La apuesta energética que ya devuelve cifras

Doce meses bastaron. La planta flotante de licuefacción de gas natural ubicada en Altamira, Tamaulipas, cerró su primer año de operaciones con exportaciones por 868.2 millones de dólares —una suma que cubre cerca de un tercio del costo total del proyecto desarrollado por New Fortress Energy en alianza con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El proyecto arrancó con una inversión estimada en 1,000 millones de dólares para la primera etapa, que comprende tres plataformas elevadoras de licuefacción. Si se toma como base la expansión potencial del conjunto de plantas, la cifra escala hasta 5,500 millones de dólares. Bajo esa segunda lectura, los ingresos del primer año representan exactamente eso: un tercio del camino recorrido.Cómo opera la planta de GNL de Altamira

La terminal trabaja con tecnología de licuefacción flotante —conocida como Fast LNG— que convierte el gas natural en estado líquido para transportarlo en buques metaneros hacia mercados internacionales. Esta modalidad recorta tiempos de construcción frente a las plantas terrestres convencionales y permite ajustar capacidad sin levantar infraestructura desde cero.

El contrato entre la CFE y New Fortress Energy tiene una duración de 15 años. Durante ese periodo, los ingresos proyectados para la paraestatal mexicana llegan a los 5,730 millones de dólares —una cifra que supera con holgura el Capital Expenditure o Gasto de Capital (CAPEX) de la primera fase.

New Fortress Energy y la CFE, socios en Tamaulipas

New Fortress Energy llegó a México con un modelo que ya probó en otras regiones: instalar capacidad de licuefacción cerca de fuentes de gas barato y conectarla con mercados que pagan precios de exportación. Altamira cumple esa condición. El puerto industrial de Tamaulipas tiene acceso al gasoducto nacional y salida directa al Golfo de México, lo que abarata el traslado del producto hasta los buques.

El gas natural licuado como producto de exportación

El gas natural licuado se mueve hoy entre los energéticos con mayor crecimiento en comercio internacional. Europa diversificó proveedores tras la crisis de suministro de 2022, y Asia mantiene una demanda sostenida. México entró tarde a ese mercado, pero Altamira le abrió una ventana que hasta hace tres años no existía.

Planta de GNL de Altamira: lo que viene

El primer año fue la prueba. La planta de GNL de Altamira operó sin los tropiezos que suelen acompañar los arranques de proyectos de este tamaño. Los números lo sostienen: 868.2 millones de dólares en exportaciones no son un accidente logístico —son el resultado de una cadena que funcionó.

La pregunta que queda sobre la mesa no es si el proyecto fue viable. Es si México tiene capacidad para replicarlo antes de que el mercado global de GNL cambie de forma.

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Usar fracking en México podría resultar costoso para el erario y el territorio

El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió formalmente la puerta a extraer gas y petróleo de yacimientos no convencionales mediante fractura hidrológica. El reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos, que hoy representa alrededor del 75% del consumo nacional es el motivo. Petróleos Mexicanos y la Secretaría de Energía trabajan ya en una hoja de ruta para destinar recursos a estos yacimientos como condición para cumplir metas de producción al final del sexenio.

Lo que el gobierno no detalla con la misma claridad son los números detrás de esa apuesta.

El precio de cada pozo

Cada pozo de fractura hidrológica o fracking en México puede costar entre 20 y 25 millones de dólares, según estimaciones de organizaciones ambientales y estudios especializados. Eso incluye la complejidad técnica, el número de etapas de fractura y la infraestructura de apoyo. Para comparar: en campos convencionales, Petróleos Mexicanos (PEMEX) extrae un barril a un costo que ronda los 14 o 15 dólares, muy por debajo de lo que exige cualquier proyecto de lutitas.

Además, por cada unidad de energía que se invierte en fracking, se recuperan aproximadamente cinco. En proyectos tradicionales, esa relación llega a 20. Es decir, se gasta mucho más para sacar menos.

Agua escasa, pozos sedientos

Usar fracking en México podría resultar costoso también en términos hídricos. Cada pozo consume millones de litros de agua mezclados con arena y químicos para fracturar la roca a profundidades de entre 1,000 y 5,000 metros. El problema: buena parte del potencial no convencional del país se concentra en el norte y noreste, zonas que ya cargan con estrés hídrico. Ahí, el agua compite con el consumo humano, la agricultura y la industria.

A eso se suman los riesgos documentados de contaminación en mantos acuíferos por fugas, cementaciones deficientes o manejo descuidado de las aguas de retorno, cargadas con químicos y metales. También se registran emisiones de metano y compuestos orgánicos volátiles que deterioran el aire.

