Política energética, Cuba y Guaymas en la mira de Sheinbaum

En el puerto de Guaymas, Sonora, la escena parecía rutinaria: un anuncio de obra, cifras de inversión y promesas de empleo. Pero Política energética, Cuba y Guaymas en la mira de Sheinbaum se juntaron en el mismo mensaje cuando la presidenta ligó el proyecto gasífero del noroeste con la decisión de enviar ayuda humanitaria a la isla en plena presión desde Washington. Desde el templete, no sólo habló de ductos y barcos; también colocó a México como país que intenta sostener a La Habana mientras sortea las medidas del gobierno de Donald Trump y sus aranceles al suministro de crudo.

El anuncio de que “esta semana” saldrá un cargamento de víveres y otros insumos hacia Cuba, a través de la Secretaría de Marina (SEMAR), deja ver un movimiento calculado: mantener la mano tendida al pueblo cubano, pero mover el foco del combustible hacia la asistencia en especie. En esa misma línea, la presidenta amarró su mensaje a una tradición diplomática mexicana que presume independencia frente a Estados Unidos, aun cuando el costo político y económico pueda sentirse en casa.

Guaymas como nodo energético estratégico

Guaymas ya no se presenta sólo como puerto pesquero e industrial, sino como centro de un proyecto de gas natural que conecta a Sonora con el mercado global. La presidenta Sheinbaum habló de una inversión privada de alrededor de 130 mil millones de pesos para un gasoducto desde Hermosillo y una planta de licuefacción, orientada a exportar gas hacia Asia y a surtir al sur del país por vía marítima. La operación convertiría al puerto en una pieza que concentra gas que llega desde Texas, lo procesa y lo reparte, con impacto directo en tarifas, seguridad de suministro y planeación de infraestructura.

En esa apuesta, Política energética, Cuba y Guaymas en la mira de Sheinbaum se cruzan de nuevo: mientras defiende la soberanía en el trato con La Habana, la mandataria quiere mostrar que México no depende sólo de refinerías y petróleo crudo, sino que también carga una agenda de gas, puertos y rutas comerciales que se mueven a escala continental. El mensaje implícito es que un país con puertos fuertes y gas asegurado aguanta mejor las sacudidas externas.

Cuba, Trump y la presión desde Washington

El otro eje del discurso se ubica a miles de kilómetros, en la Casa Blanca. La orden de Donald Trump que castiga con aranceles a quienes surtan petróleo a Cuba empuja a México a una zona incómoda: si mantiene los envíos, se expone a sanciones; si los frena, debilita a un aliado histórico. Claudia Sheinbaum insiste en que nunca anunció la suspensión del crudo y que los contratos de Pemex siguen un cauce propio, pero al mismo tiempo empuja la ayuda humanitaria al frente del escenario.

Mientras Trump presume que “pidió” detener el flujo de petróleo y que su solicitud fue atendida, la presidencia mexicana niega que ese tema haya entrado a la llamada que sostuvieron. En medio de esa versión cruzada, aparecen reportes de cargamentos no realizados y dudas sobre hasta dónde llega la autonomía de las decisiones energéticas mexicanas. Lo que se juega no sólo es una ruta de suministro, sino la imagen de un gobierno que quiere mostrarse firme frente a Washington sin romper con su vecino más cercano.

Un equilibrio frágil entre energía y solidaridad

Al usar Guaymas como telón de fondo, la presidenta Sheinbaum intenta tejer dos hilos que pesan: un puerto que aspira a competir en el mapa energético global y una Cuba que resiente cada barco que se retrasa. México no renuncia a su papel de aliado, pero tampoco deja de mirar los riesgos que cargan las sanciones y las disputas con Estados Unidos. El equilibrio se sostiene, por ahora, con barcos de ayuda humanitaria, contratos que se revisan uno a uno y discursos que cambian de tono según el público.

En los próximos meses, los movimientos de barcos, los anuncios sobre nuevos proyectos de gas y las reacciones de Washington mostrarán si esta estrategia aguanta la presión o se raja por algún lado.

