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Energía

Impugnarán resolución: falla la Corte contra CFE por Chicoasén II

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La empresa eléctrica se verá obligada a pagar 200 mdd como reparación de daños por la cancelación de hidroeléctrica, en Chiapas

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres emitió el laudo arbitral o sentencia final a la demanda de privados contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se verá obligada a pagar 200 millones de dólares como reparación de daños ante las pérdidas que les ocasionó la imposibilidad de construir la hidroeléctrica Chicoasén II, en Chiapas.

Al respecto, la CFE informó que impugnará esta resolución del caso que le fue heredado de la pasada administración en la última etapa del proceso.

“Estamos evaluando la resolución con el fin de llevar a cabo su impugnación ante la jurisdicción nacional con base en los recursos procesales previstos para estos casos en el Código de Comercio”, expuso la estatal eléctrica a los medios.

En 2015, Caabsa, de Luis y Mauricio Amodío, Omega de Jorge Melgarejo y la china Sinohydro, ganaron la licitación de esa central eléctrica con una inversión de 386.4 millones de dólares.

Chicoasén II, la hidroeléctrica con una capacidad de 240 megawatts, fue parte de los programas de ampliación de infraestructura eléctrica del gobierno anterior.

Sin embargo, desde el arranque de la obra hubo desacuerdos que provocaron paros indefinidos, cierre de obras y un sobre costo de 70 millones de dólares, encabezados por el Sindicato Único de Trabajadores de Electricidad de la República Mexicana (SUTERM) y la Confederación Nacional de Trabajadores (CTM), además de la Confederación de Autotransportistas Trabajadores y Empleados de Chiapas (Catem).

El proyecto, cancelado en 2017 con un avance de alrededor de 17%, se ubicaría en el municipio de Chicoasén, Chiapas, 43 kilómetros al norte de Tuxtla Gutiérrez.

Desde su presentación se contempló la edificación de 142 obras asociadas: 77 obras sociales y 65 proyectos productivos, beneficiando aproximadamente a 20,000 habitantes en el estado.

Como parte del Sistema del Alto Grijalva, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizó a la Comisión Federal de Electricidad la construcción de la que sería la quinta presa hidroeléctrica en el estado de Chiapas. Lo que le permitiría a la CFE “reaprovechar” el caudal de lo que ahora denominaron Chicoasén I y el embalse de la presa Malpaso.

El consorcio ganador de la licitación demandó así a la CFE ante la corte londinense, por la falta de certidumbre jurídica y seguridad física para llevar a cabo su obra.

HERENCIA LITIGIOSA

La CFE detalló que el juicio arbitral fue promovido en contra de CFE en el mes de octubre del 2016, con lo que se trata de una herencia litigiosa de la pasada administración, la que decidió encomendar la atención de dicho procedimiento a una firma externa de abogados.

Entonces, al 1 de diciembre del 2018, fecha de llegada de las nuevas autoridades de la Institución, ya se habían realizado las etapas sustantivas del arbitraje y virtualmente sólo restaba el acto de la emisión del laudo, lo que sucedió un año y seis meses después.

Según la estatal eléctrica, al igual que en los demás casos de naturaleza arbitral, la presente administración vigiló el desarrollo de esa etapa culminante de la controversia. Cabe decir que el resultado adverso se basó esencialmente en el argumento de que, a juicio del tribunal arbitral, CFE no garantizó el acceso al sitio de la obra, la cual fue tomada por grupos políticos de la zona, explicaron.

“Lo que evidentemente de ninguna manera constituía una obligación a cargo de esta Empresa Productiva del Estado”, se defendió la CFE.

El año pasado, la CFE anunció que contempla reactivar la central hidroeléctrica “Chicoasén II” para 2024, según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional (Prodesen) publicado por la Secretaría de Energía.

El documento establece que la empresa tiene en estudio nueve planes de generación de electricidad por medios renovables, de los cuales ocho están relacionados con iniciativas geotermoeléctricas con una capacidad total de 117 megawatts; más la reactivación del complejo “Chicoasén II” con una capacidad de 200 megawatts.

