Opinión
Propuesta de modificación a la Ley de la Industria Eléctrica ¿Revierte la reforma energética?
El tema ha provocado diversas reacciones a favor y en contra de dicha iniciativa, en especial porque el ambiente político en México ha estado polarizado y convulso
Eduardo Olivares Pérez, Ph.D. Consultor.
El 29 de enero de 2021 fue firmada por el Ejecutivo la iniciativa con el proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de la industria eléctrica de México, para ser presentada ante la Cámara de diputados del Congreso de la Unión. Esto ha provocado diversas reacciones a favor y en contra de dicha iniciativa, en especial porque el ambiente político en México ha estado polarizado y convulso. En las redes sociales es evidente el encono pro y anti gobierno. Para entender el complejo tema energético conviene dar lugar a la objetividad y a la mesura.
Vamos por partes. En las naciones en vías de desarrollo, particularmente en Latinoamérica, la política energética enfrenta la disyuntiva de depender del Estado o del mercado. México no ha escapado a estas tendencias, planteándose un esquema mixto. El 20 de diciembre del año 2013 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una reforma constitucional donde se estableció que la actividad energética dejaba de ser monopolio del Estado, permitiendo la participación de particulares en los sectores de hidrocarburos y eléctrico, transformando a las otrora paraestatales; la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), en Empresas Productivas del Estado. La generación y comercialización de energía eléctrica quedaron abiertas a la competencia de empresas nacionales e internacionales. El 11 de agosto del año 2014 se publicó en el DOF la Ley de la Industria eléctrica, la cual regula las actividades de la industria eléctrica y establece las bases y criterios del mercado eléctrico. El 29 de octubre del año 2014 se publicó en el DOF el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, donde se establecen las disposiciones para el Sistema Eléctrico Nacional así como para los actores del mismo. De manera subsecuente se publicaron otros decretos que fueron complementando el marco legal del sector.
Asegurar la disponibilidad presente y futura de energía eléctrica con suficiencia, calidad, precio y sustentabilidad, es ─o debería ser─ un asunto de carácter estratégico, de seguridad nacional, para cualquier país. La energía, incluyendo la eléctrica, tiene un papel preponderante en el desarrollo económico y social de toda nación, y en consecuencia en el nivel de vida de la población. Gestionar esto es altamente complejo.
En los sexenios anteriores, se perfilaba desde los gobiernos en turno desaparecer o por lo menos disminuir a la CFE. Comenzó a perder grandes clientes a partir de 1992 con la entrada del esquema denominado autoabastecimiento, el cual dio lugar a un irregular mercado encubierto donde se simularon socios para que generadores privados les vendieran energía en condiciones cuestionables (costos de porteo inferiores a otros países por el uso de las redes de transmisión y distribución de la CFE, así como integrar centrales intermitentes sin almacenamiento ni inversiones conexas para mitigar la intermitencia, además que las centrales renovables inyectan al sistema eléctrico energía intermitente y la CFE les entrega en los puntos de consumo energía convencional estable de mayor costo de generación). Luego con los productores externos de energía la CFE dejó de generar y comenzó a comprar energía a privados mediante contratos suscritos en condiciones desventajosas (la CFE se encargó de resolver muchas actividades de los proyectos, absorber riesgos, otorgar garantías, entre otros). En 2013 la reforma energética promulgó regulaciones evidentemente adversas a la CFE: redujo sus capacidades operativas, financieras, de inversión y de servicio. La dividió en diferentes empresas restándole eficiencia a su cadena de valor y economías de escala provocándole sobrecostos. El Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) ubicó a la CFE como un participante que absorbía costos operativos imputables a otros actores con cargo a sus finanzas.
Previo a la reforma energética, intencionalmente no se desarrolló oportunamente un plan integral para que la CFE migrara eficazmente del monopolio a un esquema de mercado dentro de un contexto de competencia justa. Actualmente la CFE genera y comercializa poco más de la mitad de la electricidad que se consume en México. Ciertamente tiene el grueso de clientes del país, pero son predominantemente en baja tensión, domésticos en su mayoría, de poca facturación, en muchos casos dispersos, con un componente político-social complicado en varias regiones, lo que ocasiona una operatividad compleja y de escasa rentabilidad. Todo lo anterior, sumado a severas medidas de austeridad presupuestal, han puesto a la CFE en una condición vulnerable operativa y financieramente.
