El inventario de residuos peligrosos de Pemex registró una reducción de 10 por ciento al cierre de 2025 en comparación con el año previo, como resultado del fortalecimiento de los controles operativos, la trazabilidad y el manejo integral de estos materiales en todas las instalaciones de la empresa en el país.

De acuerdo con la información difundida por la petrolera, el ajuste fue producto de una estrategia que abarca todo el ciclo de gestión de residuos, con apego a la legislación ambiental vigente y a la regulación emitida por la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.

El avance se suma a otras acciones de control ambiental implementadas en refinerías, complejos petroquímicos, terminales de almacenamiento y centros logísticos, donde se concentran los mayores volúmenes de residuos derivados de las operaciones industriales.

¿Cómo logró Pemex reducir su inventario de residuos peligrosos?

La disminución del inventario se alcanzó mediante la aplicación de políticas y lineamientos que cubren desde la identificación y segregación de los residuos hasta su almacenamiento temporal y disposición final.

El proceso incluye etapas de transporte, tratamiento y valorización, con el objetivo de asegurar que los materiales peligrosos sean manejados bajo condiciones controladas y conforme a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

Pemex señaló que estas medidas permitieron mejorar la trazabilidad de los residuos generados en sus distintas áreas operativas, administrativas y logísticas.

¿Qué tipo de residuos peligrosos genera Pemex en sus operaciones?

Entre los residuos peligrosos asociados a las actividades de Pemex se encuentran lodos aceitosos, catalizadores gastados y envases contaminados por sustancias químicas.

También se generan residuos de manejo especial y residuos sólidos urbanos, derivados tanto de procesos industriales como de actividades administrativas y de apoyo logístico.

El manejo de estos materiales representa uno de los principales retos ambientales para la empresa, debido a los riesgos potenciales de contaminación del suelo y de cuerpos de agua.

¿Qué herramientas se utilizan para el control ambiental de los residuos?

Para atender estos riesgos, Pemex reforzó el uso de sistemas de información ambiental que permiten monitorear el flujo y destino de los residuos peligrosos.

Además, se ampliaron las auditorías internas en instalaciones estratégicas y se fortaleció la contratación de empresas autorizadas para el manejo, transporte y disposición final de estos materiales.

Estas acciones buscan garantizar que los residuos sean tratados bajo estándares técnicos y ambientales, reduciendo la posibilidad de incidentes o incumplimientos normativos.

¿Qué impacto tiene la reducción del inventario de residuos peligrosos de Pemex?

La reducción del inventario de residuos peligrosos de Pemex contribuyó a disminuir riesgos de contaminación ambiental y a mejorar el desempeño ambiental de la empresa.

Al reducir la acumulación de residuos, se limita la exposición prolongada de materiales peligrosos en las instalaciones, lo que también fortalece la seguridad operativa.

Este ajuste se traduce en una mayor eficiencia en la gestión ambiental y en una reducción de pasivos asociados al manejo inadecuado de residuos.

¿Qué papel juega la valorización de residuos en esta estrategia?

Pemex impulsa prácticas de valorización orientadas a la recuperación de materiales y energía contenidos en los residuos generados por sus procesos productivos.

Este enfoque permite disminuir el consumo de materias primas vírgenes y reducir costos operativos dentro de la cadena productiva de la empresa.

La valorización también forma parte de un esquema de economía circular que busca minimizar la generación de residuos finales.

¿Cómo se integra esta medida a la estrategia ambiental de Pemex?

Información difundida por la empresa en años recientes indica que estas acciones se enmarcan en un enfoque integral de sostenibilidad ambiental.

La reducción del inventario de residuos peligrosos se articula con otras medidas de control implementadas para prevenir impactos ambientales y mitigar emisiones relacionadas con el cambio climático.

Pemex reiteró que el cuidado del medio ambiente es una prioridad institucional y que continuará reforzando medidas para una operación segura, eficiente y alineada con el marco ambiental vigente.