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Cox apuesta fuerte por México sostenible y se planta en el centro del mapa energético privado con un plan que mezcla electricidad, agua y nuevos servicios para la industria que no quiere frenar por falta de energía. Esto en un momento en que el país vive el choque entre una demanda eléctrica que crece a toda velocidad y redes que no siempre alcanzan para sostenerla.

Cox apuesta fuerte por México sostenible: de desarrollador solar a utility

Cox Energy América, nació como desarrollador de energía solar con proyectos en México, Chile, Colombia, Panamá y el Caribe, enfocada en contratos de largo plazo con clientes industriales y comerciales. Con el tiempo, el grupo dejó de pensar solo en megawatts instalados y se movió hacia un modelo de utility integrada: generación, suministro, soluciones de infraestructura sostenible y gestión del agua en el mismo portafolio. La compra de activos, la entrada a nuevos negocios y una estructura corporativa más pesada respondieron a esa decisión.

La compra de Iberdrola México cambia el tablero

El giro definitivo llegó cuando Cox decidió comprar el 100% de los activos de Iberdrola México, un paquete de 15 plantas y 2.6 gigawatts que incluye ciclos combinados, cogeneración y parques eólicos y solares. La operación, cercana a los 4,200 millones de dólares, incorpora también a la mayor suministradora privada de electricidad del país, con cerca de una cuarta parte del mercado de usuarios calificados y ventas por arriba de 20 teravatios-hora al año. Para Cox, esa base de clientes industriales y comerciales se vuelve un piso firme desde el cual ofrecer contratos de largo plazo, soluciones a la medida e incluso servicios de eficiencia y respaldo.

En el centro de esta jugada aparece la figura de Enrique Riquelme, presidente de la compañía, quien en entrevistas recientes ha dejado claro que México será el principal mercado del grupo en los próximos 15 años. El mensaje es claro: la apuesta no se agota en la compra de Iberdrola ni en una sola ronda de inversión, sino en una presencia de largo aliento en un sistema eléctrico que todavía arrastra cuellos de botella en transmisión y reservas de capacidad.

Un plan de inversiones que mezcla energía y agua

Sobre la plataforma heredada de Iberdrola, Cox lanzó un plan de inversión de 5,500 millones de euros entre 2026 y 2028, de los que 2,600 millones se quedarán en México. El portafolio anunciado combina 1.7 GW solares, 250 megawatts eólicos, 500 MW de gas, 6.3 gigawatt-hora de baterías y 350 millones de euros para reforzar infraestructura de transmisión en zonas industriales. El objetivo es claro: reducir el riesgo de apagones para grandes usuarios, bajar costos con contratos de largo plazo y abrir espacio a tecnologías de almacenamiento que permitan aprovechar mejor la generación renovable.

En paralelo, Cox afina una estrategia global de 6,400 millones de dólares hasta 2028 para proyectos de agua y energías renovables, donde México vuelve a ocupar un lugar central. Desalinización, tratamiento y distribución de agua se suman al negocio eléctrico como una pieza más en la seguridad hídrica de regiones con estrés creciente. Ahí se cruzan las necesidades de la industria, los límites físicos de las cuencas y la presión social sobre el uso del recurso.

La alianza con Finsolar y el salto a la generación distribuida

La apuesta no se queda en grandes centrales. A finales de 2025, la climate tech mexicana Finsolar anunció una alianza con Cox para detonar hasta 450 MW equivalentes en proyectos solares y sistemas de almacenamiento para clientes comerciales e industriales. El acuerdo contempla 250 millones de dólares y una cartera que combina alrededor de 30 proyectos de gran escala con hasta 400 plantas pequeñas de generación distribuida bajo contratos PPA y modelos de “energy as a service”. El mapa de destino incluye el sur–sureste, el occidente, el Bajío y los corredores industriales del norte, donde la combinación de crecimiento económico y saturación de la red ya se siente en la operación diaria de muchas plantas.

En ese terreno, conceptos como energía solar detrás del medidor, almacenamiento en sitio y contratos diseñados para aplanar picos de consumo dejan de ser términos técnicos y se vuelven decisiones de sobrevivencia para empresas que no pueden detener líneas de producción cada vez que la red se tensa.

