El miércoles arrancó el proceso de consulta en al menos nueve secciones a través de asambleas generales extraordinarias. El único punto formal de discusión fue un informe sobre los avances de la revisión salarial 2026-2027.

Tras analizar la propuesta de la empresa, que también contempla un incremento del 2 por ciento en prestaciones, los trabajadores decidieron no aprobarla. El rechazo se extendió el día siguiente a otras dirigencias locales.

¿Por qué se rechaza el aumento salarial de 3.5% a trabajadores de Pemex?

Las secciones argumentan que el porcentaje propuesto no compensa la pérdida del poder adquisitivo. Señalaron que se encuentra por debajo de los niveles de inflación actuales.

Entre las secciones que ya rechazaron la propuesta se encuentran la 52 de Guadalajara, Jalisco; la 45 y la 43 de la Ciudad de México; la 29 de Comalcalco, Tabasco; la 26 de Las Choapas, Veracruz; la 13 de Cerro Azul, Veracruz, y la 9 de Veracruz.

El miércoles también votaron en contra las secciones 47 de Ciudad del Carmen, Campeche; 35 de Tula, Hidalgo; 34 de la Ciudad de México; 31 de Coatzacoalcos; 25 de Ciudad Naranjos y 22 de Agua Dulce, estas últimas de Veracruz.

Durante las asambleas, el grueso de las secciones manifestó su apoyo absoluto al secretario general Ricardo Aldana, así como a la comisión revisora. Optaron por avalar una nueva prórroga para extender el plazo de estallamiento de la huelga.

¿Qué acusaciones ha hecho el sindicato contra Pemex?

El STPRM ha acusado a la empresa estatal de incumplir más de 100 cláusulas del contrato colectivo. Entre los señalamientos destacan deficiencias en materia de seguridad laboral, fallas en la prestación de servicios médicos y el deterioro de diversas prestaciones de los trabajadores.

En la revisión contractual 2025, las partes acordaron un incremento de 4.5 por ciento. En la revisión salarial 2024-2025 se pactó un aumento global del 7 por ciento.

La propuesta actual de aumento salarial de 3.5% a trabajadores de Pemex se considera insuficiente en comparación con esos precedentes. Las asambleas buscan alcanzar un acuerdo más favorable a través de la continuidad de las negociaciones.

Este viernes sesionarán otras dirigencias locales. Se espera que el proceso de consulta continúe en las secciones restantes para definir la postura final de la organización sindical.

¿Cuál es la postura de la dirigencia nacional del STPRM?

La dirigencia nacional del sindicato petrolero ha marcado la línea de rechazo a la propuesta. Las secciones locales han respaldado de manera mayoritaria esta posición durante las asambleas realizadas.

Los trabajadores decidieron extender el plazo de estallamiento de la huelga, que vencía a finales de este mes. El objetivo es continuar las negociaciones con la empresa y lograr un acuerdo satisfactorio para la base laboral.

El apoyo a Ricardo Aldana y a la comisión revisora se reiteró en las reuniones. Las secciones expresaron su respaldo unánime a la estrategia de negociación planteada por la dirigencia.

El proceso de consulta se desarrolla de manera ordenada en las distintas regiones del país. Cada asamblea general extraordinaria ha permitido a los trabajadores conocer los avances de la revisión salarial y emitir su voto.

La propuesta de Pemex incluye el aumento salarial de 3.5 por ciento más un 2 por ciento en prestaciones. Sin embargo, la mayoría de las secciones consultadas hasta el momento la han desestimado.

El sindicato mantiene el diálogo abierto con la empresa estatal. La prórroga del emplazamiento a huelga busca generar espacio para nuevas rondas de negociación que contemplen mejores condiciones.

Las deficiencias señaladas en seguridad laboral y servicios médicos forman parte de las demandas recurrentes. El STPRM insiste en el cumplimiento integral del contrato colectivo de trabajo.

Los antecedentes de incrementos superiores en revisiones previas sirven de referencia para la base trabajadora. El 4.5 por ciento de 2025 y el 7 por ciento global de 2024-2025 contrastan con la oferta actual.

La consulta se realiza en línea con la postura de la dirigencia nacional. Las secciones han actuado de manera coordinada al rechazar la propuesta y respaldar la extensión del plazo de huelga.

Este viernes se sumarán más asambleas al proceso. El resultado final dependerá de la votación en el conjunto de las 36 secciones que integran el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

La negociación salarial 2026-2027 se encuentra en una etapa decisiva. El rechazo mayoritario al aumento salarial de 3.5% a trabajadores de Pemex obliga a la empresa a reconsiderar su postura inicial.

Los trabajadores petroleros buscan preservar su poder adquisitivo frente a la inflación. La decisión de las asambleas refleja la preocupación por las condiciones económicas actuales.

La prórroga aprobada permite que las conversaciones continúen sin la presión inmediata del estallamiento de huelga. Ambas partes tendrán oportunidad de presentar nuevas propuestas en los próximos días.

El secretario general Ricardo Aldana cuenta con el respaldo expresado en las asambleas. La comisión revisora mantiene el mandato de negociar en representación de la base laboral.

El proceso de consulta sigue abierto en varias secciones. Los resultados de este viernes podrían consolidar aún más la posición de rechazo a la oferta presentada por la empresa.

La revisión salarial forma parte de los mecanismos periódicos de actualización de condiciones laborales en el sector petrolero. El desenlace de estas asambleas definirá el rumbo de las negociaciones con Petróleos Mexicanos.

