Energía
Polémica por incentivos a autos eléctricos
La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, consideró como un regalo de navidad adelantado el posible rechazo en el Senado de Estados Unidos a la Ley de Gasto del presidente Joe Biden, el cual incluye incentivos a la compra de autos eléctricos en aquel país.
Dicha propuesta, ha generado protestas tanto del gobierno de México como el de Canadá por vulnerar acuerdos del Tratado Comercial entre las tres naciones en el apartado de reglas de origen del sector automotriz.
La iniciativa contiene una propuesta para otorgar un monto de crédito fiscal, que puede llegar hasta los 12,500 dólares, para vehículos eléctricos ensamblados en Estados Unidos, adicionalmente, 500 dólares más para las baterías realizadas en ese mismo país, y establece que a partir de 2027, solo los vehículos eléctricos fabricados en dicho país podrán ser elegibles para acceder a cualquiera de los montos del crédito fiscal.
Tatiana Clouthier destacó que gracias al cabildeo que ha realizado México con diversos congresistas estadounidenses se han prendido las alertas sobre los riesgos de brindar incentivos económicos en este sector.
ESTE AÑO SE DECIDIRÁ
La iniciativa “Build Back Better” del presidente estadounidense Joe Biden no fue votada en el Congreso estadounidense durante diciembre, lo que le dio más tiempo a México de cabildear contra la propuesta de incentivos fiscales para autos eléctricos hechos en el vecino del norte.
Por su parte, el senador por el estado de Virginia Occidental, el demócrata de Joe Manchin, dijo que votará en contra del paquete de gasto social de 1,75 billones de dólares que defiende el presidente, Joe Biden, lo que dificulta enormemente su aprobación y hunde las opciones de que salga adelante, por lo menos en su redactado actual.
El plan de Biden, que ya fue aprobado por la Cámara de Representantes en una ajustada votación en noviembre, representa una histórica ampliación del gasto público (ha llegado a ser comparado con el “New Deal” del expresidente Franklin Delano Roosevelt en los años 30), especialmente en los campos de la salud, la pobreza infantil y la lucha contra el cambio climático.
Iniciativa “Build Back Better”
Plantea ofrecer hasta 12,500 dólares en créditos fiscales a autos eléctricos en EEUU, que se dividen en:
– 4,000 dólares de crédito fiscal otorgado actualmente
– 3,500 dólares para vehículos con una batería de al menos 40 kWh (que sube a 50 kWH a partir de 2027)
– 4,500 dólares si el ensamble se da en instalaciones de Estados Unidos que operen bajo un contrato colectivo de trabajo sindicalizado.
– 500 dólares si los componentes del vehículo tienen al menos 50% de contenido estadounidense y las celdas de la batería fueron fabricadas en Estados Unidos.
– También establece que, a partir de 2027, solo los vehículos eléctricos fabricados en Estados Unidos serán elegibles para acceder a cualquiera de los créditos.
– La propuesta es discriminatoria, atenta contra la competitividad y recuperación de América del Norte y terminaría por desarticular una de las principales cadenas de suministro de la región.
– La iniciativa no fue votada en el Congreso estadounidense durante diciembre. Se hará este año.
AMLO amaga con recurso legal contra subsidio
El presidente Andrés Manuel López Obrador amagó con presentar un recurso legal en caso de que prospere la iniciativa del gobierno de Estados Unidos para otorgar subsidios para la compra de autos eléctricos ensamblados en ese país.
En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, López Obrador aceptó que este plan estadunidense afectaría la industria automotriz mexicana; sin embargo, confió en que por la buena relación que existe con Estados Unidos se pueda llegar a un acuerdo.
“No me gusta hablar de acciones arancelarias de parte nuestra, hay mecanismos legales a los que vamos a acudir en el caso que se llevara a cabo esta medida y lo cierto es que hay muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y podemos llegar a un acuerdo para que no se perjudique a México. Sí es un tema que preocupa a empresarios de la industria automotriz de México”, subrayó.
Aseguró que México ya está realizando trámites para que no se aplique este subsidio y “no se descarta la posibilidad de presentar un recurso” tal como lo establece el tratado comercial de América del Norte.
Incluso, mencionó que se tienen coincidencias con Canadá para frenar la iniciativa del gobierno de Joe Biden.
“Para que se atienda esta demanda en un panel internacional. Lo mismo está haciendo Canadá y hay coincidencias en cuanto a esto”, aseguró.
En días pasados, la Secretaría de Economía y la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz advirtieron que la propuesta de Estados Unidos pondrán en riesgo inversiones como las de Ford y General Motors en México para la construcción de autos eléctricos, así como otras que estarían por llegar.
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Un candado digital en cada litro vendido
El Gobierno federal activó un mecanismo que cambia las reglas del juego para quienes venden gasolina, diésel o combustóleo en México. A partir del 24 de abril de 2026, toda estación de servicio y comercializador deberá incorporar el “Complemento Concepto para la Facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos” dentro de su Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI). Sin ese complemento, no hay factura. Sin factura, no hay operación legal.