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Energía

Aumento de gas para cierre de año

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Aumento de gas para cierre de año

Baja el termómetro, sube la factura: incrementos en el precio del gas se anticipan para el cierre de 2026

El precio del gas podría registrar aumentos en las últimas semanas del año, advirtieron actores del sector en La Región Carbonífera, luego de que comenzara a percibirse una dificultad en el abastecimiento del combustible que llega a México. Andrés Oyervides, empresario gasolinero, señaló que en los últimos días estaría arribando una menor cantidad de gas al territorio nacional, panorama que mantiene abierta la posibilidad de ajustes en el mercado conforme avance la temporada invernal.

Escasez de gas: por ahora incertidumbre

El empresario precisó que, hasta el momento, no existe información definitiva sobre una eventual falta de combustible; no obstante, reconoció que sí se aprecia la posibilidad de una menor disponibilidad, en especial si las complicaciones persisten durante el invierno. La preocupación, indicó, radica tanto en los volúmenes que están cruzando la frontera como en las condiciones que podrían presentarse conforme avance el frío.

Según explicó, durante los meses de baja temperatura suelen registrarse contratiempos de suministro, principalmente porque las bajas temperaturas en Estados Unidos disparan la demanda interna de ese país, que concentra su prioridad de abastecimiento en atender sus propias necesidades. Al ser México dependiente del gas proveniente del vecino del norte, cualquier tropiezo en su distribución se traduce en presiones para el mercado nacional.

Oyervides enumeró que existen diversas situaciones que pueden incidir en el flujo del energético desde ese país, aunque advirtió que no asegura que tengan relación con decisiones políticas o migratorias de la administración estadounidense. Añadió que, a estas alturas, es prematuro dimensionar el alcance de las posibles afectaciones; sin embargo, la dependencia del suministro externo y los antecedentes de inviernos anteriores dejan en pie los escenarios de ajuste conforme se acerque el cierre de 2026.

Por qué el gas en México depende del invierno en Estados Unidos

El trasfondo del alerta es estructural: el gas natural que consume México proviene, en su mayoría, del extranjero. Distintos análisis del sector documentan que las importaciones cubren alrededor de tres cuartas partes del suministro nacional, con Estados Unidos como origen casi único, y que las compras por ducto se multiplicaron por siete entre 2010 y 2024, al pasar de 913 a más de 6,400 millones de pies cúbicos diarios. De hecho, México adquiere cerca del 70 por ciento del gas que exporta por ducto ese país, lo que lo convierte en su principal cliente a nivel mundial.

En el caso del gas licuado de petróleo (gas LP) —el que se vende en cilindros y tanques para millones de hogares— la exposición es aún más marcada: especialistas de la industria estiman que cerca del 80 por ciento de la demanda doméstica se abastece con importaciones, y que el precio interno sigue de cerca los movimientos del centro de referencia de Mont Belvieu (Texas), además de los costos logísticos y el tipo de cambio.

Esta arquitectura hace que cada oleada de frío en Norteamérica tense el mercado mexicano: más calefacción al norte significa menos margen de exportación y cotizaciones más altas para quienes compran en el mercado spot.

Quién define el precio: la tabla semanal de la CNE

A diferencia de otros productos, el gas LP que llega a los consumidores finales no cotiza libre en México: la Comisión Nacional de Energía publica cada semana la tabla de precios máximos aplicables por región y modalidad de venta, de modo que los ajustes internacionales se reflejan gradualmente en los tanques y despachos domiciliarios. Las actualizaciones y avisos del sector se difunden a través de la Secretaría de Energía (SENER) y sus canales oficiales en X, Facebook e Instagram, mientras que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) supervisa el funcionamiento del mercado —su perfil institucional puede consultarse en LinkedIn—.

Qué vigilar de aquí al cierre del año

Tres variables definirán si la advertencia se materializa en factura: la intensidad del invierno en Estados Unidos, la disponibilidad de ductos y terminales para cubrir la demanda mexicana y el comportamiento del peso frente al dólar, que encarece o alivia cada importación. Mientras no haya confirmación de desabasto, el mercado trabaja con incertidumbre más que con crisis; pero el antecedente histórico invita a prepararse para costos mayores en tanques y cilindros.

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Senadores impulsan proyectos energéticos para Tamaulipas

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Senadores impulsan proyectos energéticos para Tamaulipas

Senadores de Tamaulipas impulsan ante la SENER proyectos energéticos para la entidad

Estación Manuel, Tamaulipas. Los senadores tamaulipecos José Ramón “JR” Gómez Leal y Olga Sosa Ruiz sostuvieron un encuentro de trabajo con la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, previo a su comparecencia en el Senado de la República, para conocer los avances de los planes nacionales en materia energética y revisar las oportunidades de desarrollo para Tamaulipas. En la reunión, los legisladores plantearon tres proyectos estratégicos para la entidad: la planta de ciclo combinado en Altamira, el desarrollo del campo petrolero Trion y la construcción de un puerto de altura.

