Varios factores exportación y finanzas públicas
En ausencia de una reforma fiscal profunda y progresiva, en el corto plazo no se ve una fuente alternativa de recursos para el Estado mexicano
Fluvio Ruíz Alarcón
Desde hace algunos meses, pareciera ir tomando forma la voluntad gubernamental de que nuestro país deje de exportar petróleo crudo. La posibilidad de que eso ocurra depende de al menos tres factores: el nivel de producción, la capacidad efectiva de procesamiento en el Sistema Nacional de Refinación y el impacto en las finanzas públicas. En este texto, abordaremos el tercer factor.
Desde la reforma al régimen fiscal de Pemex realizada en 2005, para la Secretaría de Hacienda no tiene mayor relevancia que Pemex Exploración y Producción exporte el crudo que extrae o se lo venda a Pemex Transformación Industrial, puesto que el pago del Derecho de Utilidad Compartida, principal instrumento para trasladar la renta petrolera a las arcas públicas, se realiza en función del volumen de petróleo extraído, independientemente del destino que tenga.
Obviamente, no es lo mismo dejar de exportar porque el Sistema Nacional de Refinación (incluyendo a Deer Park, Dos Bocas y el proyecto de refinería petroquímica de Cangrejera), absorbió toda la producción posible de Pemex, que hacerlo a partir de la decisión de disminuir dicha producción para solo satisfacer la demanda del mismo.
A manera de ejemplo, si Pemex y el gobierno decidieran reducir la producción en 200,000 barriles diarios y, con base en las estimaciones de los Precriterios Generales de Política Económica, enviados por la Secretaría de Hacienda al Congreso el pasado 7 de abril (92.9 dólares como precio promedio de la Mezcla Mexicana de Exportación), el país perdería ingresos por alrededor de 6,800 millones de dólares. En el escenario de que las seis refinerías hoy en funcionamiento, no alcancen sus metas de procesamiento o que Dos Bocas y Cangrejera no entren en operación en el plazo previsto, la pérdida de ingresos por una reducción artificial de la producción para evitar la exportación de crudo; sería mucho mayor.
En este contexto, incluso el objetivo gubernamental de que las gasolinas no aumenten en términos reales, en un escenario persistente de precios elevados del petróleo, podría llegar a ser incosteable por los excedentes petroleros. Como lo ha reiterado el gobierno, los ingresos excedentes derivados de una cotización del crudo muy superior a la estimada para confeccionar el Presupuesto de Egresos de la Federación, se utilizan para financiar los subsidios otorgados al consumo de combustibles automotrices. Más allá de lo cuestionable que puede resultar la privatización parcial de la renta petrolera, que pertenece a todos los mexicanos por generarse a partir de un recurso propiedad de la Nación, en favor de un grupo privilegiado; lo cierto es que los números ya no dan. Y sin recortar artificialmente la producción de petróleo.
En efecto, a inicios de abril pasado, la Secretaría de Hacienda estimó en 538,261 millones de pesos los ingresos petroleros extraordinarios para este año. De esta cifra, 328,751 millones de pesos irían a las arcas públicas y 209,510 millones a Pemex. Sin embargo, el costo de los subsidios a los combustibles que han estimado algunos analistas, supera los 580,000 millones de pesos en el mismo lapso. La propia Secretaría de Hacienda ha informado que podrían llegar a los 400,000 millones de pesos.
El gran perjudicado de esta política de precios puede ser Pemex, que podría terminar abasteciendo a precios subsidiados hasta en el diferencial de compra y venta sí, a pesar de haberse eliminado el cobro del IEPS y decretado estímulos adicionales para los expendedores en el ISR o el IVA, el incremento de los precios resultantes supera significativamente a la inflación acumulada desde diciembre de 2018. Sobre todo en la hipótesis de una guerra prolongada entre Rusia y Ucrania, que supondría el mantenimiento de precios elevados del petróleo y, por lo tanto, de los productos derivados del mismo.
A partir de los elementos expuestos, pareciera difícil que haya un cambio significativo en la política petrolera en lo que resta del sexenio. Más allá de la evolución del discurso oficial y ante la negativa presidencial a realizar la Reforma Fiscal que México ha aplazado durante medio siglo, no existen condiciones materiales, económicas, industriales, comerciales y mucho menos fiscales para reducir la dependencia estructural en materia petrolera.
Así, el planteamiento de abatir las exportaciones de crudo y solo extraer lo necesario para que Pemex lo refine en sus instalaciones, puede ser el elemento central de un discurso para dar cobertura al incumplimiento de las metas de producción.
En el plano simbólico y político, refleja el apego que a lo largo de los años ha mostrado el Presidente de la República a la época del llamado Desarrollo Estabilizador de México, período en el que el país producía crudo para satisfacer la demanda interna. Sin embargo, insistimos, en ausencia de una reforma fiscal profunda y progresiva, en el corto plazo no se ve una fuente alternativa de recursos para el Estado mexicano.