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Proyecto australiano captura CO2 y lo convierte en turbosina apunta a cambiar la forma en que vuela la aviación comercial en las próximas décadas. En lugar de ver las chimeneas industriales como un problema eterno, científicos y empresas en Australia empiezan a tratarlas como minas de carbono para fabricar combustible de avión con una huella mucho más baja.

Cómo un proyecto convierte humo en combustible

El Proyecto australiano captura CO2 y lo convierte en turbosina tiene uno de sus núcleos en la RMIT University, donde un grupo de investigadores diseñó un sistema que captura bióxido de carbono (CO2) directamente de gases de escape y lo transforma en compuestos que la industria ya utiliza para producir combustibles líquidos. En vez de separar la captura y la conversión en varias etapas lentas y costosas, el reactor de RMIT comprime el proceso en un solo paso, lo que recorta consumo energético y elimina la necesidad de corrientes de CO2 ultra puras.

Esta apuesta no entrega turbosina lista para usar, pero sí alimenta cadenas de valor conocidas: a partir de esos bloques químicos, procesos como la síntesis Fischer‑Tropsch pueden producir turbosina sostenible (SAF) con características similares al combustible fósil, pero con un ciclo de carbono mucho más contenido. La idea es instalar módulos compactos cerca de plantas industriales, refinerías o complejos energéticos, donde hoy el CO2 sale sin freno a la atmósfera, y “enganchar” una parte de esas emisiones para transformarlas en insumos de alto valor que regresan a la economía.

UNSW y la ruta del e‑SAF

Mientras RMIT exprime los gases industriales, la Universidad de Nueva Gales del Sur (UNSW) trabaja sobre otro frente igual de ambicioso: un electrolizador que toma CO2, agua y electricidad renovable para generar moléculas que sirven de base a combustibles sintéticos. Este sistema se conecta también a la vía de Fischer‑Tropsch, pero suma una pieza decisiva para el futuro: el hidrógeno verde como compañero del carbono capturado.

El Proyecto australiano captura CO2 y lo convierte en turbosina, visto desde UNSW, se apoya en este tipo de celdas electroquímicas que permiten “empaquetar” energía solar o eólica dentro de combustibles líquidos. De ahí surge el e‑SAF, un combustible de aviación sintético que copia el desempeño de la turbosina convencional, pero con un origen distinto: aire, agua limpios. Para la aviación de largo alcance, donde la electrificación plena luce lejana, este tipo de combustible aparece como una de las pocas salidas realistas para recortar emisiones manteniendo vuelos de largas distancias.

El papel de la agencia CSIRO y la industria

Ninguno de estos desarrollos avanza solo. La agencia australiana CSIRO armó una hoja de ruta específica de combustibles de aviación que ordena tecnologías, escalas y materias primas: biomasa, residuos urbanos, aceites usados, hidrógeno verde y CO2 capturado. Con esa cartografía técnica, el país busca levantar una industria propia de SAF y no depender por completo de importaciones en un mercado que se va a tensar a medida que más aerolíneas busquen alternativas.

El documento de CSIRO perfila escenarios en los que Australia combina plantas basadas en residuos agrícolas con unidades que usan CO2 de fuentes industriales o captura directa de aire. El resultado no es sólo un combustible más limpio: también un nuevo uso para infraestructuras existentes, desde oleoductos hasta terminales de almacenamiento, que podrían reconvertirse para mover productos sintéticos con menor huella.

Un cambio de mentalidad para la aviación

Detrás de estos proyectos late un problema tozudo: la aviación emite mucho y tiene pocas salidas tecnológicas maduras para vuelos intercontinentales. Los prototipos eléctricos o de hidrógeno siguen lejos de cubrir rutas de 10 o 15 horas, así que el combustible líquido sigue en el centro del tablero. En ese contexto, convertir el CO2 en materia prima deja de sonar a truco de laboratorio y se vuelve una jugada pragmática para un país que ya siente la presión climática y, al mismo tiempo, busca blindar su seguridad energética.

