Energía
Acusan firmas de Estados Unidos que México frena inversiones energéticas
Se han detenido proyectos de infraestructura de almacenamiento y en otros sectores por el retraso de las autoridades en la expedición de permisos, afirman
Michael J. Sommers, presidente de la única organización con carácter nacional estadounidense en materia energética, que aglutina a la industria del gas natural y combustibles petrolíferos en el vecino del norte, el American Petroleum Institute (API) aseguró la irregularidad e inconsistencia en la entrega de permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) a inversionistas del vecino del norte, así como la falta de atención del gobierno, han derivado en actos discriminatorios que a su vez violarían los compromisos del nuevo tratado de libre comercio, el United States Mexico Canada Agreement (T-MEC, por sus siglas en español), que el país signó con Canadá y el vecino del norte.
En la misiva enviada el 11 de junio a instancias como los departamentos de Estado, Comercio y Energía estadounidenses, así como al Embajador Robert E. Ligththizer, Sommers denunció que las nuevas acciones en materia regulatoria son inconsistentes y constituyen actos de ilegalidad.
“Los inversionistas estadounidenses se enfrentan a dificultades cada vez mayores para obtener permisos para una variedad de actividades, incluidas estaciones nuevas o renombradas, instalaciones de almacenamiento de terceros, combustibles importados, terminales de líquidos y terminales de gas natural licuado”, expone el titular de la API.
Explicó también que las acciones de la actual administración energética contradicen el pacto de la nación México con el tratamiento no discriminatorio en el capítulo de empresas estatales y monopolios establecido en el 2018 entre México, Estados Unidos y Canadá.

En su denuncia incluye un apartado denominado “Ejemplos de discriminación contra las empresas miembro de API en México”, con casos puntuales de empresas estadounidenses que han tenido afectaciones por retrasos en el otorgamiento de permisos.
Por ejemplo, las empresas que realizan la comercialización minorista de gasolina y diesel en México enfrentan dificultades cada vez mayores para obtener la aprobación de permisos para estaciones minoristas de combustible nuevas o de nueva marca, ya que la CRE retrasa los procesos administrativos para permisos para transferir la propiedad legal que, según la regulación, se debe otorgar dentro de los 90 días. Asimismo, la CRE solicita información adicional para emitir los permisos, misma que no está establecida en la normativa, hasta el punto de negar dichos permisos a las empresas después de varios retrasos, según la denuncia.
En el mismo mercado de petrolíferos, el presidente de la API señaló que la Procuraduría Federal del Consumidor ha procedido con el cierre de bombas de estaciones de servicio a firmas estadounidenses por infracciones menores o inexistentes.
Las empresas estadounidenses que han adquirido participación en el mercado mexicano de petrolíferos son principalmente Exxon Mobil y Chevron, ambas, mediante su red de estaciones de servicio con marcas propias principalmente en el norte del país y entidades fronterizas, donde proyectaban alcanzar una participación de 10% de los mercados locales.
En el caso de Exxon Mobil, su comercialización se ha basado en el centro del país y el Bajío, ya que cuenta con su propia red ferroviaria que arrienda a Kansas City Southern para surtir con el combustible de sus refinerías en Texas a tres terminales de transvase que ha instalado en esta región del país.
En tanto, Chevron pertenece al conjunto de empresas que han firmado contratos de arrendamiento para el largo plazo en infraestructura de almacenamiento que se encuentra en construcción. Las empresas que realizarán estas actividades son también en su mayoría estadounidenses, entre las que destaca la filial de Sempra Energy, IEnova, que hasta el 2018 había anunciado proyectos simultáneos en al menos cinco ubicaciones distintas desde el Pacifico hasta el Golfo y norte del país, donde operará terminales de almacenamiento de gasolinas.
Finalmente, la refinadora más grande del vecino del norte Marathon Petroleum, se ha asentado en el norte del país, donde la empresa con que se fusionó recientemente, Tesoro, es la única que logró arrendar capacidad en los ductos de Pemex durante las temporadas abiertas de la pasada administración.

