Energía
El Estado es rector de las actividades del desarrollo económico nacional: Obrador
Aunque reconoció el derecho del sector empresarial de acudir a los tribunales para expresar su inconformidad contra las nuevas disposiciones en política energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se pondrá “orden” en el sector eléctrico, pues en el periodo neoliberal se entregó a particulares la mitad de ese mercado. Se otorgaron contratos y se dieron “facilidades a quienes produzcan energías renovables, energías limpias”, pero “en algunos casos se trata de negocios sucios y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad”.
Tras señalar que también su administración tiene derecho a defenderse en tribunales consideró que, “la verdad, es para que estuvieran ofreciendo disculpas, no para que estuviesen demandando”. Calificó de “leoninos” los contratos entregados bajo condiciones muy ventajosas para los particulares, tanto para adquirir gas como en la compra de la energía eléctrica, dentro de un plan que marginaba del mercado de energías renovables a la CFE para dejar todo el mercado a particulares.
Detalló que en el Sistema Nacional de Energía se tenía previsto que se comprara primero la energía a los particulares “y parar la generación de la CFE. Si estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica, no puede ser que estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos en la CFE y los particulares no aporten nada, se continúen con los mismos contratos leoninos. Debe quedar claro que el Estado es el rector de la actividad económica”.
López Obrador reivindicó la determinación de defender a la industria eléctrica nacional para poder cumplir el compromiso de no aumentar el precio de la luz. Denunció que en el pasado, en la entrega de los contratos a empresas particulares, principalmente extranjeras, los funcionarios que auspiciaban estas privatizaciones eran retribuidos posteriormente con su incorporación en esos consorcios, “hasta un ex presidente de la República se fue de consejero de una empresa eléctrica española, de Iberdrola”.
“No soy gerente de una empresa”
Para el mandatario, en este proceso se “habían apoderado del sector energético, en particular de la industria petrolera y de la industria eléctrica, y estaban conspirando para destruir a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad”. La decisión adoptada por su gobierno en materia energética, aseguró, tiene sustento en la lógica de la separación del poder económico, del poder político que, dijo, rige en este sexenio. “Yo espero que ellos comprendan que no soy gerente de una empresa, soy Presidente de México”.
Al ser consultado en una de sus conferencias mañaneras sobre lo que sucederá con la generación de energías renovables, López Obrador sostuvo que continuará su utilización, pero describió la marginación que prevalecía de la CFE: “se le dejó de lado, como si la CFE no produjera energías limpias. No se consideró lo que se produce energía en las hidroeléctricas de la CFE y en otras plantas eran energías limpias. El trato preferencial se le dio sólo a los particulares”.
En este contexto, el mandatario aludió al sector petrolero, en el cual también hubo un esquema similar para abrir esta industria al sector privado ofreciendo grandes beneficios a futuro con mayor producción de crudo y reducción en el precio de la gasolina.
Sin embargo -dijo- nada de esto sucedió: bajó la producción, se acabó la industria petroquímica, dejaron en ruinas las refinerías, se esmeraron en no construir una sola de esas plantas en 40 años y subió el precio de la gasolina.
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Un candado digital en cada litro vendido
El Gobierno federal activó un mecanismo que cambia las reglas del juego para quienes venden gasolina, diésel o combustóleo en México. A partir del 24 de abril de 2026, toda estación de servicio y comercializador deberá incorporar el “Complemento Concepto para la Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” dentro de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Sin ese complemento, no hay factura. Sin factura, no hay operación legal.
La medida fue anunciada el 27 de marzo mediante un comunicado conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). El objetivo es directo: rastrear cada transacción de combustible desde el origen hasta el consumidor final.
El SAT combustibles ilegales: de la denuncia al bloqueo fiscal
Durante años, el huachicol y el contrabando técnico de gasolinas operaron con relativa impunidad porque no existía un mecanismo que cruzara permisos, facturas y volúmenes vendidos en tiempo real. Con esta medida, el SAT combustibles ilegales los deja sin salida: si el permisionario no tiene una autorización vigente ante la CNE, el sistema simplemente no le permite emitir un CFDI por hidrocarburos.
El combate al mercado ilícito de combustibles avanza así desde la persecución reactiva hacia la prevención estructural. No se trata de operativos ni decomisos —aunque esos seguirán—, sino de cortar el acceso a la economía formal a quienes operan fuera de la ley.
