Opinión
Ética, sector energético y desarrollo
Nos guste o no, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, con los pros y contras que esto pueda implicar
Por Eduardo Olivares Pérez, Ph.D.
En 2018 y 2019 realicé con un par de amigos una travesía latinoamericana en motocicleta desde Villahermosa, Tabasco México hasta Ushuaia, Tierra del Fuego, en el extremo sur de nuestro continente. En ese largo y prolongado periplo fui más como investigador que como turista. Pude constatar que nuestros países tienen valiosos recursos naturales —energéticos, minerales, océanos, biodiversidad— y humanos. Un precedente histórico destacable en lo cultural, arquitectónico, matemático, astronómico, agrícola, por mencionar algunos aspectos. Sin embargo, padecen de flagelos sorprendentemente comunes. Pobreza, corrupción, contaminación, delincuencia, desigualdad, migración, burocracia.
Si bien es cierto que la calidad y la innovación son factores claves para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad en una nación, estos aspectos, aunque necesarios, no son suficientes para alcanzar el éxito en la construcción de un mejor futuro, a menos que se incorpore un profundo sentido de responsabilidad y ética entre todas las partes interesadas que conforman un país. Los gobiernos, que son manifestaciones de regímenes políticos, son los que marcan la pauta a las condiciones de operación de un país en sus diferentes sectores. Un gobierno puede propiciar las condiciones de respeto mutuo con ética, propio de regímenes democráticos, o bien imponerse mediante la fuerza, como en el caso de los regímenes totalitarios.
Nos guste o no, vivimos en un mundo cada vez más globalizado, con los pros y contras que esto pueda implicar. En medio de un ambiente tan complejo en lo externo e interno, la ética juega un papel protagónico en el desarrollo de las naciones. ¿Por qué es necesaria la ética en la sociedad y en el gobierno? Porque nos puede señalar qué valores y virtudes debemos cultivar para sobrevivir, y eventualmente ser el marco para desarrollarnos. Virtudes, entre otras, como la Racionalidad, que significa poner el pensamiento por encima de los impulsos emocionales; la Honestidad, que es el deseo de ver la verdad sea cual fuere; la Integridad, que es actuar consistentemente de acuerdo a lo que uno sabe que es correcto; Productividad, que es actuar tan eficazmente como sea posible para alcanzar las metas.
Un principio ético básico es que cada actor o protagonista, sea individuo u organización, es o debe ser responsable de sus propios actos y decisiones, a la par de que ningún individuo debe ejercer el uso de la fuerza contra otro de manera ilegítima. Lo deseable es que las relaciones entre individuos, sean estas económicas, políticas o de otro tipo, deben estar basadas en la buena voluntad. El papel principal del gobierno es proteger, en el sentido amplio, la vida, la libertad y la propiedad de los ciudadanos, encargándose de hacer prevalecer un estado de derecho y combatir la impunidad. La caída, pacífica o violenta, de muchos regímenes políticos, inclusive la de los grandes imperios del pasado, se ha debido principalmente por la corrupción que imperaba en ellos y que a la postre los destruyó, a la par de reglamentaciones arbitrarias y contradictorias que favorecían la corrupción.
Los servidores públicos corruptos, sean del poder ejecutivo, legislativo, judicial, o de cualquiera de los niveles u organismos gubernamentales, toman esos puestos como negocios privados. Están interesados en la influencia con fines egoístas, que les permite determinar el destino económico de recursos y personas. También en el prestigio: ser amigo de, o tener relaciones con, lo cual les da acceso a privilegios y favores. Lo mismo que en el apoyo político, empleado para mantener una posición o procurar acceder a otras. En todo ello el fin principal es sacar provecho y beneficio propio. La corrupción institucional hace que todo el quehacer, incluyendo el de los negocios, se enfoque a la compra de favores y no a la creación de valor para la sociedad en su conjunto.
Un desafortunado ejemplo fue la reforma energética de 2013 promovida por el ex presidente Enrique Peña Nieto. Se planteó como un esquema que redundaría en numerosos beneficios para la población y para México. No fue así. El cabildeo con los partidos políticos y las cámaras legislativas para su aprobación no fue con argumentos sino con sobornos provenientes de corrupción con transnacionales. Los artículos, leyes y reglamentos fueron redactados y promulgados para favorecer a unos cuantos particulares —oligarquía—, dejando de lado el bien común. Obviamente a cambio de dinero de manera ilícita. Ahora mismo se está procurando recomponer el sector energético mexicano en cuanto a su rectoría y regulación por parte del Estado, para garantizar que prevalezca el interés público sobre el puramente mercantil. Existe optimismo de que esta iniciativa de ley se aprobará en tiempo y forma.