Un gigante privado en la transición mexicana

Desde su discurso corporativo, Cox presenta este conjunto de movimientos como una estrategia “100% sostenible” que junta acceso a energía limpia, gestión eficiente del agua y trabajo con comunidades locales. En la práctica, la expansión del grupo abre una pregunta incómoda para el ecosistema mexicano: cómo se acomodarán reguladores, CFE y grandes usuarios frente a un jugador privado que quiere ocupar un espacio decisivo en la transición energética del país. En esa tensión entre inversión, control estatal y urgencia climática se juega buena parte de lo que vendrá para la matriz eléctrica mexicana.

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Lo energético merma crecimiento del país advierte Fitch Ratings, la alerta que cruza oficinas de gobierno, juntas de gobierno empresarial y salas de guerra. Detrás de la advertencia late una economía que intenta avanzar mientras carga con un modelo energético que no termina de asentarse y que con cada día que pasa sin acercarse a los objetivos propuestos se vuelve más caro.

Un país que camina con el freno de mano puesto

Lo energético merma crecimiento del país advierte Fitch Ratings cada vez que revisa la calificación de México y se topa con el mismo muro: un sector petrolero y eléctrico que exige recursos constantes del presupuesto, pero que no obtiene el impulso que se espera. Petróleos Mexicanos (Pemex) aparece en el centro de esa tensión, con deuda alta, proyectos costosos y una producción que ya no cubre con holgura las expectativas fiscales de hace una década. Cada peso que Hacienda destina a sostener a la empresa del Estado mexicano es un peso menos para infraestructura, innovación y políticas industriales que podrían disparar nuevas ramas productivas. La situación se vuelve peor al considerar que Pemex se supone es el motor del país, el encargado de poner los recursos para todo ello.

CFE, respaldada por el Estado, pero a qué costo

En el lado eléctrico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se mantiene como columna vertebral del sistema, con respaldo irrestricto del gobierno y calificaciones que incorporan la idea de que el Estado no la dejará caer. Ese soporte, sin embargo, no es gratis. Requiere transferencias periódicas, garantías y decisiones de inversión que muchas veces siguen criterios políticos. La expansión de la red, la modernización de plantas y la entrada de más renovables compiten con la necesidad de mantener tarifas contenidas para hogares y empresas, un equilibrio que suele resolverse con más presión sobre las finanzas públicas.

Regulación concentrada y señales confusas para los inversores

El diseño institucional actual refuerza el papel del Estado como árbitro y jugador al mismo tiempo. La Secretaría de Energía (SENER) concentra facultades que antes estaban repartidas entre órganos reguladores con mayor autonomía, lo que envía señales contradictorias a los inversionistas privados. Autorizaciones que tardan, cambios de criterio sobre contratos y ajustes en reglas del mercado eléctrico hacen que las empresas duden en comprometer capital a 20 o 30 años. El resultado es una inversión privada que llega a cuentagotas, sobre todo en proyectos renovables y de infraestructura de transmisión.

Efecto dominó en empleo, industria y nearshoring

Cuando la energía se vuelve un factor incierto, la industria resiente el golpe. Costos eléctricos menos competitivos, dudas sobre la estabilidad del suministro y cuellos de botella en gas y líneas de transmisión pesan en las decisiones de plantas manufactureras que miran a México como posible destino de nearshoring. Algunos proyectos llegan, otros se quedan a medio camino o migran a lugares donde la combinación de tarifas, regulación y seguridad del suministro luce más clara. Lo energético merma crecimiento del país advierte Fitch Ratings también por esa vía: fábricas que no se instalan, empleos que no se crean y cadenas de valor que toman otros rumbos.

Un modelo que requiere ajustes según Fitch Ratings

La apuesta por un modelo eminentemente estatal en petróleo y electricidad responde a una idea clara de soberanía y control. Pero ese diseño choca con la necesidad de capital fresco, tecnología y velocidad de ejecución que suele aportar la inversión privada. El presupuesto intenta cubrirlo todo: rescatar a la petrolera, sostener a la empresa eléctrica, extender redes, subsidiar tarifas y, al mismo tiempo, cumplir metas de déficit acotado. En esa tensión se diluye el margen para que la energía sea un motor de desarrollo y no un peso que arrastra al resto de la economía. El reto no es menor: desmontar inercias sin provocar un apagón financiero ni energético.

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