Petróleo
Luz verde a Petrobras: Autorizan vender refinerías
Según la decisión, en ningún momento el Estado está ofreciendo el control accionarial de la petrolera
Río de Janeiro, Brasil.- La Corte Suprema de Brasil autorizó a la petrolera estatal Petrobras a vender sus refinerías sin el aval previo del Congreso, en momentos en que la mayor empresa del país avanza en negociaciones para comercializar ocho de sus trece plantas de refino.
El pleno del Supremo Tribunal Federal rechazó un recurso presentado por la mesa directiva del Congreso y en el que el Legislativo acusa a Petrobras de convertir sus refinerías en subsidiarias para poder venderlas sin autorización legislativa.
El Parlamento alega que las refinerías de Petrobras son activos de la empresa y no sus subsidiarias, y que su venta sería la forma de disfrazar la privatización por partes de la petrolera sin que el Legislativo pueda vetarlo.
El recurso de los legisladores fue rechazado por seis de los magistrados de la máxima corte y apoyado por sólo cuatro.
Para la mayoría de los magistrados, la estrategia de Petrobras no viola una decisión de la propia Corte Suprema de 2019 que determina que, en los casos en que pierde el control accionarial, las empresas del Estado sólo pueden negociar una venta con el aval del Congreso.
La decisión de la Corte Suprema supone un espaldarazo para el millonario y ambiciosos plan de desinversiones puesto en marcha por Petrobras, empresa controlada por el Estado pero con acciones negociadas en las bolsas de Sao Paulo, Nueva York y Madrid.
Entre los principales activos ofrecidos a venta por Petrobras destacan ocho de sus refinerías, por las que la compañía aspira a recibir cerca de 8.000 millones de dólares.
El plan de desinversiones de la empresa prevé la venta de activos por hasta 23.000 millones de dólares hasta 2023.
Tras la votación de los magistrados, las acciones de la petrolera registraron fuertes subidas en la bolsa de Sao Paulo y ayudaron al Ibovespa a cerrar en terreno positivo.
Petrobras puso a venta ocho de sus trece refinerías, responsables por cerca de la mitad de su capacidad de procesamiento, para abrir un sector en el que actúa casi como un monopolio y como parte de un plan de desinversiones con el que pretende reducir su millonaria deuda y concentrarse en los activos de producción de crudo.
La compañía divulgó que tres grandes compañías, las brasileñas Ultrapar y Raízen y la china Sinopec, se disputan el control de la primera de las ocho refinerías que incluyó en su plan de desinversiones.
El activo en disputa es la Refinería Presidente Getulio Vargas (Repar), ubicada en el sureño estado de Paraná, con capacidad para procesar 208.000 barriles de petróleo por día (9 % de la capacidad total de refino de petróleo de Brasil), y que cuenta adicionalmente con cinco terminales de almacenamiento y 474 kilómetros de tuberías.
La petrolera informó igualmente que su dirección aprobó el 9 de julio pasado el inicio de negociaciones para vender igualmente la Refinería Laudulpho Alves (RLAM).
La RLAM, localizada en el estado de Bahía, tiene una capacidad de procesamiento de 333.000 barriles de petróleo por día (14 % de la capacidad total de refino de petróleo de Brasil), y sus activos incluyen cuatro terminales de almacenamiento y un conjunto de tuberías por un total de 669 kilómetros.
Pese a que la empresa no divulgó los interesados en la RLAM, el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, adelantó en una reciente rueda de prensa que la empresa está discutiendo los detalles del negocio con el fondo Mubadala, de Emiratos Árabes Unidos y que fue la compañía que presentó la mejor oferta.
Petróleo
Aumenta la presión sobre director de PEMEX apuntan trascendidos

Aumenta la presión sobre director de PEMEX, apuntan trascendidos, y en lo político y mediático alrededor de Víctor Rodríguez Padilla aumenta con cada jornada. Sin comunicado oficial, sin dimisión aceptada, pero con columnas, protestas y exigencias públicas que le cayeron encima tras el derrame de crudo en el Golfo de México, el director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) carga hoy con el costo político de una crisis de la empresa del Estado mexicano.