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Ormuz en el borde: señales de escalada militar inminente. El 3 de agosto de 2026, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) informó que su sistema de defensa aérea derribó un dron estadounidense MQ-9 Reaper sobre el estrecho de Ormuz, en un día en el que el tráfico marítimo por ese corredor se redujo a apenas un puñado de embarcaciones menores y ningún gran petrolero o buque metanero logró cruzarlo. El episodio se suma a dos ataques contra buques comerciales registrados entre el 1 y el 2 de agosto y ocurre en el marco de la guerra de Irán de 2026, el conflicto que desde finales de febrero enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Teherán y que ha convertido a este cuello de botella marítimo en uno de los puntos más peligrosos del planeta.

Origen de la crisis: de los ataques contra el liderazgo iraní al bloqueo del estrecho

La actual fase de tensión arrancó el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una ofensiva aérea combinada —bautizada por Washington como Operación Epic Fury— contra instalaciones militares, nucleares y de mando en Irán. Esa acción derivó en la muerte del entonces líder supremo, Ali Jamenei, y de otros altos mandos iraníes. Teherán respondió en cuestión de horas con oleadas de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en el Golfo y varios países aliados de Washington en la región, al tiempo que ordenó a la IRGC restringir el paso de buques por Ormuz.

Desde entonces, la Casa Blanca ha sostenido en repetidos comunicados que su objetivo es impedir que Irán obtenga armas nucleares y garantizar la libre navegación por el estrecho. En un mensaje reciente recogido en su sitio oficial, la administración estadounidense afirmó mantener un control naval total sobre la zona, mientras que el Departamento de Defensa detalló que despliega escoltas militares para intentar que embarcaciones comerciales puedan salir del Golfo Pérsico pese a las hostilidades.

El derribo del dron y los ataques a buques que encendieron las alarmas

La secuencia de incidentes de los últimos días ilustra el deterioro acelerado de la situación. El 31 de julio, un buque metanero cargado con gas natural licuado catarí resultó impactado por un proyectil no identificado en aguas cercanas a la entrada sur del estrecho, frente a las costas de Omán, lo que le provocó daños severos en su sala de máquinas y lo dejó a la deriva sin propulsión, aunque sin víctimas ni derrames reportados. Un día después, el 2 de agosto, una explosión adicional fue reportada cerca de otro petrolero en la zona oriental del paso marítimo, sin que se registraran heridos.

El derribo del MQ-9 Reaper, confirmado por la propia IRGC a través de su vocería castrense, representa uno de varios episodios similares ocurridos desde el estallido del conflicto, en los que ambos bandos han reportado la pérdida de aeronaves tripuladas y no tripuladas sobre el Golfo. Funcionarios iraníes vinculados al Consejo Supremo de Seguridad Nacional han advertido públicamente que exigirán autorización previa para cualquier tránsito por el estrecho y que endurecerán las restricciones si continúa lo que califican como un bloqueo naval estadounidense contra sus propios puertos.

Qué está en juego: el peso económico y energético del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz mide apenas 34 kilómetros en su punto más angosto y separa las costas de Irán y Omán. Se trata del único acceso marítimo desde el Golfo Pérsico hacia mar abierto y, en condiciones normales, por ahí transitaba cerca de una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima a escala global, además de un porcentaje significativo del gas natural licuado producido por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Catar con destino principal a Asia, de acuerdo con estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Desde finales de febrero, ese flujo se ha visto interrumpido de forma reiterada. Organismos de seguridad marítima han documentado episodios en los que miles de marinos y cientos de embarcaciones quedaron varados dentro del Golfo Pérsico, mientras las aseguradoras especializadas en riesgo de guerra elevaron de forma considerable sus tarifas para cualquier buque que pretenda cruzar la zona. Los precios internacionales del petróleo han fluctuado con fuerza durante toda la crisis, con picos que en las fases más álgidas del conflicto superaron ampliamente los niveles previos a la guerra, para luego moderarse cada vez que se anuncian avances diplomáticos y volver a dispararse tras cada nuevo incidente armado.

Diplomacia interrumpida: entre ultimátums y treguas rotas

La crisis ha estado marcada por múltiples intentos de negociación que, hasta ahora, no han logrado consolidarse. Washington y Teherán llegaron a firmar un memorando de entendimiento a mediados de junio para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho, un acuerdo que se rompió semanas después tras nuevos ataques contra buques comerciales. A finales de julio y principios de agosto, el propio mandatario estadounidense reconoció haber cancelado una ofensiva de gran escala que, según describió, habría estado entre las más amplias emprendidas por su país en décadas, luego de que aliados del Golfo Pérsico —entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar— intercedieran para evitar una escalada mayor.

Irán, por su parte, ha negado sostener negociaciones directas con Estados Unidos y ha precisado que sus contactos se limitan a Omán, país que funge como intermediario para explorar una posible ruta segura y temporal para el tránsito comercial. El gobierno iraní, a través de sus canales oficiales, ha insistido en que cualquier arreglo debe respetar lo que considera su soberanía sobre el estrecho, mientras Washington mantiene que se trata de una vía internacional que debe permanecer abierta para todos los países.

El riesgo de una escalada mayor

La combinación de ataques contra embarcaciones civiles —incluido un buque metanero—, el derribo de una aeronave de reconocimiento estadounidense, un tráfico comercial prácticamente congelado y amenazas cruzadas de control militar sobre el estrecho configura, para analistas de seguridad regional, un escenario de alto riesgo. Ambas partes mantienen fuerzas navales y aéreas en estado de alerta máxima en una zona donde cualquier malentendido durante una operación de escolta, un intento de abordaje o la respuesta a un nuevo derribo podría desencadenar una confrontación directa de mayores proporciones.