¿Qué deben hacer las gasolineras?
Las personas físicas y morales con permisos de comercialización tienen hasta el 24 de abril para verificar que sus autorizaciones estén vigentes. La CNE habilitó el portal cne.gob.mx/Permisos para que cualquier permisionario consulte su estatus sin trámites adicionales.
Quienes no regularicen su situación antes de la fecha límite quedarán bloqueados para emitir comprobantes fiscales de hidrocarburos, lo que paraliza sus ventas en el circuito legal. La Secretaría de Energía detalló que la medida aplica para gasolina regular, premium y diésel en todo el territorio nacional.
Sheinbaum y la trazabilidad como política energética
El nuevo complemento CFDI se integra a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar la trazabilidad completa en la cadena de comercialización de combustibles. El proyecto fue desarrollado de forma coordinada entre el SAT, la Sener, la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Petróleos Mexicanos (PEMEX), como principal productor y distribuidor de hidrocarburos en el país, queda directamente involucrado en el ecosistema de trazabilidad que este mecanismo construye. La empresa productiva del Estado deberá alinearse con los nuevos requisitos de facturación electrónica para todas las transacciones que involucren la Secretaría de Energía y Pemex como actores de la cadena de suministro.
El Gobierno federal subrayó que la iniciativa busca condiciones de competencia justa para los operadores que sí cumplen con la ley, al tiempo que protege a los consumidores sobre el origen de los productos que cargan en cada tanque.
El combate al mercado ilícito de combustibles no termina aquí: las autoridades advirtieron que el incumplimiento conlleva la imposibilidad de operar, no solo una multa.
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Adeudos que se apilan en la filial de la CFE
CFEnergía se queda sin recursos y sin respuestas claras. La filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responsable del suministro, comercialización y transporte de gas natural enfrenta una crisis interna documentada en una auditoría que expone adeudos millonarios, omisiones y contratos sin liquidar que se remontan hasta 2017.
La situación de la empresa dirigida por Eréndira Corral Zavala replica el patrón de Petróleos Mexicanos (Pemex): pasivos acumulados sin resolver, decisiones estratégicas paralizadas y una opacidad que dificulta saber quién responde por qué deuda.
El contrato SuperAMA y otros pasivos sin saldar
El caso más urgente está en el contrato SuperAMA, donde CFEenergía acumula 8,357 millones de pesos en adeudos, a los que se suman otros 4,636 millones por facturación reciente sin liquidar. Estos montos incluyen cargos por transporte, almacenamiento y regasificación de gas natural que no se han cubierto desde 2025.
Altamira también aparece en el mapa de irregularidades: la empresa no reconoce pagos por 199 millones de pesos correspondientes a estaciones de compresión ubicadas en la zonas. A ello se suma un adeudo histórico de 506 millones relacionado con los buques de gas natural licuado Gematta, Galea y Solaris.
CFEnergía se queda sin recursos para proyectos activos
La auditoría también destapó problemas operativos de fondo. El proyecto Puerta al Sureste lleva pagados cerca de 600 millones de pesos desde 2025 por un gasoducto que no transporta gas: las fallas en la interconexión lo tienen paralizado.
En la Riviera Maya, las plantas previstas registran retrasos por problemas de conexión con el sistema Mayakán-Cuxtal II, proyecto que aún carece de definiciones técnicas y operativas concretas. Mientras tanto, en Baja California se arrastran 399 millones de pesos en adeudos por contratos de suministro acumulados entre 2017 y 2022.
Una bomba de tiempo para el mercado de gas
La suma de estos factores preocupa más allá de la filial. Analistas advierten que la combinación de adeudos, opacidad e infraestructura detenida podría desestabilizar el mercado nacional de gas natural y encarecer el suministro a partir de 2027, en un país que ya depende en gran medida del gas importado desde Estados Unidos.
“Nada de esto, por separado, sería extraordinario en un sector complejo como el eléctrico. El problema es cuando todo ocurre al mismo tiempo: adeudos, opacidad, omisiones y proyectos detenidos”, puntuó Maldonado.
La pregunta que queda abierta no es menor: ¿Quién absorbe el costo si la filial no puede?
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