Ormuz en el borde: señales de escalada militar inminente. El 3 de agosto de 2026, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) informó que su sistema de defensa aérea derribó un dron estadounidense MQ-9 Reaper sobre el estrecho de Ormuz, en un día en el que el tráfico marítimo por ese corredor se redujo a apenas un puñado de embarcaciones menores y ningún gran petrolero o buque metanero logró cruzarlo. El episodio se suma a dos ataques contra buques comerciales registrados entre el 1 y el 2 de agosto y ocurre en el marco de la guerra de Irán de 2026, el conflicto que desde finales de febrero enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Teherán y que ha convertido a este cuello de botella marítimo en uno de los puntos más peligrosos del planeta.

Origen de la crisis: de los ataques contra el liderazgo iraní al bloqueo del estrecho

La actual fase de tensión arrancó el 28 de febrero de 2026, cuando fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron una ofensiva aérea combinada —bautizada por Washington como Operación Epic Fury— contra instalaciones militares, nucleares y de mando en Irán. Esa acción derivó en la muerte del entonces líder supremo, Ali Jamenei, y de otros altos mandos iraníes. Teherán respondió en cuestión de horas con oleadas de misiles y drones contra Israel, bases estadounidenses en el Golfo y varios países aliados de Washington en la región, al tiempo que ordenó a la IRGC restringir el paso de buques por Ormuz.

Desde entonces, la Casa Blanca ha sostenido en repetidos comunicados que su objetivo es impedir que Irán obtenga armas nucleares y garantizar la libre navegación por el estrecho. En un mensaje reciente recogido en su sitio oficial, la administración estadounidense afirmó mantener un control naval total sobre la zona, mientras que el Departamento de Defensa detalló que despliega escoltas militares para intentar que embarcaciones comerciales puedan salir del Golfo Pérsico pese a las hostilidades.

El derribo del dron y los ataques a buques que encendieron las alarmas

La secuencia de incidentes de los últimos días ilustra el deterioro acelerado de la situación. El 31 de julio, un buque metanero cargado con gas natural licuado catarí resultó impactado por un proyectil no identificado en aguas cercanas a la entrada sur del estrecho, frente a las costas de Omán, lo que le provocó daños severos en su sala de máquinas y lo dejó a la deriva sin propulsión, aunque sin víctimas ni derrames reportados. Un día después, el 2 de agosto, una explosión adicional fue reportada cerca de otro petrolero en la zona oriental del paso marítimo, sin que se registraran heridos.

El derribo del MQ-9 Reaper, confirmado por la propia IRGC a través de su vocería castrense, representa uno de varios episodios similares ocurridos desde el estallido del conflicto, en los que ambos bandos han reportado la pérdida de aeronaves tripuladas y no tripuladas sobre el Golfo. Funcionarios iraníes vinculados al Consejo Supremo de Seguridad Nacional han advertido públicamente que exigirán autorización previa para cualquier tránsito por el estrecho y que endurecerán las restricciones si continúa lo que califican como un bloqueo naval estadounidense contra sus propios puertos.

Qué está en juego: el peso económico y energético del estrecho de Ormuz

El estrecho de Ormuz mide apenas 34 kilómetros en su punto más angosto y separa las costas de Irán y Omán. Se trata del único acceso marítimo desde el Golfo Pérsico hacia mar abierto y, en condiciones normales, por ahí transitaba cerca de una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima a escala global, además de un porcentaje significativo del gas natural licuado producido por Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak y Catar con destino principal a Asia, de acuerdo con estimaciones de la Administración de Información Energética de Estados Unidos.

Desde finales de febrero, ese flujo se ha visto interrumpido de forma reiterada. Organismos de seguridad marítima han documentado episodios en los que miles de marinos y cientos de embarcaciones quedaron varados dentro del Golfo Pérsico, mientras las aseguradoras especializadas en riesgo de guerra elevaron de forma considerable sus tarifas para cualquier buque que pretenda cruzar la zona. Los precios internacionales del petróleo han fluctuado con fuerza durante toda la crisis, con picos que en las fases más álgidas del conflicto superaron ampliamente los niveles previos a la guerra, para luego moderarse cada vez que se anuncian avances diplomáticos y volver a dispararse tras cada nuevo incidente armado.