Gómez Leal destacó que la planta de ciclo combinado y el desarrollo del campo Trion son proyectos estratégicos para fortalecer la soberanía energética de México, además de representar oportunidades para atraer inversión y generar empleos en la entidad. Por su parte, Sosa Ruiz indicó que durante la reunión la titular de la Secretaría de Energía presentó avances del Plan de Desarrollo del Sector Eléctrico 2025-2039 y del Programa Sectorial de Energía 2025-2030, cuyos objetivos incluyen incrementar la generación eléctrica y alcanzar una producción de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo.

Aguas ultraprofundas y logística portuaria en la agenda

La senadora precisó que, para Tamaulipas, también se abordaron el proyecto de aguas ultraprofundas y el puerto de altura, iniciativas que podrían impulsar la actividad energética y logística del estado. Los planteamientos de ambos legisladores colocan así en la agenda federal obras vinculadas con la generación de electricidad, la explotación petrolera en aguas profundas y el desarrollo portuario, tres frentes que convergen en el litoral tamaulipeco del Golfo de México.

La reunión permitió conocer la perspectiva de la dependencia federal sobre estos proyectos, aunque la información difundida por los senadores no precisó calendarios de ejecución, montos de inversión ni fechas de inicio de las obras. Ese vacío de cifras deja abierta la pregunta sobre los tiempos reales de cada proyecto, que por ahora figuran más como intenciones gestionadas ante la SENER que como obras con presupuesto asignado.

Comparecencia como termómetro del sector

El encuentro se produjo poco antes de que la secretaria González Escobar compareciera ante el Congreso de la Unión, ejercicio en el que las dependencias presentan resultados, avances y retos de su gestión. Para Tamaulipas, el momento resulta oportuno: la entidad busca posicionarse en la expansión eléctrica y petrolera que contempla la planeación nacional del sector para los próximos quince años.

La dependencia difunde los avances de sus programas a través de sus canales oficiales en X, Facebook e Instagram, y la documentación completa de los planes sectoriales puede consultarse en su portal institucional. Con la agenda planteada, queda pendiente que los proyectos tamaulipecos pasen del papel a los presupuestos; la señal la darán los anuncios oficiales de la federación en los próximos meses.

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Energía

Sin gas para que Yucatán crezca

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Sin gas para que Yucatán crezca

El gasoducto Mayakán tiene 700 kilómetros. Nació en 1999, parte de Ciudad Pemex en Tabasco y termina en Valladolid, Yucatán. Durante más de dos décadas fue la única arteria por la que fluía gas natural hacia la Península de Yucatán. 

Diseñado para cargar hasta 250 millones de pies cúbicos diarios, el ducto llegó a su tope antes de que el estado terminara de crecer. En 2022, la vicepresidenta de Engie —la empresa francesa que opera el sistema— ya decía en voz alta lo que los industriales locales sabían desde antes: el tubo estaba lleno. No cabía más gas. Y sin más gas, no había cómo bajar las tarifas eléctricas, instalar nuevas plantas generadoras ni convencer a una empresa manufacturera de que Mérida era una mejor apuesta que Monterrey.

Ese tope no cayó de improviso. Fue el resultado acumulado de décadas en que la Península quedó fuera de la red nacional de gasoductos que sí se tendió en el norte y centro del país. Mientras Monterrey, Guadalajara o Querétaro competían por inversión industrial con tarifas eléctricas respaldadas por gas barato, Yucatán quemaba diésel y combustóleo —más caros, más sucios— porque era lo único que llegaba.

La demanda que crece

La Península no se quedó quieta mientras esperaba el gas. El Tren Maya aceleró el turismo, el boom inmobiliario en la costa elevó el consumo residencial y la apertura de nuevos corredores industriales en el estado sumó demanda. El Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038 documentó que en 2023 la Península fue la región del país con mayor incremento en su consumo eléctrico: 10 por ciento. Se proyectaba un alza de otro 15 por ciento en los cinco años siguientes.

