Con un auditorio colmado y una batería de propuestas concretas sobre la mesa, el Partido Acción Nacional (PAN) celebró la noche del jueves su tercer acto masivo en menos de ocho meses como parte de una ambiciosa fase de relanzamiento institucional. Desde el Pepsi Center de la Ciudad de México, el dirigente nacional blanquiazul, Jorge Romero, encabezó la presentación de lo que el partido denomina sus “111 Soluciones para México”, una plataforma de gobierno orientada a posicionar al partido como una alternativa real de poder rumbo a las elecciones intermedias de 2027.

La agenda incluyó propuestas en materia de seguridad, economía, energía y política fiscal. Sin embargo, dos medidas concentraron la atención: la privatización de la refinería Olmeca —conocida como Dos Bocas— y la creación de una megaprisión para delincuentes de alto perfil y funcionarios corruptos coludidos con el crimen organizado.

PAN apuesta por privatizar Dos Bocas : la propuesta energética más polémica

El documento distribuido entre los asistentes al evento sitúa en el centro de la propuesta energética la venta de la refinería Olmeca, instalada en Paraíso, Tabasco, con la consigna de “vender Dos Bocas para salvar a Pemex”. La medida buscaría transferir a inversionistas privados el activo más controversial del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuya construcción implicó costos que superaron con creces lo proyectado.

Los números respaldan en parte la urgencia señalada por el blanquiazul: la inversión total reconocida por Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) asciende a más de 20,959 millones de dólares, casi el triple del presupuesto original de 8,000 millones, según reportes financieros de la propia empresa. El costo reconocido por la paraestatal supera el doble de los 8,000 millones de dólares que se habían planteado originalmente, mientras que la refinería opera actualmente a una fracción de su capacidad máxima de 340,000 barriles diarios.

Privatizar Dos Bocas para “rescatar” a Pemex

Pese a ello, el panorama no es del todo negativo: en 2025, la refinería contribuyó a que el Sistema Nacional de Refinación (SNR) registrara resultados positivos. Pemex reportó una ganancia de 62,000 millones de pesos en el área de refinación, en parte impulsada por la aportación de Dos Bocas. No obstante, sin el respaldo presupuestario del gobierno federal —que aportó 395,000 millones de pesos en 2025— la empresa seguiría en una situación financiera muy comprometida, similar a la de 2024, cuando registró las mayores pérdidas en su historia.

Expertos en el sector energético como analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han advertido que el modelo de refinación estatal resulta difícilmente sostenible en las condiciones actuales. Para Óscar Ocampo, coordinador de Energía del IMCO, refinar se convirtió en un fin en sí mismo y no en un medio para lograr seguridad energética, por lo que advierte que una empresa que genera pérdidas sistemáticas como Pemex Transformación Industrial es completamente insostenible.

El PAN también planteó incentivos fiscales para empresas que inviertan en energías limpias, economía circular y eficiencia hídrica, así como suspender apoyos financieros a gobiernos calificados como autoritarios por la comunidad internacional.

Megaprisión al estilo Bukele y drones: la apuesta panista en seguridad

En el eje de seguridad, Romero expuso la construcción de una megaprisión diseñada para albergar a delincuentes de alta peligrosidad y a lo que el partido denomina “narcopolíticos”: funcionarios públicos con vínculos probados con el crimen organizado. La propuesta, incluida en el folleto entregado durante el evento, va acompañada de imágenes que evocan visualmente el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, el polémico recinto impulsado por el presidente Nayib Bukele, que ha sido señalado por organismos de derechos humanos internacionales por presuntas violaciones procesales.

El documento panista detalló que la propuesta incluye cadena perpetua para quienes cobren piso y para funcionarios que se alíen con organizaciones criminales. Además, contempla el despliegue de drones para vigilancia urbana las 24 horas, una aplicación ciudadana de denuncia con geolocalización y fotografía en tiempo real, y la revisión de las reformas en materia de seguridad e inteligencia impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, bajo el argumento de proteger la privacidad de los ciudadanos frente a lo que el partido llama un “Estado Espía”.