Energía
SENER desmiente cancelaciones de proyectos eléctricos

SENER desmiente cancelaciones de proyectos eléctricos y aclara que los trabajos de expansión y modernización de la red nacional avanzan conforme a lo establecido en la planeación oficial del sector.
Aclaración sobre la nota de Reforma
La Secretaría de Energía (SENER) desmintió la información publicada por diversos medios bajo el título “Detienen 22 de 26 proyectos eléctricos”, al asegurar que los proyectos de infraestructura de la Red Nacional de Transmisión continúan en curso. La dependencia, junto con la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), afirmó que los avances tienen el respaldo en el Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico (PLADESE), a causa del instrumento vinculante de planeación del Sistema Eléctrico Nacional.
SENER desmiente cancelaciones de proyectos eléctricos en curso
Respecto a los 26 proyectos mencionados, la dependencia precisó como se muestra a continuación que:
- 4 proyectos están actualmente en construcción,
- 3 iniciarán su proceso de concurso este mes,
- 13 están en etapa de autorización por el Consejo de Administración de la CFE,
- y 6 se encuentran en análisis técnico para definir los puntos críticos de congestión en la red.
Planeación técnica y criterios de inversión
Como muestra, la SENER subrayó que todas las decisiones en materia de transmisión se basan en criterios técnicos y en los estudios del CENACE. Asientan que la demanda y la capacidad de la red se encuentra bajo constante análisis, de manera que se determinan así las mejores inversiones que garanticen la eficiencia, confiabilidad, continuidad y seguridad del suministro eléctrico nacional.
Coordinación y política energética nacional
Porque como autoridad rectora del sector, la SENER conduce y coordina la política energética de México en materia eléctrica, conforme al Plan Nacional de Desarrollo. A causa de ello, sus atribuciones está la formulación de programas estratégicos para la expansión del sistema eléctrico, impulsando la inversión y la competencia donde sea factible, bajo criterios de sustentabilidad.
Parte de esta planeación se sustenta en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (PRODESEN). Este documento define la expansión de la infraestructura en los próximos 15 años.
El futuro del sector eléctrico mexicano
El PLADESE se actualiza anualmente con proyecciones a 15 años y concentra tres programas complementarios. Éstos serían: Programa Vinculante para la Instalación y Retiro de Centrales Eléctricas (PVIRCE), el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión (PAMRNT) y el Programa de Ampliación y Modernización de las Redes Generales de Distribución (PAMRGD). Juntos, conforman la hoja de ruta que guiará la expansión eléctrica hacia un modelo más robusto, sostenible y competitivo.
Pero con esta aclaración, la SENER reafirma que no existen cancelaciones de proyectos eléctricos. Hay una continuidad planificada conforme a los instrumentos de planeación técnica del sector.
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Energía
México lejos de las metas de generación limpia

Durante 2024, México generó apenas 23.4 % de su electricidad a partir de fuentes limpias, según datos de la Secretaría de Energía (SENER). La cifra —que muestra incluso un retroceso frente al 25.7 % alcanzado en 2021— confirma que se encuentra México lejos de las metas de generación limpia establecidas en su marco legal.
El avance mínimo en la incorporación de energías limpias no es casualidad. A la falta de inversión y la lentitud de nuevos proyectos se suman los cambios regulatorios y la priorización de combustibles fósiles en la política energética nacional. Mientras tanto, las metas de reducción de emisiones marcadas por la Ley de Transición Energética siguen sin cumplirse, empujando al país a una zona de riesgo frente a sus compromisos internacionales.
México lejos de las metas de generación limpia: causas del estancamiento
De acuerdo con el PRODESEN 2024–2038, la generación limpia representó 24.3 % del total nacional en 2023, muy por debajo de la meta del 35 % fijada para 2024.
El documento detalla que la energía eólica aportó 5.9 %, la solar 5.1 %, y el resto provino de fuentes hidroeléctricas, nucleares y geotérmicas. Sin embargo, el gas natural sigue dominando con cerca del 62 % de la generación eléctrica, consolidando a México como el segundo mayor importador de gas estadounidense.
La fotografía energética del país es clara: una cuarta parte limpia, tres quintas partes fósiles y una brecha creciente hacia el 45 % prometido para 2030.
El costo del rezago
El estancamiento en el desarrollo de energías limpias no solo compromete las metas climáticas; también implica una pérdida económica tangible. Según el análisis de Ember Energy (2025), si México lograra elevar su generación limpia al 45 % para 2030, podría ahorrar hasta 1,600 millones de dólares anuales en importaciones de gas y fortalecer su seguridad energética.
El informe detalla una ruta técnica posible:
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Instalar 36 gigawatts adicionales de capacidad fotovoltaica,
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Incorporar 30 GWh de almacenamiento en baterías,
-
Y reducir en 20 % el uso de gas natural para generación eléctrica.
No se trata solo de un ajuste ambiental, sino de una decisión de soberanía económica.
Metas y compromisos del nuevo sexenio
El Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025–2039, impulsado por la administración de Claudia Sheinbaum, busca revertir la tendencia. El objetivo es alcanzar 38 % de energía limpia al cierre del sexenio, con la construcción de hasta 6,000 megawatts de nueva capacidad renovable.
La estrategia combina inversión pública y privada, además de incentivos para proyectos solares y eólicos en regiones de alto potencial. Sin embargo, la clave estará en la certidumbre regulatoria: sin ella, los proyectos podrían quedar nuevamente en pausa.
La presidenta ha reiterado que la Transición Energética será “una política de Estado”, pero los resultados dependerán de la ejecución técnica y del diálogo con el sector privado.
Transición justa y políticas de incentivo
Ember Energy plantea que México puede reducir 20 % de sus emisiones del sector eléctrico y disminuir el gasto en importaciones si impulsa una transición justa: políticas que premien la generación limpia, penalicen las emisiones y reconviertan empleos del sector fósil hacia las nuevas industrias verdes.
Además, expertos señalan que la transición no es solo tecnológica, sino también social. La apertura de parques solares o eólicos requiere diálogo con comunidades locales, esquemas de beneficio compartido y transparencia en la gestión de recursos.
Una década decisiva
México está lejos de las metas de generación limpia, pero no fuera de tiempo. Con 24.3 % de generación limpia frente a 62 % basada en gas, el país tiene apenas cinco años para cambiar de rumbo.
El desafío es monumental: pasar del discurso a la infraestructura, de los planes a la ejecución. Pero también es una oportunidad histórica para redefinir el modelo energético nacional hacia uno más independiente, eficiente y justo.
El verdadero obstáculo no es tecnológico, sino político. Alcanzar el 45 % de energía limpia para 2030 sigue siendo posible, siempre que exista la voluntad de hacerlo realidad.
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Energía
Pemex planearía fracking para 8 campos