Pero la Península solo genera el 60 por ciento de la electricidad que consume, de acuerdo con el análisis “¡A romper barreras! Cómo detonar la inversión en México: Caso Yucatán”, presentado por México Evalúa en mayo de 2026. El resto llega por transmisión desde otros estados, lo que añade pérdidas y fragilidad al suministro. Cada kilómetro de demanda nueva sobre el sistema le llegaba a una red que ya estaba al borde.

El informe de México Evalúa encontró también que la brecha entre el crecimiento de las exportaciones y la atracción de inversión se ensanchó en 2024. Las exportaciones estatales subieron 20.1 por ciento. Pero la inversión extranjera directa llegó solo a 148 millones de dólares y el estado cayó a la posición 25 nacional en captación de capital foráneo. Para una entidad que aspira a convertirse en polo del nearshoring en el sureste, ese número duele.

La infraestructura energética aparece en el análisis como uno de los factores decisivos. “La política energética y la política económica dejaron de ser conversaciones separadas”, dijo Mariana Campos, directora general de México Evalúa, al presentar el estudio. La conclusión era directa: sin electricidad confiable y competitiva, las ventajas logísticas de Yucatán no alcanzan para cerrar la brecha con los polos industriales del norte.

El ducto al tope y los años perdidos

El gasoducto Mayakán no es un ducto viejo y descuidado. Es una infraestructura de acceso abierto operada por Energía Mayakán, filial de Engie, que además de abastecer a las plantas de la CFE en Yucatán y Campeche, surte a la industria a través de su afiliada IGASAMEX. Esta empresa distribuye gas natural a sectores textil, alimentario y de la construcción en la región, con clientes en los 13 estados donde opera.

El problema nunca fue el ducto en sí. Fue que la Península creció por encima de lo esperado. Y la solución —construir un segundo ducto en paralelo— tropezó durante años con obstáculos de distinto tamaño: retrasos en las plantas generadoras que justificarían el gasto, negociaciones técnicas y comerciales entre la CFE y Engie que tardaron más de lo esperado, consultas comunitarias con 14,000 personas en 38 comunidades mayas a lo largo de la ruta, y el tiempo que toma alinear una inversión de 2,000 millones de dólares.

“La capacidad del ducto actual ya llegó a su límite para seguir creciendo”, reconocía públicamente la vicepresidenta de Engie en octubre de 2022. Lo decía como diagnóstico, no como alarma. La empresa ya tenía firmado un convenio con la CFE para ampliar el sistema. Pero la obra no arrancaba porque las plantas de ciclo combinado que justificaban la inversión —Mérida IV y Riviera Maya, en Valladolid— acumulaban retrasos propios.

La planta Mérida IV es el caso más elocuente de cómo se apilan los atrasos en infraestructura pública. La CFE la prometió para noviembre de 2024. Después empujó la fecha a octubre de 2025. Finalmente encendió la planta —rebautizada “Elvia Carrillo Puerto”— el 12 de mayo de 2026, cuatro años después del inicio de su construcción. Una inversión de 300 millones de dólares y 499 megavatios de capacidad que llegaron 18 meses tarde.

Su planta hermana, la “Riviera Maya” en Valladolid, con capacidad para 1,020 megavatios y más de mil millones de dólares de inversión, no tiene fecha de entrega confirmada. La proyección inicial era enero de 2025. Después se habló de finales de 2027. En el último reporte oficial, la fecha permanece sin precisar.

Cuxtal II: el ducto que llega con retraso

El 13 de junio de 2024, en la hacienda Uayamón de Campeche, arrancó formalmente la construcción del gasoducto Cuxtal II —el nombre viene del maya y significa ‘para arriba’—. La obra consiste en un segundo ducto de 700 kilómetros que correrá en paralelo al Mayakán original, pasando por Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Además incluye tres nuevas estaciones de compresión y tres de medición.

El proyecto lo ejecutan Engie y el fondo de infraestructura Macquarie Asset Management, que se asociaron en julio de 2024. Engie calificó la obra como uno de los proyectos más grandes de transporte de gas natural que se construirán en México. La inversión suma 2,000 millones de dólares. Generará cerca de 4,000 empleos directos e indirectos durante la construcción y dejará 275 obras de infraestructura social en las comunidades de la ruta.

