Energía
Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que el rumbo de la política energética no se mueve un milímetro, pese a las advertencias de empresas y legisladores de Estados Unidos y Canadá. Desde el estrado, la mandataria insistió en que las decisiones en materia eléctrica y de hidrocarburos son facultad soberana del Estado mexicano y que, en su lectura, no existen violaciones al tratado comercial vigente con Norteamérica. El mensaje buscó enviar una señal de firmeza hacia afuera y de continuidad hacia adentro: la reforma eléctrica y el nuevo modelo de mercado permanecen, aun cuando crece la presión diplomática y empresarial. Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, por lo tanto.
Presión empresarial y la narrativa del “mercado cerrado”
Del otro lado de la frontera, más de 14 mil firmas manufactureras agrupadas en la National Association of Manufacturers (NAM) acusan que las reglas mexicanas han “cerrado” el mercado a productores y distribuidores de energía de Estados Unidos, encarecen proyectos industriales y complican nuevas inversiones. En sus comunicaciones a Washington, estas empresas sostienen que las reformas de 2024 profundizaron los problemas ya señalados en las consultas energéticas de 2022 bajo el acuerdo comercial norteamericano, al fortalecer el papel de la CFE en el despacho y elevar la incertidumbre regulatoria para el capital privado. Para los fabricantes, el acceso a energía confiable y asequible se ha convertido en un obstáculo estratégico, al tiempo que ven con recelo que el rediseño del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) esté guiado por una lógica de planeación estatal que, en su opinión, limita su margen de maniobra.
Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, ideología y soberanía en disputa
La reforma constitucional y el paquete de leyes secundarias aprobados entre 2024 y 2025 reconfiguraron el sector eléctrico al devolver a la Comisión Federal de Electricidad un rol predominante en generación y despacho, al tiempo que estrecharon la ventana de entrada para nuevos proyectos privados. Gobiernos y asociaciones de Estados Unidos y Canadá sostienen que este giro favorece estructuralmente a las empresas del Estado mexicano y choca con los compromisos de trato no discriminatorio asumidos en el acuerdo regional, lo que ha detonado consultas y amenazas de escalar a paneles de controversia. Desde Palacio, sin embargo, la respuesta es tajante: las críticas tienen un trasfondo ideológico y político, más que jurídico, y buscan cuestionar un modelo que prioriza la seguridad energética nacional sobre la desregulación plena del mercado.
En ese mismo tono, el mensaje central se repite como un estribillo calculado: Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, y por tanto no hay marcha atrás ni ventana para renegociar lo ya aprobado en el Congreso mexicano. La narrativa oficial se apoya en la idea de que el tratado reconoce la soberanía de cada país para organizar estratégicamente sectores considerados clave, y que la interpretación extensiva de las reglas comerciales por parte de grupos empresariales sólo busca revertir la apuesta de México por un esquema con mayor peso estatal. Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, insiste el gobierno, mientras advierte que ceder en este punto enviaría una señal de debilidad de cara a la revisión formal del acuerdo prevista para 2026.
El nuevo mapa de permisos y la lógica de la red
Bajo el nuevo modelo, ya no es el desarrollador quien decide dónde construir una planta y luego exige capacidad de transmisión, sino que la Secretaría de Energía define las zonas donde hacen falta proyectos y convoca a la inversión privada bajo criterios técnicos. La instrucción es clara: evitar que centrales aisladas saturen nodos frágiles de la red y, al mismo tiempo, orientar la capacidad nueva hacia polos industriales y corredores prioritarios, con la CFE manteniendo el timón del despacho. Para los críticos, esta recentralización de decisiones erosiona la autonomía regulatoria y desalienta proyectos que dependen de certidumbre a largo plazo, mientras que para el gobierno se trata de poner orden allí donde predominaba una expansión descoordinada.
La autoridad energética también ha endurecido los requisitos técnicos para que las renovables se integren sin desestabilizar el sistema, exigiendo almacenamiento con baterías y esquemas de conexión que mitiguen las variaciones en generación solar y eólica. La apuesta oficial combina un discurso de transición energética con una defensa cerrada del control estatal de la red, en un equilibrio delicado que aún no termina de convencer a inversionistas que miran el reloj de la descarbonización global.
