Son desventajosas las reformas constitucionales para EU —así lo advierte un reciente informe del Departamento de Estado— al evaluar los cambios aprobados por el gobierno mexicano en materia energética. El documento sostiene que el nuevo marco constitucional favorece a las empresas estatales y reduce el espacio para la inversión estadounidense.

Reforma energética y tensiones bilaterales

El informe Reformas Constitucionales ha generado preocupación en Washington. En la más reciente revisión de políticas, el Departamento de Estado (DOS) afirmó que el cambio estructural en el sector mexicano “revierte en gran medida la liberalización del sector energético de 2013”, tal como se detalla en su “Declaración sobre el clima de inversión en México 2025”.

La administración estadounidense no precisó si considera que estas modificaciones vulneran el T-MEC, aunque el tema será clave en la revisión programada para julio de 2026. Según la información oficial, el trato preferencial otorgado por el gobierno mexicano a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconfigura los equilibrios económicos del mercado energético regional.

Un nuevo modelo de control estatal

En octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que redefine a Pemex y a la CFE como empresas públicas con prioridad en la producción y distribución de energía. Este giro marca la consolidación de un modelo centralizado en el que las compañías estatales vuelven a liderar el desarrollo del sector.

La implementación de la reforma, acompañada por diez proyectos de ley, confirmó que son desventajosas las reformas constitucionales para EU, especialmente para empresas privadas que pierden espacio en contratos de exploración, importación y comercialización energética. El nuevo esquema legal otorga a Pemex derecho preferente sobre nuevos bloques de petróleo y gas, con la obligación de conservar al menos 40% de participación en futuros proyectos.

Pemex y CFE: prioridades nacionales

El plan presidencial fija como meta aumentar la producción de petróleo, gas y combustibles refinados, además de diversificar la cartera hacia energías limpias. En este contexto, Pemex impulsa la instalación de turbinas eólicas y paneles solares en plataformas petroleras, mientras la CFE refuerza su dominio en el suministro eléctrico.

Las modificaciones constitucionales establecen que al menos 54% de la electricidad nacional provendrá de instalaciones estatales, limitando al sector privado a un máximo de 46%. Esta disposición confirma por qué son desventajosas las reformas constitucionales para EU, al reducir oportunidades de inversión extranjera y comprometer la competencia en el mercado energético mexicano.

Proyecciones y desafíos legales

La Secretaría de Energía (Sener) deberá emitir cada año un plan vinculante que asegure el predominio de la CFE en el despacho eléctrico. El marco busca impedir que el sector privado supere el umbral del 46% de participación. A su vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reafirmó en 2024 que las decisiones del Cenace deben basarse en criterios técnicos, y no en la preferencia institucional hacia la CFE.

El DOS también recordó antecedentes de políticas restrictivas durante la administración de López Obrador, cuando se limitó la emisión de permisos de importación de combustibles para proteger las marcas nacionales, una tendencia que parece consolidarse bajo el nuevo mandato presidencial.

Evaluación diplomática pendiente

De cara a la revisión del T-MEC en 2026, Estados Unidos analizará los efectos de la nueva reforma mexicana en la inversión y competencia energética. Aunque no se anticipan sanciones inmediatas, el tono del informe indica una creciente inquietud sobre el rumbo del sector y las implicaciones para los intereses económicos estadounidenses.

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La Secretaría de Energía (Sener) inició un proceso de depuración de más de 3 mil trámites pendientes relacionados con la Manifestación de Impacto Social en el Sector Energético (MISSE), con el objetivo de eliminar registros duplicados y acelerar la liberación de estos procedimientos administrativos. El objetivo sería agilizar el proceso de Manifestación de Impacto Social en México

La dependencia federal pidió la colaboración del sector gasolinero y de todos los regulados que han ingresado solicitudes de este tipo para actualizar la base de datos, a fin de dar mayor agilidad al proceso de evaluación.

Sener busca agilizar la Manifestación de Impacto Social en México

El rezago actual se originó durante la suspensión de plazos y términos legales decretada el 25 de mayo de 2020 como medida sanitaria por la pandemia de COVID-19.

Durante ese periodo, los trámites de la entonces llamada Evaluación de Impacto Social (EVIS) quedaron detenidos, generando una acumulación de cerca de 5 mil registros. La situación comenzó a normalizarse hasta marzo de 2023, cuando la Sener reanudó oficialmente los plazos administrativos.

