ahora, tras estudiar el caso y los múltiples informes técnicos incorporados al proceso, la Audiencia Nacional resuelve que Endesa debe pagar los 15,3 millones de euros por incumplir la Ley de Seguridad Nuclear. La fuga se produjo el 26 de noviembre de 2007 durante el volcado de agua y lodo radiactivo en una piscina de combustible, “sin que los operarios que realizaron esta operación” se percataran de que una parte del líquido entró por las “rejillas de aspiración del sistema de ventilación”.
Los magistrados confirman así el contenido de la orden del Ministerio, dictada en 2009 y que preveía cuatro infracciones graves. La primera de ellas, castigada con el abono de 7,5 millones, supuso la “emisión de partículas radiactivas con potencial de superación de los límites de dosis normativamente establecidos”. Además, una vez descubierto el incidente, la empresa no “estableció el control de contaminación externa del personal”; y no “clasificó, señalizó y delimitó radiológicamente las zonas de libre acceso de la central nuclear tras la detección de partículas radiactivas en dichas zonas”.
Otras dos infracciones, castigadas con tres millones cada una, se imponen por no haber notificado el hallazgo de las partículas hasta el 4 de abril de 2008 —cinco meses después del suceso— y por “no haber proporcionado” a la inspección “información pronta y veraz sobre la contaminación”. La cuarta multa, que asciende a 1,8 millones, se dictó por incumplir el Manual de Protección Radiológica de la Central, “al no haber dejado constancia en los registros de vigilancia de la contaminación encontrada en zonas de libre acceso”.
La energética puede recurrir el fallo de la Audiencia Nacional en un plazo de 30 días, según recoge la propia sentencia. Según la web del actual Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Endesa posee el 100% de Ascó I. La empresa también ostenta el 85% de Ascó II —que comparte con Iberdrola, que suma el 15%—. En 2017, la Audiencia Nacional ya condenó a los responsables de Ascó al pago de 1,1 millones por actuar con “negligencia” en la gestión de fuentes radiactivas en desuso: dos inspectoras del Consejo de Seguridad Nuclear descubrieron en 2011 que la central perdió o traspapeló 233 residuos radiactivos.
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Un candado digital en cada litro vendido
El Gobierno federal activó un mecanismo que cambia las reglas del juego para quienes venden gasolina, diésel o combustóleo en México. A partir del 24 de abril de 2026, toda estación de servicio y comercializador deberá incorporar el “Complemento Concepto para la Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” dentro de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Sin ese complemento, no hay factura. Sin factura, no hay operación legal.
La medida fue anunciada el 27 de marzo mediante un comunicado conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). El objetivo es directo: rastrear cada transacción de combustible desde el origen hasta el consumidor final.
El SAT combustibles ilegales: de la denuncia al bloqueo fiscal
Durante años, el huachicol y el contrabando técnico de gasolinas operaron con relativa impunidad porque no existía un mecanismo que cruzara permisos, facturas y volúmenes vendidos en tiempo real. Con esta medida, el SAT combustibles ilegales los deja sin salida: si el permisionario no tiene una autorización vigente ante la CNE, el sistema simplemente no le permite emitir un CFDI por hidrocarburos.
El combate al mercado ilícito de combustibles avanza así desde la persecución reactiva hacia la prevención estructural. No se trata de operativos ni decomisos —aunque esos seguirán—, sino de cortar el acceso a la economía formal a quienes operan fuera de la ley.
¿Qué deben hacer las gasolineras?
Las personas físicas y morales con permisos de comercialización tienen hasta el 24 de abril para verificar que sus autorizaciones estén vigentes. La CNE habilitó el portal cne.gob.mx/Permisos para que cualquier permisionario consulte su estatus sin trámites adicionales.
Quienes no regularicen su situación antes de la fecha límite quedarán bloqueados para emitir comprobantes fiscales de hidrocarburos, lo que paraliza sus ventas en el circuito legal. La Secretaría de Energía detalló que la medida aplica para gasolina regular, premium y diésel en todo el territorio nacional.
Sheinbaum y la trazabilidad como política energética
El nuevo complemento CFDI se integra a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar la trazabilidad completa en la cadena de comercialización de combustibles. El proyecto fue desarrollado de forma coordinada entre el SAT, la Sener, la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Petróleos Mexicanos (PEMEX), como principal productor y distribuidor de hidrocarburos en el país, queda directamente involucrado en el ecosistema de trazabilidad que este mecanismo construye. La empresa productiva del Estado deberá alinearse con los nuevos requisitos de facturación electrónica para todas las transacciones que involucren la Secretaría de Energía y Pemex como actores de la cadena de suministro.
El Gobierno federal subrayó que la iniciativa busca condiciones de competencia justa para los operadores que sí cumplen con la ley, al tiempo que protege a los consumidores sobre el origen de los productos que cargan en cada tanque.
El combate al mercado ilícito de combustibles no termina aquí: las autoridades advirtieron que el incumplimiento conlleva la imposibilidad de operar, no solo una multa.
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Adeudos que se apilan en la filial de la CFE
CFEnergía se queda sin recursos y sin respuestas claras. La filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responsable del suministro, comercialización y transporte de gas natural enfrenta una crisis interna documentada en una auditoría que expone adeudos millonarios, omisiones y contratos sin liquidar que se remontan hasta 2017.
La situación de la empresa dirigida por Eréndira Corral Zavala replica el patrón de Petróleos Mexicanos (Pemex): pasivos acumulados sin resolver, decisiones estratégicas paralizadas y una opacidad que dificulta saber quién responde por qué deuda.
El contrato SuperAMA y otros pasivos sin saldar
El caso más urgente está en el contrato SuperAMA, donde CFEenergía acumula 8,357 millones de pesos en adeudos, a los que se suman otros 4,636 millones por facturación reciente sin liquidar. Estos montos incluyen cargos por transporte, almacenamiento y regasificación de gas natural que no se han cubierto desde 2025.
Altamira también aparece en el mapa de irregularidades: la empresa no reconoce pagos por 199 millones de pesos correspondientes a estaciones de compresión ubicadas en la zonas. A ello se suma un adeudo histórico de 506 millones relacionado con los buques de gas natural licuado Gematta, Galea y Solaris.
CFEnergía se queda sin recursos para proyectos activos
La auditoría también destapó problemas operativos de fondo. El proyecto Puerta al Sureste lleva pagados cerca de 600 millones de pesos desde 2025 por un gasoducto que no transporta gas: las fallas en la interconexión lo tienen paralizado.
En la Riviera Maya, las plantas previstas registran retrasos por problemas de conexión con el sistema Mayakán-Cuxtal II, proyecto que aún carece de definiciones técnicas y operativas concretas. Mientras tanto, en Baja California se arrastran 399 millones de pesos en adeudos por contratos de suministro acumulados entre 2017 y 2022.
Una bomba de tiempo para el mercado de gas
La suma de estos factores preocupa más allá de la filial. Analistas advierten que la combinación de adeudos, opacidad e infraestructura detenida podría desestabilizar el mercado nacional de gas natural y encarecer el suministro a partir de 2027, en un país que ya depende en gran medida del gas importado desde Estados Unidos.
“Nada de esto, por separado, sería extraordinario en un sector complejo como el eléctrico. El problema es cuando todo ocurre al mismo tiempo: adeudos, opacidad, omisiones y proyectos detenidos”, puntuó Maldonado.
La pregunta que queda abierta no es menor: ¿Quién absorbe el costo si la filial no puede?
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