La medida fue anunciada el 27 de marzo mediante un comunicado conjunto del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Energía (SENER) y la Comisión Nacional de Energía (CNE). El objetivo es directo: rastrear cada transacción de combustible desde el origen hasta el consumidor final.
El SAT combustibles ilegales: de la denuncia al bloqueo fiscal
Durante años, el huachicol y el contrabando técnico de gasolinas operaron con relativa impunidad porque no existía un mecanismo que cruzara permisos, facturas y volúmenes vendidos en tiempo real. Con esta medida, el SAT combustibles ilegales los deja sin salida: si el permisionario no tiene una autorización vigente ante la CNE, el sistema simplemente no le permite emitir un CFDI por hidrocarburos.
El combate al mercado ilícito de combustibles avanza así desde la persecución reactiva hacia la prevención estructural. No se trata de operativos ni decomisos —aunque esos seguirán—, sino de cortar el acceso a la economía formal a quienes operan fuera de la ley.
¿Qué deben hacer las gasolineras?
Las personas físicas y morales con permisos de comercialización tienen hasta el 24 de abril para verificar que sus autorizaciones estén vigentes. La CNE habilitó el portal cne.gob.mx/Permisos para que cualquier permisionario consulte su estatus sin trámites adicionales.
Quienes no regularicen su situación antes de la fecha límite quedarán bloqueados para emitir comprobantes fiscales de hidrocarburos, lo que paraliza sus ventas en el circuito legal. La Secretaría de Energía detalló que la medida aplica para gasolina regular, premium y diésel en todo el territorio nacional.
Sheinbaum y la trazabilidad como política energética
El nuevo complemento CFDI se integra a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar la trazabilidad completa en la cadena de comercialización de combustibles. El proyecto fue desarrollado de forma coordinada entre el SAT, la Sener, la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Petróleos Mexicanos (PEMEX), como principal productor y distribuidor de hidrocarburos en el país, queda directamente involucrado en el ecosistema de trazabilidad que este mecanismo construye. La empresa productiva del Estado deberá alinearse con los nuevos requisitos de facturación electrónica para todas las transacciones que involucren la Secretaría de Energía y Pemex como actores de la cadena de suministro.
El Gobierno federal subrayó que la iniciativa busca condiciones de competencia justa para los operadores que sí cumplen con la ley, al tiempo que protege a los consumidores sobre el origen de los productos que cargan en cada tanque.
El combate al mercado ilícito de combustibles no termina aquí: las autoridades advirtieron que el incumplimiento conlleva la imposibilidad de operar, no solo una multa.
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Adeudos que se apilan en la filial de la CFE
CFEnergía se queda sin recursos y sin respuestas claras. La filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) responsable del suministro, comercialización y transporte de gas natural enfrenta una crisis interna documentada en una auditoría que expone adeudos millonarios, omisiones y contratos sin liquidar que se remontan hasta 2017.
La situación de la empresa dirigida por Eréndira Corral Zavala replica el patrón de Petróleos Mexicanos (Pemex): pasivos acumulados sin resolver, decisiones estratégicas paralizadas y una opacidad que dificulta saber quién responde por qué deuda.
El contrato SuperAMA y otros pasivos sin saldar
El caso más urgente está en el contrato SuperAMA, donde CFEenergía acumula 8,357 millones de pesos en adeudos, a los que se suman otros 4,636 millones por facturación reciente sin liquidar. Estos montos incluyen cargos por transporte, almacenamiento y regasificación de gas natural que no se han cubierto desde 2025.
Altamira también aparece en el mapa de irregularidades: la empresa no reconoce pagos por 199 millones de pesos correspondientes a estaciones de compresión ubicadas en la zonas. A ello se suma un adeudo histórico de 506 millones relacionado con los buques de gas natural licuado Gematta, Galea y Solaris.
CFEnergía se queda sin recursos para proyectos activos
La auditoría también destapó problemas operativos de fondo. El proyecto Puerta al Sureste lleva pagados cerca de 600 millones de pesos desde 2025 por un gasoducto que no transporta gas: las fallas en la interconexión lo tienen paralizado.
En la Riviera Maya, las plantas previstas registran retrasos por problemas de conexión con el sistema Mayakán-Cuxtal II, proyecto que aún carece de definiciones técnicas y operativas concretas. Mientras tanto, en Baja California se arrastran 399 millones de pesos en adeudos por contratos de suministro acumulados entre 2017 y 2022.
Una bomba de tiempo para el mercado de gas
La suma de estos factores preocupa más allá de la filial. Analistas advierten que la combinación de adeudos, opacidad e infraestructura detenida podría desestabilizar el mercado nacional de gas natural y encarecer el suministro a partir de 2027, en un país que ya depende en gran medida del gas importado desde Estados Unidos.
“Nada de esto, por separado, sería extraordinario en un sector complejo como el eléctrico. El problema es cuando todo ocurre al mismo tiempo: adeudos, opacidad, omisiones y proyectos detenidos”, puntuó Maldonado.
La pregunta que queda abierta no es menor: ¿Quién absorbe el costo si la filial no puede?
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