Expandir el sistema eléctrico nacional para absorber el crecimiento de la demanda al paso del tiempo requiere recursos multimillonarios (prácticamente habrá que duplicar la capacidad en los próximos 20 años), lo mismo que modernizar la infraestructura existente. Ante semejante reto técnico-financiero, se vislumbra difícil que el gobierno pueda por sí solo con tan colosal tarea. Conviene participe la iniciativa privada. La sana competencia en cualquier sector, incluyendo el eléctrico, crea presión sobre las compañías para bajar costos, mejorar calidad y servicio, y crear nuevos productos y procesos. Para una competencia justa que brinde esos beneficios, se requiere de piso parejo, de una regulación juiciosa y transparente. Hay de dónde aprender. Las experiencias de los países europeos ofrecen muchas enseñanzas. La empresa norteamericana Enron y su crisis artificial de electricidad en California, sigue siendo un caso de estudio donde el mercado se distorsionó por una regulación deficiente y degeneró en especulación y prácticas comerciales rapaces. En cuanto a Latinoamérica, Chile cometió errores y excesos al liberalizar su sector, entre otras consecuencias tiene vulnerabilidades técnicas y precios de electricidad extremadamente altos. De acuerdo a los reportes de la Agencia Internacional de Energía, los precios de la electricidad en México han sido de los más baratos para los hogares y a media tabla para la industria dentro del grupo de países que conforman la OCDE.
Para rescatar a la CFE y eventualmente hacerla perdurar y prosperar, se requiere que cuente con un marco legal y normativo justo, así como una orientación estratégica a la competitividad. A nivel mundial, a diferencia del sector petrolero que está embrollado y va en declive, el sector eléctrico tiene un promisorio futuro. El uso y demanda de electricidad irá en franco crecimiento. Autos eléctricos, dispositivos de todo tipo en hogares, industria, servicios, entretenimiento, operan y operarán con electricidad, con lo cual las ventas están aseguradas.
Nuestro presente y futuro precisa de innovación, preferentemente disruptiva, que permita generar, gestionar y utilizar la energía de manera más eficiente, segura, limpia y barata. Lo mismo que acuñar una nueva cultura en cuanto a la manera ─actitud─ con que hacemos uso de ella. Lo deseable es que todos los proyectos relacionados con la energía alcancen un equilibrio tecnológico, económico, social y ambiental.
Hace bien el gobierno federal en procurar enderezar los entuertos cometidos en el sexenio pasado, pero debe cuidarse de no caer en excesos ni encasillarse en el dogma político. Un tema polémico es el de las energías limpias, renovables. En el caso de las intermitentes, en vez de justificar porqué no deben integrarse al sistema eléctrico nacional, debería buscarse cómo sí lograr incorporarlas. Lo mismo evitar restringir la inversión y participación privada. Por el contrario, fomentarla dentro de un marco regulatorio adecuado. El gobierno federal debe probar con hechos que sus iniciativas no van en contra de la competitividad del sector ni en contra del medio ambiente.
En el pasado reciente la Fiscalía General de la República (FGR) informó que se hallaron presuntas evidencias de que la aprobación de la reforma energética de 2013 implicó sobornos y prácticas ilícitas, lo cual de comprobarse llevaría a confirmar componendas dolosas en perjuicio de la nación. Bien haría la FGR en judicializarlas y sancionar ejemplarmente los actos de corrupción probados. La propuesta de modificación de la LIE no revierte la reforma energética porque no regresa los artículos constitucionales 25, 27 y 28 a sus condiciones originales previo a la reforma del 20 de diciembre de 2013 (monopolio). La recompone a condiciones razonables y justas en el sector eléctrico tomando en cuenta el interés público.
Es deseable que en el caso de México, gobierno, iniciativa privada y demás actores, dejen de lado el encono político e ideológico y encuentren de manera ética y propositiva los esquemas adecuados para invertir y asegurar la disponibilidad presente y futura de energía eléctrica con suficiencia, calidad, precio y sustentabilidad para el desarrollo económico y social del país.
