PEMEX anuncia mayor inversión física para cerrar 2025 con un impulso adicional de recursos y la mira puesta en estabilizar su producción de hidrocarburos. La petrolera combina presupuesto público y financiamiento estructurado para sostener su hoja de ruta al 2035.

PEMEX anuncia mayor inversión física

PEMEX anuncia mayor inversión física al reportar que, además de su presupuesto ordinario, prevé inyectar 120 mil millones de pesos extra durante diciembre de 2025 mediante un esquema de financiamiento coordinado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banobras. Con ello, la empresa busca cerrar el año con una inversión total cercana a 395 mil millones de pesos, orientada principalmente a infraestructura de hidrocarburos, mantenimiento de activos estratégicos y proyectos de producción.​

De enero al 30 de noviembre, Petróleos Mexicanos (PEMEX) ejerció 205 mil millones de pesos de inversión física presupuestal, en línea con lo autorizado por la Cámara de Diputados, mientras que el Programa de Financiamiento de Inversión 2025 suma otros 190 mil millones de pesos entre septiembre y diciembre, incluyendo los 120 mil millones previstos para el último mes del año. Este diseño le permite a la empresa petrolera ampliar su margen de acción sin modificar formalmente el techo de inversión aprobado en el Presupuesto de Egresos.​

Cómo opera el Programa de Financiamiento

El Programa de Financiamiento de Inversión 2025 fue concebido para robustecer la capacidad de gasto de capital de la compañía a través de un esquema de financiamiento estructurado donde Hacienda mantiene el control macro de deuda y riesgos, mientras Banobras funge como pieza clave en la canalización de recursos a proyectos productivos. Los fondos se dirigen a eslabones críticos de la cadena de valor de los hidrocarburos: exploración y producción, logística, refinación y mantenimiento de instalaciones, con el objetivo declarado de garantizar continuidad operativa y una planeación financiera de largo plazo.​

De acuerdo con la narrativa oficial, el mecanismo permite acelerar pagos de inversión física y ejecución de obras en un contexto de presiones financieras y madurez de campos, presentándolo como inversión productiva más que como gasto corriente. Sin embargo, analistas y organismos independientes advierten que el verdadero reto para la empresa será transformar este volumen de recursos en incrementos sostenibles de producción y flujo de efectivo, en un mercado donde la competencia y la transición energética avanzan con rapidez.​

PEMEX anuncia mayor inversión física rumbo a 2026

PEMEX anuncia mayor inversión física también para 2026, año en el que la petrolera prevé elevar su inversión física presupuestal en 17.7% respecto de 2025, hasta rondar los 240 mil millones de pesos. A esta cifra se sumaría un nuevo tramo de recursos financiados, estimado en alrededor de 60 mil millones de pesos durante el primer trimestre de 2026, con la intención de asegurar la continuidad de proyectos estratégicos y evitar paros o retrasos en obras clave.​

La estrategia apunta a consolidar proyectos de exploración y producción en campos maduros y nuevos desarrollos, donde destacan Trión y Zama como piezas centrales para la plataforma de crudo y condensados en el mediano plazo. Al mismo tiempo, se anticipa mantener inversiones relevantes en logística y refinación, lo que incluye mantenimiento en refinerías y sistemas de transporte, alineado con los objetivos de seguridad energética del actual gobierno.​

Producción, Zama y el Plan Estratégico 2025–2035

Con este reforzamiento de recursos, Pemex sostiene la meta de producir en promedio 1.8 millones de barriles diarios de crudo, tal como se establece en su Plan Estratégico 2025–2035. El documento traza una ruta para estabilizar la producción de hidrocarburos líquidos a partir de la combinación de campos maduros, reactivación de activos existentes y la entrada en operación plena de proyectos como Zama, considerado uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años en aguas someras mexicanas.​

El Plan Estratégico 2025–2035 también alinea la estrategia de inversión con los objetivos de competitividad, reducción de riesgos financieros y adaptación paulatina a un entorno de transición energética, en el que la empresa debe mejorar su desempeño económico sin perder su papel como eje de la política energética nacional. Para el gobierno federal, la combinación de inversión presupuestal e inversión financiada constituye un instrumento para mantener a Pemex como palanca de desarrollo y garante de la seguridad energética en el horizonte de la próxima década.​

Al cierre, esta nueva ola de recursos y proyectos coloca a la petrolera en una fase decisiva: o convierte la inversión en producción rentable y sostenida o seguirá enfrentando cuestionamientos sobre su viabilidad financiera en el largo plazo.

