Ciudad de México. La reciente asociación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro (Petrobras) generó expectativas sobre una posible recuperación productiva y financiera para la petrolera mexicana. Sin embargo, especialistas en energía consultados coinciden en que las condiciones reales del acuerdo están muy por debajo de lo que se anticipaba meses atrás.

El convenio llega después de que México buscara originalmente fortalecer lazos con compañías como Shell, ExxonMobil y Eni. A diferencia de esos acercamientos, el entendimiento con la petrolera brasileña tiene una vigencia inicial de apenas dos años —aunque renovable— lo cual resulta llamativo si se considera que los proyectos de exploración y producción petrolera suelen requerir horizontes de planeación mucho más largos.

Un memorándum sin compromisos vinculantes

De acuerdo con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, el elemento central para entender el verdadero peso de este acuerdo está en su carácter “no vinculante”. Esto significa que no existe ninguna obligación de inversión entre ambas partes, un patrón que, según el especialista, ya se había repetido anteriormente con otras firmas internacionales que llegaron a colaborar con Pemex sin concretar proyectos de gran escala.

Monroy explicó que experiencias similares con otras petroleras se limitaron, en la práctica, a intercambios de personal técnico y visitas de especialistas, sin que ese tipo de cooperación derivara en negocios o inversiones tangibles.

En la misma línea, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que mientras no surjan proyectos de inversión concretos, será difícil que esta nueva relación entre las dos estatales avance más allá de declaraciones de intención.

Según lo informado, la colaboración se concentraría en tres frentes: exploración y producción en aguas profundas, desarrollo de procesos industriales como petroquímica y fertilizantes, y un intercambio de experiencias regulatorias e institucionales entre ambos países.

Los obstáculos que alejan la inversión real

Los analistas señalaron que difícilmente Petrobras destinará capital de inversión a proyectos conjuntos con Pemex en el corto o mediano plazo. La razón principal radica en que el esquema contractual mexicano no resulta atractivo para una empresa que, aunque de propiedad mayoritariamente estatal, también cotiza en los mercados bursátiles y debe responder a sus accionistas.

Monroy detalló que los modelos de contratos mixtos no se ajustan a los intereses de Petrobras, ya que no garantizan rentabilidad y podrían incluso afectar negativamente el valor de sus acciones. Explicó que, en esquemas de producción compartida, la empresa brasileña tendría que competir en licitaciones públicas sin ninguna certeza de obtener los derechos sobre descubrimientos logrados con su propia tecnología.

Ocampo, por su parte, contrastó la apertura que Petrobras ha mostrado hacia la inversión privada con la postura del gobierno mexicano actual, que ha mantenido un discurso enfocado en la soberanía energética y que, hasta el momento, no muestra señales de modificar ese enfoque.

Estas afirmaciones coinciden con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien si bien reconoció que Petrobras cuenta con participación de capital privado, subrayó que se trata fundamentalmente de una empresa pública, por lo que el acuerdo debe entenderse como un entendimiento entre dos petroleras estatales.

¿Negocio o mensaje político?

Para Ocampo, la falta de claridad respecto a los contratos específicos y la ambigüedad sobre si los proyectos se desarrollarían en aguas profundas, ultraprofundas o en campos maduros, sugiere que el anuncio responde más a una lógica política que a una estrategia de negocios bien definida. El especialista del IMCO fue enfático en que, más allá del simbolismo, hay poca sustancia concreta detrás del convenio.

Monroy coincidió en que el trasfondo político es innegable, pero agregó un matiz: detrás del acercamiento existió un interés del presidente brasileño Lula da Silva por colocar etanol producido por Petrobras en el mercado mexicano a través de Pemex. No obstante, ese plan no resultó viable financieramente para la empresa mexicana, ya que habría requerido inversiones de entre 6,000 y 8,000 millones de dólares para adaptar su infraestructura, lo que terminó por diluir buena parte del impulso original de la negociación.

Optimismo a pesar de todo

En suma, los especialistas consultados sostienen que la alianza entre Pemex y Petrobras se aleja considerablemente del optimismo que rodeó los primeros anuncios. Sin proyectos concretos de inversión y con un horizonte de apenas dos años, el acuerdo parece responder más a una señal diplomática entre gobiernos aliados que a una estrategia real de fortalecimiento del sector energético mexicano.

Irán anunció el sábado 20 de junio de 2026 el cierre del estrecho de Ormuz, apenas dos días después de haberlo reabierto en el marco del memorando de entendimiento firmado el 18 de junio con Estados Unidos para poner fin a la guerra entre ambos países. La Guardia Revolucionaria Islámica justificó la medida como respuesta a la continuidad de los bombardeos israelíes sobre el sur del Líbano y al supuesto incumplimiento de Washington de levantar por completo el bloqueo naval que mantiene sobre los puertos iraníes.

