Energía
Ni expropiación ni contaminación, planteó AMLO a Kerry
El Presidente presentó 10 puntos que tocó en el encuentro con el enviado del Gobierno de Estados Unidos
En las casi cinco horas que duró el encuentro entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el enviado especial para el clima del Gobierno de Estados Unidos, John Kerry, el mandatario mexicano reafirmó que su gobierno no está impulsando una iniciativa eléctrica “estatista ni expropiatoria” y aclaró que su administración no apuesta a la contaminación.
En su conferencia de prensa, el presidente aseguró que el encuentro dejó “satisfechos” a los integrantes de la comitiva de Estados Unidos y compartió el decálogo que abordó en su reunión en Palacio Nacional con Kerry, el embajador Ken Salazar y dos decenas de empresarios del sector energético.
“Se les explicó el por qué de esta iniciativa y al parecer pues se sintieron atendidos y satisfechos porque no es cierto que la iniciativa tenga que ver con promover las energías sucias, no es cierto que no nos importe producir energía solar, eólica, energía con agua en las hidroeléctricas”, dijo el mandatario federal.
En los puntos que informó el presidente abordó con el funcionario estadounidense y su comitiva, no incluyen la supuesta conformación de un grupo de seguimiento a su iniciativa de reforma eléctrica como inicialmente lo anunció Kerry.
Decálogo de la reforma eléctrica entre AMLO y EU:
1.- Permisos de importación. El gobierno de México se comprometió a respetar los permisos de introducción de combustible de cinco empresas: ExxonMobil, Valero, Koch, Shell y Tesoro, siempre y cuando ofrezcan precios justos y legalidad; es decir, no vender huachicol ni hacer contrabando.
Como un “gesto de buena voluntad”, el gobierno ofreció retirar denuncias y levantar clausuras a las terminales de combustible, sin embargo, advirtió que si se detectan prácticas de huachicol, se aplicarán sanciones penales.
2.- No se otorgarán nuevos permisos. Debido a que la finalidad de la iniciativa de reforma eléctrica es fortalecer a la CFE, no se entregarán nuevos permisos para participar en la generación de energía.
“Queremos lograr la autosuficiencia energética y fortalecer a Pemex y a la CFE; es decir, tendrán prioridad las empresas públicas por el bien del pueblo y de la nación”, comentó.
3.-Invitación a empresas de EU a invertir. De acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con Estados Unidos y sus empresas hay una buena relación, por ello los invitó a invertir en México.
“Pedimos a las empresas petroleras de Estados Unidos, que tienen contratos para extraer petróleo y gas de México, que inviertan, pues, con la reforma energética se otorgaron 112 concesiones para exploración y extracción de petróleo, y solo están invirtiendo dos empresas y ninguna de Estados Unidos”, señaló el presidente.
4.-Operaciones del yacimiento Zama. En el encuentro se habló de la necesidad de que el yacimiento que comparten Pemex y Talos Energy inicie sus trabajos de exploración y perforación, para lo cual solo se requiere de inversión.
“El volumen recuperable estimado del yacimiento es de entre 550 y 650 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, es decir, un valor presente neto estimado de 4,835 millones de dólares después de impuestos, con una tasa interna de retorno del 49.6%”, se planteó durante el encuentro.
5.- Iniciativa ni estatista ni expropiatoria. El gobierno de México, a través del presidente, planteó que con la iniciativa de reforma eléctrica se busca fortalecer a la CFE a través de un esquema mixto en el que la empresa productiva del Estado mexicano tendrá el 54% del mercado de generación de electricidad y dejará el 46% a las empresas.
López Obrador aclaró que su iniciativa no es expropiatoria, pero busca fortalecer a la CFE y garantizar precios justos a los consumidores.
“No se trata de una iniciativa estatista ni expropiatoria, lo que se busca es rescatar a Pemex y CFE por seguridad nacional y para mantener precios justos para los consumidores. Queremos evitar situaciones como las crisis que vivió Texas en 2021 debido a una tormenta invernal o la que vive ahora España, con un gran impacto para su población”, compartió.
