Energía
Respaldo a Pemex y CFE: No se dará “ni un paso atrás”: AMLO
“No hay ningún acuerdo en el T-MEC en materia de energía”, responde a congresistas de EU inconformes con política energética de México
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se dará “ni un paso atrás” en la política energética de su gobierno para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que miembros del Congreso de Estados Unidos denunciaran obstrucciones a compañías privadas de este sector.
“Hace como dos días apareció un documento firmado por legisladores de Estados Unidos quejándose de la política energética que estamos aplicando en nuestro país, quiero tratar el asunto con mucho respeto hacia ellos. Sólo aclarando de que en esta materia y en otras, pero fundamentalmente en lo que tiene que ver con la política energética de nuestro país no hemos suscrito ningún acuerdo con el gobierno de Estados Unidos o de Canadá”, comentó este sábado el mandatario federal.
Durante una visita técnica a la Central Termoeléctrica Carbón II “José López Portillo”, en Nava, Coahuila, López Obrador dijo que cuando se renegoció el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en su calidad de presidente electo detuvo las negociaciones para eliminar ciertos compromisos de la administración de Enrique Peña Nieto en materia energética.
“En el capítulo de Energía sólo quedó establecido en dos párrafos el derecho absoluto, soberano de México para decidir en materia de política energética, de conformidad con la letra y sobre todo con el espíritu del artículo 27 de nuestra Constitución”, reiteró López Obrador, ante la presencia del director de la CFE, Manuel Bartlett y el gobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solis.
El jefe del Ejecutivo acusó que durante lo que él llama periodo neoliberal se buscó “destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad con reformas para quitarles fuerza económica, “para quitarles mercado, para dar entrada a empresas particulares, nacionales y sobre todo extranjeras”.
“Por eso me da mucho gusto estar aquí y desde este complejo termoeléctrico de Nava, decirle a quienes están defendiendo la política neoliberal que no vamos a dar ni un paso atrás, que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad”, dijo López Obrador.
El viernes 23 de octubre se dio a conocer una misiva firmada por 43 senadores y miembros del Legislativo, dirigida al presidente de Estados Unidos Donald Trump, en la que denunciaron que en México existe un patrón de obstrucción hacia los negocios estadounidenses con el objetivo de privilegiar a las empresas estatales mexicanas, lo que interfiere con el espíritu del Tratado de Libre Comercio y amenaza las inversiones y el crecimiento del sector energético regional.
Además, expusieron que estas experiencias fueron acreditadas por el memorando en el que presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las cabezas del sector utilizar todos los recursos disponibles dentro del marco regulatorio para proteger a Pemex y a la CFE.
“Leía yo que en su desplegado decía algo que debería de ser motivo de satisfacción y que para mí es un timbre de orgullo. El gobierno de México está empeñado en proteger a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuál es entonces la función del gobierno?, ¿proteger los intereses privados? No. Los únicos negocios que deben importar a los funcionarios son los negocios públicos. A mí no me paga Repsol, a mí me pagan los mexicanos para servirles y por eso tengo que defender el interés público, no el interés de particulares”, insistió el Presidente.
López Obrador advirtió que sin violar algún acuerdo o contrato y dentro de los márgenes legales, se le dará preferencia tanto a la CFE, como a Pemex con el objetivo de mantener los precios de la electricidad y las gasolinas.
“¿Y por qué, además, tenemos que darle preferencia a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad? Porque es la única manera de que yo pueda cumplir el compromiso que tengo de que no aumenten los precios de la energía eléctrica, de las gasolinas y del diésel”.
Sin embargo, López Obrador, admitió que en el caso de que no poder actuar en el marco legal actual, propondría nuevas reformas constitucionales para cumplir con su cometido.
“En caso de que no se pueda con el actual marco legal, fortalecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad voy a enviar si es necesario una iniciativa de reforma a la Constitución para que vuelva a prevalecer el espíritu de el Artículo 27 constitucional, la política de Venustiano Carranza, la política de Lázaro Cárdenas y de Adolfo López Mateos”.
“COFECE no va a decir como actuar”: Nahle
La secretaria de Energía, Rocío Nahle, sentenció que la Comisión Federal de Competencia Económica, no va a decirle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuál debe ser la política energética del país.
En entrevista con Carmen Aristegui sobre la suspensión indefinida de la política eléctrica que confirmó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la funcionaria federal explicó que por ahora, no tienen ninguna propuesta para una reforma, pero que ya están analizando toda la Ley de Industria Eléctrica.