Comunidades en el camino

En estados como Tamaulipas, Veracruz y la cuenca Tampico-Misantla, organizaciones como la Alianza Mexicana contra el Fracking documentaron resistencia social desde que Pemex recibió asignaciones en esas zonas. Los conflictos no son abstractos: se traducen en retrasos de proyectos, litigios, compensaciones y trabajo constante de contención. Eso también se paga.

Estudios en México describen potenciales afectaciones a la salud pública por exposición a químicos, aumento de tráfico pesado, ruido y polvo en zonas rurales. Las comunidades cercanas a proyectos similares reportan enfermedades respiratorias y dermatológicas.

Quedamos en que no, pero al final sí

Claudia Sheinbaum reconoció públicamente que el fracking es una técnica dañina y tóxica. Aun así, avaló la exploración de yacimientos no convencionales bajo el argumento de la soberanía energética. El gobierno anunció un comité científico para evaluar tecnologías de menor daño ambiental antes de activar proyectos, pero los críticos señalan que los costos estructurales no desaparecen con mejores prácticas.

Cada peso que va al fracking es un peso que no llega a infraestructura renovable, que tiene costos operativos menores, no depende del gas natural importado y reduce emisiones. Esa es la cuenta que el gobierno todavía no presenta.

¿Cuántos pozos necesitaría Pemex para mover la aguja en producción, y a qué precio por barril cerrarían esos proyectos sin subsidios?

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La posibilidad de un fracking sostenible para extraer gas natural se planteó ayer miércoles 8 de abril de 2026, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta a la fractura hidráulica con una condición: que los impactos ambientales se reduzcan al máximo.

“Si vamos a hacer explotación de gas no convencional, tiene que ser de una manera sustentable”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina. La declaración no cerró ninguna puerta, pero sí fijó un umbral técnico que su gobierno deberá justificar ante la comunidad científica y ante quienes ya cuestionan que esa combinación sea viable.

Un comité decide en dos meses

La presidenta anunció la creación de un comité de especialistas nacionales e internacionales con un encargo concreto: determinar si existen métodos de fractura hidráulica que no provoquen los daños de esquemas anteriores. El grupo tiene alrededor de dos meses para entregar recomendaciones técnicas y económicas.

Lo que el gobierno pone sobre la balanza son cuatro ajustes operativos: usar agua salobre o de mar en lugar de agua dulce para las inyecciones; reciclar el agua empleada en los pozos; sustituir los químicos tradicionales por sustancias menos agresivas, incluso orgánicas; y aplicar estándares de monitoreo más estrictos. Ninguno de esos cambios elimina la técnica, pero el gobierno los presenta como suficientes para hablar de fracking con otro perfil ambiental.

La posibilidad de un fracking sostenible frente a la dependencia del gas

El trasfondo es una cifra que Pemex expuso en la misma conferencia: México importa alrededor del 75% del gas que consume, la mayor parte desde Texas. Reducir esa dependencia es el eje de la estrategia de gas natural hacia 2030, que proyecta elevar la producción total hasta más de 8,600 millones de pies cúbicos diarios en una década para acercarse al consumo nacional actual de 9,000 millones.

En meses anteriores, el titular de CENAGAS, Cuitláhuac García, estableció la certeza técnica de un fracking menos agresivo. El Centro Nacional de Control del Gas Natural (CENAGAS) administra la red de transporte que hoy mueve buena parte de ese gas importado; cualquier aumento sostenido en producción propia reordenaría los flujos que ese organismo opera. La Cuenca de Burgos, que se extiende entre Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, concentra las reservas de gas no convencional más estudiadas del país y sería el territorio más probable para las primeras pruebas.

Lo que dicen quienes no están convencidos

Organizaciones ambientales y varios especialistas citados en prensa rechazan que la técnica admita un adjetivo verde. Señalan que aunque cambien los insumos (agua salobre, químicos orgánicos) los riesgos a acuíferos, las emisiones fugitivas de metano, los sismos inducidos y las afectaciones sociales no desaparecen: se reducen en el mejor de los casos, pero no se cancelan.

El fracking, dicen, sigue siendo intensivo en recursos y produce impactos acumulativos que ningún protocolo de monitoreo borra del mapa. Sheinbaum no respondió directamente a esas objeciones; delegó la respuesta al comité.

Renovables no salen de la ecuación

La presidenta insistió en que el giro hacia el gas no convencional no abandona la apuesta por energías limpias. Su gobierno prometió seguir incrementando la capacidad renovable y reducir el uso de combustóleo en la generación eléctrica. El gas, en su lectura, es un puente hacia la soberanía energética mientras las renovables escalan.

Si el comité avala algún modelo técnico, la decisión formal llegará en poco más de dos meses. Hasta entonces, la pregunta queda sin respuesta concreta: ¿qué tan sostenible puede ser un método que fractura roca para soltar gas?

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