Regularización de contratos y señales cruzadas a la inversión
En paralelo, el gobierno avanza en la regularización de viejos contratos de autoabasto, varios de ellos vinculados a grandes consorcios extranjeros que operaban al límite de la legalidad según la lectura de las autoridades mexicanas. La venta del portafolio de plantas de Iberdrola a un nuevo operador se convirtió en caso emblemático: el mensaje fue que, quien quiera seguir en el negocio, debe alinearse al nuevo marco y renegociar bajo las reglas que colocan a la CFE como actor ineludible.
Mientras tanto, cámaras empresariales y analistas advierten que la combinación de mayor control estatal, reglas cambiantes y tensiones comerciales con socios de Norteamérica puede encarecer el financiamiento y retrasar proyectos clave para aliviar cuellos de botella de transmisión y generación. El gobierno responde que, con planeación centralizada y contratos bien diseñados, México podrá atraer inversiones que acepten jugar bajo estas condiciones, aun cuando parte del capital más impaciente mire hacia otros destinos. En ese pulso se juega no sólo el futuro del sector eléctrico, sino la capacidad del país para aprovechar la relocalización industrial sin ceder el control estratégico de su energía.
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Energía
El sistema eléctrico mexicano entra al límite

El sistema eléctrico mexicano camina hacia una década donde cada megavatio cuenta doble. La demanda crece 3% anual, impulsada por fábricas que llegan del extranjero, centros de datos que devoran energía y veranos que queman. Pero la capacidad instalada no sigue el paso: en 2023 subió solo 0.6%, según diagnósticos oficiales que nadie discute. Ese desfase no es un problema futuro; ya nos cayó encima en forma de apagones regionales y restricciones que frenan industrias enteras.
La saturación que no da tregua
México carga con una saturación que se amontona desde hace años. La red nacional, con sus líneas de transmisión y subestaciones, arrastra un rezago de inversión que deja a buena parte de la generación nueva sin salida. Plantas renovables en el norte se quedan varadas porque no hay cables suficientes para llevar esa energía al centro y sur, donde la gente la consume. El sistema eléctrico nacional (SIN) padece los estragos de una infraestructura que ya no aguanta el ritmo de un país que busca producir más.
Proyecciones frente a la realidad del consumo
El sistema eléctrico mexicano entra al límite operativo debido a que los márgenes de reserva se han reducido a niveles críticos en las horas de mayor calor. Según los datos del PRODESEN publicados por la Secretaría de Energía (SENER), el crecimiento de la demanda máxima será del 2.6% anual hasta 2038. Eso significa miles de megavatios extras por sumar cada año, o el sistema se rompe en picos de consumo. En la península de Yucatán, el turismo y el calor ya provocaron interrupciones que muerden los ingresos de hoteleros y comercios. Mientras tanto, en el Bajío, el boom industrial obliga a traer energía de lejos, calentando los cables viejos que fueron instalados hace décadas.
El peso sobre la empresa estatal
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) hereda este panorama y lo asume con un plan de expansión para el periodo 2025-2030, pero el reloj no se detiene. La saturación no es solo un dato; tiene un rostro feo. Colonias enteras en el sur tropiezan con cortes prolongados porque la distribución local no aguanta el aumento de conexiones. Poblaciones con migración creciente ven cómo sus redes colapsan bajo el peso de más refrigeradores y aires acondicionados. Y en las ciudades, el nearshoring promete empleos, pero solo si hay luz estable para las cadenas de producción.
Riesgos en el horizonte cercano
Debido a que el sistema eléctrico mexicano entra al límite, el margen de error se achicó por completo. Un verano extremo o un retraso en las obras de infraestructura pueden desatar una crisis que golpee el PIB y la imagen del país como destino confiable. El éxito de los planes actuales depende de una ejecución que no puede permitirse paros. México ya no recibe advertencias; vive el escenario donde los cables y las turbinas aguantan lo último que les queda.
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Precio de la gasolina Magna en enero 2026 no aumentará por acuerdo con gasolineros, confirma Sheinbaum

El precio de la gasolina magna en enero 2026 no registrará incrementos, luego de un acuerdo alcanzado entre el gobierno federal y empresarios gasolineros, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La medida busca dar estabilidad al costo del combustible de mayor consumo en el país y forma parte de una estrategia para proteger la economía de los hogares.
Durante su mensaje, la mandataria aclaró que no existe autorización para un alza en la gasolina regular al inicio del próximo año. Precisó que el convenio es resultado de un diálogo con el sector gasolinero y que se mantiene bajo un esquema de actualización periódica sin afectar el precio final al consumidor.
