Petróleo
Zama será yacimiento compartido
Pemex y Talos Energy tienen hasta septiembre para lograr un acuerdo por el campo petrolero, de lo contrario, la Sener elegirá al operador
La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) determinó la existencia de un yacimiento compartido entre Pemex y la estadounidense Talos Energy, dentro del campo Zama, anunciado en 2017 como uno de los descubrimientos más importantes de petróleo en los últimos años.

Zama, uno de los 10 yacimientos más grandes de la historia del país.
Esta conclusión del regulador se da como confirmación de un anuncio hecho por Talos Energy en 2017, cuando la empresa privada dio aviso de que tenía evidencias para suponer la existencia de un yacimiento de crudo ubicado entre el bloque 7 -que ganó en 2015 en conjunto con Sierra Oil and Gas y Premier Oil- y la asignación Uchukil de Pemex.
El anuncio de la CNH también es parte del proceso mediante el cual la petrolera nacional y el consorcio liderado por Talos Energy deberán definir quién asume como operador del yacimiento de petróleo Zama.

Está ubicado cerca de las costas de Tabasco en aguas territoriales del Golfo de México.
Zama fue el primer descubrimiento anunciado por compañías privadas tras la reforma energética y podría representar hasta mil millones de barriles de crudo.
Conectividad hidráulica
Tras estudios técnicos, basados en información proporcionada por Talos Energy, la CNH determinó que el bloque 7 y la asignación de Pemex compartían conectividad hidráulica, uno de los parámetros en la industria para determinar la existencia de un yacimiento compartido.

Fue el primero descubierto por una empresa privada tras la reforma energética de 2013.
Esta información será enviada a la Secretaría de Energía (Sener) para que esta última instruya a Pemex y a las compañías privadas a llegar a un acuerdo respecto a los términos de unificación del yacimiento Zama. Para esto tienen hasta 120 días.
De no llegar a un acuerdo, la dependencia dirigida por Rocío Nahle será la responsable de determinar bajo qué términos se daría el acuerdo y quién sería el operador del yacimiento, con previa opinión de la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Primera vez en México
“La unificación es un procedimiento ordinario en la industria, sucede en todo el mundo. En México es la primera vez que estamos llevando a cabo este desahogo. La unificación tiene como objeto un mejor aprovechamiento del yacimiento, una adecuada administración del mismo que permita un eficiente uso de los hidrocarburos que se encuentran ahí”, dijo el comisionado Sergio Pimentel.

Pemex lo considera como un proyecto de interés nacional.
“Quisiera hacer un llamado muy respetuoso y muy atento a las partes para que en este plazo de 120 días puedan encontrar ellos el mejor arreglo, el mejor acuerdo. No está en juego en un proceso de unificación el prestigio de las empresas, la capacidad extractiva de las empresas, está claro que ambos la tienen, lo que sí está en juego es un adecuado manejo del yacimiento que permita un uso eficiente de los recursos que son de la nación”, agregó.
Ambas compañías han externado que desean fungir como operadores del proyecto. Pemex lo considera como un proyecto de interés nacional, debido a que puede crear un polo de desarrollo en la zona. Talos Energy, dijo su CEO Tim Duncan en marzo pasado, ya está listo para presentar el plan de desarrollo del campo.
Petróleo
Aumenta la presión sobre director de PEMEX apuntan trascendidos

