Energía
Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta
En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum dejó claro que el rumbo de la política energética no se mueve un milímetro, pese a las advertencias de empresas y legisladores de Estados Unidos y Canadá. Desde el estrado, la mandataria insistió en que las decisiones en materia eléctrica y de hidrocarburos son facultad soberana del Estado mexicano y que, en su lectura, no existen violaciones al tratado comercial vigente con Norteamérica. El mensaje buscó enviar una señal de firmeza hacia afuera y de continuidad hacia adentro: la reforma eléctrica y el nuevo modelo de mercado permanecen, aun cuando crece la presión diplomática y empresarial. Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, por lo tanto.
Presión empresarial y la narrativa del “mercado cerrado”
Del otro lado de la frontera, más de 14 mil firmas manufactureras agrupadas en la National Association of Manufacturers (NAM) acusan que las reglas mexicanas han “cerrado” el mercado a productores y distribuidores de energía de Estados Unidos, encarecen proyectos industriales y complican nuevas inversiones. En sus comunicaciones a Washington, estas empresas sostienen que las reformas de 2024 profundizaron los problemas ya señalados en las consultas energéticas de 2022 bajo el acuerdo comercial norteamericano, al fortalecer el papel de la CFE en el despacho y elevar la incertidumbre regulatoria para el capital privado. Para los fabricantes, el acceso a energía confiable y asequible se ha convertido en un obstáculo estratégico, al tiempo que ven con recelo que el rediseño del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) esté guiado por una lógica de planeación estatal que, en su opinión, limita su margen de maniobra.
Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, ideología y soberanía en disputa
La reforma constitucional y el paquete de leyes secundarias aprobados entre 2024 y 2025 reconfiguraron el sector eléctrico al devolver a la Comisión Federal de Electricidad un rol predominante en generación y despacho, al tiempo que estrecharon la ventana de entrada para nuevos proyectos privados. Gobiernos y asociaciones de Estados Unidos y Canadá sostienen que este giro favorece estructuralmente a las empresas del Estado mexicano y choca con los compromisos de trato no discriminatorio asumidos en el acuerdo regional, lo que ha detonado consultas y amenazas de escalar a paneles de controversia. Desde Palacio, sin embargo, la respuesta es tajante: las críticas tienen un trasfondo ideológico y político, más que jurídico, y buscan cuestionar un modelo que prioriza la seguridad energética nacional sobre la desregulación plena del mercado.
En ese mismo tono, el mensaje central se repite como un estribillo calculado: Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, y por tanto no hay marcha atrás ni ventana para renegociar lo ya aprobado en el Congreso mexicano. La narrativa oficial se apoya en la idea de que el tratado reconoce la soberanía de cada país para organizar estratégicamente sectores considerados clave, y que la interpretación extensiva de las reglas comerciales por parte de grupos empresariales sólo busca revertir la apuesta de México por un esquema con mayor peso estatal. Política energética no viola T-MEC afirma Presidenta, insiste el gobierno, mientras advierte que ceder en este punto enviaría una señal de debilidad de cara a la revisión formal del acuerdo prevista para 2026.
El nuevo mapa de permisos y la lógica de la red
Bajo el nuevo modelo, ya no es el desarrollador quien decide dónde construir una planta y luego exige capacidad de transmisión, sino que la Secretaría de Energía define las zonas donde hacen falta proyectos y convoca a la inversión privada bajo criterios técnicos. La instrucción es clara: evitar que centrales aisladas saturen nodos frágiles de la red y, al mismo tiempo, orientar la capacidad nueva hacia polos industriales y corredores prioritarios, con la CFE manteniendo el timón del despacho. Para los críticos, esta recentralización de decisiones erosiona la autonomía regulatoria y desalienta proyectos que dependen de certidumbre a largo plazo, mientras que para el gobierno se trata de poner orden allí donde predominaba una expansión descoordinada.
La autoridad energética también ha endurecido los requisitos técnicos para que las renovables se integren sin desestabilizar el sistema, exigiendo almacenamiento con baterías y esquemas de conexión que mitiguen las variaciones en generación solar y eólica. La apuesta oficial combina un discurso de transición energética con una defensa cerrada del control estatal de la red, en un equilibrio delicado que aún no termina de convencer a inversionistas que miran el reloj de la descarbonización global.
Regularización de contratos y señales cruzadas a la inversión
En paralelo, el gobierno avanza en la regularización de viejos contratos de autoabasto, varios de ellos vinculados a grandes consorcios extranjeros que operaban al límite de la legalidad según la lectura de las autoridades mexicanas. La venta del portafolio de plantas de Iberdrola a un nuevo operador se convirtió en caso emblemático: el mensaje fue que, quien quiera seguir en el negocio, debe alinearse al nuevo marco y renegociar bajo las reglas que colocan a la CFE como actor ineludible.