Hay tres medidas cruciales para combatir la corrupción que tiene que ver con la gestión gubernamental y que han sido implementadas con éxito en varios países de primer mundo. La primera es transparentar, eliminar o simplificar las reglamentaciones y regulaciones, muchas de ellas burocráticas y arbitrarias, cuya finalidad principal es obligar a los individuos a procurar evitarlas mediante sobornos, creándose un círculo perverso donde el dinero fluye en medio de acciones ilegítimas en perjuicio de otros, generalmente de la mayoría. La segunda es la eficaz fiscalización y evaluación de la conducta, desempeño y resultados de la gestión de funcionarios, políticos y gobiernos, acompañada de acciones punitivas, sanciones a quienes se involucren en actos de corrupción —incluyendo por supuesto a particulares y sector privado inmiscuidos—. La tercera, quizás la más importante, es el construir un marco ético nacional con base en los objetivos que se quieran alcanzar, promoviendo valores compartidos como la verdad, la compasión, la responsabilidad, la libertad, el respeto por la vida, la justicia y equidad, aplicando estos valores en todas las áreas del quehacer humano, sean actividades productivas, gubernamentales, sociales o de cualquier índole. Es deseable también que gobiernos, empresas, familias, y todo tipo de organizaciones tengan y observen un código de ética que les señale con claridad el bien actuar. Son importantes los resultados, pero también la conducta. La forma a veces es fondo. Los códigos de valores establecen ciertos principios de ética, comportamiento y hasta de pensamiento.
La corrupción es quizás el más grande flagelo del llamado Tercer Mundo. Si vemos el contexto mundial, encontramos que las regiones pobres usualmente salen evaluadas como muy corruptas. La pobreza y el hambre no son una causa, casi siempre son una consecuencia. Por eso básicamente fracasan la mayoría de los programas que los combaten. La pobreza en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo no se supera con medidas paliativas, sino identificando y atendiendo las verdaderas causas que la generan. En el caso de México en particular, los estados menos desarrollados según el INEGI, el sur-sureste, aparecen entre los más corruptos del país en los reportes de Transparencia Mexicana.
La corrupción corroe a los gobiernos, castiga a los pobres, distorsiona las políticas públicas, asigna equivocadamente los recursos, daña al sector productivo, y da lugar a una larga cadena de perjuicios. Aunque no se puede cambiar de inmediato el entorno ético de una sociedad, sí pueden las organizaciones públicas y privadas emprender acciones, iniciativas, acuerdos, que coadyuven a la promoción e implantación de un espíritu de ética y responsabilidad, que permita el desarrollo de cada nación y sociedad, lo que permitirá que los ciudadanos tengan mejores condiciones de vida.
Nuestra gente, nuestros países, tienen enormes recursos y potencial. Suficiente y hasta de sobra para crecer, desarrollarse, lograr mejores condiciones y estadios en lo personal y en lo colectivo. Apremian acciones efectivas para concertar dentro de un marco ético talentos, esfuerzos y voluntades para hacer prosperar a nuestras naciones. Descubrí que uno de los principales problemas de Latinoamérica, después de haberla recorrido a ras de suelo, es la falta de liderazgo genuino; visionario, ético y competente. Visionario: que sea capaz de concebir y mostrar un futuro mejor e inspire a otros a hacerlo realidad a pesar de los obstáculos. Ético: que se rija bajo principios y valores; honestidad, responsabilidad, transparencia, justicia. Competente: que sea apto, idóneo, con las cualidades, conocimiento y carácter suficientes para dar resultados. Si el liderazgo carece de alguno de estos tres aspectos, lamentablemente no funcionará.
Prácticamente todos los sectores que conforman una nación y sociedad, incluido el energético, precisan de la ética para normar y encauzar un sano y eficaz desarrollo en beneficio de todos. Necesitamos como países y como personas ser más éticos, para ser menos corruptos y más prósperos.