La AMCF apunta a que Pemex planearía fracking para 8 campos no es un rumor aislado, sino la lectura puntual de los proyectos que resurgen bajo nuevos nombres y con viejos riesgos, en vísperas del debate presupuestal.
Pemex planearía fracking para 8 campos
La Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) reportó que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluye al menos ocho programas vinculados a extracción en yacimientos no convencionales, lo que, en los hechos, implica fractura hidráulica; de ahí que se considere que Pemex planearía fracking para 8 campos. En documentos y comunicados recientes, el término operativo es “yacimientos de geología compleja”, pero la metodología descrita y el destino de recursos remiten a la misma técnica cuestionada por sus impactos en agua, aire y salud.
Claves presupuestales
Según el análisis citado por AMCF, los programas asociados a infraestructura económica de hidrocarburos (clave K025) sumarían 245 mil 269 millones de pesos, mientras que el gasto programable propuesto para Pemex en 2026 asciende a 517 mil 362.1 millones, sin desglose específico por proyecto, un vacío que impide saber cuánto recibiría cada iniciativa. La ausencia de detalle llevó a la organización a hablar de “retroceso significativo en transparencia” en el sector hidrocarburos y a pedir claridad antes de que el Congreso cierre filas sobre el paquete económico.
Opacidad y riesgos en disputa
La crítica no se limita a números: AMCF subraya riesgos documentados de la fractura hidráulica en acuíferos y salud pública, desde contaminantes como metales pesados y sustancias radioactivas hasta efectos crónicos respiratorios, neurológicos y reproductivos, incluso a distancia de los pozos. En paralelo, cuestiona la narrativa de considerar al gas “combustible de transición” frente a metas climáticas, cuando las propias asignaciones revelan continuidad de extracción intensiva con impactos acumulados.
Actores y responsabilidades
En su posicionamiento, la Alianza Mexicana Contra el Fracking (AMCF) exige romper ambigüedades semánticas y hacer público el detalle por programa, mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece como el eje operativo de asignaciones sin desglose que reavivan el debate sobre la técnica y la rendición de cuentas. La tensión se mueve entre el plan operativo de la empresa, la responsabilidad fiduciaria del presupuesto y el derecho a saber de comunidades y usuarios de información pública.
Técnica y eufemismos
En una definición de consenso, fracking refiere a inyectar fluidos a alta presión en formaciones de baja permeabilidad para liberar hidrocarburos como gas o petróleo, práctica que no desaparece si se rebautiza como “estimulación” o “geología compleja”. Por ello, organizaciones piden que los documentos oficiales llamen a las cosas por su nombre y sometan cualquier piloto o escala industrial a evaluación ambiental y a transparencia proactiva.
Marco de implementación
El debate legislativo sobre el paquete económico debería despejar, al menos, tres dudas: qué proyectos específicos sostienen los montos, qué métricas ambientales y sociales los condicionan y qué calendario de reportes garantizará seguimiento público. En el centro late la misma pregunta de fondo: si el país transitará a eficiencia y reducción de consumo, o si normalizará, otra vez, una técnica de alto impacto tras un cambio de etiqueta.
El tema en las cámaras
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, la discusión en comisiones y en el pleno será el punto de quiebre para transparentar las partidas vinculadas a yacimientos no convencionales y su eventual ejecución en campo. La claridad —o su ausencia— marcará el tono de la relación entre política energética, compromisos climáticos y confianza pública durante el ciclo fiscal de 2026.
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