Reforma fiscal, austeridad y un mensaje al gobierno federal

En materia económica, las 111 soluciones panistas apuntan a una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 16 al 10 por ciento a nivel nacional, una disminución a la mitad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las gasolinas, y la exención total del Impuesto Sobre la Renta (ISR) para jóvenes de hasta 29 años que estudien y trabajen simultáneamente. Se añaden créditos a tasa cero para pequeñas empresas y emprendedores, así como estímulos al primer empleo joven.

Jorge Romero aprovechó el foro para reivindicar los gobiernos de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox como modelos de administración técnica que el PAN busca retomar. Al tiempo, lanzó un mensaje de diálogo hacia el gobierno de la Cuarta Transformación: indicó que el partido no se concibe como adversario del ejecutivo federal, sino que identifica como verdaderos enemigos a la división social, al crimen organizado y a quienes establecen alianzas con él. Sostuvo, además, que México requiere con urgencia de una gestión más técnica y menos ideologizada.

La plataforma fue presentada por Romero como la base programática que ya aplican los gobiernos estatales panistas. En su exposición desarrolló poco más de 20 de las 111 propuestas; el resto quedaron consignadas en el folleto distribuido entre los asistentes.

El evento y la asistencia: entre gobernadoras y una notable ausencia

El acto convocó a un público integrado principalmente por vecinos y trabajadores de las alcaldías Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, tres de las demarcaciones capitalinas históricamente más afines al voto de centro-derecha en la Ciudad de México. Al evento acudieron diputados federales, senadores, alcaldes y tres gobernadoras del partido: María Eugenia Campos, de Chihuahua; Libia Dennise García, de Guanajuato; y María Teresa Jiménez, de Aguascalientes.

La ausencia más notoria fue la del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, también militante del blanquiazul, quien no envió ninguna explicación pública sobre su falta de asistencia.

Este tercer relanzamiento se enmarca en un proceso de renovación que el PAN inició hace menos de un año y que ha generado lecturas encontradas al interior del propio partido. Figuras como Adriana Dávila, quien compitió por la dirigencia panista en 2024, han señalado que las reformas presentadas no tocan temas fundamentales para demostrar un cambio real y que, en esencia, se mantienen las mismas líneas con redacción distinta. En sentido contrario, el expresidente nacional del PAN Luis Felipe Bravo Mena ha sostenido que los resultados electorales de 2024 y las alianzas con partidos rivales obligaron a la nueva dirigencia a dar un golpe de timón hacia una reinvención que va más allá del logotipo.

Lo que sí queda claro es que el PAN apuesta por una narrativa de propuestas concretas y diferenciación programática para intentar recuperar terreno político antes de que arranque formalmente la campaña de 2027.

Ciudad de México. La reciente asociación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petróleo Brasileiro (Petrobras) generó expectativas sobre una posible recuperación productiva y financiera para la petrolera mexicana. Sin embargo, especialistas en energía consultados coinciden en que las condiciones reales del acuerdo están muy por debajo de lo que se anticipaba meses atrás.

El convenio llega después de que México buscara originalmente fortalecer lazos con compañías como Shell, ExxonMobil y Eni. A diferencia de esos acercamientos, el entendimiento con la petrolera brasileña tiene una vigencia inicial de apenas dos años —aunque renovable— lo cual resulta llamativo si se considera que los proyectos de exploración y producción petrolera suelen requerir horizontes de planeación mucho más largos.

Un memorándum sin compromisos vinculantes

De acuerdo con Gonzalo Monroy, director general de la consultora GMEC, el elemento central para entender el verdadero peso de este acuerdo está en su carácter “no vinculante”. Esto significa que no existe ninguna obligación de inversión entre ambas partes, un patrón que, según el especialista, ya se había repetido anteriormente con otras firmas internacionales que llegaron a colaborar con Pemex sin concretar proyectos de gran escala.