Opinión
Ejemplo de soberanía: Legado en Materia Energética
Manuel Rodríguez González
www.manuelrodriguez.mx
México es el único país que tuvo la capacidad de contener el alza de los precios de las energías durante la mayor crisis energética de toda la historia
Uno de los mayores legados en materia energética del recién concluido gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es haber colocado a México como ejemplo de soberanía y seguridad energética, al ser el único país que tuvo la capacidad de contener el alza de los precios de las energías, durante la mayor crisis energética de toda la historia.
Esta crisis detonada en 2020 por la paralización de las cadenas de suministro y el confinamiento de la humanidad, como consecuencia de la pandemia del Covid-19; pulverizó la demanda al pasar de los 100 millones de barriles diarios hasta los 25 millones; el 20 de abril de ese año, fue el día más negro de la historia del petróleo, al cotizarse en números negativos.
La recuperación de los precios fue igual de vertiginosa, en 2022 con la guerra de Ucrania la crisis se recrudeció con un matiz alcista; las consecuencias se vivieron principalmente en la Comunidad Europea por el recorte del suministro del gas ruso.
Ante este entorno global lleno de incertidumbre por los conflictos bélico de Europa del Este y Medio Oriente, la lección es contundente: la mano invisible del mercado no tiene la capacidad y mucho menos la responsabilidad de suministrar y atender las necesidades energéticas ante situaciones de crisis.
Esto quedo constatado por el caso de España, donde en 2020 la cotización promedio de la electricidad fue de 34 euros por megavatio-hora (MWh), en agosto de 2022 alcanzó sus máximos históricos registrando precios por arriba de los 500 euros; y en Alemania, en ese mismo mes, se registraron precios que llegaron a oscilar entre los 840 y 1000 euros por MWh, condenando a muchas familias a vivir en la obscuridad y quiebra de su economía.
La Agencia Internacional de la Energía en su Reporte de Eficiencia Energética 2022, al respecto, señalo que “Los altos precios de los combustibles fósiles están provocando una crisis del costo de vida, empeoramiento de la pobreza energética y la salud pública”, y puso a México como un ejemplo de soberanía y seguridad energética, al ser el único país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en contener el alza de los precios de energía en 2022; mientras que los Países Bajos, tuvieron un aumento del 100% con respecto al año previo, Inglaterra 59%, Unión Europea 39% y Estados Unidos 18%, mientras que México garantizo el suministro de energía y combustible con precios por debajo de la inflación.
La Comisión de Energía durante la LXV Legislatura, que tuve el honor de presidir, respaldo y coadyuvo con esta política energética, que, al otorgar el servicio de energía como un Derecho Humano, antepuso el interés púbico sobre el privado.
La presidenta Claudia Sheinbaum, ha asumido el mismo compromiso de que: “No van a regresar los gasolinazos, no habrá aumento a las tarifas eléctricas, ni a los precios del gas doméstico, por encima de la inflación”.
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La energía y en particular la electricidad, es insumo vital del cual depende el crecimiento en lo económico, social y en la calidad de vida de la población
Eduardo Olivares Pérez, Ph.D. Consultor.
El 10 de octubre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de decreto que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relacionada con las áreas y empresas estratégicas, conocida como la reforma energética 2024. Los senadores avalaron con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, la reforma para dejar de considerar empresas productivas del Estado a Pemex y a la CFE. Esta reforma constitucional, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador revierte parcialmente la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto que abrió el sector a la inversión privada y puso a Pemex y CFE a competir con los particulares. Los principales cambios constitucionales son: En el Artículo 25 se señala que las empresas productivas del Estado volverán a ser empresas públicas del gobierno.
En el Artículo 27 se establece que no se otorgarán concesiones para la explotación del litio y se establece que, en la industria eléctrica, los particulares no podrán tener prioridad sobre las empresas públicas. Asimismo, el Estado deberá garantizar el acceso continuo a la electricidad a precios bajos. Se elimina la posibilidad de que el Estado firme contratos con particulares para la transmisión y distribución de energía.
En el Artículo 28 se estipula que las funciones exclusivas del Estado, como la explotación del litio, el servicio de internet estatal y las actividades de las empresas públicas, no se considerarán monopolios. Además, el sistema eléctrico nacional deberá garantizar la autosuficiencia energética y suministrar electricidad al menor costo posible predominantemente sin fines de lucro, priorizando la seguridad y soberanía del país. Los servicios ferroviarios de pasajeros y carga se incluyen como áreas clave para el desarrollo nacional, y se introduce la figura de asignaciones para la comunicación satelital y el transporte ferroviario.
