Ecología
Juez ordena a Profepa frenar daños por derrame
Juez ordena a Profepa frenar daños por derrame
Un juez de distrito concedió una suspensión provisional que ordena a Profepa y autoridades responsables llevar a cabo acciones inmediatas para contener y remediar los daños irreparables al medio ambiente ocasionados por el derrame de hidrocarburos en zonas costeras de Veracruz y Tabasco. La medida cautelar, otorgada por el Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa, representa un paso decisivo en la protección ambiental de la región tras semanas de contaminación costera que ha afectado cientos de kilómetros de litoral mexicano.
Suspensión provisional ordena acciones inmediatas
El apoderado legal de la Asociación Civil “En el Corazón está el Cambio” promovió el recurso el 27 de marzo ante el Juzgado Cuarto de Distrito, reclamando la omisión de Profepa en iniciar procedimientos de responsabilidad ambiental. La organización exigió que se formulara de oficio la denuncia inmediata ante el Ministerio Público respecto al hallazgo de hidrocarburos en zonas costeras. Además, solicitó la creación de juzgados especializados en materia ambiental y la ejecución del Plan Nacional de Contingencia para Derrames de Hidrocarburos.
El juez Ulises Oswaldo Rivera González reconoció la gravedad de la situación ambiental. Señaló que “es un hecho notorio la existencia de un derrame de hidrocarburos en playas del Golfo de México” y que existe interés legítimo en su contención y remediación. La suspensión provisional obliga a las autoridades a rendir un informe detallado en un plazo de 48 horas sobre las acciones que están realizando para cumplir con la medida cautelar.
Daños ambientales documentados en la región
El derrame de hidrocarburos se originó en marzo de 2026 por una fuga en la infraestructura de producción y transporte operada por Petróleos Mexicanos en la región marina de Ku-Maloob-Zaap, en la Sonda de Campeche. Las corrientes marinas y condiciones meteorológicas favorecieron la dispersión del crudo, permitiendo que la mancha alcanzara el litoral de Veracruz y posteriormente zonas de Tabasco. Organizaciones ambientales como Greenpeace México han documentado una cobertura desigual en las labores de limpieza, con múltiples sitios atendidos principalmente por comunidades locales.
Pescadores y autoridades locales han reportado la presencia de chapopote en diversas playas. Habitantes de municipios indígenas del sur de Veracruz, incluyendo Pajapan, Tatahuicapan y Mecayapan, se manifestaron exigiendo indemnización, atención a la salud y restauración de ecosistemas dañados. Se han documentado tortugas muertas y peces contaminados, evidencia clara del impacto en la fauna acuática de la región.
Extensión del derrame de hidrocarburos supera 900 kilómetros
La extensión del litoral afectado por la presencia de hidrocarburos se incrementó significativamente a alrededor de 900 kilómetros de costa. Hasta finales de marzo, organizaciones civiles habían documentado contaminantes frente a las costas de Campeche, Tabasco y Veracruz en una extensión de 630 kilómetros. Sin embargo, en los últimos días se registró presencia de estos materiales en playas de Tamaulipas, ampliando el área de impacto ambiental.
Entre el 19 y 21 de febrero se detectó contaminación desde Cantarell y el campo petrolero Abkatún desplazándose al oeste. Posteriormente, académicos documentaron presencia de hidrocarburos entre el 25 de febrero y el 1 de marzo en una extensa zona marina frente a costas de Tabasco y Veracruz con contacto evidente en la costa. Del 16 al 22 de marzo se observó presencia de contaminantes a lo largo de la costa de Veracruz, alcanzando la costa de Tuxpan.
Respuesta gubernamental y labores de contención
Las autoridades federales han desplegado más de 3 mil 300 elementos en las labores de atención del derrame. Se han recolectado más de 889 toneladas de hidrocarburo mediante operaciones marítimas y aéreas, incluyendo sobrevuelos de reconocimiento en Cantarell y muestreo con cadena de custodia. El operativo se mantiene activo en 48 playas de Veracruz, Tabasco y Campeche, con 32 playas que ya no presentan arribazón de hidrocarburos como resultado de los trabajos de limpieza y contención.
El gobierno federal anunció la creación de un Observatorio Permanente para el Golfo de México, operando bajo un modelo de colaboración entre comunidad científica, iniciativa privada y gobierno. Este observatorio generará información en tiempo real sobre cambio climático, biodiversidad y riesgos ambientales. Continúan acciones de apoyo a comunidades pesqueras afectadas en el sur de Veracruz y Tabasco, además de monitoreo ambiental en manglares, áreas naturales protegidas, sitios de anidación de tortugas y arrecifes de coral.