Mientras tanto, los muchos buques varados, el encarecimiento de los seguros marítimos y la volatilidad de los precios energéticos siguen golpeando a las economías que dependen del flujo de crudo y gas por Ormuz, incluidas aquellas alejadas del Golfo Pérsico que resienten el impacto en los mercados internacionales de combustibles. La situación continúa cambiando hora con hora, y tanto la comunidad marítima internacional como los gobiernos de la región vigilan de cerca cada movimiento en un punto del mapa donde la diplomacia y la disuasión militar avanzan, por ahora, a la par.

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La operación fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien explicó que Pemex Internacional será la filial encargada de canalizar las exportaciones hacia el país asiático durante un periodo que, hasta ahora, no ha sido precisado por el gobierno mexicano.

Una ruta marítima inusual para esquivar el conflicto

Para llegar a su destino, el buque tuvo que abandonar las rutas comerciales tradicionales. En lugar de cruzar por Medio Oriente, la embarcación bordeó el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, un trayecto considerablemente más largo y costoso, pero que reduce la exposición a las zonas de mayor tensión bélica.

El cargamento arribará primero a la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, y posteriormente será trasladado a la planta de Chiba, cerca de Tokio. Ambas instalaciones pertenecen a Cosmo Oil, subsidiaria del consorcio Cosmo Energy, y cuentan con sistemas de coquización y desulfuración capaces de procesar crudos pesados como el Maya, la mezcla insignia de la producción mexicana.

El cierre de Ormuz dispara la búsqueda de proveedores alternativos

El origen de esta operación está directamente ligado a la guerra que estalló a finales de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz —ruta por la que transita aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial de crudo— provocó un repunte superior al 22% interanual en los precios del petróleo Brent y encendió las alarmas en Tokio.

Antes del conflicto, Japón dependía de Medio Oriente para cerca del 94% de sus importaciones petroleras, y hasta un 70% de todo su suministro debía transitar obligatoriamente por Ormuz. La interrupción de ese corredor dejó al país asiático ante un riesgo real de desabasto, lo que obligó a sus autoridades energéticas a buscar, de forma urgente, fuentes alternas de crudo, entre ellas México.

El pacto entre Sheinbaum y Takaichi que hizo posible el envío

El antecedente político del cargamento se remonta a abril de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sostuvieron una conversación en la que acordaron reforzar la cooperación energética bilateral como medida de seguridad nacional para Japón. De acuerdo con la mandataria mexicana, el gobierno de Takaichi ya había manifestado previamente a Pemex su interés en importar crudo mexicano.

Ese acercamiento se tradujo, meses después, en el primer embarque concreto: un millón de barriles operados comercialmente por PMI Comercio Internacional, brazo de Pemex responsable de colocar petróleo mexicano en mercados de América, Europa, India y Asia.

¿Cuánto crudo puede exportar México sin afectar el mercado interno?

La magnitud del envío también abrió el debate sobre su impacto en el abasto nacional. Sheinbaum situó la producción petrolera del país en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales 1.4 millones se destinan al procesamiento en refinerías mexicanas, dejando un excedente exportable de entre 400 mil y 500 mil barriles diarios —principalmente hacia Estados Unidos—. Cifras oficiales más recientes, sin embargo, ubican la producción nacional en un nivel más ajustado, cercano a 1.65 millones de barriles diarios, lo que reduce el margen disponible para operaciones extraordinarias como esta.

El millón de barriles enviado a Japón equivale a una porción considerable del excedente exportable diario del país, por lo que el gobierno mexicano ha insistido en que se trata de un apoyo puntual y no de un compromiso de suministro permanente.

Una jugada de diplomacia energética con beneficios para ambas partes

Para Pemex, la operación representa la oportunidad de colocar volumen adicional en un mercado asiático donde la escasez ha elevado los precios. Para el gobierno mexicano, el episodio se presenta como una muestra de la capacidad del país para actuar como proveedor confiable en momentos de crisis internacional, fortaleciendo los lazos con uno de sus principales socios comerciales en Asia, una relación que además se sostiene con fuertes inversiones japonesas en el sector automotriz mexicano.

Más allá del alivio inmediato a sus refinerías, para Japón el envío envía una señal política: la de una estrategia de diversificación energética que busca reducir, a mediano plazo, su histórica dependencia de Medio Oriente y explorar alianzas transpacíficas más estables, en un contexto donde persisten las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

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Un adeudo de 2024 que no termina de resolverse

Según explicó Amespac, el mecanismo financiero conocido como “Onyx” —operado junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex— permitió atender buena parte de los compromisos de 2025 y de lo que va de 2026, pero dejó fuera los pasivos acumulados durante 2024. Ese esquema contó con recursos de hasta 250 mil millones de pesos, que ya se agotaron por completo, de acuerdo con reportes periodísticos sobre el caso.

La asociación explicó que el problema tiene dos capas: por un lado, facturas vencidas que nunca se cubrieron; por otro, trabajos ya concluidos que ni siquiera han podido registrarse en el sistema interno de Pemex conocido como Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE), lo que impide a las empresas facturarlos formalmente. Esta es la segunda vez que el organismo hace este reclamo público; la primera ocasión fue en octubre de 2025.

El impacto en la cadena de proveedores y en la producción

Amespac sostuvo que la falta de pago golpea con fuerza a toda la cadena de valor de la industria petrolera nacional y que incluso puede poner en riesgo procesos productivos vinculados a la extracción de hidrocarburos. La organización pidió la creación de una mesa de trabajo conjunta con Pemex y las autoridades para revisar y conciliar los montos pendientes. Cabe recordar que la deuda total de Pemex con el conjunto de sus proveedores y contratistas —no solo los afiliados a Amespac— se ubicaba en 375,121 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, cifra que ya venía a la baja respecto a finales de 2025.