Opinión
Ejemplo de soberanía: Legado en Materia Energética

Manuel Rodríguez González
www.manuelrodriguez.mx
México es el único país que tuvo la capacidad de contener el alza de los precios de las energías durante la mayor crisis energética de toda la historia
Uno de los mayores legados en materia energética del recién concluido gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es haber colocado a México como ejemplo de soberanía y seguridad energética, al ser el único país que tuvo la capacidad de contener el alza de los precios de las energías, durante la mayor crisis energética de toda la historia.
Esta crisis detonada en 2020 por la paralización de las cadenas de suministro y el confinamiento de la humanidad, como consecuencia de la pandemia del Covid-19; pulverizó la demanda al pasar de los 100 millones de barriles diarios hasta los 25 millones; el 20 de abril de ese año, fue el día más negro de la historia del petróleo, al cotizarse en números negativos.
La recuperación de los precios fue igual de vertiginosa, en 2022 con la guerra de Ucrania la crisis se recrudeció con un matiz alcista; las consecuencias se vivieron principalmente en la Comunidad Europea por el recorte del suministro del gas ruso.
Ante este entorno global lleno de incertidumbre por los conflictos bélico de Europa del Este y Medio Oriente, la lección es contundente: la mano invisible del mercado no tiene la capacidad y mucho menos la responsabilidad de suministrar y atender las necesidades energéticas ante situaciones de crisis.
Esto quedo constatado por el caso de España, donde en 2020 la cotización promedio de la electricidad fue de 34 euros por megavatio-hora (MWh), en agosto de 2022 alcanzó sus máximos históricos registrando precios por arriba de los 500 euros; y en Alemania, en ese mismo mes, se registraron precios que llegaron a oscilar entre los 840 y 1000 euros por MWh, condenando a muchas familias a vivir en la obscuridad y quiebra de su economía.
La Agencia Internacional de la Energía en su Reporte de Eficiencia Energética 2022, al respecto, señalo que “Los altos precios de los combustibles fósiles están provocando una crisis del costo de vida, empeoramiento de la pobreza energética y la salud pública”, y puso a México como un ejemplo de soberanía y seguridad energética, al ser el único país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en contener el alza de los precios de energía en 2022; mientras que los Países Bajos, tuvieron un aumento del 100% con respecto al año previo, Inglaterra 59%, Unión Europea 39% y Estados Unidos 18%, mientras que México garantizo el suministro de energía y combustible con precios por debajo de la inflación.
La Comisión de Energía durante la LXV Legislatura, que tuve el honor de presidir, respaldo y coadyuvo con esta política energética, que, al otorgar el servicio de energía como un Derecho Humano, antepuso el interés púbico sobre el privado.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ha asumido el mismo compromiso de que: “No van a regresar los gasolinazos, no habrá aumento a las tarifas eléctricas, ni a los precios del gas doméstico, por encima de la inflación”.
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La energía y en particular la electricidad, es insumo vital del cual depende el crecimiento en lo económico, social y en la calidad de vida de la población
Eduardo Olivares Pérez, Ph.D. Consultor.
El 10 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de decreto que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada con las áreas y empresas estratégicas, conocida como la reforma energética 2024. Los senadores avalaron con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, la reforma para dejar de considerar empresas productivas del Estado a Pemex y a la CFE. Esta reforma constitucional, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador revierte parcialmente la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto que abrió el sector a la inversión privada y puso a Pemex y CFE a competir con los particulares. Los principales cambios constitucionales son: En el Artículo 25 se señala que las empresas productivas del Estado volverán a ser empresas públicas del gobierno.
En el Artículo 27 se establece que no se otorgarán concesiones para la explotación del litio y se establece que, en la industria eléctrica, los particulares no podrán tener prioridad sobre las empresas públicas. Asimismo, el Estado deberá garantizar el acceso continuo a la electricidad a precios bajos. Se elimina la posibilidad de que el Estado firme contratos con particulares para la transmisión y distribución de energía.
En el Artículo 28 se estipula que las funciones exclusivas del Estado, como la explotación del litio, el servicio de internet estatal y las actividades de las empresas públicas, no se considerarán monopolios. Además, el sistema eléctrico nacional deberá garantizar la autosuficiencia energética y suministrar electricidad al menor costo posible predominantemente sin fines de lucro, priorizando la seguridad y soberanía del país. Los servicios ferroviarios de pasajeros y carga se incluyen como áreas clave para el desarrollo nacional, y se introduce la figura de asignaciones para la comunicación satelital y el transporte ferroviario.
