El abordaje del buque petrolero Centuries por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos generó un conflicto diplomático tras realizarse en aguas internacionales cerca de Venezuela. La Casa Blanca aseguró que la operación cumplió con la legalidad, a pesar de que el navío no forma parte de la lista de embarcaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro.

¿Por qué ocurrió el abordaje en el petrolero Centuries?

La Casa Blanca afirmó que el petrolero transportaba petróleo venezolano sujeto a sanciones internacionales impuestas a la empresa estatal Petróleos de Venezuela. De acuerdo con la versión oficial del gobierno estadounidense, la embarcación operaba como parte de una red vinculada al traslado ilícito de crudo.

Autoridades estadounidenses señalaron que el buque usaba una “falsa bandera” y que estaría involucrado en actividades irregulares relacionadas con el comercio petrolero. Esta postura fue publicada en respuesta a análisis periodísticos que cuestionaron el sustento legal del operativo.

¿Quién es el propietario del buque y cuál era su destino?

El navío pertenece a un comerciante radicado en China, de acuerdo con reportes difundidos por un medio estadounidense. Dichos reportes indicaron que la embarcación traslada petróleo desde Venezuela a refinerías ubicadas en territorio chino.

El buque navega bajo bandera panameña y difiere del caso del petrolero Skipper, que fue abordado por Estados Unidos el 10 de diciembre. Este último sí figuraba entre las embarcaciones sancionadas por el Departamento del Tesoro y navegaba con una bandera falsificada.

¿Quién es el propietario del buque y cuál era su destino?

¿Cómo justificó Estados Unidos el abordaje del buque petrolero Centuries?

La operación se realizó sin orden de registro, lo que generó dudas sobre su fundamento legal. No obstante, fuentes estadounidenses señalaron que la acción se respalda en una norma marítima internacional conocida como derecho de visita.

De acuerdo con esta disposición, un buque de guerra puede realizar inspecciones si existe sospecha de actividades ilegales. Esta explicación se presentó ante señalamientos sobre el uso indebido de autoridad en aguas internacionales.

La Casa Blanca mantuvo su postura y aseguró que el procedimiento se ajustó al marco legal aplicable. En este contexto, el abordaje del buque petrolero Centuries sigue en evaluación jurídica y política debido a su impacto internacional.

¿Cómo reaccionó el gobierno de Venezuela tras la intervención?

El gobierno venezolano condenó el operativo y lo calificó como un secuestro, acompañado del robo de activos y de la desaparición forzada de la tripulación. Esta postura fue difundida mediante un comunicado oficial dirigido a Estados Unidos.

Las autoridades venezolanas catalogaron el hecho como piratería y denunciaron la violación de normas de derecho internacional. Además, anunciaron que presentarán denuncias ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otras instancias internacionales.

¿Cuál es la postura del gobierno chino ante el incidente?

Un portavoz de la embajada china en Estados Unidos manifestó que no contaba con información adicional sobre el abordaje. También recordó que su gobierno se opone a las sanciones unilaterales y a disposiciones que considera contrarias al derecho internacional.

De acuerdo con la embajada, Venezuela mantiene el derecho a establecer relaciones de cooperación con otros países. Esta postura se hizo pública tras la controversia generada por el abordaje del buque petrolero Centuries.

Washington intercepta otro buque frente a Venezuela y consolida un patrón de interdicciones que ya preocupa a gobiernos y mercados energéticos. Fuentes oficiales estadounidenses confirmaron que fuerzas de ese país están “interdictando y confiscando” una embarcación en aguas internacionales cercanas a Venezuela, en una operación liderada por la Guardia Costera con apoyo militar. Se trata del segundo buque detenido en la zona en menos de dos semanas, después de la captura del petrolero sancionado Skipper el pasado 10 de diciembre, en una acción justificada por Washington como aplicación de sanciones a la red petrolera venezolana.​