El trasfondo financiero de la petrolera no ayuda: en el primer trimestre del año reportó pérdidas por 45,993 millones de pesos, un 5.97% más que en el mismo periodo de 2025. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha pedido a los proveedores no recurrir a intermediarios informales para intentar cobrar sus adeudos.

Riesgo para la calificación de Pemex y de México

El punto que convierte esta disputa comercial en un tema de interés macroeconómico es que varias de las empresas afectadas cotizan en bolsas internacionales y están obligadas, bajo normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y los principios contables estadounidenses (US GAAP), a reflejar estos adeudos en sus estados financieros. Amespac advirtió que esto podría eventualmente golpear la calificación crediticia de Pemex y, en cadena, la nota soberana del país.

El contexto ya venía deteriorado antes de esta denuncia. Moody’s Ratings bajó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 el 20 de mayo de 2026 —el escalón más bajo dentro del grado de inversión—, aunque movió la perspectiva de negativa a estable. La agencia citó un debilitamiento fiscal sostenido desde 2024, gasto público rígido, ingresos insuficientes y el respaldo continuo del gobierno a Pemex, al que se destinaron cerca de 35 mil millones de dólares en 2025 y otros 14 mil millones presupuestados para 2026. Días después, el 22 de mayo, la propia Moody’s confirmó la calificación B1 —de grado especulativo— de Pemex, argumentando que el apoyo estatal seguirá siendo muy alto.

Fitch Ratings, por su parte, ratificó en abril de 2026 la nota soberana de México en BBB– con perspectiva estable, aunque advirtió que un deterioro fiscal mayor o la materialización de pasivos contingentes ligados a Pemex podrían derivar en una rebaja futura. Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ya señalaba que las transferencias del Gobierno Federal seguirán siendo determinantes para sostener la calificación de la petrolera y que la liquidez continuaría siendo un riesgo en el corto y mediano plazo.

El debate político en torno a las calificadoras

La rebaja de Moody’s generó reacciones públicas. El empresario Carlos Slim calificó la decisión de “irracional” y pidió a Pemex restablecer con urgencia su cadena de valor liquidando los adeudos con proveedores de servicios. La presidenta Sheinbaum coincidió con esa lectura, mientras defendió los indicadores de inversión y empleo del país.

Con PEMEX enfrentando pasivos de corto plazo, un fondo de apoyo ya agotado y proveedores que exigen certeza de cobro, el conflicto por los adeudos de 2024 se perfila como una prueba adicional para el nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, y para la estrategia de respaldo fiscal que el gobierno mexicano ha sostenido con la empresa desde hace varios años.

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La agenda incluyó propuestas en materia de seguridad, economía, energía y política fiscal. Sin embargo, dos medidas concentraron la atención: la privatización de la refinería Olmeca —conocida como Dos Bocas— y la creación de una megaprisión para delincuentes de alto perfil y funcionarios corruptos coludidos con el crimen organizado.

PAN apuesta por privatizar Dos Bocas : la propuesta energética más polémica

El documento distribuido entre los asistentes al evento sitúa en el centro de la propuesta energética la venta de la refinería Olmeca, instalada en Paraíso, Tabasco, con la consigna de “vender Dos Bocas para salvar a Pemex”. La medida buscaría transferir a inversionistas privados el activo más controversial del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuya construcción implicó costos que superaron con creces lo proyectado.

Los números respaldan en parte la urgencia señalada por el blanquiazul: la inversión total reconocida por Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) asciende a más de 20,959 millones de dólares, casi el triple del presupuesto original de 8,000 millones, según reportes financieros de la propia empresa. El costo reconocido por la paraestatal supera el doble de los 8,000 millones de dólares que se habían planteado originalmente, mientras que la refinería opera actualmente a una fracción de su capacidad máxima de 340,000 barriles diarios.

Privatizar Dos Bocas para “rescatar” a Pemex

Pese a ello, el panorama no es del todo negativo: en 2025, la refinería contribuyó a que el Sistema Nacional de Refinación (SNR) registrara resultados positivos. Pemex reportó una ganancia de 62,000 millones de pesos en el área de refinación, en parte impulsada por la aportación de Dos Bocas. No obstante, sin el respaldo presupuestario del gobierno federal —que aportó 395,000 millones de pesos en 2025— la empresa seguiría en una situación financiera muy comprometida, similar a la de 2024, cuando registró las mayores pérdidas en su historia.

Expertos en el sector energético como analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han advertido que el modelo de refinación estatal resulta difícilmente sostenible en las condiciones actuales. Para Óscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO, refinar se convirtió en un fin en sí mismo y no en un medio para lograr seguridad energética, por lo que advierte que una empresa que genera pérdidas sistemáticas como Pemex Transformación Industrial es completamente insostenible.

El PAN también planteó incentivos fiscales para empresas que inviertan en energías limpias, economía circular y eficiencia hídrica, así como suspender apoyos financieros a gobiernos calificados como autoritarios por la comunidad internacional.

Megaprisión al estilo Bukele y drones: la apuesta panista en seguridad

En el eje de seguridad, Romero expuso la construcción de una megaprisión diseñada para albergar a delincuentes de alta peligrosidad y a lo que el partido denomina “narcopolíticos”: funcionarios públicos con vínculos probados con el crimen organizado. La propuesta, incluida en el folleto entregado durante el evento, va acompañada de imágenes que evocan visualmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, el polémico recinto impulsado por el presidente Nayib Bukele, que ha sido señalado por organismos de derechos humanos internacionales por presuntas violaciones procesales.