En cuanto al régimen transitorio el segundo artículo transitorio establece un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para ajustar las leyes secundarias a las nuevas disposiciones constitucionales. El tercer artículo transitorio deroga las disposiciones de la reforma energética de 2013 que contradigan este nuevo decreto. En cuanto se tenga constancia que al menos 17 legislaturas la hayan aprobado, será publicada en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
¿Esta reforma energética favorece a México? Aunque aún es temprano para afirmar o negar categóricamente esto, lo deseable es que sea positiva para el país. ¿Cuándo sabremos el impacto y repercusiones? Cuando se emitan las leyes secundarias. Esto es; se publiquen las leyes y reglamentos correspondientes que definirán el alcance, estructura y operatividad del sector. En otras entregas he referido que la expansión de la infraestructura energética del país requiere de ingentes cantidades de dinero. El Estado por sí solo difícilmente podría hacer frente a tan colosal reto técnico y financiero. Se espera que se respete, e incluso se fomente, la participación del sector privado para mantener un esquema mixto Estado-Privados en el sector energético mexicano con la debida certidumbre jurídica a dichas inversiones.
El incremento de la dependencia energética y los conflictos de carácter geoestratégico ligados a productos energéticos han intensificado la necesidad de reconstruir los modelos energéticos actuales. En ocasión pasada la presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, realizó una declaración que sorprendió a propios y extraños: “Los precios de la electricidad que se disparan ahora están exponiendo las limitaciones de nuestro diseño de mercado actual. Fue desarrollado para diferentes circunstancias. Por eso ahora estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico.”
¿Por qué se está considerando actualmente la intervención gubernamental en los sectores energéticos en países del primer mundo? Porque los modelos de libre mercado en el sector energético, especialmente en situaciones de crisis, han demostrado ser imperfectos. De la disponibilidad de energía depende el desarrollo económico y social y la calidad de vida de la población de toda nación. Por esta razón la energía, la independencia energética, la seguridad energética, es un asunto de seguridad nacional. Los gobiernos necesitan asegurarse que en lo energético el mercado no lleve al sector y a la población a extremos fuera de toda proporción en precios y disponibilidad poniendo en riesgo el desarrollo, la estabilidad y la calidad de vida. Bajo esta premisa en el contexto y coyunturas que prevalecen en la actualidad varios gobiernos están apurados en reconstruir sus sectores y mercados eléctricos. Todo lo anterior se traduce en la necesidad de realizar reformas energéticas. El mundo no puede, no debe, arriesgarse a que los mercados controlen unilateralmente los precios y disponibilidad a libre arbitrio, en especial bajo esquemas de especulación o coyunturas –crisis reales o provocadas– con la finalidad de maximizar las ganancias. Lo que están urgidos por hacer Alemania, Reino Unido, Francia, entre otros en medio de las crisis, lo está intentando el gobierno mexicano con esta reforma.
La necesidad de electricidad seguirá en aumento. El tema de combustibles fósiles se complica cada vez más. Las energías renovables con la tecnología disponible en la actualidad no pueden resolver completamente el suministro de energía requerido ni la descarbonización del sector en condiciones técnico-económicas viables. Es imperioso incentivar la innovación, preferentemente disruptiva, que permita generar, gestionar y consumir la energía de manera más eficiente, limpia y económica.
Si el sector eléctrico vuelve a estar bajo la rectoría del Estado vía la CFE, no se va a acabar el mundo, no se vendrá el caos en el suministro de energía ni toda la generación será con combustóleo o carbón como lo han anunciado algunos agoreros. Por el contrario, la CFE al ser fragmentada con la reforma de 2013 se trastocó su cadena de valor y en consecuencia se vieron vulneradas sus capacidades y eficiencia operativa y administrativa. Al unificar y fortalecer a la CFE se espera retome su papel protagónico en el sector eléctrico nacional en beneficio de la población. Para esto se requiere de buen juicio, sensatez, objetividad, en la redacción de las leyes y reglamentos que han de ser promulgados. En el caso de Pemex, por su naturaleza y contexto, se percibe más complicada esta tarea.