Mientras tanto, cámaras empresariales y analistas advierten que la combinación de mayor control estatal, reglas cambiantes y tensiones comerciales con socios de Norteamérica puede encarecer el financiamiento y retrasar proyectos clave para aliviar cuellos de botella de transmisión y generación. El gobierno responde que, con planeación centralizada y contratos bien diseñados, México podrá atraer inversiones que acepten jugar bajo estas condiciones, aun cuando parte del capital más impaciente mire hacia otros destinos. En ese pulso se juega no sólo el futuro del sector eléctrico, sino la capacidad del país para aprovechar la relocalización industrial sin ceder el control estratégico de su energía.
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Energía
Moody’s pone a CFE y ocho bancos en el límite

El recorte sacude al sistema financiero mexicano
Moody’s pone a CFE y ocho bancos en el límite del grado de inversión después de reducir la calificación soberana de México de Baa2 a Baa3, el peldaño más bajo antes de caer a categoría especulativa. La decisión arrastra consigo a la Comisión Federal de Electricidad y a las instituciones financieras más grandes del país, en un movimiento que reordena el mapa de riesgo de la economía mexicana.
La agencia cambió simultáneamente la perspectiva de negativa a estable, lo que indica que no anticipa más recortes inmediatos, siempre que no haya nuevos choques en las finanzas públicas.
La CFE: fortaleza operativa, talón de Aquiles fiscal
La deuda senior no garantizada en moneda extranjera de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajó de Baa2 a Baa3. Moody’s mantuvo su evaluación crediticia base en ba3, reconociendo que la empresa conserva músculo operativo, pero señala que ese músculo está atado a la salud financiera del gobierno federal.
El vínculo entre la CFE y el soberano es el problema de fondo. Cada peso que el gobierno destina a sostener a la empresa presiona la deuda pública; cada deterioro fiscal se traslada directamente a la calificación de la paraestatal. Moody’s pone a CFE y ocho bancos en el límite precisamente porque ese cordón umbilical no tiene señales de cortarse.
En términos prácticos, la empresa seguirá consiguiendo financiamiento en mercados internacionales, pero a un costo más alto y con menos margen de maniobra.
Los ocho bancos que bajaron un escalón
La rebaja alcanzó a las principales instituciones financieras del país. BBVA México y Santander México figuran entre los ocho bancos afectados, junto con Citibanamex, Banorte, HSBC México, Scotiabank México, Inbursa y Banco Regional.
La lógica de la agencia es directa: el riesgo de los bancos está amarrado al riesgo del país. La calidad de su cartera, la capacidad del gobierno para sostener al sistema financiero y la exposición a deuda soberana y paraestatal determinan su calificación tanto como sus propios balances.
El recorte es de un escalón en las notas de emisor o deuda en moneda extranjera. No los saca del grado de inversión, pero estrecha el margen antes de que eso ocurra.
Qué cambia para los bancos
El fondeo internacional se encarece de forma moderada. La sensibilidad del sistema bancario a cualquier deterioro adicional en las finanzas públicas sube. Los inversionistas institucionales que tienen límites para mantener posiciones en emisores cerca del grado especulativo empezarán a mirar con mayor atención.
Lo que dice Moody’s sobre México
La agencia cita tres factores para el recorte soberano: deterioro de la posición fiscal, presiones de gasto crecientes —incluidos los apoyos a CFE y Pemex— y debilidad en los marcos institucionales y de política pública.
El cambio a perspectiva estable es una señal de pausa, no de alivio. Moody’s acota que el margen para errores en política fiscal y energética es escaso. Cualquier caída de ingresos, recesión o crisis en el sector energético puede traducirse en mayor deuda o en recortes de gasto que vuelvan a tensar las calificaciones.
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La infraestructura que México requiere para las AI

Querétaro concentra hoy el mayor número de centros de datos del país. Las grúas no paran, los anuncios de inversión se acumulan y los titulares hablan de un boom. Pero detrás del ruido, hay un número que lo corta todo: México opera alrededor de 279 megawatts de capacidad instalada y necesita llegar a 1,500 para ser un destino serio de inteligencia artificial. Eso es quintuplicar lo que existe hoy.
Energía, el primer muro
Sin electricidad suficiente, barata y estable, no hay centro de datos que funcione. Para las cargas de IA —entrenamiento de modelos, procesamiento masivo de datos— se requieren decenas o cientos de megawatts por campus, con suministro continuo. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendría que respaldar una expansión que la industria estima en al menos 1,200 MW adicionales, con una inversión en infraestructura eléctrica de unos 8,800 millones de dólares.
El problema va más allá de los números: más de 70% de la electricidad en México sale de fuentes fósiles. Eso encarece la operación, frena cualquier argumento de sostenibilidad y aleja a empresas que ya operan bajo compromisos de carbono neto cero.
La infraestructura que México requiere para las AI también depende del agua
Las instalaciones de alta densidad computacional consumen agua en sus sistemas de enfriamiento. Querétaro y el Bajío ya cargan con presión hídrica antes de que lleguen más centros de datos. Si la expansión ocurre sin inversión proporcional en tecnologías de enfriamiento eficientes, el conflicto social no tarda.