En cuanto al régimen transitorio el segundo artículo transitorio establece un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma para ajustar las leyes secundarias a las nuevas disposiciones constitucionales. El tercer artículo transitorio deroga las disposiciones de la reforma energética de 2013 que contradigan este nuevo decreto. En cuanto se tenga constancia que al menos 17 legislaturas la hayan aprobado, será publicada en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor.
¿Esta reforma energética favorece a México? Aunque aún es temprano para afirmar o negar categóricamente esto, lo deseable es que sea positiva para el país. ¿Cuándo sabremos el impacto y repercusiones? Cuando se emitan las leyes secundarias. Esto es; se publiquen las leyes y reglamentos correspondientes que definirán el alcance, estructura y operatividad del sector. En otras entregas he referido que la expansión de la infraestructura energética del país requiere de ingentes cantidades de dinero. El Estado por sí solo difícilmente podría hacer frente a tan colosal reto técnico y financiero. Se espera que se respete, e incluso se fomente, la participación del sector privado para mantener un esquema mixto Estado-Privados en el sector energético mexicano con la debida certidumbre jurídica a dichas inversiones.
El incremento de la dependencia energética y los conflictos de carácter geoestratégico ligados a productos energéticos han intensificado la necesidad de reconstruir los modelos energéticos actuales. En ocasión pasada la presidente de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, realizó una declaración que sorprendió a propios y extraños: “Los precios de la electricidad que se disparan ahora están exponiendo las limitaciones de nuestro diseño de mercado actual. Fue desarrollado para diferentes circunstancias. Por eso ahora estamos trabajando en una intervención de emergencia y una reforma estructural del mercado eléctrico.”
¿Por qué se está considerando actualmente la intervención gubernamental en los sectores energéticos en países del primer mundo? Porque los modelos de libre mercado en el sector energético, especialmente en situaciones de crisis, han demostrado ser imperfectos. De la disponibilidad de energía depende el desarrollo económico y social y la calidad de vida de la población de toda nación. Por esta razón la energía, la independencia energética, la seguridad energética, es un asunto de seguridad nacional. Los gobiernos necesitan asegurarse que en lo energético el mercado no lleve al sector y a la población a extremos fuera de toda proporción en precios y disponibilidad poniendo en riesgo el desarrollo, la estabilidad y la calidad de vida. Bajo esta premisa en el contexto y coyunturas que prevalecen en la actualidad varios gobiernos están apurados en reconstruir sus sectores y mercados eléctricos. Todo lo anterior se traduce en la necesidad de realizar reformas energéticas. El mundo no puede, no debe, arriesgarse a que los mercados controlen unilateralmente los precios y disponibilidad a libre arbitrio, en especial bajo esquemas de especulación o coyunturas –crisis reales o provocadas– con la finalidad de maximizar las ganancias. Lo que están urgidos por hacer Alemania, Reino Unido, Francia, entre otros en medio de las crisis, lo está intentando el gobierno mexicano con esta reforma.
La necesidad de electricidad seguirá en aumento. El tema de combustibles fósiles se complica cada vez más. Las energías renovables con la tecnología disponible en la actualidad no pueden resolver completamente el suministro de energía requerido ni la descarbonización del sector en condiciones técnico-económicas viables. Es imperioso incentivar la innovación, preferentemente disruptiva, que permita generar, gestionar y consumir la energía de manera más eficiente, limpia y económica.
Si el sector eléctrico vuelve a estar bajo la rectoría del Estado vía la CFE, no se va a acabar el mundo, no se vendrá el caos en el suministro de energía ni toda la generación será con combustóleo o carbón como lo han anunciado algunos agoreros. Por el contrario, la CFE al ser fragmentada con la reforma de 2013 se trastocó su cadena de valor y en consecuencia se vieron vulneradas sus capacidades y eficiencia operativa y administrativa. Al unificar y fortalecer a la CFE se espera retome su papel protagónico en el sector eléctrico nacional en beneficio de la población. Para esto se requiere de buen juicio, sensatez, objetividad, en la redacción de las leyes y reglamentos que han de ser promulgados. En el caso de Pemex, por su naturaleza y contexto, se percibe más complicada esta tarea.