Es tiempo de dejar el dogma, el encono, la confrontación virulenta y estéril de uno y otro lado. Que el bien común, el interés nacional, esté por encima de intereses particulares o de grupo. La energía y en particular la electricidad, es insumo vital del cual depende el crecimiento en lo económico, social y en la calidad de vida de la población. Apremia lograr consensos y sinergia entre los actores directos e indirectos del sector: gobierno, iniciativa privada, organismos autónomos, academia, sociedad, para conducir a nuestros países y mundo hacia una condición energética más segura, eficiente y sustentable. De ello depende en buena medida nuestro futuro.
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Las reformas a la política energética no son un simple hecho de cambios en papel, al otorgar a las empresas del estado un poder en su conjunto
Ramses Pech
Grupo Caravia – Grupo Pech Arquitectos
Las reformas a la política energética no son un simple hecho de cambios en papel, al otorgar a las empresas del estado un poder en su conjunto, y el colocar en el discurso, el poder de alcanzar la soberanía, independencia y autosuficiencia.
¿Cuál fue el objetivo? Dado que las empresas estatales carecen de su propia tecnología, y dependen de otros para poder integrarse en el mercado energético, y de esta forma ser México, independiente del mundo. ¿Podrá lograr? Los cambios en la reforma por el poder legislativo, dejó en claro dos cosas:
1. No tiene idea de la transición energética.
2. Auto-chamaquearon a México, ante sus socios comerciales del TMEC.
Se deriva de las siguientes observaciones que deben ser consideradas en el corto a mediano plazo por aquellos individuos que llevan a cabo la política pública de este país en el transcurso del sexenio y el próximo, ante los cambios constitucionales efectuados.
a) Transición energética. La eliminación que la nación era responsable de su realización; y que esta utilice las energías primarias de manera adecuada, para tener un mejor aprovechamiento, fueron enviados estos conceptos al bote de la basura. ¿Quién es el encargado de realizar esto?; y si en el dado caso es asignado a una secretaria, o empresa estatal, esto quiere indicar que no darán presupuesto para realizarlo.
b) Los legisladores en su totalidad, sin excepción solo hablaron de transición energética, referenciada a la forma de generar la electricidad con combustibles fósiles o energías renovables (incluidas las limpias), pero ninguno, cuando pasaron al púlpito para expresar su posicionamiento, no hablaron de la forma del dejar en manera paulatina, la utilización de combustibles fósiles. Entre los que se encuentran el gas natural, el cual es utilizado para generar más del 60 % de la electricidad en nuestro, país. El carbón utilizado para tomar su poder calorífico en algunas industrias, y en un 4 % para generar electricidad del total. Finalmente, el petróleo crudo y sus derivados; tales como las gasolinas, diésel, turbosina, gas licuado de petróleo, coque, combustóleo, entre los más utilizados en la cotidianidad de las actividades de la sociedad, y que son los que más gases de efecto invernadero producen, y que provienen principalmente del transporte que tiene que quemar para mover motores.
c) No, hay un plan de largo plazo de transición energética constitucional, y de políticas públicas reales del cómo debemos de llegar en el futuro. México necesita tecnología de otros países y que solo podemos obtenerla de tratados comerciales que tenemos con ciertos países.
d) Es absurdo considerar, y utilizar como discurso en el poder legislativo, que podemos dejar el uso de la gasolina y el utilizar carro eléctrico, si no existen las condiciones actuales. Sin considerar los híbridos, y los cuales tienen escape, y producen combustión, al seguir usando gasolina para su movilidad. Tengamos en cuenta que en México existen aproximadamente más de 38 millones de automóviles, y de los cuales del tipo eléctrico existen no más de 45 mil que circulan en la actualidad. Para poder llegar a tener carros eléctricos con las políticas actuales sexenales, y donde cada vez que llega una nueva administración, cambia el sector energético, estaremos teniendo carros en nuestro país circulando en plenitud del tipo eléctrico hasta él sigo XXII, y dejaremos de usar a los combustibles fósiles casi a finales de este siglo.