La operación se inscribe en la campaña anunciada por Donald Trump para impedir el tránsito de buques vinculados al comercio de crudo venezolano, en un esfuerzo por cortar fuentes de ingreso al gobierno de Nicolás Maduro. La interdicción se realiza en medio de un despliegue inusual de medios navales estadounidenses en el Caribe, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford y varios buques escolta, lo que ha sido leído como una señal de presión militar y política ampliada.​

Bloqueo de facto al petróleo venezolano

Washington intercepta otro buque frente a Venezuela mientras crecen las denuncias de que se configura un bloqueo de facto al petróleo del país sudamericano. Tras la captura del Skipper, un gran petrolero sancionado por sus vínculos previos con Irán, funcionarios estadounidenses reconocieron que, en los hechos, se ha instalado un embargo marítimo: varias embarcaciones cargadas con crudo venezolano permanecen inmovilizadas en aguas cercanas al país para evitar el riesgo de ser incautadas por las autoridades de Estados Unidos. El Skipper habría zarpado del terminal de Jose con más de un millón de barriles de crudo pesado y estaba bajo sanciones desde 2022, lo que lo convirtió en blanco prioritario de la campaña de presión.​

Mientras tanto, otra nave sancionada, identificada como Hyperion y registrada bajo bandera de Gambia, fue rastreada entrando a aguas venezolanas pese a la amenaza de un “bloqueo total y completo” contra los buques que transporten petróleo venezolano, emitida por Trump. Aunque algunas compañías, como Chevron, mantienen permisos específicos para mover crudo venezolano en el marco de licencias limitadas, la presión se ha trasladado a los transportistas y a las rutas marítimas que sostienen la economía de Caracas, generando incertidumbre sobre futuros envíos.​

Escalada militar y amenaza de ataques en tierra

La ofensiva marítima forma parte de una estrategia más amplia, que incluye ataques a presuntos barcos de narcotráfico en el Caribe y frente a la costa venezolana, presentada por Trump como una extensión de la “guerra” contra los cárteles. Desde septiembre se han registrado al menos 28 ataques contra embarcaciones acusadas de transportar drogas, con un saldo de más de cien muertos, en operaciones que mezclan dispositivos navales, aeronaves y fuerzas especiales en mar abierto.​

En paralelo, el mandatario ha amenazado con autorizar “golpes en tierra” contra objetivos vinculados al narcotráfico o a la estructura de poder de Maduro, lo que alimenta los temores de una confrontación directa con Venezuela. Autoridades venezolanas califican la captura de buques petroleros como “acto de piratería” y “robo a mano armada” en alta mar, y han advertido que acudirán a instancias internacionales para denunciar lo que consideran una violación del derecho marítimo y de su soberanía económica.​

Reacción de Caracas y reacomodo regional

El gobierno venezolano sostiene que estas operaciones buscan asfixiar aún más una economía debilitada por años de sanciones y caída en la producción de hidrocarburos, dificultando tanto las exportaciones como la obtención de divisas. En respuesta al aumento de interdicciones, la Armada venezolana ha comenzado a escoltar algunas embarcaciones que cargan petróleo en sus puertos, en abierto desafío al “bloqueo” anunciado desde Washington y como intento de disuasión frente a futuras incautaciones.​

Gobiernos y analistas de la región advierten que el patrón de interceptar buques —tanto sancionados como no sancionados, pero que transportan crudo venezolano— puede sentar un precedente delicado para el comercio marítimo global y para la seguridad jurídica de navieras y aseguradoras. También alertan sobre el impacto en países que dependen del petróleo venezolano, así como en la estabilidad de rutas por donde circulan mercancías, combustibles e incluso migrantes que huyen de la crisis y pueden quedar atrapados en medio de esta nueva disputa marítima.​

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PEMEX anuncia mayor inversión física para cerrar 2025 con un impulso adicional de recursos y la mira puesta en estabilizar su producción de hidrocarburos. La petrolera combina presupuesto público y financiamiento estructurado para sostener su hoja de ruta al 2035.