Supuestas renuncias no aceptadas
La periodista Lourdes Mendoza fue una de las primeras voces en señalar que el director “debería” dejar el cargo por razones éticas, después de que la presidenta Claudia Sheinbaum negara durante semanas la existencia del derrame. Denise Maerker, en su columna de Milenio, escribió que resulta incomprensible que el funcionario siga en su puesto. Organizaciones ambientales, activistas y pescadores de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas también exigieron su salida, responsabilizándolo de encubrir lo que describieron como una megafuga costera.
Esas voces hablan de una petición, no de un hecho consumado. Hasta ahora, ni la Presidencia ni el Consejo de Administración han emitido ningún comunicado que confirme una renuncia presentada o aceptada.
Aumenta la presión sobre director de PEMEX tras cambios internos
Lo que sí ha venido ocurriendo es una constante sacudida interna. El propio Rodríguez Padilla ha informado de cambios constante. Por ejemplo: Reuters reportó la salida de Ángel Cid Munguía del brazo de Exploración y Producción (PEP) y, días después, se confirmó que el Dr. Víctor Rodríguez Padilla, director general de Petróleos Mexicanos, designó a Octavio Barrera como nuevo titular de esa área estratégica.
Los derrames ponen en jaque a la dirección
Los derrames de crudo en el Golfo de México pusieron al descubierto una grieta de comunicación entre la empresa y el gobierno federal. Que la presidenta negara el problema durante semanas, y que luego el director reconociera internamente que sus propios funcionarios lo mantuvieron desinformado, dibuja una institución rota por dentro. Esos movimientos en PEP alimentaron la percepción de una ola de salidas en PEMEX, aunque ninguno de ellos equivale a la renuncia del director general.
Los hechos tal cual
Sin pronunciamiento oficial, la versión de la renuncia del director sigue siendo un escenario, no una noticia, Reuter incluso ha reportado que supuestamente habría intentado renunciar en un par de veces, siendo en ambas veces rechazada la dimisión por la Presidenta. En otros brazos de la empresa (PMI, PEP) sí hubo relevos recientes, lo que hace plausible que pudiera haber más cambios en la cúpula. Pero hoy, eso es solo posibilidad.
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Petróleo
Adiós a Gasolinas Bienestar

La filial que exportó crudo a Cuba se reinventa
El 31 de marzo de 2026, Gasolinas Bienestar dejó de existir como razón social. En su lugar surgió Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V., según el informe anual que Petróleos Mexicanos entregó a la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos. El cambio no requirió discreción: los accionistas lo aprobaron por unanimidad y la Secretaría de Economía lo autorizó sin contratiempos.
Lo que parece un ajuste administrativo carga una señal más gruesa: el gobierno de Claudia Sheinbaum empuja a Pemex a desprenderse del sello “Bienestar” en sus estructuras de negocio. La marca, atada a los programas sociales del sexenio de López Obrador, pierde terreno dentro de la paraestatal.
De combustible a logística
Gasolinas Bienestar nació entre 2022 y 2023 como vehículo de comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Con ese nombre, Pemex canalizó exportaciones de crudo y productos refinados a Cuba desde 2023. En 2025, esos envíos rondaron los 15 mil barriles diarios de petróleo crudo y 2,200 barriles diarios de petrolíferos, con un valor cercano a los 500 millones de dólares, cifras menores a las del último año de López Obrador pero suficientemente altas para mantener viva la relación energética con la isla.
Bajo el nombre Mumiya, Pemex amplía el objeto de la filial hacia servicios logísticos: transporte, almacenamiento y manejo de flujos de exportación. No es solo un rebranding. Se revocaron poderes a representantes vinculados a la etapa original, lo que confirma una reconfiguración del mando interno, no un simple cambio de etiqueta.
Claudia Sheinbaum y Cuba: la herencia que se administra
Las exportaciones continúan; lo que cambia es quién las opera y bajo qué nombre. La presidenta mantiene los compromisos energéticos con Cuba, pero los procesa a través de una estructura que ya no lleva el apellido político del sexenio anterior.
