Insiste el Instituto Mexicano para la Competitividad, IMCO: inversiones mixtas clave con reglas claras, sólo podrán consolidarse si existen normas transparentes y equitativas dentro del mercado eléctrico. El centro de estudios advierte que la planeación energética nacional atraviesa una etapa decisiva donde se requiere coordinación pública y privada. Energía y Ecología te trae los detalles.

El mensaje es firme: IMCO: Inversiones mixtas clave con reglas claras se convierte en la base de cualquier estrategia de modernización del sector. Con un marco regulatorio definido, los proyectos de generación eléctrica podrán articularse entre actores estatales y privados.

La expectativa del Sistema Eléctrico mexicano

Los inversionistas se mantienen atentos al cierre del proceso regulatorio derivado de la reforma energética aprobada durante la anterior administración. De acuerdo con el IMCO, las disposiciones finales que implemente la Comisión Nacional de Energía (CNE) determinarán los márgenes de participación privada dentro del sistema eléctrico del país.

Estas reglas, señala el organismo, deben garantizar condiciones certeras que fortalezcan la seguridad jurídica y eviten distorsiones de mercado. La claridad será esencial para que las inversiones mixtas se integren en la planeación de proyectos y en los esquemas de financiamiento público de largo plazo.

Transparencia y competitividad bajo un nuevo modelo

El IMCO ha enfatizado que la confianza del sector privado depende de la transparencia en los procesos operativos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Los contratos y mecanismos de financiamiento requieren visibilidad total, especialmente en proyectos donde los recursos estatales y privados se entrelazan.

En este sentido, IMCO: Inversiones mixtas clave con reglas claras cobra una nueva relevancia: sus reglas no sólo estructuran la inversión, sino que redefinen la colaboración energética nacional. La competitividad del sistema deberá medirse no sólo en términos de costo, sino también por la calidad de las sinergias entre socios públicos y privados.

Energías limpias y metas regulatorias al 2030

El anteproyecto del Programa Sectorial de Energía 2025–2030 (Prosener) perfila un escenario donde el 96% de las inversiones privadas se dirijan a tecnologías renovables, especialmente solar y eólica. El documento establece que México buscará elevar la participación de energías limpias al 38% del total nacional, aunque en 2024 alcanzó apenas 24.32%.

Para el IMCO, la alineación de estos objetivos con las nuevas reglas del sistema eléctrico será determinante. El reto implica equilibrar los esfuerzos del Estado —que conservará más del 54% de la generación eléctrica— con los proyectos privados destinados a expandir la capacidad instalada y garantizar suministro eficiente.

Hacia un modelo energético competitivo y sostenible

El nuevo esquema quiere dejar atrás la visión que concentraba el control total en la empresa estatal. Con la incorporación de productores independientes, modelos de autoabasto y contratos de largo plazo, México podría agregar hasta 9.550 MegaWatts mediante una inversión privada superior a 9.000 millones de dólares hacia 2030.

La administración actual apuesta por un equilibrio entre desarrollo industrial, energías limpias y soberanía energética. Sin embargo, el IMCO advierte que el verdadero paso hacia la competitividad será mantener abiertas las puertas a las inversiones mixtas bajo reglas claras, transparentes y sostenibles.

A partir de este miércoles, todas las unidades que transporten combustibles en México deberán portar un Código QR en unidades de transporte de hidrocarburos, de acuerdo con la nueva disposición de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Energía y Ecología MX te trae los detalles.

La medida tiene como objetivo garantizar la trazabilidad del producto, reducir los riesgos de fraude y combatir el comercio ilegal que ha afectado al sector energético en los últimos años.

Identificación digital para mayor control

El código QR funciona como una credencial digital que identifica el vehículo y el tipo de combustible transportado. Cada unidad contará con un código único que permitirá a las autoridades verificar, en tiempo real, el origen, destino y legalidad del producto.

Con este mecanismo, se busca fortalecer la supervisión y prevenir el transporte ilícito de hidrocarburos a lo largo del país.

Expedición y plazos de cumplimiento

La CNE es la única entidad autorizada para emitir los códigos QR. Los transportistas deberán solicitarlos a través de la Oficialía de Partes Electrónica y, una vez recibidos, tendrán 20 días hábiles para colocarlos en los tanques y puertas de las unidades.

El incumplimiento de la disposición puede generar sanciones administrativas para las empresas con permisos, y denuncias ante la Fiscalía General de la República para quienes operen sin autorización.

Medidas de seguridad y prevención de fraudes

Especialistas en derecho energético recomiendan que los transportistas contraten proveedores certificados para la impresión de los códigos y firmen acuerdos de confidencialidad. Esto busca evitar que los archivos sean copiados o reutilizados con fines ilícitos.

Cada Código QR en unidades de transporte de hidrocarburos tiene características específicas:

• Color verde oscuro para gasolina, diésel y combustóleo.

• Guinda para gas LP.

• Dorado para petroquímicos.

Las calcomanías deben ser reflectantes, resistentes a químicos, lavados a presión y contar con un sistema antiviolable que impida su reutilización. Su vida útil mínima será de cinco años.

Instalación y ubicación del código

Las normas establecen que los códigos deben colocarse en los laterales izquierdo y derecho de cada unidad, sin cubrir señales de tránsito ni etiquetas de seguridad industrial o protección civil.