“La COFECE (Comisión Federal de Competencia Económica) que es un organismo, no va a decirle al presidente (Andrés Manuel López Obrador) cómo debe o cuál debe ser la política energética porque le afecta al organismo que ellos representan, o la operatividad afecta en la competencia económica, sobre la seguridad nacional del sistema eléctrico, dice no importa que el sistema nacional eléctrico, o la seguridad del sistema esté a punto de colapsar pero tienes que despechar conforme a la competencia económica, ese es el punto, la Corte tiene que determinar, si ellos argumentan, que la ley dice que debe ser el mercado el que prevalezca y con la competencia pues entonces sí estamos muy mal”, expuso.
Además, refirió que es importante esperar a que la Corte emita su fallo definitivo, esto dijo, luego de que las empresas, la COFECE y algunos estados, metieron una controversia argumentando que la política energética debe ser del interés económico del mercado.
Asimismo, señaló que desde el gobierno federal se ha mantenido la postura de que el servicio eléctrico es de interés público, por la seguridad energética. Por lo que afirmó, la Corte debe atender si es interés público o económico.
Son desventajosas las reformas constitucionales para EU —así lo advierte un reciente informe del Departamento de Estado— al evaluar los cambios aprobados por el gobierno mexicano en materia energética. El documento sostiene que el nuevo marco constitucional favorece a las empresas estatales y reduce el espacio para la inversión estadounidense.
Reforma energética y tensiones bilaterales
El informe Reformas Constitucionales ha generado preocupación en Washington. En la más reciente revisión de políticas, el Departamento de Estado (DOS) afirmó que el cambio estructural en el sector mexicano “revierte en gran medida la liberalización del sector energético de 2013”, tal como se detalla en su “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”.
La administración estadounidense no precisó si considera que estas modificaciones vulneran el T-MEC, aunque el tema será clave en la revisión programada para julio de 2026. Según la información oficial, el trato preferencial otorgado por el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconfigura los equilibrios económicos del mercado energético regional.
Un nuevo modelo de control estatal
En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que redefine a Pemex y a la CFE como empresas públicas con prioridad en la producción y distribución de energía. Este giro marca la consolidación de un modelo centralizado en el que las compañías estatales vuelven a liderar el desarrollo del sector.
La implementación de la reforma, acompañada por diez proyectos de ley, confirmó que son desventajosas las reformas constitucionales para EU, especialmente para empresas privadas que pierden espacio en contratos de exploración, importación y comercialización energética. El nuevo esquema legal otorga a Pemex derecho preferente sobre nuevos bloques de petróleo y gas, con la obligación de conservar al menos 40% de participación en futuros proyectos.
Pemex y CFE: prioridades nacionales
El plan presidencial fija como meta aumentar la producción de petróleo, gas y combustibles refinados, además de diversificar la cartera hacia energías limpias. En este contexto, Pemex impulsa la instalación de turbinas eólicas y paneles solares en plataformas petroleras, mientras la CFE refuerza su dominio en el suministro eléctrico.
Las modificaciones constitucionales establecen que al menos 54% de la electricidad nacional provendrá de instalaciones estatales, limitando al sector privado a un máximo de 46%. Esta disposición confirma por qué son desventajosas las reformas constitucionales para EU, al reducir oportunidades de inversión extranjera y comprometer la competencia en el mercado energético mexicano.
Proyecciones y desafíos legales
La Secretaría de Energía (Sener) deberá emitir cada año un plan vinculante que asegure el predominio de la CFE en el despacho eléctrico. El marco busca impedir que el sector privado supere el umbral del 46% de participación. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó en 2024 que las decisiones del Cenace deben basarse en criterios técnicos, y no en la preferencia institucional hacia la CFE.
El DOS también recordó antecedentes de políticas restrictivas durante la administración de López Obrador, cuando se limitó la emisión de permisos de importación de combustibles para proteger las marcas nacionales, una tendencia que parece consolidarse bajo el nuevo mandato presidencial.
Evaluación diplomática pendiente
De cara a la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos analizará los efectos de la nueva reforma mexicana en la inversión y competencia energética. Aunque no se anticipan sanciones inmediatas, el tono del informe indica una creciente inquietud sobre el rumbo del sector y las implicaciones para los intereses económicos estadounidenses.
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Energía
Sener depura más de 3 mil trámites de Manifestación de Impacto Social en México para agilizar procesos
La Secretaría de Energía (Sener) inició un proceso de depuración de más de 3 mil trámites pendientes relacionados con la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE), con el objetivo de eliminar registros duplicados y acelerar la liberación de estos procedimientos administrativos. El objetivo sería agilizar el proceso de Manifestación de Impacto Social en México
La dependencia federal pidió la colaboración del sector gasolinero y de todos los regulados que han ingresado solicitudes de este tipo para actualizar la base de datos, a fin de dar mayor agilidad al proceso de evaluación.