El documento panista detalló que la propuesta incluye cadena perpetua para quienes cobren piso y para funcionarios que se alíen con organizaciones criminales. Además, contempla el despliegue de drones para vigilancia urbana las 24 horas, una aplicación ciudadana de denuncia con geolocalización y fotografía en tiempo real, y la revisión de las reformas en materia de seguridad e inteligencia impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el argumento de proteger la privacidad de los ciudadanos frente a lo que el partido llama un “Estado Espía”.

Reforma fiscal, austeridad y un mensaje al gobierno federal

En materia económica, las 111 soluciones panistas apuntan a una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento a nivel nacional, una disminución a la mitad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas, y la exención total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para jóvenes de hasta 29 años que estudien y trabajen simultáneamente. Se añaden créditos a tasa cero para pequeñas empresas y emprendedores, así como estímulos al primer empleo joven.

Jorge Romero aprovechó el foro para reivindicar los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox como modelos de administración técnica que el PAN busca retomar. Al tiempo, lanzó un mensaje de diálogo hacia el gobierno de la Cuarta Transformación: indicó que el partido no se concibe como adversario del ejecutivo federal, sino que identifica como verdaderos enemigos a la división social, al crimen organizado y a quienes establecen alianzas con él. Sostuvo, además, que México requiere con urgencia de una gestión más técnica y menos ideologizada.

La plataforma fue presentada por Romero como la base programática que ya aplican los gobiernos estatales panistas. En su exposición desarrolló poco más de 20 de las 111 propuestas; el resto quedaron consignadas en el folleto distribuido entre los asistentes.

El evento y la asistencia: entre gobernadoras y una notable ausencia

El acto convocó a un público integrado principalmente por vecinos y trabajadores de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, tres de las demarcaciones capitalinas históricamente más afines al voto de centro-derecha en la Ciudad de México. Al evento acudieron diputados federales, senadores, alcaldes y tres gobernadoras del partido: María Eugenia Campos, de Chihuahua; Libia Dennise García, de Guanajuato; y María Teresa Jiménez, de Aguascalientes.

La ausencia más notoria fue la del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, también militante del blanquiazul, quien no envió ninguna explicación pública sobre su falta de asistencia.

Este tercer relanzamiento se enmarca en un proceso de renovación que el PAN inició hace menos de un año y que ha generado lecturas encontradas al interior del propio partido. Figuras como Adriana Dávila, quien compitió por la dirigencia panista en 2024, han señalado que las reformas presentadas no tocan temas fundamentales para demostrar un cambio real y que, en esencia, se mantienen las mismas líneas con redacción distinta. En sentido contrario, el expresidente nacional del PAN Luis Felipe Bravo Mena ha sostenido que los resultados electorales de 2024 y las alianzas con partidos rivales obligaron a la nueva dirigencia a dar un golpe de timón hacia una reinvención que va más allá del logotipo.

Lo que sí queda claro es que el PAN apuesta por una narrativa de propuestas concretas y diferenciación programática para intentar recuperar terreno político antes de que arranque formalmente la campaña de 2027.

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El convenio llega después de que México buscara originalmente fortalecer lazos con compañías como Shell, ExxonMobil y Eni. A diferencia de esos acercamientos, el entendimiento con la petrolera brasileña tiene una vigencia inicial de apenas dos años —aunque renovable— lo cual resulta llamativo si se considera que los proyectos de exploración y producción petrolera suelen requerir horizontes de planeación mucho más largos.

Un memorándum sin compromisos vinculantes

De acuerdo con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, el elemento central para entender el verdadero peso de este acuerdo está en su carácter “no vinculante”. Esto significa que no existe ninguna obligación de inversión entre ambas partes, un patrón que, según el especialista, ya se había repetido anteriormente con otras firmas internacionales que llegaron a colaborar con Pemex sin concretar proyectos de gran escala.

Monroy explicó que experiencias similares con otras petroleras se limitaron, en la práctica, a intercambios de personal técnico y visitas de especialistas, sin que ese tipo de cooperación derivara en negocios o inversiones tangibles.

En la misma línea, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que mientras no surjan proyectos de inversión concretos, será difícil que esta nueva relación entre las dos estatales avance más allá de declaraciones de intención.

Según lo informado, la colaboración se concentraría en tres frentes: exploración y producción en aguas profundas, desarrollo de procesos industriales como petroquímica y fertilizantes, y un intercambio de experiencias regulatorias e institucionales entre ambos países.

Los obstáculos que alejan la inversión real

Los analistas señalaron que difícilmente Petrobras destinará capital de inversión a proyectos conjuntos con Pemex en el corto o mediano plazo. La razón principal radica en que el esquema contractual mexicano no resulta atractivo para una empresa que, aunque de propiedad mayoritariamente estatal, también cotiza en los mercados bursátiles y debe responder a sus accionistas.

Monroy detalló que los modelos de contratos mixtos no se ajustan a los intereses de Petrobras, ya que no garantizan rentabilidad y podrían incluso afectar negativamente el valor de sus acciones. Explicó que, en esquemas de producción compartida, la empresa brasileña tendría que competir en licitaciones públicas sin ninguna certeza de obtener los derechos sobre descubrimientos logrados con su propia tecnología.

Ocampo, por su parte, contrastó la apertura que Petrobras ha mostrado hacia la inversión privada con la postura del gobierno mexicano actual, que ha mantenido un discurso enfocado en la soberanía energética y que, hasta el momento, no muestra señales de modificar ese enfoque.