Diplomacia interrumpida: entre ultimátums y treguas rotas

La crisis ha estado marcada por múltiples intentos de negociación que, hasta ahora, no han logrado consolidarse. Washington y Teherán llegaron a firmar un memorando de entendimiento a mediados de junio para poner fin a las hostilidades y reabrir el estrecho, un acuerdo que se rompió semanas después tras nuevos ataques contra buques comerciales. A finales de julio y principios de agosto, el propio mandatario estadounidense reconoció haber cancelado una ofensiva de gran escala que, según describió, habría estado entre las más amplias emprendidas por su país en décadas, luego de que aliados del Golfo Pérsico —entre ellos Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Catar— intercedieran para evitar una escalada mayor.

Irán, por su parte, ha negado sostener negociaciones directas con Estados Unidos y ha precisado que sus contactos se limitan a Omán, país que funge como intermediario para explorar una posible ruta segura y temporal para el tránsito comercial. El gobierno iraní, a través de sus canales oficiales, ha insistido en que cualquier arreglo debe respetar lo que considera su soberanía sobre el estrecho, mientras Washington mantiene que se trata de una vía internacional que debe permanecer abierta para todos los países.

El riesgo de una escalada mayor

La combinación de ataques contra embarcaciones civiles —incluido un buque metanero—, el derribo de una aeronave de reconocimiento estadounidense, un tráfico comercial prácticamente congelado y amenazas cruzadas de control militar sobre el estrecho configura, para analistas de seguridad regional, un escenario de alto riesgo. Ambas partes mantienen fuerzas navales y aéreas en estado de alerta máxima en una zona donde cualquier malentendido durante una operación de escolta, un intento de abordaje o la respuesta a un nuevo derribo podría desencadenar una confrontación directa de mayores proporciones.

Mientras tanto, los muchos buques varados, el encarecimiento de los seguros marítimos y la volatilidad de los precios energéticos siguen golpeando a las economías que dependen del flujo de crudo y gas por Ormuz, incluidas aquellas alejadas del Golfo Pérsico que resienten el impacto en los mercados internacionales de combustibles. La situación continúa cambiando hora con hora, y tanto la comunidad marítima internacional como los gobiernos de la región vigilan de cerca cada movimiento en un punto del mapa donde la diplomacia y la disuasión militar avanzan, por ahora, a la par.

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Un petrolero procedente del Golfo de México tiene previsto tocar puerto japonés este viernes 17 de julio de 2026, con un millón de barriles de crudo a bordo destinados a las refinerías de Cosmo Oil. Se trata del primer cargamento de petróleo mexicano que recibe Japón desde que, a finales de febrero, estalló el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán y derivó en el bloqueo del estrecho de Ormuz, según confirmó el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI).

La operación fue confirmada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien explicó que Pemex Internacional será la filial encargada de canalizar las exportaciones hacia el país asiático durante un periodo que, hasta ahora, no ha sido precisado por el gobierno mexicano.

Una ruta marítima inusual para esquivar el conflicto

Para llegar a su destino, el buque tuvo que abandonar las rutas comerciales tradicionales. En lugar de cruzar por Medio Oriente, la embarcación bordeó el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, un trayecto considerablemente más largo y costoso, pero que reduce la exposición a las zonas de mayor tensión bélica.

El cargamento arribará primero a la refinería de Yokkaichi, en el centro de Japón, y posteriormente será trasladado a la planta de Chiba, cerca de Tokio. Ambas instalaciones pertenecen a Cosmo Oil, subsidiaria del consorcio Cosmo Energy, y cuentan con sistemas de coquización y desulfuración capaces de procesar crudos pesados como el Maya, la mezcla insignia de la producción mexicana.