PEMEX anuncia mayor inversión física

PEMEX anuncia mayor inversión física al reportar que, además de su presupuesto ordinario, prevé inyectar 120 mil millones de pesos extra durante diciembre de 2025 mediante un esquema de financiamiento coordinado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banobras. Con ello, la empresa busca cerrar el año con una inversión total cercana a 395 mil millones de pesos, orientada principalmente a infraestructura de hidrocarburos, mantenimiento de activos estratégicos y proyectos de producción.​

De enero al 30 de noviembre, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ejerció 205 mil millones de pesos de inversión física presupuestal, en línea con lo autorizado por la Cámara de Diputados, mientras que el Programa de Financiamiento de Inversión 2025 suma otros 190 mil millones de pesos entre septiembre y diciembre, incluyendo los 120 mil millones previstos para el último mes del año. Este diseño le permite a la empresa petrolera ampliar su margen de acción sin modificar formalmente el techo de inversión aprobado en el Presupuesto de Egresos.​

Cómo opera el Programa de Financiamiento

El Programa de Financiamiento de Inversión 2025 fue concebido para robustecer la capacidad de gasto de capital de la compañía a través de un esquema de financiamiento estructurado donde Hacienda mantiene el control macro de deuda y riesgos, mientras Banobras funge como pieza clave en la canalización de recursos a proyectos productivos. Los fondos se dirigen a eslabones críticos de la cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción, logística, refinación y mantenimiento de instalaciones, con el objetivo declarado de garantizar continuidad operativa y una planeación financiera de largo plazo.​

De acuerdo con la narrativa oficial, el mecanismo permite acelerar pagos de inversión física y ejecución de obras en un contexto de presiones financieras y madurez de campos, presentándolo como inversión productiva más que como gasto corriente. Sin embargo, analistas y organismos independientes advierten que el verdadero reto para la empresa será transformar este volumen de recursos en incrementos sostenibles de producción y flujo de efectivo, en un mercado donde la competencia y la transición energética avanzan con rapidez.​

PEMEX anuncia mayor inversión física rumbo a 2026

PEMEX anuncia mayor inversión física también para 2026, año en el que la petrolera prevé elevar su inversión física presupuestal en 17.7% respecto de 2025, hasta rondar los 240 mil millones de pesos. A esta cifra se sumaría un nuevo tramo de recursos financiados, estimado en alrededor de 60 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, con la intención de asegurar la continuidad de proyectos estratégicos y evitar paros o retrasos en obras clave.​

La estrategia apunta a consolidar proyectos de exploración y producción en campos maduros y nuevos desarrollos, donde destacan Trión y Zama como piezas centrales para la plataforma de crudo y condensados en el mediano plazo. Al mismo tiempo, se anticipa mantener inversiones relevantes en logística y refinación, lo que incluye mantenimiento en refinerías y sistemas de transporte, alineado con los objetivos de seguridad energética del actual gobierno.​

Producción, Zama y el Plan Estratégico 2025–2035

Con este reforzamiento de recursos, Pemex sostiene la meta de producir en promedio 1.8 millones de barriles diarios de crudo, tal como se establece en su Plan Estratégico 2025–2035. El documento traza una ruta para estabilizar la producción de hidrocarburos líquidos a partir de la combinación de campos maduros, reactivación de activos existentes y la entrada en operación plena de proyectos como Zama, considerado uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años en aguas someras mexicanas.​

El Plan Estratégico 2025–2035 también alinea la estrategia de inversión con los objetivos de competitividad, reducción de riesgos financieros y adaptación paulatina a un entorno de transición energética, en el que la empresa debe mejorar su desempeño económico sin perder su papel como eje de la política energética nacional. Para el gobierno federal, la combinación de inversión presupuestal e inversión financiada constituye un instrumento para mantener a Pemex como palanca de desarrollo y garante de la seguridad energética en el horizonte de la próxima década.​

Al cierre, esta nueva ola de recursos y proyectos coloca a la petrolera en una fase decisiva: o convierte la inversión en producción rentable y sostenida o seguirá enfrentando cuestionamientos sobre su viabilidad financiera en el largo plazo.

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