La presidenta explicó que el acuerdo tiene una vigencia semestral y se revisa cada seis meses. Este mecanismo ha permitido sostener el precio de la gasolina Magna sin recurrir a ajustes abruptos, en un contexto de volatilidad internacional en los mercados energéticos.
¿Qué establece el acuerdo sobre el precio de la gasolina Magna en enero 2026?
El acuerdo vigente establece que el precio de la gasolina Magna no aumentará en enero de 2026. Esta gasolina regular es la más utilizada por los consumidores mexicanos y, por ello, fue priorizada dentro del convenio entre autoridades y empresarios del sector.
El gobierno federal señaló que la estabilidad en este combustible es clave para contener presiones inflacionarias, ya que su precio impacta directamente en el transporte, los servicios y el costo de productos básicos.
A diferencia de otros mecanismos de control, este acuerdo se basa en la colaboración voluntaria entre el Estado y los distribuidores de combustible, sin imponer medidas unilaterales que puedan afectar la operación del sector.

¿Qué establece el acuerdo sobre el precio de la gasolina Magna en enero 2026?
¿Por qué se redujeron trámites para las gasolineras?
Como parte del acuerdo, el gobierno federal accedió a reducir diversos trámites administrativos que enfrentan las estaciones de servicio. Esta simplificación fue una de las principales solicitudes del sector gasolinero para mantener el compromiso de no aumentar el precio de la gasolina regular.
Las autoridades precisaron que la reducción de trámites no compromete aspectos relacionados con la protección civil ni con el cumplimiento de normas ambientales. El objetivo fue eliminar procesos duplicados o innecesarios que elevaban costos operativos sin aportar beneficios regulatorios.
Con esta medida, el gobierno busca facilitar la operación de las gasolineras y generar condiciones que permitan sostener precios estables sin afectar la seguridad ni el medio ambiente.
¿Qué combustibles no están incluidos en el acuerdo?
El acuerdo anunciado no incluye a la gasolina Premium. De acuerdo con lo informado, este combustible no forma parte del convenio voluntario alcanzado con los empresarios gasolineros y, por lo tanto, su precio no cuenta con el mismo esquema de estabilidad.
La presidenta Sheinbaum señaló que el tema de la gasolina Premium puede ser abordado en mesas de diálogo posteriores. Sin embargo, aclaró que el enfoque principal del acuerdo se centró en la gasolina regular debido a que es la que consume la mayoría de la población.
Esta diferenciación responde a criterios de impacto social y económico, ya que cualquier variación en el precio de la Magna tiene efectos más amplios en la economía cotidiana.
¿Cómo se relaciona este acuerdo con otras políticas económicas?
El gobierno federal destacó que este acuerdo se inscribe dentro de una política más amplia basada en consensos con distintos sectores productivos. Entre estos mecanismos se encuentran los acuerdos para el aumento al salario mínimo y el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC).
En el caso del PACIC, la estrategia busca evitar incrementos en los precios de la canasta básica y, en algunos casos, propiciar reducciones. La estabilidad en el precio de la gasolina regular complementa estas acciones al reducir costos de transporte y distribución.
Según el gobierno, este enfoque de acuerdos voluntarios ha permitido mantener un equilibrio entre la viabilidad económica de las empresas y la protección del poder adquisitivo de las familias.
¿Qué impacto tiene la gasolina Magna en la economía cotidiana?
La gasolina Magna es utilizada por la mayoría de los vehículos particulares y una parte importante del transporte público y de carga. Por ello, su precio tiene un efecto directo en los gastos diarios de millones de personas.
Mantener estable el precio de la gasolina magna en enero 2026 ayuda a reducir la incertidumbre para consumidores y empresas, especialmente en un contexto internacional marcado por fluctuaciones en los precios del petróleo.
Las autoridades señalaron que esta estabilidad contribuye a generar confianza en la economía y a evitar aumentos en cadena en otros bienes y servicios.
¿Qué se espera en los próximos meses?
El gobierno federal indicó que el acuerdo será revisado de manera periódica, como se ha hecho hasta ahora. Cada seis meses se evaluarán las condiciones del mercado y el cumplimiento de los compromisos adquiridos por ambas partes.
En caso de cambios significativos en el entorno económico o energético, las autoridades y los empresarios gasolineros volverán a dialogar para ajustar el esquema, siempre con el objetivo de proteger la economía popular.
Por ahora, el gobierno reiteró que los consumidores pueden tener certeza sobre la estabilidad del precio de la gasolina Magna al inicio de 2026.