El anuncio: qué dijo Irán y por qué

La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió a las embarcaciones que no se acercaran al estrecho, alegando que su seguridad estaría en riesgo si lo hacían. El alto mando militar conjunto iraní describió el cierre como un “primer paso” frente a lo que calificó de incumplimientos de Estados Unidos.

Horas antes, el vocero de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, había indicado que el tránsito marítimo por el estrecho se desarrollaba con normalidad bajo supervisión de las fuerzas armadas, en aplicación del memorando firmado por el presidente Donald Trump y su par iraní, Masoud Pezeshkian. La contradicción entre ambas versiones generó confusión entre navieras y aseguradoras que monitorean la zona.

Una tregua frágil: antecedentes del cierre de Ormuz

El estrecho está en el centro de la escalada desde que la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó el 28 de febrero de 2026. Irán decretó entonces su primer cierre a buques petroleros como represalia por los ataques israelíes, lo que llevó a Washington a lanzar, a partir del 19 de marzo, una campaña aérea para forzar la reapertura del paso y, posteriormente, a imponer el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos iraníes tras el fracaso de las negociaciones de Islamabad.

El memorando del 18 de junio establecía que Irán reabriría el estrecho de forma plena a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo a sus puertos, Israel se retirara del Líbano y las fuerzas estadounidenses abandonaran la región del Golfo Pérsico. Sin embargo, en menos de 48 horas Teherán volvió a imponer restricciones, al considerar que ninguna de esas condiciones se había cumplido en su totalidad.

Estados Unidos pone en duda la versión de Teherán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo en sus canales oficiales que el tráfico comercial por el estrecho había aumentado el 20 de junio, mientras fuerzas estadounidenses continuaban operando en la zona para garantizar la libertad de navegación. El vicepresidente JD Vance señaló en una entrevista televisiva que no había evidencia de que el paso estuviera efectivamente cerrado, aunque reconoció que la presencia de minas podría seguir afectando algunas travesías.

Analistas citados por medios estadounidenses precisaron que buena parte de la información sobre el estado del estrecho proviene de agencias semioficiales iraníes vinculadas a la Guardia Revolucionaria, lo que dificulta confirmar de manera independiente el alcance real de las restricciones.

El impacto en el comercio mundial de petróleo y gas

Por el estrecho de Ormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel global, por lo que cada cierre o reapertura repercute de inmediato en los precios del crudo y en las cadenas de suministro internacionales. Desde el inicio del conflicto, miles de buques debieron desviar sus rutas hacia el cabo de Buena Esperanza o esperar semanas para obtener autorización de paso, mientras que firmas logísticas como DHL estimaron que la normalización del tránsito podría tomar entre cuatro y seis meses.

La crisis también golpeó el mercado del gas: en marzo, QatarEnergy declaró fuerza mayor en sus envíos de gas natural licuado tras ataques contra sus instalaciones de Ras Laffan, lo que retiró de un día para otro cerca de un 20% de la oferta mundial de GNL. Puertos regionales como Jebel Ali, en Dubái, reportaron además una fuerte congestión por la acumulación de buques desviados, según el análisis de Carra Globe.

Riesgos latentes

Mientras Israel mantiene sus operaciones en el sur del Líbano —que califica de acciones defensivas no contempladas en la tregua— e Irán insiste en que el estrecho permanecerá restringido hasta que se cumplan íntegramente los términos del memorando, la comunidad internacional observa con preocupación la fragilidad de un acuerdo firmado apenas días atrás. La discrepancia entre lo que reportan Teherán y Washington sobre el verdadero estado de la navegación añade una capa adicional de incertidumbre a una región que, desde febrero, no ha logrado estabilizar ni el frente militar ni el energético.

El mundo espera a la expectativa de un acuerdo EE. UU.-Irán, la diplomacia secreta

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han dejado de ser un secreto a voces para convertirse en el eje de la geopolítica global en 2026. Desde febrero de este año, ambas potencias han sostenido al menos cuatro rondas formales de diálogo —en Omán, Ginebra, Pakistán y otros canales— con el objetivo de alcanzar un nuevo entendimiento sobre el programa nuclear iraní. Omán, fiel a su papel histórico como intermediario discreto, facilitó los primeros encuentros el 6 de febrero de 2026, en conversaciones calificadas por el propio canciller iraní Abbas Araghchi como “un muy buen comienzo”.