Estas afirmaciones coinciden con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien si bien reconoció que Petrobras cuenta con participación de capital privado, subrayó que se trata fundamentalmente de una empresa pública, por lo que el acuerdo debe entenderse como un entendimiento entre dos petroleras estatales.

¿Negocio o mensaje político?

Para Ocampo, la falta de claridad respecto a los contratos específicos y la ambigüedad sobre si los proyectos se desarrollarían en aguas profundas, ultraprofundas o en campos maduros, sugiere que el anuncio responde más a una lógica política que a una estrategia de negocios bien definida. El especialista del IMCO fue enfático en que, más allá del simbolismo, hay poca sustancia concreta detrás del convenio.

Monroy coincidió en que el trasfondo político es innegable, pero agregó un matiz: detrás del acercamiento existió un interés del presidente brasileño Lula da Silva por colocar etanol producido por Petrobras en el mercado mexicano a través de Pemex. No obstante, ese plan no resultó viable financieramente para la empresa mexicana, ya que habría requerido inversiones de entre 6,000 y 8,000 millones de dólares para adaptar su infraestructura, lo que terminó por diluir buena parte del impulso original de la negociación.

Optimismo a pesar de todo

En suma, los especialistas consultados sostienen que la alianza entre Pemex y Petrobras se aleja considerablemente del optimismo que rodeó los primeros anuncios. Sin proyectos concretos de inversión y con un horizonte de apenas dos años, el acuerdo parece responder más a una señal diplomática entre gobiernos aliados que a una estrategia real de fortalecimiento del sector energético mexicano.

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El anuncio: qué dijo Irán y por qué

La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió a las embarcaciones que no se acercaran al estrecho, alegando que su seguridad estaría en riesgo si lo hacían. El alto mando militar conjunto iraní describió el cierre como un “primer paso” frente a lo que calificó de incumplimientos de Estados Unidos.

Horas antes, el vocero de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, había indicado que el tránsito marítimo por el estrecho se desarrollaba con normalidad bajo supervisión de las fuerzas armadas, en aplicación del memorando firmado por el presidente Donald Trump y su par iraní, Masoud Pezeshkian. La contradicción entre ambas versiones generó confusión entre navieras y aseguradoras que monitorean la zona.

Una tregua frágil: antecedentes del cierre de Ormuz

El estrecho está en el centro de la escalada desde que la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó el 28 de febrero de 2026. Irán decretó entonces su primer cierre a buques petroleros como represalia por los ataques israelíes, lo que llevó a Washington a lanzar, a partir del 19 de marzo, una campaña aérea para forzar la reapertura del paso y, posteriormente, a imponer el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos iraníes tras el fracaso de las negociaciones de Islamabad.

El memorando del 18 de junio establecía que Irán reabriría el estrecho de forma plena a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo a sus puertos, Israel se retirara del Líbano y las fuerzas estadounidenses abandonaran la región del Golfo Pérsico. Sin embargo, en menos de 48 horas Teherán volvió a imponer restricciones, al considerar que ninguna de esas condiciones se había cumplido en su totalidad.

Estados Unidos pone en duda la versión de Teherán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo en sus canales oficiales que el tráfico comercial por el estrecho había aumentado el 20 de junio, mientras fuerzas estadounidenses continuaban operando en la zona para garantizar la libertad de navegación. El vicepresidente JD Vance señaló en una entrevista televisiva que no había evidencia de que el paso estuviera efectivamente cerrado, aunque reconoció que la presencia de minas podría seguir afectando algunas travesías.

Analistas citados por medios estadounidenses precisaron que buena parte de la información sobre el estado del estrecho proviene de agencias semioficiales iraníes vinculadas a la Guardia Revolucionaria, lo que dificulta confirmar de manera independiente el alcance real de las restricciones.

El impacto en el comercio mundial de petróleo y gas

Por el estrecho de Ormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel global, por lo que cada cierre o reapertura repercute de inmediato en los precios del crudo y en las cadenas de suministro internacionales. Desde el inicio del conflicto, miles de buques debieron desviar sus rutas hacia el cabo de Buena Esperanza o esperar semanas para obtener autorización de paso, mientras que firmas logísticas como DHL estimaron que la normalización del tránsito podría tomar entre cuatro y seis meses.

La crisis también golpeó el mercado del gas: en marzo, QatarEnergy declaró fuerza mayor en sus envíos de gas natural licuado tras ataques contra sus instalaciones de Ras Laffan, lo que retiró de un día para otro cerca de un 20% de la oferta mundial de GNL. Puertos regionales como Jebel Ali, en Dubái, reportaron además una fuerte congestión por la acumulación de buques desviados, según el análisis de Carra Globe.

Riesgos latentes

Mientras Israel mantiene sus operaciones en el sur del Líbano —que califica de acciones defensivas no contempladas en la tregua— e Irán insiste en que el estrecho permanecerá restringido hasta que se cumplan íntegramente los términos del memorando, la comunidad internacional observa con preocupación la fragilidad de un acuerdo firmado apenas días atrás. La discrepancia entre lo que reportan Teherán y Washington sobre el verdadero estado de la navegación añade una capa adicional de incertidumbre a una región que, desde febrero, no ha logrado estabilizar ni el frente militar ni el energético.