Sin embargo, al retomar las actividades, se detectó que una parte significativa de los expedientes estaban duplicados o presentaban inconsistencias, lo que ha requerido un proceso de revisión y limpieza a fondo por parte de la Dirección General de Impacto Social, Consulta Previa y Ocupación Superficial.

Más del 80% de los pendientes son gasolineros

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los registros rezagados pertenecen a proyectos energéticos de menor escala, principalmente del sector gasolinero.

Los equipos técnicos de la Sener han mantenido comunicación con distintos grupos empresariales para atender directamente las listas de solicitudes pendientes. El objetivo es resolver los trámites en orden de prelación, conforme a la fecha en que fueron ingresados.

Este criterio busca garantizar un principio de justicia administrativa, según explicó el director general de Impacto Social, Rafael Fonseca Chávez, quien además reiteró la invitación a las empresas a desistirse de los trámites duplicados para reducir la carga de trabajo.

Plataforma digital para agilizar los procesos

La Secretaría prevé habilitar una Ventanilla Electrónica a finales de octubre, con el propósito de que los regulados puedan dar seguimiento a sus solicitudes de Manifestación de Impacto Social en México de forma digital y más eficiente.

Con esta medida, la dependencia busca ofrecer mayor certeza al sector energético, especialmente a las empresas que necesitan la resolución de este trámite para avanzar con sus inversiones.

Respeto a la normatividad vigente

Fonseca Chávez subrayó que cada solicitud será atendida conforme a la ley y al reglamento vigentes al momento de su ingreso, asegurando que la normatividad no tendrá efectos retroactivos.

La actual administración de la Sener pretende así garantizar transparencia, orden y certeza jurídica a los proyectos energéticos del país, reduciendo los rezagos acumulados desde la emergencia sanitaria y fortaleciendo los procesos administrativos del sector.

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Diputados de Morena y del Partido del Trabajo presentarán una iniciativa de reforma al artículo 27 de la Constitución Política con el objetivo de establecer la prohibición del fracking en México.
La propuesta busca frenar el uso del fracturamiento hidráulico en la extracción de hidrocarburos, especialmente en comunidades indígenas, donde esta práctica ha generado impactos ambientales y sociales.

Iniciativa para modificar el artículo 27 constitucional

La iniciativa plantea adicionar los párrafos VII y VIII al artículo 27, con lo cual se prohibiría tanto al Estado como a particulares realizar actividades de exploración o explotación de yacimientos de hidrocarburos mediante fracking u otros métodos equivalentes.

El proyecto establece que el Estado deberá garantizar el cumplimiento de esta medida y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Además, propone dos artículos transitorios: el primero dispone que la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, mientras que el segundo determina que los contratos vigentes no podrán renovarse una vez vencidos.

Argumentos de la prohibición del fracking en México

Los legisladores explicaron que la propuesta responde a una década de demandas de comunidades indígenas y organizaciones civiles que han denunciado los efectos del fracking en el agua, el suelo y la salud pública.
Según los promotores, la prohibición del fracking en México es necesaria para avanzar hacia un modelo energético sostenible y proteger los recursos naturales.

Advirtieron que esta técnica de extracción requiere enormes cantidades de agua, lo que afecta el suministro en regiones como la frontera norte. En zonas como la Cuenca de Burgos, en Tamaulipas, los recursos hídricos ya presentan niveles críticos de disponibilidad para consumo humano.

Impacto ambiental y escasez de agua

La diputada Olga Juliana Elizondo explicó que el fracking agrava la crisis de agua en zonas donde las reservas son limitadas. Indicó que en la Presa Internacional Falcón, que abastece al Río Bravo, solo queda un 5% de agua disponible para uso doméstico.
Por ello, insistió en que esta práctica representa una amenaza para la agricultura, la ganadería y la salud de las comunidades rurales.

Otros legisladores de Morena señalaron que la iniciativa busca impulsar una transición hacia energías limpias, afirmando que el fracturamiento hidráulico no es viable ni sostenible para México.

Respaldo de comunidades y organizaciones civiles

El proyecto cuenta con el apoyo de integrantes de comunidades indígenas y de la Alianza Mexicana contra el Fracking, quienes han pedido al Congreso aprobar la reforma.
Argumentan que los daños ambientales provocados por esta técnica afectan directamente los ecosistemas, contaminan el aire y deterioran la calidad del agua.

De aprobarse, la prohibición del fracking en México representaría un paso importante en la defensa del medio ambiente y los derechos de las comunidades afectadas por actividades extractivas.

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