El contexto que precipitó estas negociaciones es dramático: en junio de 2025, Israel y Estados Unidos ejecutaron ataques militares coordinados contra instalaciones nucleares iraníes, lo que paradójicamente obligó a ambas partes a buscar una salida diplomática antes de que la situación escalara a una guerra abierta. Bajo esa presión, Irán aceptó condicionar su programa nuclear a cambio de alivio económico, y Washington —con el presidente Donald Trump al timón— mostró apertura a un acuerdo que evitara un conflicto mayor en la región.

En febrero, Irán y EE.UU. anunciaron haber alcanzado “un consenso sobre principios directores” para la redacción de un posible texto de acuerdo, según declaró el canciller Araghchi tras la segunda ronda en Ginebra. Sin embargo, las negociaciones en Islamabad, en abril, fracasaron tras más de 21 horas de contactos: Washington acusó a Teherán de rechazar sus condiciones, mientras Irán denunció “exigencias irrazonables” por parte estadounidense.

El uranio enriquecido: la variable que todo lo complica

El corazón del diferendo sigue siendo el programa nuclear iraní. Antes de los ataques de junio de 2025, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) había documentado que Irán poseía 440.9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza —suficiente, si se enriquece aún más, para fabricar hasta diez armas nucleares según los propios criterios del organismo. Más preocupante aún: tras los ataques, el OIEA perdió acceso a varios sitios nucleares iraníes y ya no puede verificar de forma independiente qué ocurre con ese material.

La disputa sobre la duración de una posible moratoria al enriquecimiento refleja la brecha entre las partes: Washington exige 20 años de pausa, mientras Teherán ofrece cinco, aunque ha indicado apertura a un plazo de un solo dígito. El complejo nuclear de Isfahan, donde se almacena parte del uranio enriquecido, permanece bajo observación satelital del OIEA, que reportó “actividad vehicular regular” en sus instalaciones incluso durante las negociaciones.

Cualquier acuerdo viable requeriría que inspectores del OIEA recuperen acceso pleno y verificable a todos los sitios nucleares iraníes, una condición que Teherán ha aceptado en principio pero que los sectores más duros del régimen —especialmente los Guardianes de la Revolución— ven como una intromisión inaceptable en la soberanía nacional.

Petróleo iraní: la amenaza silenciosa para los productores emergentes

Más allá de la dimensión de seguridad, un acuerdo nuclear tendría consecuencias inmediatas y profundas en los mercados energéticos globales. Si se levantaran las sanciones, Irán podría reintroducir hasta 1.5 millones de barriles diarios adicionales de crudo en los mercados internacionales —un volumen equivalente a cerca del 1.5% de la producción mundial— lo que presionaría a la baja los precios globales del petróleo.

Para México, esta posibilidad no es abstracta: Pemex opera en un entorno de ingresos ya comprometidos por niveles históricos de deuda y caídas sostenidas en su producción. Una reducción en el precio internacional del crudo —incluso de 5 a 10 dólares por barril— impacta directamente los ingresos fiscales del país, dado que el petróleo sigue siendo una fuente relevante de divisas para el erario. Arabia Saudita e Iraq, también productores de la OPEP+, enfrentarían dilemas similares, lo que podría desencadenar una guerra de precios o ajustes de producción dentro del cártel.

El escenario energético global está, en consecuencia, estrechamente ligado al resultado de estas negociaciones: si hay acuerdo, los consumidores de gasolina y energía en todo el mundo podrían beneficiarse de precios más bajos, pero los países exportadores —incluido México— verían mermados sus ingresos.

Israel y los halcones iraníes: los saboteadores del pacto

No todos los actores de la región celebran la perspectiva de un acuerdo. Israel ha manifestado un rechazo categórico a cualquier entendimiento que no implique el desmantelamiento total de las capacidades nucleares iraníes, argumentando que Teherán representa una amenaza existencial para el Estado hebreo. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha presionado activamente a Washington para que no repita lo que considera el error histórico del JCPOA de 2015, el acuerdo nuclear que Trump desmanteló unilateralmente en 2018.

Dentro de Irán, la oposición interna no es menor. Los Guardianes de la Revolución —el cuerpo élite que controla segmentos clave de la economía y las fuerzas armadas iraníes— perciben cualquier concesión ante la presión estadounidense como una derrota ideológica inaceptable. Esta tensión interna explica, en parte, por qué las negociaciones han avanzado y retrocedido en cuestión de semanas: el equipo negociador iraní debe equilibrar la pragmática diplomática con la línea dura del establishment revolucionario.

La historia reciente confirma la fragilidad de estos procesos. El JCPOA tardó años en construirse y se derrumbó en meses. Hoy, la pregunta que se hacen los analistas en Washington, Teherán, Tel Aviv y Ciudad de México no es solo si habrá acuerdo, sino si las instituciones de ambos países —y la voluntad política de sus líderes— tienen la resistencia necesaria para sostenerlo.