La propuesta de reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador se mantuvo en sus términos, casi “sin moverle una coma”, en el proyecto dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Energía, cuya votación se prevé el próximo 11 de abril.

El documento de 252 páginas analizó las 138 ponencias expuestas en 100 horas de Parlamento Abierto, pero mantuvo en lo esencial la propuesta del presidente: que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) genere el 54% de la energía eléctrica que requiera el país y reducir la participación del sector privado hasta 46%.

El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la CFE, que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado, pero se propone la cancelación de los permisos de generación eléctrica y los contratos de compraventa de electricidad acordadas con empresas, así como las solicitudes pendientes de resolución.

No se reconocerán permisos de autoabastecimiento “otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica” o que hayan sobrepuesto condiciones y se plantea cancelar los certificados de energías limpias, tal como fue propuesto por el Ejecutivo Federal.

Las centrales de los productores independientes de energía para “autoabastecimiento auténtico” que operen conforme a la Ley referida, y las centrales adjudicatarias de las subastas de largo plazo se mantendrán, se plantea en el proyecto de dictamen, circulado el 4 de abril.

Tras difundirlo, el líder de la mayoría de diputados federales de Morena, Ignacio Mier Velasco, llamó a la oposición a enriquecer con propuestas el dictamen.

El diputado del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval, apeló a la experiencia de gobierno que tienen Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) para incorporar propuestas.

Y el líder de los legisladores del Partido Verde (PVEM), Carlos Puente, advirtió que contrario a lo que se dice, no es cierto eso que van “sin moverle una coma” como ha pedido el presidente, ni es “ni albazo ni madruguete, desde octubre está esta discusión”.

Los tres partidos que respaldan la llamada “cuarta transformación” legislativa suman 47 de 85 diputados de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía, que son las que dictaminarán la reforma eléctrica, por lo que su aprobación es un hecho.

En cambio los diputados de la coalición opositora Va por México, que integran PRI, PAN y PRD suman 34 diputados en ambas comisiones, y eventualmente alcanzarían 38, considerando 4 de Movimiento Ciudadano, por lo que sus votos no alcanzarían para detener la reforma en comisiones.

Empero para las reformas constitucionales se requiere mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, y la mayoría morenista reúne sólo 277 diputados, por lo que no alcanzaría por si solo los 334 votos necesarios, y le faltan 57 legisladores.

SE RESPETARON PUNTOS ESENCIALES

El documento sí propone modificaciones a la iniciativa presidencial, pero ninguna de fondo, por lo que se mantuvo “sin moverle una coma, de manera retórica, (lo) que significa que se respeten los puntos esenciales de la iniciativa”, reconoció el presidente de la Comisión de Puntos y diputado de Morena, Juan Ramiro Robledo.

Estos cambios son el reconocimiento del sector social, es decir, organizaciones intermedias: municipios, cooperativas, sindicatos, organizaciones de campesinos o indígenas para acceder a contratos de generación distribuida, es decir, participar en la generación y cogeneración de energía eléctrica para auto abastecimiento, no para revender.

El segundo cambio fue incorporar como un derecho humano el acceso a la energía eléctrica, lo que requiere una adición al artículo 4º de la Constitución, como lo planteó en los foros de Parlamento Abierto la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y lo propuso la diputada con licencia del PRI, Carolina Viggiano.

Además se estableció el plazo de 180 días a partir de su entrada en vigor para que el Congreso realice las adecuaciones necesarias al marco jurídico.

El presidente de la Comisión de Energía, Manuel Rodríguez González, de Morena, dijo que tras la dictaminación, el dictamen estará listo “para presentarlo al pleno enseguida y que se proceda su discusión final y votación”.

Mier Velasco, en tanto, cuestionado sobre cuánto podría moverse la postura de su mayoría, explicó que ahora “con los puntos y comas, queda claro cuál es la inversión que se reconoce y respeta a la que se da categoría de legalidad en empresas privadas nacionales y extranjeras”, y eso deberá quedarse firme.

Pero el objetivo de Morena no variará: “lo fundamental es que el Estado asuma el control del sistema eléctrico del país, que la transición energética sea responsabilidad del Estado, que se cancelen los contratos y permisos pero que se reconozca la inversión a los privados.

Se trata de que “se reacomode alrededor del Estado la conducción de la política de energía eléctrica. Ésa es la espina dorsal” que no deberá ser modificada, indicó Juan Ramiro Robledo.