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Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán han dejado de ser un secreto a voces para convertirse en el eje de la geopolítica global en 2026. Desde febrero de este año, ambas potencias han sostenido al menos cuatro rondas formales de diálogo —en Omán, Ginebra, Pakistán y otros canales— con el objetivo de alcanzar un nuevo entendimiento sobre el programa nuclear iraní. Omán, fiel a su papel histórico como intermediario discreto, facilitó los primeros encuentros el 6 de febrero de 2026, en conversaciones calificadas por el propio canciller iraní Abbas Araghchi como “un muy buen comienzo”.

El contexto que precipitó estas negociaciones es dramático: en junio de 2025, Israel y Estados Unidos ejecutaron ataques militares coordinados contra instalaciones nucleares iraníes, lo que paradójicamente obligó a ambas partes a buscar una salida diplomática antes de que la situación escalara a una guerra abierta. Bajo esa presión, Irán aceptó condicionar su programa nuclear a cambio de alivio económico, y Washington —con el presidente Donald Trump al timón— mostró apertura a un acuerdo que evitara un conflicto mayor en la región.

En febrero, Irán y EE.UU. anunciaron haber alcanzado “un consenso sobre principios directores” para la redacción de un posible texto de acuerdo, según declaró el canciller Araghchi tras la segunda ronda en Ginebra. Sin embargo, las negociaciones en Islamabad, en abril, fracasaron tras más de 21 horas de contactos: Washington acusó a Teherán de rechazar sus condiciones, mientras Irán denunció “exigencias irrazonables” por parte estadounidense.

El uranio enriquecido: la variable que todo lo complica

El corazón del diferendo sigue siendo el programa nuclear iraní. Antes de los ataques de junio de 2025, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) había documentado que Irán poseía 440.9 kilogramos de uranio enriquecido al 60% de pureza —suficiente, si se enriquece aún más, para fabricar hasta diez armas nucleares según los propios criterios del organismo. Más preocupante aún: tras los ataques, el OIEA perdió acceso a varios sitios nucleares iraníes y ya no puede verificar de forma independiente qué ocurre con ese material.

La disputa sobre la duración de una posible moratoria al enriquecimiento refleja la brecha entre las partes: Washington exige 20 años de pausa, mientras Teherán ofrece cinco, aunque ha indicado apertura a un plazo de un solo dígito. El complejo nuclear de Isfahan, donde se almacena parte del uranio enriquecido, permanece bajo observación satelital del OIEA, que reportó “actividad vehicular regular” en sus instalaciones incluso durante las negociaciones.

Cualquier acuerdo viable requeriría que inspectores del OIEA recuperen acceso pleno y verificable a todos los sitios nucleares iraníes, una condición que Teherán ha aceptado en principio pero que los sectores más duros del régimen —especialmente los Guardianes de la Revolución— ven como una intromisión inaceptable en la soberanía nacional.

Petróleo iraní: la amenaza silenciosa para los productores emergentes

Más allá de la dimensión de seguridad, un acuerdo nuclear tendría consecuencias inmediatas y profundas en los mercados energéticos globales. Si se levantaran las sanciones, Irán podría reintroducir hasta 1.5 millones de barriles diarios adicionales de crudo en los mercados internacionales —un volumen equivalente a cerca del 1.5% de la producción mundial— lo que presionaría a la baja los precios globales del petróleo.

Para México, esta posibilidad no es abstracta: Pemex opera en un entorno de ingresos ya comprometidos por niveles históricos de deuda y caídas sostenidas en su producción. Una reducción en el precio internacional del crudo —incluso de 5 a 10 dólares por barril— impacta directamente los ingresos fiscales del país, dado que el petróleo sigue siendo una fuente relevante de divisas para el erario. Arabia Saudita e Iraq, también productores de la OPEP+, enfrentarían dilemas similares, lo que podría desencadenar una guerra de precios o ajustes de producción dentro del cártel.

El escenario energético global está, en consecuencia, estrechamente ligado al resultado de estas negociaciones: si hay acuerdo, los consumidores de gasolina y energía en todo el mundo podrían beneficiarse de precios más bajos, pero los países exportadores —incluido México— verían mermados sus ingresos.

Israel y los halcones iraníes: los saboteadores del pacto

No todos los actores de la región celebran la perspectiva de un acuerdo. Israel ha manifestado un rechazo categórico a cualquier entendimiento que no implique el desmantelamiento total de las capacidades nucleares iraníes, argumentando que Teherán representa una amenaza existencial para el Estado hebreo. El gobierno de Benjamin Netanyahu ha presionado activamente a Washington para que no repita lo que considera el error histórico del JCPOA de 2015, el acuerdo nuclear que Trump desmanteló unilateralmente en 2018.

Dentro de Irán, la oposición interna no es menor. Los Guardianes de la Revolución —el cuerpo élite que controla segmentos clave de la economía y las fuerzas armadas iraníes— perciben cualquier concesión ante la presión estadounidense como una derrota ideológica inaceptable. Esta tensión interna explica, en parte, por qué las negociaciones han avanzado y retrocedido en cuestión de semanas: el equipo negociador iraní debe equilibrar la pragmática diplomática con la línea dura del establishment revolucionario.

La historia reciente confirma la fragilidad de estos procesos. El JCPOA tardó años en construirse y se derrumbó en meses. Hoy, la pregunta que se hacen los analistas en Washington, Teherán, Tel Aviv y Ciudad de México no es solo si habrá acuerdo, sino si las instituciones de ambos países —y la voluntad política de sus líderes— tienen la resistencia necesaria para sostenerlo.

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De acuerdo con los organizadores, se espera la participación de entre 8,000 y 10,000 asistentes, incluyendo especialistas, empresas del sector energético, académicos y autoridades. Este volumen posiciona al evento como un motor clave para la economía local y el fortalecimiento del turismo de reuniones.