El giro es cultural y económico: el carbono deja de ser sólo un residuo que se esconde bajo tierra y se convierte en material de trabajo para una generación de ingenieros que ensamblan reactores compactos junto a chimeneas y aeropuertos. Falta ver hasta dónde llegan estos pilotos, cuánto cuestan y qué tan rápido pueden escalar, pero la dirección está trazada y ya mueve inversiones, alianzas con fabricantes de aviones y nuevos marcos regulatorios en Australia y fuera de ella.

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La SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental es el giro que tomó el Pleno al desechar, por mayoría de siete votos contra dos, el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa que pretendía fijar un criterio para limitar la intervención de asociaciones civiles en juicios de amparo por violaciones al derecho a un medio ambiente sano. La decisión se tomó al resolver una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, pero la mayoría consideró que no existía tal choque real de interpretaciones, por lo que el asunto se cerró sin avalar el nuevo estándar restrictivo.​

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibió la advertencia de organizaciones y especialistas de que el proyecto implicaba un retroceso en el reconocimiento del interés legítimo para la defensa de derechos colectivos, particularmente en materia ambiental. En los hechos, el fallo mantiene el marco actual, en el que las asociaciones pueden acudir al amparo para cuestionar políticas públicas, concesiones o proyectos que afecten ecosistemas, incluso cuando el daño no se limita a personas individualmente identificables.​

Qué intentaba cambiar el proyecto

El proyecto buscaba establecer que el objeto social de una organización, por sí solo, no bastaba para acreditar interés legítimo en un juicio de amparo ambiental, exigiendo demostrar una afectación real y específica desde la etapa inicial del proceso. Bajo esa lectura, una parte importante de los litigios promovidos por colectivos ambientales habría quedado en riesgo al elevarse el umbral probatorio y reducir el margen para defender bienes difusos como el aire, el agua o los bosques.​

En la narrativa del caso, la SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental se traduce en que la Corte decidió no convertir este criterio en regla general para todos los tribunales del país. La mayoría de ministras y ministros optó por frenar la redefinición de la figura del interés legítimo, que en los últimos años se ha consolidado como herramienta clave para que organizaciones representen a comunidades y territorios en riesgo.​

Greenpeace, detonante del caso y símbolo del resultado

El asunto llegó a la Corte a partir de una denuncia de Greenpeace, que en 2021 señaló una contradicción entre tribunales sobre la posibilidad de que una persona moral acreditara interés legítimo con base en su objeto social para promover amparos en defensa del medio ambiente. Un tribunal reconoció esa legitimación, mientras otro la negó, lo que abrió la puerta a que el máximo tribunal revisara el tema y, eventualmente, fijara un criterio obligatorio.​

Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos habían advertido que, si se aprobaba el proyecto, se cerraría la puerta a numerosos casos estratégicos que buscan detener megaproyectos, actividades extractivas o decisiones gubernamentales con fuertes impactos socioambientales. Tras el fallo, colectivos subrayan que se preserva la posibilidad de seguir utilizando el amparo como vía para exigir la protección del derecho a un medio ambiente sano en contextos de crisis climática y conflictos territoriales crecientes.​

Cómo queda la legislación

Aunque la SCJN no debatirá restricción de amparos en materia ambiental en este caso, el tema del interés legítimo seguirá en el centro de la agenda judicial, especialmente después de reformas recientes a la Ley de Amparo que ya han sido cuestionadas por su impacto en causas colectivas. La decisión deja en claro que, por ahora, el máximo tribunal no avalará criterios que restrinjan la legitimación de asociaciones para defender el ambiente, pero también muestra que existe una corriente interna que busca acotar la expansión del litigio estratégico.​

Para comunidades y organizaciones, el mensaje es doble: se mantiene el espacio para acudir a los tribunales, pero la disputa por los alcances del interés legítimo está lejos de terminar. En los próximos meses, nuevos casos en materia ambiental, energética e infraestructura pondrán nuevamente a prueba hasta dónde puede llegar el amparo como herramienta de control frente a decisiones estatales y corporativas que afectan bienes comunes.​

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