Aumenta la presión sobre director de PEMEX, apuntan trascendidos, y en lo político y mediático alrededor de Víctor Rodríguez Padilla aumenta con cada jornada. Sin comunicado oficial, sin dimisión aceptada, pero con columnas, protestas y exigencias públicas que le cayeron encima tras el derrame de crudo en el Golfo de México, el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) carga hoy con el costo político de una crisis de la empresa del Estado mexicano.
Supuestas renuncias no aceptadas
La periodista Lourdes Mendoza fue una de las primeras voces en señalar que el director “debería” dejar el cargo por razones éticas, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum negara durante semanas la existencia del derrame. Denise Maerker, en su columna de Milenio, escribió que resulta incomprensible que el funcionario siga en su puesto. Organizaciones ambientales, activistas y pescadores de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas también exigieron su salida, responsabilizándolo de encubrir lo que describieron como una megafuga costera.
Esas voces hablan de una petición, no de un hecho consumado. Hasta ahora, ni la Presidencia ni el Consejo de Administración han emitido ningún comunicado que confirme una renuncia presentada o aceptada.
Aumenta la presión sobre director de PEMEX tras cambios internos
Lo que sí ha venido ocurriendo es una constante sacudida interna. El propio Rodríguez Padilla ha informado de cambios constante. Por ejemplo: Reuters reportó la salida de Ángel Cid Munguía del brazo de Exploración y Producción (PEP) y, días después, se confirmó que el Dr. Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, designó a Octavio Barrera como nuevo titular de esa área estratégica.
Los derrames ponen en jaque a la dirección
Los derrames de crudo en el Golfo de México pusieron al descubierto una grieta de comunicación entre la empresa y el gobierno federal. Que la presidenta negara el problema durante semanas, y que luego el director reconociera internamente que sus propios funcionarios lo mantuvieron desinformado, dibuja una institución rota por dentro. Esos movimientos en PEP alimentaron la percepción de una ola de salidas en PEMEX, aunque ninguno de ellos equivale a la renuncia del director general.
Los hechos tal cual
Sin pronunciamiento oficial, la versión de la renuncia del director sigue siendo un escenario, no una noticia, Reuter incluso ha reportado que supuestamente habría intentado renunciar en un par de veces, siendo en ambas veces rechazada la dimisión por la Presidenta. En otros brazos de la empresa (PMI, PEP) sí hubo relevos recientes, lo que hace plausible que pudiera haber más cambios en la cúpula. Pero hoy, eso es solo posibilidad.
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Petróleo
Adiós a Gasolinas Bienestar

La filial que exportó crudo a Cuba se reinventa
El 31 de marzo de 2026, Gasolinas Bienestar dejó de existir como razón social. En su lugar surgió Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V., según el informe anual que Petróleos Mexicanos entregó a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. El cambio no requirió discreción: los accionistas lo aprobaron por unanimidad y la Secretaría de Economía lo autorizó sin contratiempos.
Lo que parece un ajuste administrativo carga una señal más gruesa: el gobierno de Claudia Sheinbaum empuja a Pemex a desprenderse del sello “Bienestar” en sus estructuras de negocio. La marca, atada a los programas sociales del sexenio de López Obrador, pierde terreno dentro de la paraestatal.
De combustible a logística
Gasolinas Bienestar nació entre 2022 y 2023 como vehículo de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Con ese nombre, Pemex canalizó exportaciones de crudo y productos refinados a Cuba desde 2023. En 2025, esos envíos rondaron los 15 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2,200 barriles diarios de petrolíferos, con un valor cercano a los 500 millones de dólares, cifras menores a las del último año de López Obrador pero suficientemente altas para mantener viva la relación energética con la isla.
Bajo el nombre Mumiya, Pemex amplía el objeto de la filial hacia servicios logísticos: transporte, almacenamiento y manejo de flujos de exportación. No es solo un rebranding. Se revocaron poderes a representantes vinculados a la etapa original, lo que confirma una reconfiguración del mando interno, no un simple cambio de etiqueta.
Claudia Sheinbaum y Cuba: la herencia que se administra
Las exportaciones continúan; lo que cambia es quién las opera y bajo qué nombre. La presidenta mantiene los compromisos energéticos con Cuba, pero los procesa a través de una estructura que ya no lleva el apellido político del sexenio anterior.
Eso tiene consecuencias prácticas: los contratos firmados bajo el sello de Gasolinas Bienestar deberán migrar a Mumiya, y los filtros de debida diligencia internacional —que ya habían levantado preguntas sobre opacidad y riesgos geopolíticos— apuntarán ahora a la nueva entidad. Pemex obtuvo permisos de exportación para más de 1,373 millones de litros de gasolina, diésel y turbosina hacia más de 150 países, incluidos territorios en conflicto. Ese historial no lo borra un cambio de nombre.
El proyecto gasolinero jamás despegó
La transformación de Mumiya llega mientras otro frente del proyecto Bienestar se desinfla sin escándalo. En cinco años, solo se construyeron cinco gasolineras del Bienestar en todo el país, principalmente en Oaxaca, con costos elevados y una penetración en el mercado que nunca justificó la expectativa inicial. De aquí parte la decisión de desmontar la marca en el ámbito corporativo de Pemex.
El nuevo régimen fiscal (el Derecho Petrolero para el Bienestar) busca aligerar la carga contributiva de la empresa y liberar recursos para producción, refinación y petroquímica. En ese marco, las filiales necesitan moverse con más agilidad y menos ruido político. Mumiya encaja en esa lógica.
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Petróleo
Petromex: reforma pensiones es inconstitucional