Eso tiene consecuencias prácticas: los contratos firmados bajo el sello de Gasolinas Bienestar deberán migrar a Mumiya, y los filtros de debida diligencia internacional —que ya habían levantado preguntas sobre opacidad y riesgos geopolíticos— apuntarán ahora a la nueva entidad. Pemex obtuvo permisos de exportación para más de 1,373 millones de litros de gasolina, diésel y turbosina hacia más de 150 países, incluidos territorios en conflicto. Ese historial no lo borra un cambio de nombre.
El proyecto gasolinero jamás despegó
La transformación de Mumiya llega mientras otro frente del proyecto Bienestar se desinfla sin escándalo. En cinco años, solo se construyeron cinco gasolineras del Bienestar en todo el país, principalmente en Oaxaca, con costos elevados y una penetración en el mercado que nunca justificó la expectativa inicial. De aquí parte la decisión de desmontar la marca en el ámbito corporativo de Pemex.
El nuevo régimen fiscal (el Derecho Petrolero para el Bienestar) busca aligerar la carga contributiva de la empresa y liberar recursos para producción, refinación y petroquímica. En ese marco, las filiales necesitan moverse con más agilidad y menos ruido político. Mumiya encaja en esa lógica.
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Petromex: reforma pensiones es inconstitucional

El 1 de mayo de 2026, el Sindicato de Petroleros de México (Petromex) encendió motores: presentará amparos y cabildeo legislativo para frenar el recorte de hasta 60% en las pensiones de trabajadores jubilados de confianza. El sindicato sostiene que la reforma al artículo 127 constitucional viola derechos adquiridos tras décadas de servicio.
La reforma, publicada el 10 de abril de 2026 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estableció un tope de aproximadamente 70 mil pesos mensuales —equivalente al 50% del salario presidencial— para las pensiones de organismos públicos. Los recortes arrancaron el 30 de abril y tocaron directamente a más de 93 mil jubilados de Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Banobras, Luz y Fuerza del Centro y Nacional Financiera. En algunos casos, las pensiones superaban los 32 mil pesos por catorcena.
El argumento jurídico: retroactividad prohibida
Petromex y las asociaciones de jubilados clavan su defensa en el artículo 14 constitucional, que prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva en perjuicio de personas. Los afectados cargan con el argumento de que sus condiciones de retiro estaban pactadas antes de la reforma, y que modificarlas ahora rompe los contratos colectivos y acuerdos laborales ya firmados.
El punto que más disputas levanta son los artículos transitorios: ¿puede la reforma ajustar pensiones ya otorgadas? Expertos jurídicos no se ponen de acuerdo, y ese vacío es donde Petromex mete mano para construir su caso.
Los amparos tropiezan antes de correr
Sin embargo, la estrategia jurídica ya chocó con su primer muro. Jueces federales empezaron a desechar los amparos presentados por cerca de 3,400 jubilados de Petróleos Mexicanos y CFE. El argumento de los juzgados es contundente: una reforma constitucional no puede declararse inconstitucional, porque la Constitución es la norma máxima que se modifica a sí misma.
Los inconformes pueden recurrir mediante queja ante tribunales colegiados, pero las posibilidades de revertir esas resoluciones son estrechas.
Tampico también salió a la calle
En Tampico, cerca de 190 trabajadores jubilados de confianza de Pemex y CFE se plantaron el 29 de abril en las calles para exigir la suspensión inmediata de la reforma y el reintegro de los montos descontados. No fue un acto simbólico: los jubilados afectados ya ven reducidos sus depósitos desde finales de abril.
La reforma exceptúa los haberes de militares y ministros de la Suprema Corte en retiro —que técnicamente no cobran pensiones sino “haberes”—, una distinción que los jubilados petroleros y de la CFE señalan como un trato desigual sin justificación jurídica clara.
Una reforma que llegó rápido y pegó duro
Petromex acusa inconstitucionalidad en recorte a pensiones, pero la arquitectura legal que enfrenta es sólida. La reforma se publicó, entró en vigor y comenzó a descontar en menos de 20 días. Los jubilados, muchos con más de 30 años de servicio, aguantan ahora una reducción que no negociaron ni firmaron.
Mientras los amparos caen uno a uno en los juzgados federales, el sindicato busca aliados en el Congreso y en organismos internacionales. El dinero ya salió de las cuentas. Y los tribunales, por ahora, no lo devuelven.
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