Monroy explicó que experiencias similares con otras petroleras se limitaron, en la práctica, a intercambios de personal técnico y visitas de especialistas, sin que ese tipo de cooperación derivara en negocios o inversiones tangibles.

En la misma línea, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advirtió que mientras no surjan proyectos de inversión concretos, será difícil que esta nueva relación entre las dos estatales avance más allá de declaraciones de intención.

Según lo informado, la colaboración se concentraría en tres frentes: exploración y producción en aguas profundas, desarrollo de procesos industriales como petroquímica y fertilizantes, y un intercambio de experiencias regulatorias e institucionales entre ambos países.

Los obstáculos que alejan la inversión real

Los analistas señalaron que difícilmente Petrobras destinará capital de inversión a proyectos conjuntos con Pemex en el corto o mediano plazo. La razón principal radica en que el esquema contractual mexicano no resulta atractivo para una empresa que, aunque de propiedad mayoritariamente estatal, también cotiza en los mercados bursátiles y debe responder a sus accionistas.

Monroy detalló que los modelos de contratos mixtos no se ajustan a los intereses de Petrobras, ya que no garantizan rentabilidad y podrían incluso afectar negativamente el valor de sus acciones. Explicó que, en esquemas de producción compartida, la empresa brasileña tendría que competir en licitaciones públicas sin ninguna certeza de obtener los derechos sobre descubrimientos logrados con su propia tecnología.

Ocampo, por su parte, contrastó la apertura que Petrobras ha mostrado hacia la inversión privada con la postura del gobierno mexicano actual, que ha mantenido un discurso enfocado en la soberanía energética y que, hasta el momento, no muestra señales de modificar ese enfoque.

Estas afirmaciones coinciden con declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien si bien reconoció que Petrobras cuenta con participación de capital privado, subrayó que se trata fundamentalmente de una empresa pública, por lo que el acuerdo debe entenderse como un entendimiento entre dos petroleras estatales.

¿Negocio o mensaje político?

Para Ocampo, la falta de claridad respecto a los contratos específicos y la ambigüedad sobre si los proyectos se desarrollarían en aguas profundas, ultraprofundas o en campos maduros, sugiere que el anuncio responde más a una lógica política que a una estrategia de negocios bien definida. El especialista del IMCO fue enfático en que, más allá del simbolismo, hay poca sustancia concreta detrás del convenio.

Monroy coincidió en que el trasfondo político es innegable, pero agregó un matiz: detrás del acercamiento existió un interés del presidente brasileño Lula da Silva por colocar etanol producido por Petrobras en el mercado mexicano a través de Pemex. No obstante, ese plan no resultó viable financieramente para la empresa mexicana, ya que habría requerido inversiones de entre 6,000 y 8,000 millones de dólares para adaptar su infraestructura, lo que terminó por diluir buena parte del impulso original de la negociación.

Optimismo a pesar de todo

En suma, los especialistas consultados sostienen que la alianza entre Pemex y Petrobras se aleja considerablemente del optimismo que rodeó los primeros anuncios. Sin proyectos concretos de inversión y con un horizonte de apenas dos años, el acuerdo parece responder más a una señal diplomática entre gobiernos aliados que a una estrategia real de fortalecimiento del sector energético mexicano.

Irán anunció el sábado 20 de junio de 2026 el cierre del estrecho de Ormuz, apenas dos días después de haberlo reabierto en el marco del memorando de entendimiento firmado el 18 de junio con Estados Unidos para poner fin a la guerra entre ambos países. La Guardia Revolucionaria Islámica justificó la medida como respuesta a la continuidad de los bombardeos israelíes sobre el sur del Líbano y al supuesto incumplimiento de Washington de levantar por completo el bloqueo naval que mantiene sobre los puertos iraníes.