Energía
Pemex busca reducir la emisión de gases invernadero de la refinería de Cadereyta con apoyo de Japón

Petróleos Mexicanos (Pemex) desarrolla un proyecto de modernización tecnológica en la refinería de Cadereyta, Nuevo León, con el objetivo de disminuir la emisión de gases invernadero de la refinería de Cadereyta y mejorar su eficiencia energética. La iniciativa se realiza en colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA).
El proyecto forma parte de una estrategia orientada a reducir el impacto ambiental de las instalaciones de Pemex, mediante la incorporación de tecnología avanzada y el intercambio de prácticas internacionales en materia de sostenibilidad energética.
¿En qué consiste el proyecto ambiental de Pemex en Cadereyta?
El plan se centra en la implementación de un sistema de control avanzado de procesos en los calentadores a fuego directo de la planta de destilación primaria y al vacío, conocida como Combinada 1. La tecnología es desarrollada por la empresa japonesa Adaptex, con el respaldo de JICA.
Este sistema busca optimizar los procesos industriales para reducir el consumo energético y mejorar el desempeño operativo de la refinería, uno de los complejos más relevantes del sistema nacional de refinación.
¿Cómo se busca reducir la emisión de gases invernadero de la refinería de Cadereyta?
De acuerdo con Pemex, el fortalecimiento del sistema de control distribuido permitirá una combustión más eficiente en los calentadores industriales. Esto contribuirá a una disminución progresiva de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante el proceso de refinación.

emisión de gases invernadero de la refinería de Cadereyta
La optimización de la combustión también permitirá reducir pérdidas energéticas, lo que se traduce en un menor consumo de combustibles y una operación más eficiente desde el punto de vista ambiental.
¿En qué fase se encuentra actualmente el proyecto?
El proyecto se encuentra en la etapa de integración de sistemas y validación de resultados operativos. En paralelo, se realizan evaluaciones técnicas para medir los avances en el consumo energético y la reducción de emisiones contaminantes.
Estas fases permitirán determinar el impacto real de la tecnología aplicada y establecer parámetros de referencia para su posible réplica en otras refinerías del país.
¿Qué papel juega la cooperación con Japón en esta iniciativa?
La colaboración con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón ha permitido el acceso a experiencia técnica especializada y soluciones tecnológicas enfocadas en eficiencia energética. Esta cooperación se considera estratégica para acelerar los objetivos ambientales de Pemex.
La participación de expertos japoneses ha incluido visitas técnicas, asesoría en ingeniería especializada y acompañamiento en la implementación de los sistemas de control avanzado.
¿Qué declaró Pemex sobre su estrategia ambiental?
El director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, ha señalado que la mitigación de gases de efecto invernadero es una prioridad estratégica para la empresa productiva del Estado. Esta visión se vincula con los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático.
Según la petrolera, estas acciones buscan traducir los compromisos ambientales en medidas operativas concretas y medibles dentro de la cadena de valor de Pemex.
¿Qué impacto tiene el proyecto en la operación industrial?
Carlos Armando Lechuga Aguiñaga, director de procesos industriales de Pemex, indicó que la alianza con Japón sienta un precedente en el sector energético nacional. La modernización tecnológica permite operaciones más seguras y sostenibles en instalaciones clave como Cadereyta.
El uso de analizadores de oxígeno y la rehabilitación de la planta Combinada 1 forman parte de los trabajos que buscan elevar la confiabilidad operativa y reducir riesgos ambientales.
¿Desde cuándo se formalizó el convenio con JICA?
El convenio entre Pemex y JICA fue formalizado en 2023. Desde entonces, se han ejecutado diversas acciones técnicas enfocadas en mejorar la eficiencia energética y disminuir la huella ambiental del complejo refinador.
El acuerdo ha permitido la coordinación entre técnicos mexicanos y especialistas japoneses, quienes han trabajado de manera conjunta en el desarrollo de ingeniería y ajustes operativos.
¿Qué relevancia tiene este proyecto para el sector energético?
La reducción de la emisión de gases invernadero de la refinería de Cadereyta se enmarca en un contexto global donde la transición energética y la mitigación del cambio climático son prioridades para la industria energética.
Este proyecto representa un ejemplo de cómo la cooperación internacional puede contribuir a la modernización de infraestructuras energéticas existentes, sin comprometer la seguridad operativa ni la producción.
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