Investigación penal y responsabilidades pendientes
Diputados del Partido Acción Nacional presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por el derrame de petróleo. El delito ambiental podría alcanzar una pena de hasta 20 años de prisión si se comprueba que está relacionado con el llamado “huachicol marítimo”. La denuncia se basa en que, por acción u omisión, funcionarios de Pemex hayan permitido, tolerado o encubierto los hechos que derivaron en el derrame tóxico a las aguas mexicanas.
Expertos han señalado la existencia de un posible “encubrimiento” en torno al derrame, que tendría implicaciones legales penales y administrativas. Se han documentado reportes de la Marina sobre un buque operando en la Sonda de Campeche con su sistema de identificación apagado, comportamiento que coincide con prácticas vinculadas al robo de combustible. Esto abre una línea preocupante sobre la posible conexión entre el derrame y actividades ilegales toleradas o no controladas por las autoridades.
Audiencia constitucional determinará suspensión definitiva
El próximo 10 de abril se llevará a cabo la audiencia constitucional donde el juez Ulises Oswaldo Rivera González determinará la suspensión definitiva de los actos reclamados. En esta audiencia, se evaluará si la medida cautelar debe mantenerse de forma permanente, obligando a las autoridades a cumplir integralmente con las acciones de remediación ambiental. El magistrado consideró que la suspensión “no afectaría el orden público y el interés social”, pues no hay datos que permitan afirmar que la medida podría causar daño significativo a la colectividad.
El juez reconoció que cualquier persona está interesada en la contención y remediación de daños ambientales, en tanto que la contaminación costera puede repercutir directamente en la salud y bienestar de la población. Esta perspectiva amplía el concepto de legitimación activa en materia ambiental, permitiendo que organizaciones civiles y ciudadanos promuevan acciones legales para proteger el medio ambiente del Golfo de México. La decisión judicial representa un precedente importante en la defensa de derechos ambientales en México.
El derrame de hidrocarburos en Veracruz y Tabasco ha generado una respuesta legal sin precedentes, con la suspensión provisional ordenada por el juzgado marcando un punto de inflexión en la protección ambiental de la región. La orden de Profepa para frenar y remediar daños refleja la presión creciente de organizaciones civiles y autoridades judiciales sobre la necesidad de acciones inmediatas. Energía y Ecología continúa monitoreando los desarrollos de este caso crucial para el futuro ambiental del Golfo de México. Comparte esta información con tu comunidad y mantente atento a los resultados de la audiencia del 10 de abril, que podría determinar medidas definitivas de protección ambiental para nuestras costas.
Ecología
COP31: México regresa con pabellón

COP31 en Antalya: México regresa con pabellón propio y una agenda de adaptación en plena alerta por El Niño
Antalya, Turquía, 14 de noviembre de 2026. Con la apertura de la COP31 el pasado 9 de noviembre, México volvió a ocupar un lugar visible en la negociación climática internacional. La delegación mexicana, coordinada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), llegó con un pabellón propio por primera vez en más de doce años y con una propuesta central: la política nacional de adaptación ADAPTA MX 1.0.
Una cumbre bajo presión climática y geopolítica
La Conferencia de las Partes de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático se desarrolla del 9 al 20 de noviembre en el Centro de Exposiciones de Antalya, ciudad turca del Mediterráneo. La presidencia es compartida entre Turquía y Australia, un esquema inédito en el que el país anfitrión encabeza la organización y Australia conduce las negociaciones. Se registraron más de 68 mil participantes de casi 200 delegaciones.
El contexto no es sencillo. Según el servicio europeo Copernicus, octubre de 2026 fue el más cálido jamás medido, con una temperatura global 1.75 °C por encima del nivel preindustrial. A ello se suma un episodio de El Niño clasificado como muy fuerte, que ha elevado las temperaturas del océano Pacífico a niveles récord y ha dejado afectaciones en México y en el resto del continente durante este año.
En ese escenario, la delegación mexicana planteó que la diplomacia climática debe pasar de los discursos generales a resultados medibles, tanto en protección ambiental como en la reparación de daños provocados por fenómenos extremos.
ADAPTA MX 1.0: de reaccionar a prevenir
La pieza principal de la agenda mexicana es ADAPTA MX 1.0, presentada como la primera Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Fue elaborada tras siete talleres regionales con especialistas científicos y organizaciones de la sociedad civil, según lo difundido por la cancillería mexicana.