El 1 de mayo de 2026, el Sindicato de Petroleros de México (Petromex) encendió motores: presentará amparos y cabildeo legislativo para frenar el recorte de hasta 60% en las pensiones de trabajadores jubilados de confianza. El sindicato sostiene que la reforma al artículo 127 constitucional viola derechos adquiridos tras décadas de servicio.
La reforma, publicada el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableció un tope de aproximadamente 70 mil pesos mensuales —equivalente al 50% del salario presidencial— para las pensiones de organismos públicos. Los recortes arrancaron el 30 de abril y tocaron directamente a más de 93 mil jubilados de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Luz y Fuerza del Centro y Nacional Financiera. En algunos casos, las pensiones superaban los 32 mil pesos por catorcena.
El argumento jurídico: retroactividad prohibida
Petromex y las asociaciones de jubilados clavan su defensa en el artículo 14 constitucional, que prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva en perjuicio de personas. Los afectados cargan con el argumento de que sus condiciones de retiro estaban pactadas antes de la reforma, y que modificarlas ahora rompe los contratos colectivos y acuerdos laborales ya firmados.
El punto que más disputas levanta son los artículos transitorios: ¿puede la reforma ajustar pensiones ya otorgadas? Expertos jurídicos no se ponen de acuerdo, y ese vacío es donde Petromex mete mano para construir su caso.
Los amparos tropiezan antes de correr
Sin embargo, la estrategia jurídica ya chocó con su primer muro. Jueces federales empezaron a desechar los amparos presentados por cerca de 3,400 jubilados de Petróleos Mexicanos y CFE. El argumento de los juzgados es contundente: una reforma constitucional no puede declararse inconstitucional, porque la Constitución es la norma máxima que se modifica a sí misma.
Los inconformes pueden recurrir mediante queja ante tribunales colegiados, pero las posibilidades de revertir esas resoluciones son estrechas.
Tampico también salió a la calle
En Tampico, cerca de 190 trabajadores jubilados de confianza de Pemex y CFE se plantaron el 29 de abril en las calles para exigir la suspensión inmediata de la reforma y el reintegro de los montos descontados. No fue un acto simbólico: los jubilados afectados ya ven reducidos sus depósitos desde finales de abril.
La reforma exceptúa los haberes de militares y ministros de la Suprema Corte en retiro —que técnicamente no cobran pensiones sino “haberes”—, una distinción que los jubilados petroleros y de la CFE señalan como un trato desigual sin justificación jurídica clara.
Una reforma que llegó rápido y pegó duro
Petromex acusa inconstitucionalidad en recorte a pensiones, pero la arquitectura legal que enfrenta es sólida. La reforma se publicó, entró en vigor y comenzó a descontar en menos de 20 días. Los jubilados, muchos con más de 30 años de servicio, aguantan ahora una reducción que no negociaron ni firmaron.
Mientras los amparos caen uno a uno en los juzgados federales, el sindicato busca aliados en el Congreso y en organismos internacionales. El dinero ya salió de las cuentas. Y los tribunales, por ahora, no lo devuelven.
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