Es tiempo de dejar el dogma, el encono, la confrontación virulenta y estéril de uno y otro lado. Que el bien común, el interés nacional, esté por encima de intereses particulares o de grupo. La energía y en particular la electricidad, es insumo vital del cual depende el crecimiento en lo económico, social y en la calidad de vida de la población. Apremia lograr consensos y sinergia entre los actores directos e indirectos del sector: gobierno, iniciativa privada, organismos autónomos, academia, sociedad, para conducir a nuestros países y mundo hacia una condición energética más segura, eficiente y sustentable. De ello depende en buena medida nuestro futuro.
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Las reformas a la política energética no son un simple hecho de cambios en papel, al otorgar a las empresas del estado un poder en su conjunto
Ramses Pech
Grupo Caravia – Grupo Pech Arquitectos
Las reformas a la política energética no son un simple hecho de cambios en papel, al otorgar a las empresas del estado un poder en su conjunto, y el colocar en el discurso, el poder de alcanzar la soberanía, independencia y autosuficiencia.
¿Cuál fue el objetivo? Dado que las empresas estatales carecen de su propia tecnología, y dependen de otros para poder integrarse en el mercado energético, y de esta forma ser México, independiente del mundo. ¿Podrá lograr? Los cambios en la reforma por el poder legislativo, dejó en claro dos cosas:
1. No tiene idea de la transición energética.
2. Auto-chamaquearon a México, ante sus socios comerciales del TMEC.
Se deriva de las siguientes observaciones que deben ser consideradas en el corto a mediano plazo por aquellos individuos que llevan a cabo la política pública de este país en el transcurso del sexenio y el próximo, ante los cambios constitucionales efectuados.
a) Transición energética. La eliminación que la nación era responsable de su realización; y que esta utilice las energías primarias de manera adecuada, para tener un mejor aprovechamiento, fueron enviados estos conceptos al bote de la basura. ¿Quién es el encargado de realizar esto?; y si en el dado caso es asignado a una secretaria, o empresa estatal, esto quiere indicar que no darán presupuesto para realizarlo.
b) Los legisladores en su totalidad, sin excepción solo hablaron de transición energética, referenciada a la forma de generar la electricidad con combustibles fósiles o energías renovables (incluidas las limpias), pero ninguno, cuando pasaron al púlpito para expresar su posicionamiento, no hablaron de la forma del dejar en manera paulatina, la utilización de combustibles fósiles. Entre los que se encuentran el gas natural, el cual es utilizado para generar más del 60 % de la electricidad en nuestro, país. El carbón utilizado para tomar su poder calorífico en algunas industrias, y en un 4 % para generar electricidad del total. Finalmente, el petróleo crudo y sus derivados; tales como las gasolinas, diésel, turbosina, gas licuado de petróleo, coque, combustóleo, entre los más utilizados en la cotidianidad de las actividades de la sociedad, y que son los que más gases de efecto invernadero producen, y que provienen principalmente del transporte que tiene que quemar para mover motores.
c) No, hay un plan de largo plazo de transición energética constitucional, y de políticas públicas reales del cómo debemos de llegar en el futuro. México necesita tecnología de otros países y que solo podemos obtenerla de tratados comerciales que tenemos con ciertos países.
d) Es absurdo considerar, y utilizar como discurso en el poder legislativo, que podemos dejar el uso de la gasolina y el utilizar carro eléctrico, si no existen las condiciones actuales. Sin considerar los híbridos, y los cuales tienen escape, y producen combustión, al seguir usando gasolina para su movilidad. Tengamos en cuenta que en México existen aproximadamente más de 38 millones de automóviles, y de los cuales del tipo eléctrico existen no más de 45 mil que circulan en la actualidad. Para poder llegar a tener carros eléctricos con las políticas actuales sexenales, y donde cada vez que llega una nueva administración, cambia el sector energético, estaremos teniendo carros en nuestro país circulando en plenitud del tipo eléctrico hasta él sigo XXII, y dejaremos de usar a los combustibles fósiles casi a finales de este siglo.