El cierre de Ormuz dispara la búsqueda de proveedores alternativos

El origen de esta operación está directamente ligado a la guerra que estalló a finales de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán. El bloqueo del estrecho de Ormuz —ruta por la que transita aproximadamente una quinta parte de la demanda mundial de crudo— provocó un repunte superior al 22% interanual en los precios del petróleo Brent y encendió las alarmas en Tokio.

Antes del conflicto, Japón dependía de Medio Oriente para cerca del 94% de sus importaciones petroleras, y hasta un 70% de todo su suministro debía transitar obligatoriamente por Ormuz. La interrupción de ese corredor dejó al país asiático ante un riesgo real de desabasto, lo que obligó a sus autoridades energéticas a buscar, de forma urgente, fuentes alternas de crudo, entre ellas México.

El pacto entre Sheinbaum y Takaichi que hizo posible el envío

El antecedente político del cargamento se remonta a abril de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum y la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sostuvieron una conversación en la que acordaron reforzar la cooperación energética bilateral como medida de seguridad nacional para Japón. De acuerdo con la mandataria mexicana, el gobierno de Takaichi ya había manifestado previamente a Pemex su interés en importar crudo mexicano.

Ese acercamiento se tradujo, meses después, en el primer embarque concreto: un millón de barriles operados comercialmente por PMI Comercio Internacional, brazo de Pemex responsable de colocar petróleo mexicano en mercados de América, Europa, India y Asia.

¿Cuánto crudo puede exportar México sin afectar el mercado interno?

La magnitud del envío también abrió el debate sobre su impacto en el abasto nacional. Sheinbaum situó la producción petrolera del país en alrededor de 1.8 millones de barriles diarios, de los cuales 1.4 millones se destinan al procesamiento en refinerías mexicanas, dejando un excedente exportable de entre 400 mil y 500 mil barriles diarios —principalmente hacia Estados Unidos—. Cifras oficiales más recientes, sin embargo, ubican la producción nacional en un nivel más ajustado, cercano a 1.65 millones de barriles diarios, lo que reduce el margen disponible para operaciones extraordinarias como esta.

El millón de barriles enviado a Japón equivale a una porción considerable del excedente exportable diario del país, por lo que el gobierno mexicano ha insistido en que se trata de un apoyo puntual y no de un compromiso de suministro permanente.

Una jugada de diplomacia energética con beneficios para ambas partes

Para Pemex, la operación representa la oportunidad de colocar volumen adicional en un mercado asiático donde la escasez ha elevado los precios. Para el gobierno mexicano, el episodio se presenta como una muestra de la capacidad del país para actuar como proveedor confiable en momentos de crisis internacional, fortaleciendo los lazos con uno de sus principales socios comerciales en Asia, una relación que además se sostiene con fuertes inversiones japonesas en el sector automotriz mexicano.

Más allá del alivio inmediato a sus refinerías, para Japón el envío envía una señal política: la de una estrategia de diversificación energética que busca reducir, a mediano plazo, su histórica dependencia de Medio Oriente y explorar alianzas transpacíficas más estables, en un contexto donde persisten las hostilidades en el estrecho de Ormuz.

Ciudad de México, 8 de julio de 2026. La Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), que agrupa a 49 compañías proveedoras de Petróleos Mexicanos (Pemex), envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum y a los titulares de Hacienda, Energía, Economía y a la dirección de Pemex para denunciar que un adeudo de 27,240 millones de pesos —unos 1,553 millones de dólares— originado en trabajos de 2024 continúa sin regularizarse. El organismo advirtió que ese rezago ya no es solo un problema de tesorería, sino un factor que se suma a las señales de alerta que agencias calificadoras han lanzado sobre las finanzas públicas mexicanas y su vínculo con la petrolera estatal.

Un adeudo de 2024 que no termina de resolverse

Según explicó Amespac, el mecanismo financiero conocido como “Onyx” —operado junto con el Banco Nacional de Obras y Servicios (Banobras) y la Tesorería de Pemex— permitió atender buena parte de los compromisos de 2025 y de lo que va de 2026, pero dejó fuera los pasivos acumulados durante 2024. Ese esquema contó con recursos de hasta 250 mil millones de pesos, que ya se agotaron por completo, de acuerdo con reportes periodísticos sobre el caso.

