En un ejercicio de transparencia sin precedentes, el Gobierno de Claudia Sheinbaum abre al escrutinio público la totalidad de su estrategia para devolverle la fortaleza a la empresa estatal históricamente más importante de México

Con la Estrategia Nacional del Sector de Hidrocarburos y Gas Natural puesta en marcha por la presidenta Claudia Sheinbaum, el segundo gobierno de la 4T hace una apuesta muy grande por rescatar a Pemex, luego de que se reformara la Constitución para que ésta ya no sea una empresa productiva del Estado sino empresa pública sin fines de lucro, que busque soberanía energética y desarrollo social. Los documentos hechos públicos por el Poder Ejecutivo, basados en la presentación realizada por la presidenta Sheinbaum y su gabinete energético y hacendario, así como la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos 2025, establecen que se fortalecerá la planeación y ordenamiento del sector hidrocarburos, privilegiando una exploración responsable y sostenible, acorde a las necesidades nacionales.

Con este ejercicio de comunicación sin precedentes, las empresas del sector y la ciudadanía cuentan tempranamente con definiciones importantes de viva voz por la presidenta Sheinbaum, en materia de inversiones, control de precios de petrolíferos, marco regulatorio y control de emisiones, los cuatro ejes más importantes de acuerdo con analistas nacionales y extranjeros. En lo que se refiere a la producción de hidrocarburos y sus derivados, Sheinbaum ha definido que “la prioridad es y seguirá siendo el consumo nacional, no la exportación”.

Entre los compromisos concretos se encuentran mantener una relación de reservas respecto de la producción de hidrocarburos de, por lo menos, 10 años; aumentar la producción de petroquímicos para suministrar insumos a la industria nacional y fertilizantes para la producción de alimentos; consolidar la refinación de petróleo para lograr la autosuficiencia en gasolinas y diésel; desarrollar un marco normativo para impulsar biocombustibles y combustibles limpios y aumentar la capacidad de almacenamiento de gasolinas, diésel y gas para más seguridad energética. A la población, la presidenta ha dado garantías de que no aumentará el precio de los energéticos en términos reales en los próximos seis años. “Se mantendrá el control del precio máximo del gas LP, y el precio de las gasolinas y diésel no se incrementará por encima de la inflación”.

Para que la actividad petrolera vuelva a impulsar el desarrollo social, se buscará que todos los proyectos de Pemex y privados tomen en cuenta a las comunidades indígenas, para incluir beneficios sociales decididos mediante consultas públicas. La presidenta también ha sido clara en la definición más importante esperada por inversionistas nacionales y extranjeros, en torno a la coexistencia de soberanía e inversión privada en el sector energético, objetivos que, para Sheinbaum, no son mutuamente excluyentes, al grado de no descartar que los particulares puedan coinvertir en áreas hasta ahora reservadas para Pemex.

Tanto en el litio como “en la producción de hidrocarburos, petroquímica, fertilizantes, se podrán desarrollar proyectos mixtos entre la inversión privada y Pemex (…) Fomentaremos proyectos mixtos sin perder la soberanía nacional”. El dato que cierra el círculo virtuoso de la información técnica, política y financiera en torno al futuro de Pemex, pudo leerse entre líneas en los documentos oficiales de la Estrategia, en lo que se refiere al servicio de su deuda. En el comunicado de la Presidencia se consignan respuestas a una pregunta sobre la posibilidad de que Hacienda le hiciera transferencias a Pemex para el ejercicio 2025, para enfrentar vencimientos por nueve mil millones de dólares, y otro monto aún indeterminado a transferírsele en 2026.

Las respuestas de la Presidenta y del director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, confirmaron tempranamente la intención de seguir apoyando no sólo fiscalmente a Pemex con la reducción del Derecho de Utilidad Compartida, rebautizado como Derecho Petrolero para el Bienestar, que es del 30 por ciento “pero podría ser incluso menos”, sino también con transferencias. En el comunicado se augura que el nuevo régimen fiscal y la simplificación administrativa, con la que se esperan ahorros por 50 mil millones de pesos tan solo en 2025, ayudarán a superar el atorón financiero de la petrolera mexicana.

La certidumbre propiciada por estas declaraciones, en medio de especulaciones sobre la calidad crediticia de México, se confirmaría a la postre en el Presupuesto 2025, en el que Hacienda destina 136 mil 210 millones de pesos “para el pago total de las amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios adquiridos por Pemex”, con el que se espera que la empresa obtenga un superávit financiero el próximo año. Si bien el Presupuesto habla del pago total de las amortizaciones de deuda de mercado, es evidente que la transferencia prevista no es suficiente para que Pemex pague los nueve mil millones de dólares que se le vencen el próximo año.

Por eso resulta vital que los planes de fusión de las tres subsidiarias y la desaparición de varias filiales tengan éxito, pues con los 50 mil millones de pesos que se espera obtener de ahorros, Pemex lograría saldar el servicio de la deuda sin recurrir a nueva colocación ni a refinanciamiento.