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El decomiso del superpetrolero venezolano Skipper, con más de un millón de barriles de crudo con destino a la isla, es ya en el símbolo más reciente de la estrategia de presión de Estados Unidos sobre Caracas y La Habana. Washington confisca combustible a Cuba.

Washington confisca combustible a Cuba: el caso del Skipper

La maniobra, Washington confisca combustible a Cuba que transportaba el buque Skipper, que quedó bajo control de fuerzas estadounidenses frente a las costas de Venezuela. Según reportes internacionales, la nave formaba parte de una red de suministro que, desde hace años, sostiene una porción clave del consumo de combustible de la isla.

En el marco de los acuerdos energéticos entre Caracas y La Habana. Washington argumenta que el petrolero tiene sanciones y está vinculado a esquemas ilícitos de transporte de crudo. Por dicha razón, su carga se confiscó y se redirigió a puertos estadounidenses. La operación se presenta como un “golpe ejemplar” a las finanzas venezolanas y al apoyo energético a Cuba. Hay diversos analistas advirtiendo el porqué de Washington confisca combustible a Cuba como parte de una estrategia de máxima presión sostenida.

Reacción de La Habana y acusaciones de “piratería”

En Cuba, la respuesta oficial resultó inmediata. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, a través de comunicados y declaraciones, calificó el decomiso como un “acto de piratería” y un nuevo capítulo de la “guerra económica” contra la isla. Desde el Palacio de la Revolución, Miguel Díaz-Canel habló de “terrorismo marítimo” y subrayó que la operación afecta directamente un sistema energético ya deteriorado, marcado por apagones prolongados, escasez de combustible y un transporte público al límite.

Para el gobierno cubano, la confiscación no solo refuerza el cerco económico, sienta un precedente peligroso: una potencia se arroga la facultad de interrumpir el flujo de recursos entre países en aguas internacionales.

Venezuela y la disputa por la soberanía energética

En Caracas, el discurso es igual de crítico. Autoridades venezolanas han denunciado que el Skipper transportaba petróleo dentro de un marco de acuerdos soberanos con Cuba y que el cargamento no se dirigía al mercado estadounidense. Entonces, la operación es extensión extraterritorial del poder de Washington sobre las rutas marítimas regionales. Esto impacta directamente la capacidad de exportación de Venezuela.

Voces especializadas alertan de que el decomiso del buque puede disuadir a navieras y aseguradoras de participar en futuros envíos de crudo hacia la isla, encareciendo costos y elevando riesgos en cada operación. En un momento en que Venezuela busca recomponer su industria petrolera, la acción se lee como un mensaje directo a cualquier actor que mantenga vínculos con su sector energético.

Impacto en la población cubana y el tablero regional

Más allá de la disputa diplomática, el golpe se siente con fuerza en la vida cotidiana cubana. Cada envío perdido significaría menos margen para generar electricidad, abastecer el transporte y sostener la actividad productiva en medio de una crisis económica prolongada. La dependencia estructural del petróleo venezolano convierte la confiscación del Skipper en un eslabón más de una cadena de vulnerabilidades que ya se traducen en largas jornadas sin luz y en una movilidad interna cada vez más precaria.

En el ámbito regional, la medida refleja la política de Estados Unidos bajo el liderazgo de Donald Trump. Aplica un doble rasero: mientras se estrangula el flujo de crudo hacia La Habana, otros aliados con cuestionados historiales democráticos operan sin temor a que sus buques sean detenidos en alta mar.

Para críticos de la estrategia estadounidense, el caso del Skipper confirma que el pulso por el control energético del Caribe se libra también en los corredores marítimos donde se define quién puede, y quién no, mover su petróleo.