Sener busca agilizar la Manifestación de Impacto Social en México
El rezago actual se originó durante la suspensión de plazos y términos legales decretada el 25 de mayo de 2020 como medida sanitaria por la pandemia de COVID-19.
Durante ese periodo, los trámites de la entonces llamada Evaluación de Impacto Social (EVIS) quedaron detenidos, generando una acumulación de cerca de 5 mil registros. La situación comenzó a normalizarse hasta marzo de 2023, cuando la Sener reanudó oficialmente los plazos administrativos.
Sin embargo, al retomar las actividades, se detectó que una parte significativa de los expedientes estaban duplicados o presentaban inconsistencias, lo que ha requerido un proceso de revisión y limpieza a fondo por parte de la Dirección General de Impacto Social, Consulta Previa y Ocupación Superficial.
Sener busca agilizar la Manifestación de Impacto Social en México
Más del 80% de los pendientes son gasolineros
De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los registros rezagados pertenecen a proyectos energéticos de menor escala, principalmente del sector gasolinero.
Los equipos técnicos de la Sener han mantenido comunicación con distintos grupos empresariales para atender directamente las listas de solicitudes pendientes. El objetivo es resolver los trámites en orden de prelación, conforme a la fecha en que fueron ingresados.
Este criterio busca garantizar un principio de justicia administrativa, según explicó el director general de Impacto Social, Rafael Fonseca Chávez, quien además reiteró la invitación a las empresas a desistirse de los trámites duplicados para reducir la carga de trabajo.
Plataforma digital para agilizar los procesos
La Secretaría prevé habilitar una Ventanilla Electrónica a finales de octubre, con el propósito de que los regulados puedan dar seguimiento a sus solicitudes de Manifestación de Impacto Social en México de forma digital y más eficiente.
Con esta medida, la dependencia busca ofrecer mayor certeza al sector energético, especialmente a las empresas que necesitan la resolución de este trámite para avanzar con sus inversiones.
Respeto a la normatividad vigente
Fonseca Chávez subrayó que cada solicitud será atendida conforme a la ley y al reglamento vigentes al momento de su ingreso, asegurando que la normatividad no tendrá efectos retroactivos.
La actual administración de la Sener pretende así garantizar transparencia, orden y certeza jurídica a los proyectos energéticos del país, reduciendo los rezagos acumulados desde la emergencia sanitaria y fortaleciendo los procesos administrativos del sector.
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Diputados de Morena y del Partido del Trabajo presentarán una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución Política con el objetivo de establecer la prohibición del fracking en México.
La propuesta busca frenar el uso del fracturamiento hidráulico en la extracción de hidrocarburos, especialmente en comunidades indígenas, donde esta práctica ha generado impactos ambientales y sociales.
Iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional
La iniciativa plantea adicionar los párrafos VII y VIII al artículo 27, con lo cual se prohibiría tanto al Estado como a particulares realizar actividades de exploración o explotación de yacimientos de hidrocarburos mediante fracking u otros métodos equivalentes.
El proyecto establece que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de esta medida y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Además, propone dos artículos transitorios: el primero dispone que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el segundo determina que los contratos vigentes no podrán renovarse una vez vencidos.
Argumentos de la prohibición del fracking en México
Los legisladores explicaron que la propuesta responde a una década de demandas de comunidades indígenas y organizaciones civiles que han denunciado los efectos del fracking en el agua, el suelo y la salud pública.
Según los promotores, la prohibición del fracking en México es necesaria para avanzar hacia un modelo energético sostenible y proteger los recursos naturales.
Advirtieron que esta técnica de extracción requiere enormes cantidades de agua, lo que afecta el suministro en regiones como la frontera norte. En zonas como la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, los recursos hídricos ya presentan niveles críticos de disponibilidad para consumo humano.
Argumentos de la prohibición del fracking en México
Impacto ambiental y escasez de agua
La diputada Olga Juliana Elizondo explicó que el fracking agrava la crisis de agua en zonas donde las reservas son limitadas. Indicó que en la Presa Internacional Falcón, que abastece al Río Bravo, solo queda un 5% de agua disponible para uso doméstico.
Por ello, insistió en que esta práctica representa una amenaza para la agricultura, la ganadería y la salud de las comunidades rurales.
Otros legisladores de Morena señalaron que la iniciativa busca impulsar una transición hacia energías limpias, afirmando que el fracturamiento hidráulico no es viable ni sostenible para México.
Respaldo de comunidades y organizaciones civiles
El proyecto cuenta con el apoyo de integrantes de comunidades indígenas y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, quienes han pedido al Congreso aprobar la reforma.
Argumentan que los daños ambientales provocados por esta técnica afectan directamente los ecosistemas, contaminan el aire y deterioran la calidad del agua.
De aprobarse, la prohibición del fracking en México representaría un paso importante en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por actividades extractivas.
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