Parlamento Abierto: Reforma Eléctrica y Hacienda Pública
Al igual que se expresan puntos de vistas encontrados, también van surgiendo coincidencias que apuntalan un diálogo constructivo y enriquecedor
En los foros del Parlamento Abierto de la Reforma Eléctrica, al igual que se expresan puntos de vistas encontrados, también van surgiendo coincidencias que apuntalan un diálogo constructivo y enriquecedor, esto se pudo apreciar durante el desarrollo del foro 21 relacionado con los impactos y desafíos de la Reforma Eléctrica en la Hacienda Pública.
En su intervención, Carlos Guevara Vega, subdirector de Financiamiento y Coberturas de la CFE, expuso lo que considera los siete “Pecados Capitales de la Reforma Energética de 2014”: costos de integración de las tecnologías intermitentes; pago parcial de los costos de transmisión de generadores privados; autoabastecimiento; venta indebida de excedentes de los productores independientes; trato discriminatorio de la CFE, a quien se le cancelo el derecho de recibir Certificados de Energías Limpias; exclusión de las comunidades de los beneficios.
Por su parte Eduardo Bermejo López, gerente de planeación de la Dirección de Inteligencia Energética de CFEnergía, fue concreto en sus argumentos al señalar que el Sistema Eléctrico Nacional tiene características oligárquicas, por las ventajas indebidas otorgadas a los productores privados, que ascienden a 490 mil millones de pesos; ejemplificando con la empresa ENEL, que pudo recuperar su inversión en 3 años y tiene un contrato de 20 años.
Fernando Renoir Baca Rivera, titular de la unidad de coordinación con entidades federativas en la SHyCP, resaltó la importancia de que la iniciativa de reforma considere a la energía como un sector estratégico y de seguridad nacional.
Víctor Gómez Ayala, director de inteligencia de datos de la Fundación Dondé, expreso que la iniciativa de reforma eléctrica presenta severos riesgos para la política fiscal del país, ya que podría incrementar las necesidades de financiamiento del sector público y con ello su deuda.
En su turno Jorge Chávez Presa, ex funcionario público, sostuvo que el objeto de la reforma no puede ser la CFE como un fin en sí mismo, por fortalecer a la CFE no se debe debilitar la hacienda pública; comento que México no puede darse el lujo de arriesgar la seguridad energética en un monopolio de un organismo de Estado.
Preciso que bajo ninguna circunstancia la CFE debe subsidiar y si existen abusos que se castiguen. Al abordar el caso de Électricité de France, lo puso como ejemplo de cómo una empresa productiva del Estado no forma parte del techo de las finanzas públicas, y recordó como hace más de 22 años como legislador trabajo para que la CFE pasará de ser un organismo público descentralizado a una empresa que debe generar rendimientos, por lo que sería una imprudencia volverla organismo público del Estado.
Como punto final, propuso establecer un presupuesto de gastos eléctricos no reconocidos, para saber quien está recibiendo un beneficio.
Francisco Javier Alejo López, quien fuera titular de la Secretaría de Patrimonio Nacional y presidente de la junta de gobierno de la CFE, así como corredactor de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, planteo que la reforma eléctrica de 2013, nos heredó un terrible embrollo y batidillo maloliente, haciendo una radiografía del sector, en los siguientes términos:
Durante los últimos treinta años la CFE ha sufrido un grave deterioro en su infraestructura, robo de energía y pasivos laborales; uso de combustóleo que reduce la vida útil de sus calderas; rezago en la modernización de las refinerías, aplazamiento de la construcción de dos centrales nucleoeléctricas; la vergonzosa autorización en exceso de proyectos de energías renovables, subsidios a privados que atentan contra el patrimonio de la Nación.
Al recomendar el cobro de un impuesto sobre las utilidades de las empresas privadas y una parte se destine al bienestar de las comunidades; considero que la actual reforma no es suficiente para resolver este embrollo, por lo que no se debe haber prisa, ya que está en juego el destino del país.
Por último, a partir de que los recursos son patrimonio de la comunidad y la Nación, empezando por el espacio y aire, en este sentido propuso que, a las empresas privadas eólicas, se les debe dar el mismo trato que a las empresas concesionarias en telecomunicaciones, a quienes se les cobra por el uso del espacio radioeléctrico, pero a los empresas eólicas y fotovoltaicas aprovechan esta materia prima de manera gratis.
Manuel Rodríguez González
Diputado Federal
Presidente de la Comisión de Energía de la LXV Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
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