6.- Contratos de transporte en gasoductos. A más tardar en un mes, las empresas que tienen contratos para transporte en gasoductos deberán llegar a acuerdos con la Comisión Federal de Electricidad para realizar inversiones en Topolobampo, Salina Cruz y Coatzacoalcos, donde se cuentan con terrenos y puertos para construir tres plantas de licuefacción y exportar gas a países de Asia, América y Europa.
7.- Acuerdos conjuntos para producción de energías. Se conversó sobre la posibilidad de suscribir acuerdos para la producción de energía con la modernización de turbinas, equipamiento de presas existentes, e instalación de celdas fotovoltaicas flotantes en los embalses de las presas. Las inversiones estarían garantizadas con la compra de la energía que produzcan por parte de la CFE.
8.- Inversión en Puerto Peñasco. Durante la reunión, el presidente López Obrador invitó a los empresarios a invertir en el parque fotovoltaico más grande de América Latina (1,000 MW), ubicado en Puerto Peñasco, Sonora.
9.- La apuesta no es la contaminación. El presidente aclaró que la política energética de su administración no apuesta por energías sucias ni la contaminación, por ello les presentó acciones que están tomando para enfrentar el cambio climático como la plantación de millones de árboles frutales y maderables a través de Sembrando Vida, o que, aseguró, Pemex no extrae más de 2 millones de barriles diarios y que no se permite el fracking, entre otras.
“ Se les informa que el presente gobierno adquiere un compromiso de Estado de impulsar la transición energética, a través de una política de desarrollo científico y tecnológico”, aseguró.
10.- Diálogo. Sin actuar de manera injusta y arbitraria, el gobierno de México ofreció diálogo a las empresas de Estados Unidos, siempre en respeto a las soberanías y sin permitir actos ilegales, influyentismo y corrupción.
“Existe disposición al diálogo, no queremos dejar de tener buenas relaciones con el Gobierno de Estados Unidos ni con las empresas de ese país”, afirmó.
La AMCF apunta a que Pemex planearía fracking para 8 campos no es un rumor aislado, sino la lectura puntual de los proyectos que resurgen bajo nuevos nombres y con viejos riesgos, en vísperas del debate presupuestal.
Pemex planearía fracking para 8 campos
La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) reportó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye al menos ocho programas vinculados a extracción en yacimientos no convencionales, lo que, en los hechos, implica fractura hidráulica; de ahí que se considere que Pemex planearía fracking para 8 campos. En documentos y comunicados recientes, el término operativo es “yacimientos de geología compleja”, pero la metodología descrita y el destino de recursos remiten a la misma técnica cuestionada por sus impactos en agua, aire y salud.
Claves presupuestales
Según el análisis citado por AMCF, los programas asociados a infraestructura económica de hidrocarburos (clave K025) sumarían 245 mil 269 millones de pesos, mientras que el gasto programable propuesto para Pemex en 2026 asciende a 517 mil 362.1 millones, sin desglose específico por proyecto, un vacío que impide saber cuánto recibiría cada iniciativa. La ausencia de detalle llevó a la organización a hablar de “retroceso significativo en transparencia” en el sector hidrocarburos y a pedir claridad antes de que el Congreso cierre filas sobre el paquete económico.
Opacidad y riesgos en disputa
La crítica no se limita a números: AMCF subraya riesgos documentados de la fractura hidráulica en acuíferos y salud pública, desde contaminantes como metales pesados y sustancias radioactivas hasta efectos crónicos respiratorios, neurológicos y reproductivos, incluso a distancia de los pozos. En paralelo, cuestiona la narrativa de considerar al gas “combustible de transición” frente a metas climáticas, cuando las propias asignaciones revelan continuidad de extracción intensiva con impactos acumulados.