De esta forma, las autoridades podrán verificar la información sin obstrucciones y asegurar la visibilidad total del registro en carretera.

Sistema de verificación y transparencia

El código QR incluye datos del titular del permiso y del producto transportado. Esta información se integra al Sistema de Registro, Administración y Control a Permisionarias (SIRACP), una plataforma digital de la CNE que permite rastrear las operaciones y detectar irregularidades de forma inmediata.

La medida busca reforzar la transparencia, la legalidad y la seguridad en la cadena logística del transporte de hidrocarburos, ofreciendo un mayor control a las autoridades y certidumbre al sector.

Cumplimiento y responsabilidad empresarial

Con la entrada en vigor de la nueva regulación, las empresas y transportistas deberán actuar con rapidez para cumplir con la instalación del código antes del plazo límite.

El objetivo, según especialistas, es mantener la continuidad de las operaciones, evitar sanciones y contribuir a un sistema más seguro y regulado para el transporte de combustibles en México.

Treinta agentes aduanales concentraban el control del contrabando de hidrocarburos en México, una cifra que ilustra la magnitud de las prácticas ilícitas que, por años, erosionaron los ingresos públicos y distorsionaron el mercado energético. Energía y Ecología te trae los detalles.

De acuerdo con Tonatiuh Márquez, director general de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), más de 326 personas están vinculadas a proceso penal por delitos relacionados con contrabando energético. De ellas, 78 ya fueron sentenciadas. Existen además 818 carpetas de investigación con detenido y 6 mil 889 sin detenido. En total, 310 casos han sido judicializados ante jueces de control.

Durante la actual administración, la ANAM canceló más de 45 patentes de agentes aduanales implicados en operaciones irregulares, dentro de un universo activo de 805. Es decir, el 3.7% de los despachantes concentraba la totalidad del contrabando detectado.

Huachicol fiscal controlado por red de aduaneros documentado en puertos clave

Los operativos realizados en Pantaco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas expusieron esquemas de evasión fiscal y simulación de operaciones. Márquez detalló que algunos agentes “modularon hasta 800 operaciones en una hora”, evidencia del uso de sistemas automatizados y de la falta de control real sobre la mercancía.

También se detectaron oficinas que operaban simultáneamente desde la Ciudad de México y diferentes puertos marítimos, con adscripciones múltiples consideradas ilegales. Más del 80% de los contenedores revisados pagaban menos de 50 mil pesos en impuestos, montos irrisorios frente al valor real de los productos importados.

De los 800 agentes analizados, 550 manejaban operaciones clasificadas como rojas o vulnerables, es decir, de alto riesgo fiscal. La dinámica revela que las sanciones actuales no disuaden la práctica del contrabando. “Para ellos es más rentable pagar la multa que dejar de contrabandear”, advirtió Márquez.

Reformas urgentes a la Ley Aduanera

El funcionario solicitó al Senado respaldar la iniciativa de reformas a la Ley Aduanera impulsada por el Ejecutivo Federal. El objetivo: dotar a la ANAM de mayores facultades de trazabilidad e investigación fiscal, especialmente en sectores energéticos estratégicos.

“No se trata de perseguir al gremio aduanal, sino de sancionar a quienes han convertido el contrabando en un negocio recurrente y un obstáculo para la competencia legal”, remarcó Márquez.

La intención del Gobierno federal es reconstruir la confianza en los procesos aduanales y garantizar un comercio exterior ético y transparente. La corrupción y el contrabando de combustibles, sostuvo, le cuestan al país miles de millones y debilitan su seguridad energética.

Red internacional: conexión México–Estados Unidos

Una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) reveló un entramado que involucra al menos 555 empresas y ocho puertos estratégicos —Altamira, Veracruz, Ensenada, Lázaro Cárdenas, Guaymas, La Paz, Cancún y Mazatlán— donde el huachicol fiscal se transformó en red criminal.

En estos puntos, empresas fachada y documentos falsos permitían que el combustible cruzara los controles sin obstáculos. Los expedientes judiciales describen cómo los cárteles infiltraron la cadena logística mediante cómplices dentro de dependencias públicas y privadas.

El fenómeno no se limita a México. Informes de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) alertaron sobre operaciones transnacionales de contrabando energético. El petróleo robado se transportaba desde zonas de Pemex hacia Tamaulipas, donde se hacía pasar por aceite residual antes de cruzar a Texas.

En territorio estadounidense, el líquido se descargaba en patios clandestinos y se vendía como crudo legítimo. Para blanquear los recursos, empresas fronterizas generaban facturas y transferencias a compañías fachada mexicanas. Cada embarque podía generar hasta cinco millones de dólares.

Hacia un control efectivo

Expertos sostienen que el huachicol fiscal controlado por red de aduaneros representa una amenaza estructural para la economía y la soberanía energética del país. Los casos documentados exhiben la urgencia de fortalecer la coordinación interinstitucional y cerrar los resquicios legales que aún permiten la impunidad.

El desafío del Estado no está solo en la vigilancia, sino en la reconstrucción de la confianza social y comercial. Mientras las aduanas sigan siendo una frontera débil, los combustibles ilegales seguirán alimentando redes económicas paralelas y drenando la capacidad recaudatoria de la nación.