El documento contempla 33 medidas de acción inmediata y la puesta en marcha de una Plataforma Nacional de Riesgos. Su propósito es proteger infraestructura, cultivos y comunidades frente a sequías severas e inundaciones, y dejar atrás el enfoque que solo responde cuando el desastre ya ocurrió.
Metas de emisiones: la NDC 3.0 y su condición financiera
México también acudió a Antalya con la actualización de su Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC 3.0. Por primera vez, el país fija un tope absoluto de emisiones netas con horizonte en 2035, en el marco del Acuerdo de París.
La delegación precisó que el nivel máximo de ambición dependerá de que las economías avanzadas cumplan con la transferencia de tecnología y el financiamiento internacional que han prometido. Sin esos recursos, advirtió, el cumplimiento pleno quedaría comprometido.
Transición justa y fondo de pérdidas y daños
México comparte con Polonia la conducción de las consultas ministeriales sobre transición justa. El objetivo es diseñar un mecanismo internacional que proteja los derechos laborales y la estabilidad económica de las poblaciones afectadas por el cierre gradual de industrias contaminantes. La postura mexicana sostiene que las metas de energía limpia pierden sentido si implican destruir ecosistemas, afectar a trabajadores o desatender a comunidades vulnerables.
En materia de financiamiento, la delegación pidió eliminar los obstáculos burocráticos que dificultan a los países en desarrollo acceder con rapidez al fondo de pérdidas y daños. La prioridad, indicaron, es canalizar recursos directos para reparar los efectos de huracanes en zonas costeras, atender la degradación de los océanos y amortiguar el impacto económico en sectores como la agricultura.
El regreso del Pabellón de México
Uno de los hitos de esta edición es la reapertura del Pabellón de México tras más de doce años. De acuerdo con un mensaje oficial de SEMARNAT en X, el espacio impulsa el diálogo con academia, sociedad civil y comunidades sobre adaptación, bosques y financiamiento. La delegación incluye al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Energía, lo que busca unificar el enfoque técnico y financiero.
La representación en el terreno la coordinan José Luis Samaniego Leyva, subsecretario de Desarrollo Sostenible y Economía Circular de SEMARNAT, y Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE. El pabellón funciona, según se informó, como una vitrina de proyectos territoriales ya en operación: conservación, manejo de cuencas y eficiencia energética, con participación de municipios, comunidades indígenas, universidades y sector privado.
México en la COP31
Con la cumbre aún en curso hasta el 20 de noviembre, México busca consolidarse como puente entre las grandes potencias y el Sur Global, alineando la acción climática con la justicia ambiental y los derechos sociales. El mensaje que llevó a Turquía es que el éxito del Acuerdo de París se medirá en la calidad de vida de las familias y no solo en los compromisos firmados.
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Ecología
Multa de 5 millones de pesos por tener una pata de elefante sin permiso

Multa de más de 5 millones de pesos por tener esta planta en México: la pata de elefante es especie amenazada
Ciudad de México. Tener en casa o en el jardín una pata de elefante (Beaucarnea recurvata), una de las plantas ornamentales más populares de México, puede convertirse en un problema legal si su procedencia no está acreditada. Se trata de una especie nativa catalogada como amenazada en la NOM-059-SEMARNAT-2010, la norma oficial que protege a la flora y fauna silvestre del país, y las infracciones asociadas a su extracción o comercio ilícito pueden alcanzar multas de hasta 50 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a 5 millones 865 mil 500 pesos en 2026.
Aunque es común encontrarla en viveros, terrazas y jardines de todo el país, la pata de elefante es una especie endémica que solo se distribuye de forma natural en Oaxaca y Veracruz, donde habita la selva baja caducifolia, según documenta la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). La categoría de amenazada agrupa a aquellas especies cuyas poblaciones podrían encontrarse en peligro de desaparecer a corto o mediano plazo si no cambian las condiciones que las afectan.
Extracción ilegal y pérdida de hábitat: las amenazas
Entre los principales riesgos que enfrenta la especie figuran la extracción de ejemplares y semillas para comercializarlos como plantas ornamentales, así como la pérdida de su hábitat por actividades agrícolas, ganaderas y el crecimiento urbano. La presión sobre las poblaciones silvestres no es menor: Profepa informó que entre 2014 y 2020 aseguró 14 mil 269 ejemplares de pata de elefante durante operativos contra el comercio ilegal de flora silvestre.
El aparato legal de protección no se limita a las sanciones administrativas. El Código Penal Federal, en su artículo 420, fracción IV, establece penas de uno a nueve años de prisión para quien capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga ejemplares de especies amenazadas, en peligro de extinción o sujetas a protección especial. La pena puede aumentar hasta tres años adicionales cuando las conductas se realizan con fines comerciales o dentro de un área natural protegida.