El anuncio: qué dijo Irán y por qué

La Armada de la Guardia Revolucionaria advirtió a las embarcaciones que no se acercaran al estrecho, alegando que su seguridad estaría en riesgo si lo hacían. El alto mando militar conjunto iraní describió el cierre como un “primer paso” frente a lo que calificó de incumplimientos de Estados Unidos.

Horas antes, el vocero de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, había indicado que el tránsito marítimo por el estrecho se desarrollaba con normalidad bajo supervisión de las fuerzas armadas, en aplicación del memorando firmado por el presidente Donald Trump y su par iraní, Masoud Pezeshkian. La contradicción entre ambas versiones generó confusión entre navieras y aseguradoras que monitorean la zona.

Una tregua frágil: antecedentes del cierre de Ormuz

El estrecho está en el centro de la escalada desde que la guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó el 28 de febrero de 2026. Irán decretó entonces su primer cierre a buques petroleros como represalia por los ataques israelíes, lo que llevó a Washington a lanzar, a partir del 19 de marzo, una campaña aérea para forzar la reapertura del paso y, posteriormente, a imponer el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos iraníes tras el fracaso de las negociaciones de Islamabad.

El memorando del 18 de junio establecía que Irán reabriría el estrecho de forma plena a cambio de que Estados Unidos levantara el bloqueo a sus puertos, Israel se retirara del Líbano y las fuerzas estadounidenses abandonaran la región del Golfo Pérsico. Sin embargo, en menos de 48 horas Teherán volvió a imponer restricciones, al considerar que ninguna de esas condiciones se había cumplido en su totalidad.

Estados Unidos pone en duda la versión de Teherán

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) sostuvo en sus canales oficiales que el tráfico comercial por el estrecho había aumentado el 20 de junio, mientras fuerzas estadounidenses continuaban operando en la zona para garantizar la libertad de navegación. El vicepresidente JD Vance señaló en una entrevista televisiva que no había evidencia de que el paso estuviera efectivamente cerrado, aunque reconoció que la presencia de minas podría seguir afectando algunas travesías.

Analistas citados por medios estadounidenses precisaron que buena parte de la información sobre el estado del estrecho proviene de agencias semioficiales iraníes vinculadas a la Guardia Revolucionaria, lo que dificulta confirmar de manera independiente el alcance real de las restricciones.

El impacto en el comercio mundial de petróleo y gas

Por el estrecho de Ormuz transita cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa a nivel global, por lo que cada cierre o reapertura repercute de inmediato en los precios del crudo y en las cadenas de suministro internacionales. Desde el inicio del conflicto, miles de buques debieron desviar sus rutas hacia el cabo de Buena Esperanza o esperar semanas para obtener autorización de paso, mientras que firmas logísticas como DHL estimaron que la normalización del tránsito podría tomar entre cuatro y seis meses.

La crisis también golpeó el mercado del gas: en marzo, QatarEnergy declaró fuerza mayor en sus envíos de gas natural licuado tras ataques contra sus instalaciones de Ras Laffan, lo que retiró de un día para otro cerca de un 20% de la oferta mundial de GNL. Puertos regionales como Jebel Ali, en Dubái, reportaron además una fuerte congestión por la acumulación de buques desviados, según el análisis de Carra Globe.

Riesgos latentes

Mientras Israel mantiene sus operaciones en el sur del Líbano —que califica de acciones defensivas no contempladas en la tregua— e Irán insiste en que el estrecho permanecerá restringido hasta que se cumplan íntegramente los términos del memorando, la comunidad internacional observa con preocupación la fragilidad de un acuerdo firmado apenas días atrás. La discrepancia entre lo que reportan Teherán y Washington sobre el verdadero estado de la navegación añade una capa adicional de incertidumbre a una región que, desde febrero, no ha logrado estabilizar ni el frente militar ni el energético.