La asociación explicó que el problema tiene dos capas: por un lado, facturas vencidas que nunca se cubrieron; por otro, trabajos ya concluidos que ni siquiera han podido registrarse en el sistema interno de Pemex conocido como Codificación de Pagos y Descuentos (COPADE), lo que impide a las empresas facturarlos formalmente. Esta es la segunda vez que el organismo hace este reclamo público; la primera ocasión fue en octubre de 2025.

El impacto en la cadena de proveedores y en la producción

Amespac sostuvo que la falta de pago golpea con fuerza a toda la cadena de valor de la industria petrolera nacional y que incluso puede poner en riesgo procesos productivos vinculados a la extracción de hidrocarburos. La organización pidió la creación de una mesa de trabajo conjunta con Pemex y las autoridades para revisar y conciliar los montos pendientes. Cabe recordar que la deuda total de Pemex con el conjunto de sus proveedores y contratistas —no solo los afiliados a Amespac— se ubicaba en 375,121 millones de pesos al cierre del primer trimestre de 2026, cifra que ya venía a la baja respecto a finales de 2025.

El trasfondo financiero de la petrolera no ayuda: en el primer trimestre del año reportó pérdidas por 45,993 millones de pesos, un 5.97% más que en el mismo periodo de 2025. La presidenta Sheinbaum, por su parte, ha pedido a los proveedores no recurrir a intermediarios informales para intentar cobrar sus adeudos.

Riesgo para la calificación de Pemex y de México

El punto que convierte esta disputa comercial en un tema de interés macroeconómico es que varias de las empresas afectadas cotizan en bolsas internacionales y están obligadas, bajo normas de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y los principios contables estadounidenses (US GAAP), a reflejar estos adeudos en sus estados financieros. Amespac advirtió que esto podría eventualmente golpear la calificación crediticia de Pemex y, en cadena, la nota soberana del país.

El contexto ya venía deteriorado antes de esta denuncia. Moody’s Ratings bajó la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3 el 20 de mayo de 2026 —el escalón más bajo dentro del grado de inversión—, aunque movió la perspectiva de negativa a estable. La agencia citó un debilitamiento fiscal sostenido desde 2024, gasto público rígido, ingresos insuficientes y el respaldo continuo del gobierno a Pemex, al que se destinaron cerca de 35 mil millones de dólares en 2025 y otros 14 mil millones presupuestados para 2026. Días después, el 22 de mayo, la propia Moody’s confirmó la calificación B1 —de grado especulativo— de Pemex, argumentando que el apoyo estatal seguirá siendo muy alto.

Fitch Ratings, por su parte, ratificó en abril de 2026 la nota soberana de México en BBB– con perspectiva estable, aunque advirtió que un deterioro fiscal mayor o la materialización de pasivos contingentes ligados a Pemex podrían derivar en una rebaja futura. Un análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados ya señalaba que las transferencias del Gobierno Federal seguirán siendo determinantes para sostener la calificación de la petrolera y que la liquidez continuaría siendo un riesgo en el corto y mediano plazo.

El debate político en torno a las calificadoras

La rebaja de Moody’s generó reacciones públicas. El empresario Carlos Slim calificó la decisión de “irracional” y pidió a Pemex restablecer con urgencia su cadena de valor liquidando los adeudos con proveedores de servicios. La presidenta Sheinbaum coincidió con esa lectura, mientras defendió los indicadores de inversión y empleo del país.

Con PEMEX enfrentando pasivos de corto plazo, un fondo de apoyo ya agotado y proveedores que exigen certeza de cobro, el conflicto por los adeudos de 2024 se perfila como una prueba adicional para el nuevo director de Pemex, Juan Carlos Carpio, y para la estrategia de respaldo fiscal que el gobierno mexicano ha sostenido con la empresa desde hace varios años.