Actores y responsabilidades
En su posicionamiento, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) exige romper ambigüedades semánticas y hacer público el detalle por programa, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece como el eje operativo de asignaciones sin desglose que reavivan el debate sobre la técnica y la rendición de cuentas. La tensión se mueve entre el plan operativo de la empresa, la responsabilidad fiduciaria del presupuesto y el derecho a saber de comunidades y usuarios de información pública.
Técnica y eufemismos
En una definición de consenso, fracking refiere a inyectar fluidos a alta presión en formaciones de baja permeabilidad para liberar hidrocarburos como gas o petróleo, práctica que no desaparece si se rebautiza como “estimulación” o “geología compleja”. Por ello, organizaciones piden que los documentos oficiales llamen a las cosas por su nombre y sometan cualquier piloto o escala industrial a evaluación ambiental y a transparencia proactiva.
Marco de implementación
El debate legislativo sobre el paquete económico debería despejar, al menos, tres dudas: qué proyectos específicos sostienen los montos, qué métricas ambientales y sociales los condicionan y qué calendario de reportes garantizará seguimiento público. En el centro late la misma pregunta de fondo: si el país transitará a eficiencia y reducción de consumo, o si normalizará, otra vez, una técnica de alto impacto tras un cambio de etiqueta.
El tema en las cámaras
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la discusión en comisiones y en el pleno será el punto de quiebre para transparentar las partidas vinculadas a yacimientos no convencionales y su eventual ejecución en campo. La claridad —o su ausencia— marcará el tono de la relación entre política energética, compromisos climáticos y confianza pública durante el ciclo fiscal de 2026.
El municipio de Felipe Carrillo Puerto se coloca en el mapa con una planta solar a gran escala que arranca su proceso de evaluación y escucha social. Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto como parte de una apuesta por generación limpia y su articulación con la red eléctrica del sureste.
Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto
El Parque Fotovoltaico Nicté-Ha propuesto supone la instalación de 361,800 celdas solares bifaciales para convertir la radiación en electricidad. Lon interconexión a una línea de 230 kV, una escala inusual para la región. Presentan proyecto fotovoltaico en Felipe Carrillo Puerto que agregaría 242 MW a la red y abastecer demanda del sureste. A causa de esto, la fase exige revisar impactos y beneficios de forma integral y verificar el cambio de uso de suelo sobre 431.04 hectáreas. Dato este clave que debe someterse a escrutinio y participación comunitaria.
Ubicación y alcances
El polígono se ubicaría al oeste de la cabecera de Felipe Carrillo Puerto, cerca de Chunhuás y a la altura de la carretera federal 184 Muna–Carrillo Puerto, un corredor estratégico a causa de la cantidad radiación solar que recibe. El diseño técnico prevé 361,800 paneles y subestación elevadora para conexión en alta tensión. El objetivo es suministrar energía a la red de CFE a 230 kV.
Consulta pública y participación
La consulta pública dura del 17 de octubre al 13 de noviembre de 2025. Las observaciones, propuestas y medidas de mitigación serán desde ciudadanía, organizaciones y comunidad maya. La autoridad habilitó vías presenciales y en línea para enviar comentarios. Mientras que, con lineamientos básicos de identificación del participante para integrar formalmente cada aportación.
Trámite ambiental y rutas de evaluación
El expediente ingresa al proceso de evaluación mediante la Manifestación de Impacto Ambiental. Se consulta ante instancias técnicas con competencia en análisis de riesgo y mitigación. Porque la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental concentran la ruta documental y técnica del proyecto desde su registro hasta la resolución correspondiente. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) conduce los tiempos y formatos de la consulta. Mientras tanto, hay premisas de transparencia y acceso a información para la toma de decisiones.