e) Las empresas PEMEX, y CFE; al pasar de nuevo a ser estatales, el cambio causa incertidumbre, por dejar de estar bajo la ley mercantil. Ahora tendrán toda la infraestructura del gobierno, para hacer frente ante cualquier desavenencia con una persona física o moral, que haya realizado algún contrato o transacción comercial. Eso beneficia a la empresa, debido a qué hora tiene el respaldo directo del gobierno, y no como antes que dependía de la SHCP, en cuánto podría ser ayudado.
f) Los legisladores han auto-chamaqueado a México debido a la implementación de los cambios correspondientes al sector energético, previo a la ejecución de la evaluación del TMEC en el año 2026. ¿Cuál era la prisa de hacer estos cambios? En realidad, existe una estrategia alineada entre lo político y el ámbito económico.
g) El TMEC fue firmado bajo políticas públicas que existían en su momento, en 2020; y que fueron el detonante en medida para su firma. La cual contenía normatividades, regulaciones, y leyes, que podían mantener una armonía con las inversiones privadas. Dado que México es el exportador principal a los Estados Unidos, y este socio comercial, es el que más invierte en nuestro país. Se debe tener en cuenta lo siguiente ante las modificaciones realizadas y pretendidas:
1. Revisará el Capítulo de Monopólico de empresas del estado, y cuyo objetivo, ver que no afecten a los inversionistas en los diferentes mercados. También es importante señalar que la CFE tiene el control de más del 75 % de la electricidad generada, y no debe confundirse, con el 54 %, que se refiere a la capacidad instalada. El mercado de generación de electricidad no se centra en cuántas plantas instaladas, si no en cuánto produce, y en cuanto a tu eficiencia operativa para despachar en el mercado. Recordemos que el único que puede vender la electricidad a usuarios domésticos es la CFE. PEMEX carece de competencia en la extracción y producción de crudo o gas natural. Este mercado no es el dónde los privados compiten, sino más bien en la venta o distribución de combustibles, donde la empresa estatal más del 75% de sus ingresos se deriva de esta actividad.
2. La integración de los órganos reguladores en la SENER podría generar un conflicto de interés y generar desavenencias en el acuerdo. Por ejemplo, podemos tomar a la comisión reguladora de energía, cuyo objetivo es brindar permisos para el mercado eléctrico y de hidrocarburos. La secretaria ostenta una silla en el consejo de CFE y PEMEX, y que al tener información del mercado, podría sugerir a la CRE, no dar el permiso a una empresa que pudiera hacer competencia a PEMEX.
3. Habrá ciertos cambios de forma, y ejecución, ante los cambios. Al no ser las mismas condiciones y términos firmados en 2020. Las negociaciones serán ríspidas, y veremos quién cede, y qué tipo condicionantes surgirán de esto. Cambios hechos antes de tiempo. Tengamos en cuenta que gane Donald Trump o Kamala Harris, cuando las cuestiones económicas y estrategias han sido afectadas, ambos partidos se unen y enfrentan a aquellos que afectan sus intereses al país. México ofrece terrenos, mano de obra barata y cercanía a este país para ensamblar su tecnología.
h) El mayor impacto se suscitará en forma indirecta en la población. Dado que ahora PEMEX y CFE deben incrementar en mayor medida el presupuesto. Debido a que regresaremos a la forma de contratación como era hasta antes de la reforma energética; ambas empresas estarán en desventajas ante el posible incremento de precios unitarios, al tener un mayor costo de financiamiento, y ligado a una prima de riesgo en el dinero, ante los tiempos en los pagos a proveedores, y descuentos solicitados. Además de una posible mayor incorporación de corrupción dentro de ambas empresas.
i) Al dar un mayor presupuesto algunos programas sociales, deberán ser reducidos o simplemente, habrá un mayor déficit y que el resultado es directamente proporcional para incremento de la deuda. En México, nuestro poder legislativo y ejecutivo carecen de una política pública a largo plazo, debido a que todo el ser humano que llega a administrar el país, se encuentra en la tentación de dejar su relevancia, y la cual, es olvidada al día siguiente de abandonar el cargo.
El presupuesto del 2025, ¿confirmará nuestro analfabetismo energético?, el dado caso que el gasto programado esté destinado en un 70 % de desarrollo social, y esto dejaría, al económico lacerado, a donde se encuentra el gasto programado de la energía, y por ende no habrá transición energética con cimientos genuinos de la nación.
Los sabios esparcen ciencia; más no así el corazón de los necios.
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