Sri Lanka vive este miércoles la tercera jornada de estricto racionamiento luego de que el Gobierno restringiera el uso de combustible solo para servicios esenciales. Largas filas frente a los surtidores, estaciones de servicio militarizadas, escuelas y empresas cerradas, gran parte de su población obligada a trabajar desde casa, y millones que no tienen siquiera la posibilidad de hacerse de un sustento diario.

Ese es el panoama que vive la nación asíatica en medio de la peor crisis económica en décadas y de una serie de levantamientos y huelgas que tiraron abajo al primer ministro en mayo y piden la cabeza del presidente.

La medida entró en vigor la medianoche del lunes y seguirá vigente hasta el próximo 10 de julio. Sin embargo, las autoridades no tienen certezas de cuándo llegará el próximo envío de combustible a la isla, y las reservas actuales son apenas suficientes para unos días bajo el sistema racionado. Es decir que el escenario puede empeorar aún más en los próximos días.

El plan de distribución establece una cantidad limitada de combustible para los vehículos de sectores esenciales, y pases controlados por las fuerzas de seguridad.

Aún así, largas colas de vehículos continuaron formándose en las gasolineras para lograr acceder al poco combustible que queda en el país.

Miles de conductores de rickshaw, un taxi de tres ruedas popular en el sur de Asia, no entran en la categoría de servicios esenciales, y por ello no pueden siquiera trabajar ni contar con un ingreso. El Gobierno no les dio ningún tipo de respuesta, como tampoco se las dio a los otros trabajadores y trabajadoras que no califican como “esenciales” y se han quedado de un día para el otro sin empleo y sin ingreso.

Desesperado, el Gobierno de Sri Lanka espera cerrar en breve un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para recibir un prestamos que le permita adquirir alimentos, combustible, medicinas, entre otros elementos. Sin embargo, este acuerdo viene con varias clausulas de ajuste que no solo no van a mejorar la situación de la isla sino que la pueden convertir en un volcán a punto de hacer erupción.

El país entró en cesación de pagos en abril cuando dejó de pagar la deuda previa que tenía con otros acreedores, que llega a los $ 51 mil millones. Desde allí comenzó a negociar un acuerdo con EE. UU. y el FMI.

Varios analistas señalan que este acuerdo incluiría reformas estructurales drásticas y de gran alcance. Entre ellas un recorte amplio del déficit fiscal, es decir un ajuste de los gastos del Estado, la eliminación del duopolio en el sector energético, el fin de las restricciones a la importación, el aumento de impuestos indirectos y la privatización o venta de empresas estatales.

Este paquete de ajuste no hará más que profundizar la crisis que ya se viene arrastrando.

La inflación alcanzó un récord del 45,3 por ciento el mes pasado, mientras que la rupia se depreció más del 50 por ciento frente al dólar este año. La escasez de divisas necesarias para importar combustible, fertilizantes y otros productos básicos ha tenido un efecto devastador en la economía del país.

El primer ministro Ranil Wickremesinghe dijo al parlamento la semana pasada que el país enfrentaba una recesión récord.

Los manifestantes que protagonizaron movilizaciones y huelgas enfrentando una brutal represión han estado exigiendo la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaksa por el manejo de la crisis por parte del gobierno durante meses. Las otras dos figuras poderosas, y miembros de la familia del presidente, el primer ministro Mahinda Rajapaksa y el ministro de Finanzas, Basil Rajapaksa, ya han tenido que renunciar producto de las protestas.

La combinación de crisis económica, desabastecimiento, devaluación, falta de trabajo e ingresos y militarización, son una olla a presión que puede puede hacer explotar nuevas manifestaciones en cualquier momento.