H3: Conectividad y talento, los otros dos huecos
La demanda de ancho de banda entre centros de datos podría multiplicarse por seis en los próximos cinco años. México necesita redes de fibra óptica capaces de mover 400 a 800 gigabits por segundo por enlace, con latencias bajas entre nodos.
El talento es el cuello más silencioso. No hay suficientes ingenieros eléctricos, mecánicos ni operadores de centros de datos para construir y sostener la infraestructura proyectada. La propia industria lo reconoce: los proyectos de nearshoring tecnológico se topan con escasez de perfiles antes de que se pongan la primera piedra.
Lo que está en juego
México ya ocupa el segundo lugar en el mercado latinoamericano de centros de datos. Hay inversiones directas proyectadas por más de 9,000 millones de dólares y efectos indirectos que superan los 27,000 millones. Si la infraestructura se construye, el país podría alojar cargas de IA para el mercado estadounidense y el latinoamericano desde una posición geográfica que ningún otro país de la región tiene.
Si no se construye, esas inversiones se van a mercados con energía abundante y verde —algunos estados de Estados Unidos, Canadá, países con excedentes hidroeléctricos en Sudamérica. México se quedaría pagando los costos del boom sin capturar sus beneficios.
Lo que pide la industria
La Asociación Mexicana de Data Centers: MEXDC ha señalado de forma directa que sin un plan nacional de energía con metas claras, regulaciones que agilicen permisos de fibra y programas acelerados de formación técnica, México no consolida su posición. No como advertencia, sino como condición.
Cuarenta y tres por ciento de los nuevos centros de datos en el país tendrá que destinar su capacidad a cargas de trabajo de inteligencia artificial. Eso ya no es una proyección: es la dirección que toman los contratos y las decisiones de inversión hoy.
La pregunta no es si México quiere ser hub de IA. La pregunta es si puede armar en tiempo la cadena eléctrica, hídrica, de fibra y de talento que eso exige. Los proyectos anunciados para 2030 tienen fecha. La infraestructura, todavía no.
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Aumentan los apagones en el Sureste por el calor
El calor que apagó al Sureste
Aumentan los apagones en el Sureste por el calor y la causa no es un evento aislado. Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo registran cortes de luz que van desde horas hasta noches enteras, justo cuando las temperaturas escalan a niveles que hacen insostenible vivir sin aire acondicionado. La demanda de energía eléctrica en la región rompió máximos históricos en semanas recientes, según datos del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), el organismo que opera y vigila el sistema eléctrico nacional en tiempo real.
Cuando la demanda rebasa la generación disponible y ya no quedan reservas, CENACE declara emergencia operativa y aplica cortes controlados para evitar un colapso total. Eso es lo que ocurrió.
Gas, transmisión y plantas viejas: tres nudos en el mismo cable
El problema del gas en Nuevo Pemex
El Sureste depende del gas natural que alimenta ciclos combinados y cogeneraciones vinculadas a Pemex. En un episodio reciente, la Comisión Federal de Electricidad explicó que un problema técnico de alta humedad en el suministro proveniente de la central Nuevo Pemex impidió operar con normalidad. Los combustibles alternos que se activaron no alcanzaron para sostener la carga. Los apagones llegaron esa misma tarde.
La Red Nacional de Transmisión, saturada
Aunque en el papel existe capacidad instalada en otras regiones del país, las líneas que conectan esa energía con el Sureste no crecieron al ritmo de la demanda. La Red Nacional de Transmisión acumula rezagos en expansión y modernización que convierten a la región en una especie de isla eléctrica parcial: lo que no se genera localmente, difícilmente llega desde afuera cuando los corredores ya van al tope.
Plantas en mantenimiento, justo en el pico
En los periodos de calor más intenso, varias centrales entran a mantenimiento o registran fallas. La capacidad térmica vieja —combustóleo y diésel— se reserva para emergencias, pero si entra tarde o el combustible escasea, el déficit se descarga primero sobre las zonas más vulnerables. El Sureste lleva años en esa lista.
Aumentan los apagones en el Sureste por el calor y no es novedad
El patrón se repite desde hace años. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y centros de análisis han advertido que detrás de los cortes hay causas estructurales: inversión insuficiente en nueva generación, retrasos regulatorios, parálisis de proyectos privados y redes sin modernizar. El sistema aprendió a operar con márgenes de reserva muy bajos, confiando en que nada saldría mal. El cambio climático y las olas de calor cada vez más intensas ya no permiten esa apuesta.
La planeación del sector priorizó que la CFE recuperara participación en la generación nacional, lo que frenó la entrada de nueva capacidad privada —sobre todo renovable— que pudo haber reducido los picos de demanda en el Sureste.
El gobierno federal atribuye los cortes al calor extraordinario y anuncia que nuevas plantas resolverán el problema en los próximos meses. Las cámaras empresariales y especialistas apuntan a un patrón más profundo: apagones ligados tanto al calor como a fallas en gasoductos y en la red de transmisión, con años de acumulación.
¿Cuántas olas de calor más aguanta una red que ya iba al límite?
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