Beneficios y retos en la balanza
El proyecto busca sumar capacidad de origen solar a la matriz eléctrica regional. Las expectativas de estabilidad para picos de demanda y menores emisiones en una zona turística e industrial en expansión. Porque la interconexión a 230 kV y el despliegue modular habilitan eficiencia operativa, pero el cambio de uso de suelo de 431.04 hectáreas exige medidas robustas de prevención, compensación y monitoreo. A causa de esto, el desafío consiste en armonizar beneficios climáticos con la protección de biodiversidad y la voz de comunidades locales que habitan y gestionan el territorio.
Falta la consulta
Porque la empresa promotora ZML Quintana Roo registró el proyecto y deberá responder a inquietudes ciudadanas y condicionantes técnicas que emanen del proceso de evaluación. Mientras tanto, la consulta valorará impactos, alternativas y medidas de manejo. El avance dependerá de la calidad de la información y del cumplimiento normativo en cada etapa.
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Son desventajosas las reformas constitucionales para EU —así lo advierte un reciente informe del Departamento de Estado— al evaluar los cambios aprobados por el gobierno mexicano en materia energética. El documento sostiene que el nuevo marco constitucional favorece a las empresas estatales y reduce el espacio para la inversión estadounidense.
Reforma energética y tensiones bilaterales
El informe Reformas Constitucionales ha generado preocupación en Washington. En la más reciente revisión de políticas, el Departamento de Estado (DOS) afirmó que el cambio estructural en el sector mexicano “revierte en gran medida la liberalización del sector energético de 2013”, tal como se detalla en su “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”.
La administración estadounidense no precisó si considera que estas modificaciones vulneran el T-MEC, aunque el tema será clave en la revisión programada para julio de 2026. Según la información oficial, el trato preferencial otorgado por el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconfigura los equilibrios económicos del mercado energético regional.
Un nuevo modelo de control estatal
En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que redefine a Pemex y a la CFE como empresas públicas con prioridad en la producción y distribución de energía. Este giro marca la consolidación de un modelo centralizado en el que las compañías estatales vuelven a liderar el desarrollo del sector.
La implementación de la reforma, acompañada por diez proyectos de ley, confirmó que son desventajosas las reformas constitucionales para EU, especialmente para empresas privadas que pierden espacio en contratos de exploración, importación y comercialización energética. El nuevo esquema legal otorga a Pemex derecho preferente sobre nuevos bloques de petróleo y gas, con la obligación de conservar al menos 40% de participación en futuros proyectos.
Pemex y CFE: prioridades nacionales
El plan presidencial fija como meta aumentar la producción de petróleo, gas y combustibles refinados, además de diversificar la cartera hacia energías limpias. En este contexto, Pemex impulsa la instalación de turbinas eólicas y paneles solares en plataformas petroleras, mientras la CFE refuerza su dominio en el suministro eléctrico.
Las modificaciones constitucionales establecen que al menos 54% de la electricidad nacional provendrá de instalaciones estatales, limitando al sector privado a un máximo de 46%. Esta disposición confirma por qué son desventajosas las reformas constitucionales para EU, al reducir oportunidades de inversión extranjera y comprometer la competencia en el mercado energético mexicano.
Proyecciones y desafíos legales
La Secretaría de Energía (Sener) deberá emitir cada año un plan vinculante que asegure el predominio de la CFE en el despacho eléctrico. El marco busca impedir que el sector privado supere el umbral del 46% de participación. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó en 2024 que las decisiones del Cenace deben basarse en criterios técnicos, y no en la preferencia institucional hacia la CFE.
El DOS también recordó antecedentes de políticas restrictivas durante la administración de López Obrador, cuando se limitó la emisión de permisos de importación de combustibles para proteger las marcas nacionales, una tendencia que parece consolidarse bajo el nuevo mandato presidencial.
Evaluación diplomática pendiente
De cara a la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos analizará los efectos de la nueva reforma mexicana en la inversión y competencia energética. Aunque no se anticipan sanciones inmediatas, el tono del informe indica una creciente inquietud sobre el rumbo del sector y las implicaciones para los intereses económicos estadounidenses.
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