Trayectoria de Puebla como sede del CMP

Con la edición de 2027, Puebla acumulará tres ocasiones como anfitriona del Congreso Mexicano del Petróleo, tras haberlo organizado previamente en 2011 y 2017. Esta continuidad refleja la confianza del sector en la capacidad logística e infraestructura de la entidad.

Organizadores precisaron que Puebla cuenta con centros de convenciones modernos, conectividad estratégica y una amplia oferta hotelera, factores que han sido determinantes para su selección.

Además, la ciudad ha fortalecido su posicionamiento como destino para eventos internacionales, compitiendo con otras ciudades clave del país.

Impacto económico y proyección internacional

Autoridades y representantes del sector señalaron que la llegada del CMP 2027 generará una importante derrama económica para Puebla. Hoteles, restaurantes, transporte y servicios turísticos serán algunos de los sectores más beneficiados.

Asimismo, indicaron que este tipo de eventos permite atraer inversiones y posicionar a las ciudades sede como nodos estratégicos dentro de la industria energética. Según datos de la Secretaría de Turismo, el turismo de negocios representa una parte significativa de los ingresos del sector en México.

El subsecretario de Promoción Turística, José Miguel Vélez Espinoza, señaló que el CMP 2027 fortalecerá el posicionamiento de Puebla como sede de eventos de talla nacional e internacional, impulsará la actividad turística, generará derrama económica y proyectará la infraestructura, conectividad y capacidad organizativa del estado ante sectores productivos.

El papel del CMP en la industria energética

El Congreso Mexicano del Petróleo es considerado el principal foro técnico del sector en el país. Reúne a expertos que presentan avances tecnológicos, estudios de investigación y soluciones para los retos actuales de la industria.

Organizaciones como la Society of Petroleum Engineers han participado activamente en el evento, contribuyendo a elevar el nivel técnico y la proyección internacional del congreso.

En un contexto de transición energética global, el CMP también ha comenzado a incluir temas relacionados con energías limpias, eficiencia y sostenibilidad, ampliando su alcance más allá del petróleo tradicional.

Puebla se consolida como hub de desarrollo

La designación de Puebla como sede del CMP 2027 confirma su crecimiento como centro de desarrollo económico y logístico. Autoridades locales señalaron que este tipo de eventos fortalece la competitividad regional y genera oportunidades para distintos sectores.

Finalmente, el regreso del Congreso Mexicano del Petróleo a Puebla después de una década refuerza su papel como referente nacional en infraestructura, turismo de negocios e impulso a la inversión.

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El robo de combustible dejó de ser un asunto de policías y ministerio público. Con la Stop Fueling Cartel Violence Act, dos senadores estadounidenses lo colocaron en la lista de amenazas contra su país. La propuesta la impulsaron John Cornyn, republicano por Texas y Jacky Rosen, demócrata por Nevada, quienes exigen al Departamento de Defensa un informe con recomendaciones concretas para desmantelar las redes de huachicol y contrabando de hidrocarburos que operan desde México hacia Estados Unidos.

El proyecto traza tres ejes: evaluar los mecanismos de respuesta actuales, fortalecer capacidades militares e institucionales, y abrir canales de intercambio de información con agencias civiles estadounidenses. El objetivo es debilitar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales transnacionales que usan el robo de crudo como uno de sus ingresos sostenidos.

Por qué el huachicol llegó al Capitolio

Durante años, el robo de combustible se leyó como un delito patrimonial: un problema de Pemex, la Guardia Nacional y los gobiernos estatales. Esa lectura se rompió cuando el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otras estructuras lo integraron a economías criminales más amplias. El mismo grupo que traficaba fentanilo también movía crudo robado y gasolina de contrabando hacia el norte.

En 2025, el gobierno de Estados Unidos sancionó a una red vinculada a esa organización por tráfico de drogas y robo de combustible, y documentó pérdidas de decenas de millones de dólares al erario mexicano. Ese expediente es el antecedente directo de esta propuesta legislativa: no surgió de la nada, sino de investigaciones transnacionales activas desde hace años.

El peso político de un acuerdo entre partidos

Senado EU convierte huachicol en seguridad nacional: qué implica para México

Que republicanos y demócratas firmen juntos una propuesta no es menor en el Capitolio polarizado de 2026. El respaldo bipartidista le da tracción en comités y señala que el tema rebasó la disputa entre partidos. Aun así, la Stop Fueling Cartel Violence Act todavía debe superar comités del Senado, el pleno de esa cámara y después la Cámara de Representantes antes de llegar al escritorio del presidente Donald Trump.

Cornyn habló de “sensibilizar” sobre la amenaza y de fortalecer la seguridad económica, energética y nacional de Estados Unidos. Rosen fue más directa: quiere frenar la capacidad de los cárteles para lucrar con combustible y crudo robados.

Para México, el debate en Washington puede traducirse en mayores exigencias de cooperación, inteligencia compartida y controles aduaneros más estrechos. Por ahora es una señal del Capitolio, no una medida ejecutiva vigente.

Del mercado negro a la amenaza transnacional

Reportes de 2025 y 2026 documentan que agencias estadounidenses rastrearon redes transnacionales de robo de combustible vinculadas al Cártel de Sinaloa y grupos aliados. El patrón es consistente: el huachicol cubre nóminas criminales, lava dinero y financia operaciones que van del tráfico de personas a la extorsión industrial.

El Senado EU convierte huachicol en seguridad nacional como parte de una presión acumulada sobre las finanzas del crimen transnacional. La pregunta sin respuesta: si la ley avanza, ¿qué le pedirá Washington a México a cambio?

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