Cuando el ducto esté listo, la capacidad de transporte pasará de 250 a 567 millones de pies cúbicos diarios. Más del doble. Eso permitirá alimentar a plena capacidad las dos plantas de ciclo combinado de la CFE en la región —Mérida IV y Riviera Maya—, suministrar gas a la industria que hoy espera y, en teoría, bajar las tarifas eléctricas que llevan décadas por encima del promedio nacional.

Pero la obra no llegará cuando se prometió. El calendario original fijaba el arranque de operaciones en el cuarto trimestre de 2026. En abril de 2025, Ana Laura Ludlow, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y sostenibilidad de Engie México, confirmó a Bloomberg que el proyecto terminará en el primer semestre de 2027. La obra avanza en fases; la conclusión total toma más tiempo del anunciado inicialmente.

Ludlow aclaró que el proyecto no sufrió afectaciones por los aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos mexicanos ni por la extinción de los reguladores CRE y CNH —las comisiones sectoriales que desaparecieron con la reforma energética de 2025—. Los materiales son de fabricación nacional y los permisos se tramitaron con anticipación. La supervisión regulatoria recayó en la Secretaría de Energía y en la nueva Comisión Nacional de Energía.

Un dato pone en perspectiva el tamaño del esfuerzo: el proceso de consulta previa con las comunidades mayas que viven a lo largo de la ruta tardó años e involucró 217 asambleas con 14,000 personas. En ese proceso se comprometieron 169 obras sociales para las comunidades afectadas. No es un detalle menor. Es la razón por la que proyectos de esta escala en territorios con presencia indígena tardan más de lo que los cronogramas iniciales calculan.

Lo que espera en la fila

Detrás del gas están las inversiones que no se han decidido todavía. Yucatán tiene ventajas logísticas reales: el puerto de Progreso, la conectividad aérea de Mérida, la mano de obra disponible en el interior del estado, la relativa seguridad frente a otras zonas del país. Pero ninguna de esas ventajas cierra la negociación si el prospecto industrial pregunta cuánto pagará de luz y la respuesta es “entre 12 y 22 por ciento más que en el norte”.

El estudio de México Evalúa identificó 295 oportunidades de mejora regulatoria en el estado y sus municipios. Más del 85 por ciento de esas barreras tienen que ver con eficiencia gubernamental y trámites administrativos, no con infraestructura. Pero la energía aparece como el cuello de botella más duro: es el que no se resuelve con un decreto ni con una ventanilla única. Requiere acero, concreto, derechos de vía y años de construcción.

La pregunta que no desaparece es cuánto costará el tiempo transcurrido. El gas que llegará en 2027 estaba previsto desde 2019, cuando el secretario de Fomento Económico del estado ya prometía que para ese año las tarifas serían competitivas con el norte. Pasaron ocho años. Las plantas prometidas para 2024 y 2025 se encendieron en 2026 y posiblemente 2027. Las empresas que buscaban ubicación en ese periodo tomaron decisiones con los datos que tenían.

Yucatán no perdió todas esas inversiones. Algunas llegaron de todas formas. Pero no llegaron todas las que pudieron haber llegado si el gas hubiera estado disponible cuando se prometió.

El rezago no es solo de Yucatán

Es tentador leer el rezago energético de Yucatán como un problema local, como una consecuencia de estar lejos del centro del país o de tener una economía históricamente orientada al turismo y no a la industria pesada. Pero el patrón se repite en Campeche y Quintana Roo con variaciones menores. Y el diagnóstico de fondo es el mismo que aplica a otras regiones del país donde la infraestructura de gas no llegó a tiempo: la inversión en gasoductos en México se concentró durante décadas en el norte y el centro, siguiendo la lógica de la demanda industrial ya existente, no la de la demanda potencial que podría desarrollarse si el gas llegara primero.

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador intentó revertir esa tendencia con el paquete de inversión para la Península: las plantas de ciclo combinado, el Cuxtal II, el gasoducto “Puerta al Sureste” frente a las costas del Golfo. Pero los proyectos llegaron tarde, se retrasaron en la ejecución y el efecto sobre tarifas y competitividad industrial quedó diferido. El gobierno de Claudia Sheinbaum heredó esa agenda pendiente y la incluyó en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex.

Para los industriales yucatecos, el cambio de administración federal no cambia el dato central: el gas que necesitan para operar con costos competitivos no llegará sino hasta que el Cuxtal II entre en operación. Y eso, según el último calendario disponible, es el primer semestre de 2027.

 

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