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Declaran culpable a Alex Rovirosa Martínez en Estados Unidos por su participación en un esquema de sobornos dirigido a funcionarios de Petróleos Mexicanos y su filial de Exploración y Producción, con el objetivo de asegurar contratos y destrabar pagos millonarios para sus empresas. Un jurado federal en Houston determinó que el empresario tabasqueño incurrió en prácticas corruptas entre 2019 y 2021, mediante pagos en efectivo, relojes de lujo y artículos de marca a al menos tres funcionarios, lo que le permitió obtener ventajas indebidas en licitaciones.​

El caso se enmarca en la aplicación de leyes anticorrupción de Estados Unidos y se centra en contratos por al menos 2,5 millones de dólares vinculados a compañías controladas por el propio Rovirosa. La acusación detalla que el empresario, residente legal en Texas, utilizó su posición como proveedor del sector energético para consolidar una red de influencias que operaba desde el terreno corporativo hasta las oficinas encargadas de auditar y autorizar recursos dentro de la petrolera estatal.​

Una red que trastocó licitaciones y auditorías

Declaran culpable a Alex Rovirosa Martínez luego de acreditarse que, junto con su socio Mario Alberto Ávila Lizárraga, diseñó un esquema para manipular licitaciones y cerrar auditorías incómodas mediante sobornos directos y obsequios de alto valor. Entre los beneficios obtenidos se cuentan contratos de obras, servicios y mantenimiento asociados a proyectos de infraestructura de Pemex y Pemex Exploración y Producción, así como la liberación de pagos que estaban retenidos por revisiones internas.​

De acuerdo con documentos judiciales, los sobornos se dirigían a un círculo específico de funcionarios responsables de revisar propuestas técnicas, autorizar adjudicaciones y concluir auditorías en áreas sensibles de la operación petrolera. Las autoridades estadounidenses sostienen que esta dinámica alteró la competencia en los procesos de contratación, al premiar a empresas sin considerar plenamente criterios técnicos o financieros, sino la capacidad de alimentar la red corrupta.​

El papel de los funcionarios y el “auditor torero”

Uno de los personajes centrales del caso es un auditor senior de Pemex, apodado mediáticamente como el “auditor torero” por la forma en que presumía sus maniobras para “salvar” contratos y limpiar observaciones. De acuerdo con la acusación, este funcionario celebraba las adjudicaciones favorables como faenas triunfales, mientras recibía efectivo, relojes de gama alta y otros bienes como contraprestación por sus decisiones.​

La trama incluye episodios donde propuestas técnicas inicialmente descalificadas regresaron al proceso tras la intervención de este auditor y otros mandos de adquisiciones. Esa capacidad para reorientar el curso de licitaciones clave es uno de los elementos que llevó a las autoridades a considerar el caso como un ejemplo de corrupción que se extendía desde la cúpula administrativa hasta los niveles operativos encargados de los fallos.​

Contexto político y Pemex en el sexenio pasado

El proceso en Texas ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre los controles internos de la petrolera y la efectividad de los mecanismos de cumplimiento durante ese sexenio. Mientras tanto, Mario Alberto Ávila Lizárraga, exdirectivo de Pemex PEP y socio clave de Alex Rovirosa en el esquema, permanece prófugo, lo que mantiene viva la discusión sobre las responsabilidades políticas y administrativas vinculadas a esta red de sobornos.​

Empresas, contratos y proyección del caso

Las investigaciones identifican al menos seis compañías asociadas a Alex Rovirosa, beneficiadas por contratos que abarcan construcción, mantenimiento de instalaciones y servicios para la industria petrolera. Entre ellas destacan firmas que ya habían consolidado presencia en licitaciones de alto valor y que, según la acusación, consolidaron su posición gracias a la distorsión deliberada de procesos de competencia.​

El caso se ha convertido en una referencia dentro de la agenda de cumplimiento internacional, al ilustrar cómo dos empresarios con residencia en Texas aprovecharon su acceso a la estructura de una empresa estatal extranjera para obtener ventajas ilícitas. Para especialistas en integridad corporativa, el juicio envía un mensaje directo a proveedores del sector energético sobre los riesgos penales de replicar esquemas similares en contratos con compañías públicas. En este contexto, la trayectoria de Alex Rovirosa y el papel de Pemex PEP son ahora objeto de un escrutinio que trasciende las fronteras mexicanas.​

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