¿Cómo tener una pata de elefante legalmente?
Contar con una de estas plantas en casa no implica automáticamente una multa: la autoridad debe determinar qué disposición se incumplió y valorar las circunstancias de cada caso. La vía legal consiste en demostrar que el ejemplar fue adquirido de forma legítima, es decir, proveniente de viveros registrados o con los permisos que emiten las autoridades ambientales para su propagación y venta. En algunos supuestos, Profepa puede permitir conservar la planta si se acredita su origen lícito y que no representa un riesgo para la especie; en otros, podrá asegurarla y darle un destino adecuado.
El mensaje de las autoridades es claro: evitar comprar o vender esta especie sin los permisos correspondientes y denunciar cualquier actividad ilegal. Y la pata de elefante no está sola: México tiene casi mil especies vegetales en alguna categoría de riesgo. Entre las más conocidas están las biznagas, distintos cactus amenazados por la extracción ilegal; orquídeas como la vainilla (Vanilla planifolia) y la flor de mayo (Laelia speciosa); y cícadas como la palma de la Virgen (Dioon edule), vulnerable ante la pérdida de hábitat.
Las denuncias y consultas pueden realizarse a través de los canales oficiales de Profepa, cuya labor y perfiles institucionales pueden consultarse en LinkedIn, y cuyos avisos sobre operaciones de aseguramiento de flora silvestre se difunden también en X. Para conocer el listado completo de especies protegidas y los trámites disponibles, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mantiene la información actualizada en su portal.
La lección para los amantes de las plantas es sencilla: antes de llevarse una pata de elefante a casa, conviene preguntar de dónde viene. El gusto por esta especia de escultura vegetal no debería costar ni millones de pesos ni años de libertad.
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Ecología
Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó el 2 de agosto de 2026 que logró el cierre definitivo del pozo exploratorio Krem-1, ubicado en el ejido Constitución Mexicana, municipio de Las Choapas, en el sur de Veracruz, luego de casi cinco meses de una contingencia que combinó una fuga de gas, un incendio prolongado y daños ambientales documentados por organizaciones civiles mediante imágenes satelitales. Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, lo anunció a través de su cuenta oficial en X, la empresa productiva del Estado precisó que la instalación “ya no presenta flujo en superficie” y señaló que con ello concluye la etapa principal de atención a la emergencia que inició el pasado 5 de marzo.
Qué anunció Pemex sobre el cierre del pozo Krem-1
En su tarjeta informativa oficial, Pemex detalló que el cierre se logró gracias al despliegue de equipos técnicos especializados que instalaron un nuevo sistema de válvulas y tuberías en el cabezal del pozo. La compañía indicó que, superada la fase crítica, ahora enfocará sus esfuerzos en un programa integral de saneamiento ambiental y en la compensación y reparación de daños específicos en la zona, en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales.
La petrolera precisó que mantendrá de forma permanente sus Unidades Médicas Móviles, con servicios médicos y odontológicos para más de 45 comunidades cercanas al sitio. Asimismo, informó que avanza la construcción de una Casa de Salud en el ejido Benito Juárez y el equipamiento de las unidades médicas de El Remolino y Linda Vista. En materia educativa, Pemex reportó la entrega de mobiliario escolar nuevo para reforzar las escuelas de la región, mientras que en infraestructura adelantó que concluirá en breve la ingeniería de un camino de 26 kilómetros con asfalto en caliente entre los ejidos Río Playas y El Remolino. La empresa añadió que ya entregó al municipio de Las Choapas mil toneladas de concreto, una unidad de desazolve tipo Vactor, una pipa de 10 mil litros y combustible para labores locales.
Cronología del incidente en Las Choapas, Veracruz
El origen de la contingencia se remonta al 5 de marzo de 2026, cuando el pozo Krem-1 —parte de un programa exploratorio de hidrocarburos de Pemex en el sur de Veracruz— alcanzaba alrededor de 3,336 metros de profundidad durante labores de perforación. En ese punto se presentó un flujo inesperado de gas que, según la secuencia técnica descrita por Pemex, se intentó derivar hacia un sistema de quemador de seguridad; sin embargo, una fuga en conexiones superficiales terminó por incendiar el equipo de perforación. Cientos de personas fueron evacuadas de manera preventiva de comunidades cercanas y la empresa reportó que no hubo personas lesionadas.
Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, impactos en la salud
Lo que en un primer momento se describió como un evento controlado en horas se extendió durante alrededor de 150 días. La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, reconoció en julio que apagar por completo el pozo tomaría varios meses debido a la complejidad técnica del proceso, para lo cual la empresa recurrió a especialistas y maquinaria traída del extranjero. La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, instruyó en junio a la Secretaría de Salud federal para revisar, junto con su contraparte estatal, las denuncias de habitantes de Las Choapas que reportaban molestias respiratorias y oculares asociadas al humo del pozo.
Impacto ambiental y emisiones de metano documentadas
Mientras el pozo permaneció activo, organizaciones civiles especializadas en monitoreo satelital estimaron que se quemaron entre 250 y 300 millones de metros cúbicos de gas natural entre marzo y julio, una cifra equivalente a una porción significativa del gas doméstico consumido en México en un año. A partir de esos datos, calcularon una liberación de alrededor de 500 mil toneladas de dióxido de carbono, cifra que podría acercarse a 620 mil toneladas de CO₂ equivalente si se contabiliza el metano no quemado que pudo escapar a la atmósfera. El metano es un gas de efecto invernadero considerablemente más potente que el CO₂ en el corto plazo, con un potencial de calentamiento global varias decenas de veces mayor en un horizonte de veinte años, de acuerdo con estimaciones científicas recogidas por la comunidad académica.
Pemex anunció el cierre del pozo Krem-1, efectos en la población
Las mismas organizaciones documentaron afectaciones en alrededor de 270 hectáreas alrededor del cabezal del pozo, entre suelo calcinado y vegetación muerta o dañada, además de reportes de contaminación en arroyos cercanos y muerte de animales de traspatio y ganado. Habitantes de decenas de comunidades ubicadas en un radio de hasta diez kilómetros manifestaron dolores de cabeza, náuseas e irritación en ojos y vías respiratorias, y exigieron estudios independientes de aire, agua, suelo y salud.
Pemex, en contraste, ha sostenido que sus monitoreos de calidad del aire se mantuvieron por debajo de los límites permisibles y que no ha identificado casos de intoxicación vinculados al incidente, aunque un directivo de la empresa reconoció la muerte de decenas de animales en la zona. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente es la entidad federal encargada de supervisar este tipo de riesgos en el sector hidrocarburos, mientras que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales participa junto con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos en la Comisión para la Cooperación Ambiental, instancia ante la cual organizaciones civiles presentaron una petición en junio para revisar el cumplimiento de la legislación ambiental mexicana en este caso.
El precedente de Ixtoc I y otros descontroles de pozos de Pemex
El caso Krem-1 revivió comparaciones con el histórico reventón del pozo Ixtoc I, ocurrido en 1979 en la Bahía de Campeche, considerado durante décadas el mayor derrame petrolero registrado hasta la aparición del caso Deepwater Horizon en 2010.
Aquel accidente, también originado por una pérdida de control durante la perforación, mantuvo un flujo continuo de crudo hacia el Golfo de México durante cerca de 290 días, hasta su sellado definitivo en marzo de 1980, y contaminó playas de varios estados mexicanos y del sur de Texas. Aunque Krem-1 e Ixtoc I difieren en la naturaleza del hidrocarburo liberado —gas natural en un caso, petróleo crudo en el otro— y en el entorno del siniestro —terrestre frente a marino—, ambos episodios comparten un patrón similar: la pérdida de control de un pozo exploratorio derivó en una contingencia prolongada cuya magnitud ambiental solo pudo cuantificarse con precisión meses después de iniciado el evento.
Reparación social y siguientes pasos en Las Choapas
Con el pozo formalmente cerrado, Pemex adelantó que el llamado Programa de Atención de Afectaciones continuará con brigadas en campo para integrar expedientes y mapear los daños por zonas, con el objetivo de ofrecer una respuesta ordenada a cada caso de la población afectada. La gobernadora Nahle ha señalado que la remediación ambiental definitiva —incluida la atención a cultivos, cuerpos de agua y ganado— se ejecutará de manera coordinada entre el gobierno estatal y la petrolera una vez confirmado el cierre total del pozo. Organizaciones como la Alianza Mexicana Contra el Fracking han insistido en que la etapa de reparación debe incluir verificaciones independientes, más allá de los reportes internos de la empresa, para determinar el alcance real de los daños a la salud y al entorno en una región donde la actividad petrolera ha sido, durante décadas, el eje de la economía local.
El cierre del Krem-1 marca el fin de la fase más crítica de la contingencia, pero no el cierre del expediente: la reparación de daños, el saneamiento del suelo y el seguimiento médico a las comunidades de Las Choapas apenas comienzan una nueva etapa que, según lo anunciado por la propia empresa, se prolongará durante los próximos meses.
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