e) Las empresas PEMEX, y CFE; al pasar de nuevo a ser estatales, el cambio causa incertidumbre, por dejar de estar bajo la ley mercantil. Ahora tendrán toda la infraestructura del gobierno, para hacer frente ante cualquier desavenencia con una persona física o moral, que haya realizado algún contrato o transacción comercial. Eso beneficia a la empresa, debido a qué hora tiene el respaldo directo del gobierno, y no como antes que dependía de la SHCP, en cuánto podría ser ayudado.
f) Los legisladores han auto-chamaqueado a México debido a la implementación de los cambios correspondientes al sector energético, previo a la ejecución de la evaluación del TMEC en el año 2026. ¿Cuál era la prisa de hacer estos cambios? En realidad, existe una estrategia alineada entre lo político y el ámbito económico.
g) El TMEC fue firmado bajo políticas públicas que existían en su momento, en 2020; y que fueron el detonante en medida para su firma. La cual contenía normatividades, regulaciones, y leyes, que podían mantener una armonía con las inversiones privadas. Dado que México es el exportador principal a los Estados Unidos, y este socio comercial, es el que más invierte en nuestro país. Se debe tener en cuenta lo siguiente ante las modificaciones realizadas y pretendidas:
1. Revisará el Capítulo de Monopólico de empresas del estado, y cuyo objetivo, ver que no afecten a los inversionistas en los diferentes mercados. También es importante señalar que la CFE tiene el control de más del 75 % de la electricidad generada, y no debe confundirse, con el 54 %, que se refiere a la capacidad instalada. El mercado de generación de electricidad no se centra en cuántas plantas instaladas, si no en cuánto produce, y en cuanto a tu eficiencia operativa para despachar en el mercado. Recordemos que el único que puede vender la electricidad a usuarios domésticos es la CFE. PEMEX carece de competencia en la extracción y producción de crudo o gas natural. Este mercado no es el dónde los privados compiten, sino más bien en la venta o distribución de combustibles, donde la empresa estatal más del 75% de sus ingresos se deriva de esta actividad.
2. La integración de los órganos reguladores en la SENER podría generar un conflicto de interés y generar desavenencias en el acuerdo. Por ejemplo, podemos tomar a la comisión reguladora de energía, cuyo objetivo es brindar permisos para el mercado eléctrico y de hidrocarburos. La secretaria ostenta una silla en el consejo de CFE y PEMEX, y que al tener información del mercado, podría sugerir a la CRE, no dar el permiso a una empresa que pudiera hacer competencia a PEMEX.
3. Habrá ciertos cambios de forma, y ejecución, ante los cambios. Al no ser las mismas condiciones y términos firmados en 2020. Las negociaciones serán ríspidas, y veremos quién cede, y qué tipo condicionantes surgirán de esto. Cambios hechos antes de tiempo. Tengamos en cuenta que gane Donald Trump o Kamala Harris, cuando las cuestiones económicas y estrategias han sido afectadas, ambos partidos se unen y enfrentan a aquellos que afectan sus intereses al país. México ofrece terrenos, mano de obra barata y cercanía a este país para ensamblar su tecnología.
h) El mayor impacto se suscitará en forma indirecta en la población. Dado que ahora PEMEX y CFE deben incrementar en mayor medida el presupuesto. Debido a que regresaremos a la forma de contratación como era hasta antes de la reforma energética; ambas empresas estarán en desventajas ante el posible incremento de precios unitarios, al tener un mayor costo de financiamiento, y ligado a una prima de riesgo en el dinero, ante los tiempos en los pagos a proveedores, y descuentos solicitados. Además de una posible mayor incorporación de corrupción dentro de ambas empresas.
i) Al dar un mayor presupuesto algunos programas sociales, deberán ser reducidos o simplemente, habrá un mayor déficit y que el resultado es directamente proporcional para incremento de la deuda. En México, nuestro poder legislativo y ejecutivo carecen de una política pública a largo plazo, debido a que todo el ser humano que llega a administrar el país, se encuentra en la tentación de dejar su relevancia, y la cual, es olvidada al día siguiente de abandonar el cargo.
El presupuesto del 2025, ¿confirmará nuestro analfabetismo energético?, el dado caso que el gasto programado esté destinado en un 70 % de desarrollo social, y esto dejaría, al económico lacerado, a donde se encuentra el gasto programado de la energía, y por ende no habrá transición energética con cimientos genuinos de la nación.
Los sabios esparcen ciencia; más no así el corazón de los necios.
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